Cuidado con los plazos reconvertibles en el mes de Agosto: hábiles o naturales

 

El Derecho Administrativo sufre una cierta esquizofrenia en cuanto en vía administrativa (procedimiento) el mes de Agosto es hábil a efectos de cómputo de plazos con la salvedad de domingos y festivos oficiales (art.43.4 Ley 30/1992), mientras que en vía contencioso-administrativa (proceso) el mes de Agosto es inhábil a efectos del cómputo de plazos con la salvedad del proceso especial para tutela de derechos fundamentales ( art.128 Ley 13/98 Reguladora de lo Contencioso).

El problema radica en cómo calificar el punto de encuentro o desembocadura del río administrativo en el océano contencioso-administrativo, o sea el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo contra las Resoluciones expresas ( ya que sabemos que contra las presuntas el plazo es indefinido por obra de nuestro Tribunal Constitucional).

Y es que mientras no se agote dicho plazo, el acto administrativo no es firme por no haberse agotado los plazos para recurrir, y puede decirse gráficamente que el procedimiento administrativo “está vivo”; de igual modo en dicho plazo el proceso contencioso-administrativo no nacerá hasta que el particular formule la demanda o interponga el recurso. O sea, un plazo singular pues el procedimiento no se fue y el proceso no arrancó.

Pues bien, ese plazo es procesal y como tal se beneficia de la regla general del mes de agosto como “tregua” en la que no corre el plazo para recurrir.

 

Ahora bien, el interés actual de estas cuestiones de plazos radica en que en estas fechas ( finales de Julio) asistimos a una sistemática y frecuente publicación en el BOE de acuerdos de órganos administrativos que, en relación con procedimientos selectivos ( convocatorias de oposiciones, concursos y concurso-oposiciones) disponen por Resolución administrativa, como la Orden del Ministerio de Hacienda de 22 de Julio de 2014, que “se declara inhábil el mes de Agosto a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2012 y 2013” ( BOE del 25). Veamos alguna interesante reflexión al respecto.

La difícil admisión de la casación frente a los autos de ejecución de sentencias

recurso de casación La reciente e interesantísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2014 ( rec. 2465/2013) se ocupa de la ejecución de sentencias de demolición en materia urbanística, rechazando las maniobras de la Administración para eludir los onerosos costes de aquélla. Sin embargo, como la sentencia habla por sí misma, recomiendo su lectura, aunque ahora me ocuparé de la primera cuestión que aborda que reviste notable interés y puede pasar desapercibido.

 Se trata de un supuesto nada inusual dados los tiempos de resolución judicial en la última década que con su secuela de apelación o casación, o incidentes encadenados de ejecución, puede llevar a una situación de problema de derecho competencial intertemporal de gran calado.

Veamos. Se trata de que lo que al tiempo del procedimiento principal era competencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, al plantearse el enésimo incidente de ejecución o inejecución (según se mire), ya entró en vigor la nueva norma procesal ( la Ley 19/2003 que “basculó” numerosas competencias de las Salas hacia los Juzgados con lo que el Supremo “limpió el trastero”), de manera que se daría la tentación de considerar que si bien el pleito principal tenía la puerta de la casación, en cambio los incidentes de ejecución nacidos bajo la nueva norma competencial carecerían de tal posibilidad.

Pues bien, este interesante planteamiento ( y ruego disculpas si parece “espeso” pero es lo que tiene el Derecho Procesal orgánico-competencial), reverdece en su interés tras la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que, so pretexto de la naturaleza de las Relaciones de Puestos de Trabajo como actos generales, comporta la competencia exclusiva y sin casación en manos de los Juzgados ( con apelación y punto final, en el mejor de los casos).

La respuesta nos la da con claridad la sentencia comentada y apunta al “Santa Rita, rita, lo que se da no se quita”, o sea, que si la competencia al tiempo de dictarse la sentencia era de la Sala, y como tal admitía recurso de casación, los futuros incidentes de ejecución aunque se planteen en un futuro lejano, seguirán contando con los beneficios del recurso de casación, y eso pese a que se haya dictado posteriormente una norma procesal o jurisprudencia que haya atribuido la competencia a un órgano jurisdiccional inferior.

