Del viejo truco de dar una subvención para compensar un gravamen

alcalde corrupto Los tributos no le gustan a nadie, y si son tributos locales que la legislación sobre Haciendas Locales no los establece como potestativos y solo permite pequeñas bonificaciones, es posible que algún avispado candidato a Alcalde prometa compensar a los contribuyentes con subvenciones en cuantía equivalente al gasto que supone.

Un bonito ejemplo nos lo ofrece el caso resuelto por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Mayo de 2014 (rec.3775/2010) que confirma la sentencia de la Sala cántabra que declaró la invalidez de una Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que minoraba el recibo del IBI con el importe de la subvención otorgada al contribuyente empadronado en el municipio. O sea, si la Ley no da la exención total ni parcial, o si la bonificación legal es pequeña, pero se quiere ser demagogo con los ciudadanos pues se desempolva la máquina de subvencionar y todos tan contentos.

Novedades destacadas de la nueva Ley 15/2014 de racionalización del Sector Público y otras medidas

 

 

Otra vuelta de tuerca de la mano de una Ley de “Medidas” o sea cambios de “corte y confección” del nuevo traje de la Administración Pública, con mas austeridad y flexibilidad. Además de las medidas de corte económico y presupuestario, destacaría en lectura rápida los cambios típicamente administrativos.

En materia de notificaciones la implantación de un Tablón Edictal Único (en el BOE) para concentrar la publicidad de infinidad de procedimientos autonómicos y locales que antes se mantenían en la “clandestinidad práctica”. Es más, la publicación en el Boletín oficial autonómico/local y en el tablón de edictos será facultativa, por lo que “cuando los interesados sean desconocidos..o bien intentada la notificación, se hará por medio de anuncio en el BOE” (nuevo art.59.5 Ley 30/1992). Además se acompasan las notificaciones tributarias y de incidencias del Catastro.

En materia de empleo público:

- Se amplia el número de días por asuntos particulares a 5 año (nuevo 48 k, EBEP); – Los funcionarios interinos se vuelven mas “interinos” so pretexto de la flexibilidad ( o sea, movilidad funcional, y además podrán vincularse a programas temporales de hasta…4 años- 3 años, ampliables doce meses)- nuevo art.10 EBEP-.

- Los funcionarios de libre designación tomados de otras Administraciones Públicas ( los que sean designados a partir de la vigencia de la Ley) tendrán muchas probabilidades de reingresar a su Administración de origen de forma expeditiva ( o excedencia voluntaria, nuevo 84 EBEP y Disposición Transitoria novena de la Ley 15/2014).

Y finalmente la consabida reconversión del sector público, destacando la conversión de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) de ser Fundación a Organismo Autónomo.

Hay mucho más en esta Ley ya publicada pero esto es un resumen de urgencia desde mi perspectiva.

 

El Tribunal de la Unión Europea aclara el concepto de retraso aéreo

indemnizaciones por retraso La noción de litigio o pleito evoca complejidad y erudición jurídica. Sin embargo, como frecuentemente he indicado, una gran parte de pleitos versan sobre cuestiones de hecho o probatorias ( en las que subyacen las herramientas jurídicas para valorarlas) y otra gran parte versan sobre cuestiones netamente jurídicas que se zanjan con consultas a jurisprudencia o doctrina trillada. Así y todo, existe un tercer género de sentencias: las que abordan cuestiones jurídicas pero que ponen a prueba el sentido común del Tribunal ya que ofrecen una encrucijada en que todo es defendible o sostenible.

Un bonito ejemplo nos lo ofrece la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de Septiembre de 2014 en el asunto C-452/13, entre un transportista aéreo y un viajero, en la que se da respuesta a la cuestión prejudicial elevada por un tribunal austriaco y que tiene por objeto interpretar el concepto “hora de llegada” del utilísimo Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

Veamos, que el caso tiene miga, gracia e interés.

Malos tiempos para la valoración de la experiencia en centro sanitario concertado

 

Uno de los fenómenos que ha dado lugar a mayores bandazos en la jurisprudencia contencioso-administrativo es el relativo a si la experiencia cosechada por médicos en Centros privados concertados debe o no ser valorada en régimen de paridad con la experiencia adquirida en Centros sanitarios públicos, con ocasión de los baremos de selección para la obtención de la condición de médicos estatutarios de los Organismos Públicos.

Los argumentos en liza son convincentes. Para unos, la experiencia adquirida con la atención sanitaria en un Centro concertado es igual a la adquirida en un Centro público, pues similar es la cualificación del personal médico, la medicación y el tratamiento, siendo buena prueba de ello que el Sistema público “concierta” con estos Centros su colaboración para prestar la atención sanitaria. Para otros esa experiencia no es equiparable ya que se presta por médicos que no han superado procedimientos objetivos sujetos al mérito y la capacidad ( oposiciones, pruebas colectivas públicas, etc) a lo que se añade que la atención sanitaria de estos centros no cubre la más costosa y avanzada propia de las entidades públicas.

