Sutilezas técnicas de la suspensión de la Ley catalana de consultas y el Decreto de convocatoria

Tribunal Constitucional y Cataluña

Crónica de una suspensión anunciada

 Mas allá del telón de fondo político de la cuestión y ciñéndonos a la perspectiva jurídica, el Tribunal Constitucional se ha limitado a aplicar el art.161.2 de la Constitución, invocado por el Abogado del Estado, aunque podemos comparar las Providencias (referidas a la Ley o al Decreto de convocatoria) del caso catalán con otra Providencia de un caso andaluz, por ejemplo.

El matiz viene dado porque, atendiendo la solicitud de la Abogacía del Estado, se extiende expresamente la suspensión en el caso de la Ley catalana a “cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación de los mismos” y en el caso del Decreto catalán a ” las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”.

Desde un punto de vista técnico:

a) la enunciación de  “actos o resoluciones” resulta redundante puesto que “actos” es el género y “resoluciones” la especie (algo así como si se prohibiese entrar “animales y vacas”).

b) La suspensión genérica, global, retroactiva y prospectiva, abre un precedente curioso, ya que una cosa es que se suspenda la vigencia de la Ley e implícitamente se paralice su aplicación y otra muy distinta que, para “aviso de navegantes” se suspendan todos los actos “preparatorios” o “vinculados” o similares, ya que cada “acto administrativo” tiene su dinámica impugnatoria y vigencia, y la seguridad jurídica impone que se exprese e identifique el acto suspendido.

c) la celeridad del Tribunal Constitucional puede explicarse en términos políticos (?)  pero chocante cuando el propio Tribunal Constitucional en toda su historia ha permanecido impasible a urgencias políticas, y  se toma con calma otras actuaciones que afectan masivamente a la ciudadanía (ej.inconstitucionalidad tasas judiciales, o los tijeretazos, o los cuatro años en pronunciarse sobre el Estatuto de Autonomía Catalán, etc ).

Para finalizar, no hacen falta especiales conocimientos jurídicos ni bola de cristal para vaticinar una estimación del recurso de inconstitucionalidad. Así y todo, mi pronóstico es que antes de ese momento se encontrará una “salida política negociada” para retirar esos dos recursos y evitar el baldón de la sentencia invalidante. Al tiempo.

Al final quedará la duda:¿ ha funcionado el Estado de Derecho o el Estado de la Política?. ¿ Han cumplido su misión constitucional las instituciones, los Gobiernos, los Consejos Consultivos y el Tribunal Constitucional?¿ o todos ellos han sido comparsas de un teatro político y su credibilidad ha sufrido?.

Un libro práctico y riguroso: 1700 dudas sobre la Ley de lo Contencioso-Administrativo

1700 dudas  El proceso contencioso-administrativo se ha convertido en un campo de minas para los abogados. Una Ley especial que regula un proceso sin reglamento de desarrollo y contando con la supletoriedad de una Ley de Enjuiciamiento Civil que está inspirada en principios muy distintos de aquélla. El resultado es una situación procesal en que el viaje por el proceso contencioso-administrativo está jalonado de grandes incertidumbres así como de institutos de cuño jurisprudencial.

Por eso, hemos de dar la bienvenida al libro que acaba de llegar a mis manos de atractivo y original título: ” 1700 dudas sobre la Ley de lo Contencioso-Administrativo” ( La Ley, Wolters Kluwer,2014).

No se trata de una obra académica y doctrinal. Tampoco de una obra jurisprudencial. Se trata de algo mucho mas útil. Pero pasemos a su interior.

Zafarrancho por el valor catastral del suelo tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2014

valor inmuebles   La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2014 (rec.2362/2013) pertenece a las llamadas “Sentencias racimo”, que como las bombas de idéntica denominación, se abren sembrando el desconcierto con reacción en cadena. Dicha Sentencia, fue noticia hace poco más de tres meses, y supuso una revolución en las tranquilas aguas del Catastro y el IBI.

Lo cierto es que es una sentencia impecable, razonada y laboriosa.

En primer lugar, se mueve con soltura en tres bloques normativos, el Catastral, la legislación Urbanística estatal, y la legislación urbanística autonómica.