Tras existir fallos judiciales para todos los gustos, de Juzgados y Salas, llega la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la STS de 2 de Abril de 2014 (rec.287/2013) y fija un criterio salomónico: “Depende“, ” habrá que valorarlo en cada caso”. O sea, se rechaza la valoración automática y general de tal experiencia que deberá ser objeto de examen casuístico y pormenorizado. Sin embargo, el Supremo dice algo más entre líneas.

Indefinidos no fijos: cada vez menos indefinidos para el Supremo

despido por tabla   Corren malos tiempos para la figura de creación jurisprudencial del “indefinido no fijo” , o sea, el trabajador público que bien por encadenar contratos temporales de forma irregular, bien por aplicar una modalidad contractual errónea, es declarado por sentencia judicial social ( o reconocido por la propia Administración) como trabajador indefinido, pero “no fijo”, esto es, sujeto a fecha de caducidad: cuando se cubra su puesto con alguien mediante los procedimientos constitucionales de publicidad, mérito y capacidad. De ahí que se les haya calificado gráficamente de “indeterinos”, de los que me ocupé en anteriores post. Veamos, donde estamos y hacia donde vamos, tras la recientísima Sentencia de la Sala Social del Supremo sobre despidos colectivos.

Sobre sentencias materialmente injustas

 

 

Parece que el penúltimo post titulado ¿ Da el Derecho la felicidad? ha llamado la atención en las redes sociales en cuanto afirmaba la existencia de “sentencias formalmente impecables pero materialmente injustas“.

Es una cuestión compleja ya que son muchos los juristas que consideran que esa dualidad es artificiosa, aunque lo argumentan con posiciones opuestas.

Para unos las formas deben ceder ante el fondo de justicia ( una sentencia formalista pero injusta sería una aberración jurídica); para otros, una sentencia que se ajuste a las exigencias procesales y/o formales nunca será materialmente injusta ( una sentencia podrìa calificarse de formalista pero no injusta pues es fruto de aplicar el Derecho- procesal, pero Derecho; o normas cuestionables pero vigentes).

Dejando aparcadas las divagaciones propias de la Filosofía del Derecho y dentro de los confines breves e impetuosos de este blog, y bajo una perspectiva personal, considero que es posible ese tipo de “sentencias siamesas” que en un único fallo muestran una vertiente formal y dominante (determinante del fallo) junto a una v vertiente material y débil ( postergada por el fallo). Veamos.

 

NOTICIERO: Convocadas oposiciones al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Este 27 de agosto de 2014 se acaba de publicar la convocatoria de 26 plazas del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado ( “TAC”), como si se diera el pistoletazo de salida tras las vacaciones para iniciar o retomar la preparación de una de las mas prestigiosas pruebas selectivas de la Administración del Estado. El de 28 de Agosto se ocupa de las restantes convocatorias de plazas de cuerpos administrativos (auxiliar, administrativo y gestión) de la Oferta de Empleo público para 2914.

Se impone un rápido análisis y unos comentarios sobre el significado en el contexto actual de la oposición al Cuerpo Superior y los retos que supone.

 

¿ El Derecho da la felicidad ?

El dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguir muchas cosas que sí la dan. Me preguntaba – cosas de la galvana de fin del veraneo,- si el Derecho “da” la felicidad o si por el contrario, quienes navegan en las turbulentas aguas jurídicas ( abogados, jueces, etc) no experimentan el menor bienestar emocional.

Y se me ocurrieron varias reflexiones y respuestas.

 

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    Nunca digas nunca jamás: lo que los políticos no aprenden de James Bond

Nunca digas nunca jamás: lo que los políticos no aprenden de James Bond

Al hilo de un brillante artículo periodístico de opinión (Manuel Jabois, El Mundo, 22 de Agosto) cuya lectura recomiendo sobre como los gobernantes incurren en los mismos vicios o prácticas que denunciaron cuando estaban en la oposición y sobre la fragilidad de las promesas electorales cuando se sale al escenario de gobernar, se me ocurren algunas reflexiones para ir entroncando con el mundo del Derecho público, cara al arranque del blog con fuerza a primeros de Septiembre.

 

Girarán en torno a como los políticos parten de declarar pomposamente que ” Nunca adoptarán determinada medida” ( nos ilusionan a los ciudadanos como Peter Pan llevándonos al país de “Nunca Jamás”) pero cuando tienen la llave del poder para gobernar eluden o descaradamente lo incumplen ( dando la razón a James Bond en aquello de ” Nunca digas nunca jamás”).