En segundo lugar, encierra una clase didáctica sobre los valores urbanísticos y los valores de mercado, su evolución histórica, así como sus encuentros y desencuentros.

Pero sobre todo, con sencillez y sentido común, zanja una cuestión de gran calado.

Aunque la sentencia íntegra puede consultarse aquí, veamos su alcance o implicaciones.

Cosas que como juez me irritan de un abogado

juez irritado  Suele decirse que un juez debe ser una esfinge: impasible, solemne y distante. Sin embargo, los jueces tienen su corazoncito y cuentan con las debilidades propias de todo ser humano, por lo que pese a la hermética coraza que cargo y toga imponen, bien está exponer treinta cosas que pueden irritar a algunos jueces, en cierto tono de humor pero sobre el pedestal de la realidad cotidiana, y a sabiendas de elevar la anécdota a categoría. Este post guarda simetría con el titulado ” Treinta cosas que como abogado me irritan de un juez”,  el cual fue objeto de publicación en la prestigiosa Revista “Abogados” del Colegio de Abogados, número 86 , mientras el que ahora ofrezco en este nuevo post se acaba de publicar  en el número 87 ( lo que agradezco sinceramente).

Tales cosas que pueden molestar a su Señoría, si bien tienen su inspiración en el ámbito contencioso-administrativo, fácilmente pueden predicarse de otros órdenes jurisdiccionales. Veamos.

Del viejo truco de dar una subvención para compensar un gravamen

alcalde corrupto Los tributos no le gustan a nadie, y si son tributos locales que la legislación sobre Haciendas Locales no los establece como potestativos y solo permite pequeñas bonificaciones, es posible que algún avispado candidato a Alcalde prometa compensar a los contribuyentes con subvenciones en cuantía equivalente al gasto que supone.

Un bonito ejemplo nos lo ofrece el caso resuelto por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Mayo de 2014 (rec.3775/2010) que confirma la sentencia de la Sala cántabra que declaró la invalidez de una Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que minoraba el recibo del IBI con el importe de la subvención otorgada al contribuyente empadronado en el municipio. O sea, si la Ley no da la exención total ni parcial, o si la bonificación legal es pequeña, pero se quiere ser demagogo con los ciudadanos pues se desempolva la máquina de subvencionar y todos tan contentos.

Novedades destacadas de la nueva Ley 15/2014 de racionalización del Sector Público y otras medidas

 

 

Otra vuelta de tuerca de la mano de una Ley de “Medidas” o sea cambios de “corte y confección” del nuevo traje de la Administración Pública, con mas austeridad y flexibilidad. Además de las medidas de corte económico y presupuestario, destacaría en lectura rápida los cambios típicamente administrativos.

En materia de notificaciones la implantación de un Tablón Edictal Único (en el BOE) para concentrar la publicidad de infinidad de procedimientos autonómicos y locales que antes se mantenían en la “clandestinidad práctica”. Es más, la publicación en el Boletín oficial autonómico/local y en el tablón de edictos será facultativa, por lo que “cuando los interesados sean desconocidos..o bien intentada la notificación, se hará por medio de anuncio en el BOE” (nuevo art.59.5 Ley 30/1992). Además se acompasan las notificaciones tributarias y de incidencias del Catastro.

En materia de empleo público:

- Se amplia el número de días por asuntos particulares a 5 año (nuevo 48 k, EBEP); – Los funcionarios interinos se vuelven mas “interinos” so pretexto de la flexibilidad ( o sea, movilidad funcional, y además podrán vincularse a programas temporales de hasta…4 años- 3 años, ampliables doce meses)- nuevo art.10 EBEP-.

- Los funcionarios de libre designación tomados de otras Administraciones Públicas ( los que sean designados a partir de la vigencia de la Ley) tendrán muchas probabilidades de reingresar a su Administración de origen de forma expeditiva ( o excedencia voluntaria, nuevo 84 EBEP y Disposición Transitoria novena de la Ley 15/2014).

Y finalmente la consabida reconversión del sector público, destacando la conversión de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) de ser Fundación a Organismo Autónomo.

Hay mucho más en esta Ley ya publicada pero esto es un resumen de urgencia desde mi perspectiva.