Veamos, por un lado, las estrategias de los políticos para disfrazar su incoherencia, y por otro, como los Boletines Oficiales son tozudos y valientes para quitar esos disfraces.

 

Los 88 peldaños del éxito, de Anxo Pérez: un libro utilísimo que hace pensar

 

 

Una escalera de 88 peldaños mas bien es una sucursal del Empire State y lo primero que desea quien se enfrenta a ella sería un ascensor. Sin embargo, el Libro ” Los 88 peldaños del éxito” de Anxo Pérez (Editorial Alienta,2014) puede leerse paso a paso, escalón a escalón, deteniéndose en el descansillo para reflexionar sobre lo subido y lo pendiente.

 

No se trata de un libro jurídico aunque me permito comentarlo bajo la coartada vacacional y teniendo en cuenta que encierra notables enseñanzas y consejos prácticos para el éxito no solo empresarial, sino profesional y aplicable al mundo de la abogacía, e incluso, a la toma de decisiones domésticas.

 

En efecto, se trata de un Libro realizado por un emprendedor gallego, Anxo Pérez, cual moderno Leonardo da Vinci ( músico, actor, domina nueve idiomas y posee cinco titulaciones universitarias, además de múltiples facetas artísticas) y que se destina a ofrecer fórmulas para potenciales emprendedores, tomando por eje los calificados de “88 peldaños del éxito” y que se corresponden con otras tantas claves que marcan el camino del triunfo en la empresa. Sin embargo he descubierto con satisfacción muchas mas cosas que nos ayudarán a manejar mejor, lo que Ortega calificaba de “yo y mi circunstancia”.

Cuidado con los plazos reconvertibles en el mes de Agosto: hábiles o naturales

 

El Derecho Administrativo sufre una cierta esquizofrenia en cuanto en vía administrativa (procedimiento) el mes de Agosto es hábil a efectos de cómputo de plazos con la salvedad de domingos y festivos oficiales (art.43.4 Ley 30/1992), mientras que en vía contencioso-administrativa (proceso) el mes de Agosto es inhábil a efectos del cómputo de plazos con la salvedad del proceso especial para tutela de derechos fundamentales ( art.128 Ley 13/98 Reguladora de lo Contencioso).

El problema radica en cómo calificar el punto de encuentro o desembocadura del río administrativo en el océano contencioso-administrativo, o sea el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo contra las Resoluciones expresas ( ya que sabemos que contra las presuntas el plazo es indefinido por obra de nuestro Tribunal Constitucional).

Y es que mientras no se agote dicho plazo, el acto administrativo no es firme por no haberse agotado los plazos para recurrir, y puede decirse gráficamente que el procedimiento administrativo “está vivo”; de igual modo en dicho plazo el proceso contencioso-administrativo no nacerá hasta que el particular formule la demanda o interponga el recurso. O sea, un plazo singular pues el procedimiento no se fue y el proceso no arrancó.

Pues bien, ese plazo es procesal y como tal se beneficia de la regla general del mes de agosto como “tregua” en la que no corre el plazo para recurrir.

 

Ahora bien, el interés actual de estas cuestiones de plazos radica en que en estas fechas ( finales de Julio) asistimos a una sistemática y frecuente publicación en el BOE de acuerdos de órganos administrativos que, en relación con procedimientos selectivos ( convocatorias de oposiciones, concursos y concurso-oposiciones) disponen por Resolución administrativa, como la Orden del Ministerio de Hacienda de 22 de Julio de 2014, que “se declara inhábil el mes de Agosto a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2012 y 2013” ( BOE del 25). Veamos alguna interesante reflexión al respecto.

La difícil admisión de la casación frente a los autos de ejecución de sentencias

recurso de casación La reciente e interesantísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2014 ( rec. 2465/2013) se ocupa de la ejecución de sentencias de demolición en materia urbanística, rechazando las maniobras de la Administración para eludir los onerosos costes de aquélla. Sin embargo, como la sentencia habla por sí misma, recomiendo su lectura, aunque ahora me ocuparé de la primera cuestión que aborda que reviste notable interés y puede pasar desapercibido.

 Se trata de un supuesto nada inusual dados los tiempos de resolución judicial en la última década que con su secuela de apelación o casación, o incidentes encadenados de ejecución, puede llevar a una situación de problema de derecho competencial intertemporal de gran calado.

Veamos. Se trata de que lo que al tiempo del procedimiento principal era competencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, al plantearse el enésimo incidente de ejecución o inejecución (según se mire), ya entró en vigor la nueva norma procesal ( la Ley 19/2003 que “basculó” numerosas competencias de las Salas hacia los Juzgados con lo que el Supremo “limpió el trastero”), de manera que se daría la tentación de considerar que si bien el pleito principal tenía la puerta de la casación, en cambio los incidentes de ejecución nacidos bajo la nueva norma competencial carecerían de tal posibilidad.

Pues bien, este interesante planteamiento ( y ruego disculpas si parece “espeso” pero es lo que tiene el Derecho Procesal orgánico-competencial), reverdece en su interés tras la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que, so pretexto de la naturaleza de las Relaciones de Puestos de Trabajo como actos generales, comporta la competencia exclusiva y sin casación en manos de los Juzgados ( con apelación y punto final, en el mejor de los casos).

La respuesta nos la da con claridad la sentencia comentada y apunta al “Santa Rita, rita, lo que se da no se quita”, o sea, que si la competencia al tiempo de dictarse la sentencia era de la Sala, y como tal admitía recurso de casación, los futuros incidentes de ejecución aunque se planteen en un futuro lejano, seguirán contando con los beneficios del recurso de casación, y eso pese a que se haya dictado posteriormente una norma procesal o jurisprudencia que haya atribuido la competencia a un órgano jurisdiccional inferior.

Veamos la solución y algún matiz.

Las responsabilidades públicas en el 11-S

responsabilidad politicos Cuando el  filósofo cínico Diógenes  fue visto por Atenas en pleno día con una lámpara y escudriñando las calles, explicó que “Buscaba un hombre justo”. A  veces viendo las noticias de los medios de comunicación, las manipulaciones ideológicas y  los montajes impunes de desaprensivos, se comprende como el españolito de a pie, parafraseando a Diógenes, podría con toda razón lanzarse a “buscar un político honrado”.

 Sin embargo, este planteamiento radical no sería correcto ya que la inmensa mayoría de políticos y autoridades públicas creen en lo que hacen y se esfuerzan por dar respuesta a las demandas ciudadanas dentro de su parcela de responsabilidad. Lo que sucede es que un puñado de canallas ( manzanas podres) se cuelan y se aprovechan de los huecos del sistema para eludir responsabilidades.

La extensión de efectos con claridad y actualidad para los atareados

 

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tuvo la amabilidad de invitarme a colaborar en su Revista digital profesional con un artículo, que titulé ” La extensión de efectos: un atajo cada vez mas estrecho“, y se ha publicado digitalmente en el número de esta semana.

Aquí tenéis el artículo íntegro.

Espero que os resulte útil.

De juramentos, promesas, crucifijos y otros ritos para cargos públicos

Ayer fue noticia que la Casa Real ofrece a los miembros de instituciones públicas que deben jurar o prometer el cargo en la Zarzuela, la posibilidad de añadir al ejemplar de la Constitución, la presencia simbólica de la Biblia y el crucifijo. La Casa Real asegura que quiere cumplir con la libertad religiosa y el primer caso en que se ofreció este repertorio fue el del recién nombrado magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez Rodríguez, quien juró ante una Biblia, abierta por el Libro de los Jueces, y frente a él el crucifijo.

La fórmula solemne fue la habitual: “ Juro ( o prometo) cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.

Al hilo de este trámite me vienen varias reflexiones, desprovistas de carga ideológica.

La legitimación de los parlamentarios para recursos contencioso-administrativos de “carga política”

 

La historia se ha repetido hasta la saciedad. Cuando un grupo parlamentario alcanza el gobierno (estatal, autonómico o local) se atrinchera en el carácter político de los actos y en que la oposición debe limitarse a ejercer el control político en sedes políticas, rechazando que estén legitimados para “judicializar la política” y formular recursos contencioso-administrativos para torpedear la acción de gobierno. En cambio, cuando ese mismo Grupo parlamentario queda en la oposición reivindica el derecho a la tutela judicial efectiva, y ante la inutilidad del control político, esgrime con vehemencia su derecho a interponer recursos contencioso-administrativos para obtener de los tribunales, además de una caja de resonancia mediática, lo que no consiguen con sus controles parlamentarios.

 

El problema no es baladí y sin embargo reverdece en una reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de las Islas Baleares, de 11 de Junio de 2014 (rec.540/2012) plagada de votos particulares y discrepancias que se enfrentó nada menos que a la cuestión de si un grupo de parlamentarios, en su propio nombre y de su grupo, estaban legitimados para ejercer recursos contencioso-administrativos encaminados a que la Sala anulase el acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares que, previa instrucción, decretó el archivo de las actuaciones desarrolladas para investigar si el Presidente autonómico incurría en situación de incompatibilidad con las consecuencias legalmente previstas (requerimientos, sanciones, cese del cargo,etc).

Para contextualizar el caso, señalaremos que la incompatibilidad denunciada era, por un lado, que el Presidente era titular de una Farmacia antes de tomar posesión del cargo ( pero obtuvo un sustituto), y por otro lado, que participaba en dos sociedades inmobiliarias ( a cuya administración renunció). Veámoslo con mayor detalle.