 

El Tribunal de la Unión Europea aclara el concepto de retraso aéreo

indemnizaciones por retraso La noción de litigio o pleito evoca complejidad y erudición jurídica. Sin embargo, como frecuentemente he indicado, una gran parte de pleitos versan sobre cuestiones de hecho o probatorias ( en las que subyacen las herramientas jurídicas para valorarlas) y otra gran parte versan sobre cuestiones netamente jurídicas que se zanjan con consultas a jurisprudencia o doctrina trillada. Así y todo, existe un tercer género de sentencias: las que abordan cuestiones jurídicas pero que ponen a prueba el sentido común del Tribunal ya que ofrecen una encrucijada en que todo es defendible o sostenible.

Un bonito ejemplo nos lo ofrece la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de Septiembre de 2014 en el asunto C-452/13, entre un transportista aéreo y un viajero, en la que se da respuesta a la cuestión prejudicial elevada por un tribunal austriaco y que tiene por objeto interpretar el concepto “hora de llegada” del utilísimo Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

Veamos, que el caso tiene miga, gracia e interés.

Malos tiempos para la valoración de la experiencia en centro sanitario concertado

 

Uno de los fenómenos que ha dado lugar a mayores bandazos en la jurisprudencia contencioso-administrativo es el relativo a si la experiencia cosechada por médicos en Centros privados concertados debe o no ser valorada en régimen de paridad con la experiencia adquirida en Centros sanitarios públicos, con ocasión de los baremos de selección para la obtención de la condición de médicos estatutarios de los Organismos Públicos.

Los argumentos en liza son convincentes. Para unos, la experiencia adquirida con la atención sanitaria en un Centro concertado es igual a la adquirida en un Centro público, pues similar es la cualificación del personal médico, la medicación y el tratamiento, siendo buena prueba de ello que el Sistema público “concierta” con estos Centros su colaboración para prestar la atención sanitaria. Para otros esa experiencia no es equiparable ya que se presta por médicos que no han superado procedimientos objetivos sujetos al mérito y la capacidad ( oposiciones, pruebas colectivas públicas, etc) a lo que se añade que la atención sanitaria de estos centros no cubre la más costosa y avanzada propia de las entidades públicas.

Tras existir fallos judiciales para todos los gustos, de Juzgados y Salas, llega la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la STS de 2 de Abril de 2014 (rec.287/2013) y fija un criterio salomónico: “Depende“, ” habrá que valorarlo en cada caso”. O sea, se rechaza la valoración automática y general de tal experiencia que deberá ser objeto de examen casuístico y pormenorizado. Sin embargo, el Supremo dice algo más entre líneas.

Indefinidos no fijos: cada vez menos indefinidos para el Supremo

despido por tabla   Corren malos tiempos para la figura de creación jurisprudencial del “indefinido no fijo” , o sea, el trabajador público que bien por encadenar contratos temporales de forma irregular, bien por aplicar una modalidad contractual errónea, es declarado por sentencia judicial social ( o reconocido por la propia Administración) como trabajador indefinido, pero “no fijo”, esto es, sujeto a fecha de caducidad: cuando se cubra su puesto con alguien mediante los procedimientos constitucionales de publicidad, mérito y capacidad. De ahí que se les haya calificado gráficamente de “indeterinos”, de los que me ocupé en anteriores post. Veamos, donde estamos y hacia donde vamos, tras la recientísima Sentencia de la Sala Social del Supremo sobre despidos colectivos.

Sobre sentencias materialmente injustas

 

 

Parece que el penúltimo post titulado ¿ Da el Derecho la felicidad? ha llamado la atención en las redes sociales en cuanto afirmaba la existencia de “sentencias formalmente impecables pero materialmente injustas“.

Es una cuestión compleja ya que son muchos los juristas que consideran que esa dualidad es artificiosa, aunque lo argumentan con posiciones opuestas.

Para unos las formas deben ceder ante el fondo de justicia ( una sentencia formalista pero injusta sería una aberración jurídica); para otros, una sentencia que se ajuste a las exigencias procesales y/o formales nunca será materialmente injusta ( una sentencia podrìa calificarse de formalista pero no injusta pues es fruto de aplicar el Derecho- procesal, pero Derecho; o normas cuestionables pero vigentes).

Dejando aparcadas las divagaciones propias de la Filosofía del Derecho y dentro de los confines breves e impetuosos de este blog, y bajo una perspectiva personal, considero que es posible ese tipo de “sentencias siamesas” que en un único fallo muestran una vertiente formal y dominante (determinante del fallo) junto a una v vertiente material y débil ( postergada por el fallo). Veamos.

 

NOTICIERO: Convocadas oposiciones al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Este 27 de agosto de 2014 se acaba de publicar la convocatoria de 26 plazas del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado ( “TAC”), como si se diera el pistoletazo de salida tras las vacaciones para iniciar o retomar la preparación de una de las mas prestigiosas pruebas selectivas de la Administración del Estado. El de 28 de Agosto se ocupa de las restantes convocatorias de plazas de cuerpos administrativos (auxiliar, administrativo y gestión) de la Oferta de Empleo público para 2914.

Se impone un rápido análisis y unos comentarios sobre el significado en el contexto actual de la oposición al Cuerpo Superior y los retos que supone.

 

¿ El Derecho da la felicidad ?

El dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguir muchas cosas que sí la dan. Me preguntaba – cosas de la galvana de fin del veraneo,- si el Derecho “da” la felicidad o si por el contrario, quienes navegan en las turbulentas aguas jurídicas ( abogados, jueces, etc) no experimentan el menor bienestar emocional.

Y se me ocurrieron varias reflexiones y respuestas.

 

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    Nunca digas nunca jamás: lo que los políticos no aprenden de James Bond

Nunca digas nunca jamás: lo que los políticos no aprenden de James Bond

Al hilo de un brillante artículo periodístico de opinión (Manuel Jabois, El Mundo, 22 de Agosto) cuya lectura recomiendo sobre como los gobernantes incurren en los mismos vicios o prácticas que denunciaron cuando estaban en la oposición y sobre la fragilidad de las promesas electorales cuando se sale al escenario de gobernar, se me ocurren algunas reflexiones para ir entroncando con el mundo del Derecho público, cara al arranque del blog con fuerza a primeros de Septiembre.

 

Girarán en torno a como los políticos parten de declarar pomposamente que ” Nunca adoptarán determinada medida” ( nos ilusionan a los ciudadanos como Peter Pan llevándonos al país de “Nunca Jamás”) pero cuando tienen la llave del poder para gobernar eluden o descaradamente lo incumplen ( dando la razón a James Bond en aquello de ” Nunca digas nunca jamás”).

Veamos, por un lado, las estrategias de los políticos para disfrazar su incoherencia, y por otro, como los Boletines Oficiales son tozudos y valientes para quitar esos disfraces.

 

Los 88 peldaños del éxito, de Anxo Pérez: un libro utilísimo que hace pensar

 

 

Una escalera de 88 peldaños mas bien es una sucursal del Empire State y lo primero que desea quien se enfrenta a ella sería un ascensor. Sin embargo, el Libro ” Los 88 peldaños del éxito” de Anxo Pérez (Editorial Alienta,2014) puede leerse paso a paso, escalón a escalón, deteniéndose en el descansillo para reflexionar sobre lo subido y lo pendiente.

 

No se trata de un libro jurídico aunque me permito comentarlo bajo la coartada vacacional y teniendo en cuenta que encierra notables enseñanzas y consejos prácticos para el éxito no solo empresarial, sino profesional y aplicable al mundo de la abogacía, e incluso, a la toma de decisiones domésticas.

 

En efecto, se trata de un Libro realizado por un emprendedor gallego, Anxo Pérez, cual moderno Leonardo da Vinci ( músico, actor, domina nueve idiomas y posee cinco titulaciones universitarias, además de múltiples facetas artísticas) y que se destina a ofrecer fórmulas para potenciales emprendedores, tomando por eje los calificados de “88 peldaños del éxito” y que se corresponden con otras tantas claves que marcan el camino del triunfo en la empresa. Sin embargo he descubierto con satisfacción muchas mas cosas que nos ayudarán a manejar mejor, lo que Ortega calificaba de “yo y mi circunstancia”.

Cuidado con los plazos reconvertibles en el mes de Agosto: hábiles o naturales

 

El Derecho Administrativo sufre una cierta esquizofrenia en cuanto en vía administrativa (procedimiento) el mes de Agosto es hábil a efectos de cómputo de plazos con la salvedad de domingos y festivos oficiales (art.43.4 Ley 30/1992), mientras que en vía contencioso-administrativa (proceso) el mes de Agosto es inhábil a efectos del cómputo de plazos con la salvedad del proceso especial para tutela de derechos fundamentales ( art.128 Ley 13/98 Reguladora de lo Contencioso).

El problema radica en cómo calificar el punto de encuentro o desembocadura del río administrativo en el océano contencioso-administrativo, o sea el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo contra las Resoluciones expresas ( ya que sabemos que contra las presuntas el plazo es indefinido por obra de nuestro Tribunal Constitucional).

Y es que mientras no se agote dicho plazo, el acto administrativo no es firme por no haberse agotado los plazos para recurrir, y puede decirse gráficamente que el procedimiento administrativo “está vivo”; de igual modo en dicho plazo el proceso contencioso-administrativo no nacerá hasta que el particular formule la demanda o interponga el recurso. O sea, un plazo singular pues el procedimiento no se fue y el proceso no arrancó.

Pues bien, ese plazo es procesal y como tal se beneficia de la regla general del mes de agosto como “tregua” en la que no corre el plazo para recurrir.

 

Ahora bien, el interés actual de estas cuestiones de plazos radica en que en estas fechas ( finales de Julio) asistimos a una sistemática y frecuente publicación en el BOE de acuerdos de órganos administrativos que, en relación con procedimientos selectivos ( convocatorias de oposiciones, concursos y concurso-oposiciones) disponen por Resolución administrativa, como la Orden del Ministerio de Hacienda de 22 de Julio de 2014, que “se declara inhábil el mes de Agosto a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2012 y 2013” ( BOE del 25). Veamos alguna interesante reflexión al respecto.

La difícil admisión de la casación frente a los autos de ejecución de sentencias

recurso de casación La reciente e interesantísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2014 ( rec. 2465/2013) se ocupa de la ejecución de sentencias de demolición en materia urbanística, rechazando las maniobras de la Administración para eludir los onerosos costes de aquélla. Sin embargo, como la sentencia habla por sí misma, recomiendo su lectura, aunque ahora me ocuparé de la primera cuestión que aborda que reviste notable interés y puede pasar desapercibido.

 Se trata de un supuesto nada inusual dados los tiempos de resolución judicial en la última década que con su secuela de apelación o casación, o incidentes encadenados de ejecución, puede llevar a una situación de problema de derecho competencial intertemporal de gran calado.

Veamos. Se trata de que lo que al tiempo del procedimiento principal era competencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, al plantearse el enésimo incidente de ejecución o inejecución (según se mire), ya entró en vigor la nueva norma procesal ( la Ley 19/2003 que “basculó” numerosas competencias de las Salas hacia los Juzgados con lo que el Supremo “limpió el trastero”), de manera que se daría la tentación de considerar que si bien el pleito principal tenía la puerta de la casación, en cambio los incidentes de ejecución nacidos bajo la nueva norma competencial carecerían de tal posibilidad.

Pues bien, este interesante planteamiento ( y ruego disculpas si parece “espeso” pero es lo que tiene el Derecho Procesal orgánico-competencial), reverdece en su interés tras la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que, so pretexto de la naturaleza de las Relaciones de Puestos de Trabajo como actos generales, comporta la competencia exclusiva y sin casación en manos de los Juzgados ( con apelación y punto final, en el mejor de los casos).

La respuesta nos la da con claridad la sentencia comentada y apunta al “Santa Rita, rita, lo que se da no se quita”, o sea, que si la competencia al tiempo de dictarse la sentencia era de la Sala, y como tal admitía recurso de casación, los futuros incidentes de ejecución aunque se planteen en un futuro lejano, seguirán contando con los beneficios del recurso de casación, y eso pese a que se haya dictado posteriormente una norma procesal o jurisprudencia que haya atribuido la competencia a un órgano jurisdiccional inferior.

Veamos la solución y algún matiz.