Veamos la solución y algún matiz.

Las responsabilidades públicas en el 11-S

responsabilidad politicos Cuando el  filósofo cínico Diógenes  fue visto por Atenas en pleno día con una lámpara y escudriñando las calles, explicó que “Buscaba un hombre justo”. A  veces viendo las noticias de los medios de comunicación, las manipulaciones ideológicas y  los montajes impunes de desaprensivos, se comprende como el españolito de a pie, parafraseando a Diógenes, podría con toda razón lanzarse a “buscar un político honrado”.

 Sin embargo, este planteamiento radical no sería correcto ya que la inmensa mayoría de políticos y autoridades públicas creen en lo que hacen y se esfuerzan por dar respuesta a las demandas ciudadanas dentro de su parcela de responsabilidad. Lo que sucede es que un puñado de canallas ( manzanas podres) se cuelan y se aprovechan de los huecos del sistema para eludir responsabilidades.

La extensión de efectos con claridad y actualidad para los atareados

 

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tuvo la amabilidad de invitarme a colaborar en su Revista digital profesional con un artículo, que titulé ” La extensión de efectos: un atajo cada vez mas estrecho“, y se ha publicado digitalmente en el número de esta semana.

Aquí tenéis el artículo íntegro.

Espero que os resulte útil.

De juramentos, promesas, crucifijos y otros ritos para cargos públicos

Ayer fue noticia que la Casa Real ofrece a los miembros de instituciones públicas que deben jurar o prometer el cargo en la Zarzuela, la posibilidad de añadir al ejemplar de la Constitución, la presencia simbólica de la Biblia y el crucifijo. La Casa Real asegura que quiere cumplir con la libertad religiosa y el primer caso en que se ofreció este repertorio fue el del recién nombrado magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez Rodríguez, quien juró ante una Biblia, abierta por el Libro de los Jueces, y frente a él el crucifijo.

La fórmula solemne fue la habitual: “ Juro ( o prometo) cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.

Al hilo de este trámite me vienen varias reflexiones, desprovistas de carga ideológica.

La legitimación de los parlamentarios para recursos contencioso-administrativos de “carga política”

 

La historia se ha repetido hasta la saciedad. Cuando un grupo parlamentario alcanza el gobierno (estatal, autonómico o local) se atrinchera en el carácter político de los actos y en que la oposición debe limitarse a ejercer el control político en sedes políticas, rechazando que estén legitimados para “judicializar la política” y formular recursos contencioso-administrativos para torpedear la acción de gobierno. En cambio, cuando ese mismo Grupo parlamentario queda en la oposición reivindica el derecho a la tutela judicial efectiva, y ante la inutilidad del control político, esgrime con vehemencia su derecho a interponer recursos contencioso-administrativos para obtener de los tribunales, además de una caja de resonancia mediática, lo que no consiguen con sus controles parlamentarios.

 

El problema no es baladí y sin embargo reverdece en una reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de las Islas Baleares, de 11 de Junio de 2014 (rec.540/2012) plagada de votos particulares y discrepancias que se enfrentó nada menos que a la cuestión de si un grupo de parlamentarios, en su propio nombre y de su grupo, estaban legitimados para ejercer recursos contencioso-administrativos encaminados a que la Sala anulase el acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares que, previa instrucción, decretó el archivo de las actuaciones desarrolladas para investigar si el Presidente autonómico incurría en situación de incompatibilidad con las consecuencias legalmente previstas (requerimientos, sanciones, cese del cargo,etc).

Para contextualizar el caso, señalaremos que la incompatibilidad denunciada era, por un lado, que el Presidente era titular de una Farmacia antes de tomar posesión del cargo ( pero obtuvo un sustituto), y por otro lado, que participaba en dos sociedades inmobiliarias ( a cuya administración renunció). Veámoslo con mayor detalle.

Mensajes de la mirada del juez hacia el abogado en el juicio oral

mensajes para el abogado  Un proverbio chino afirma que “Quien no entiende una mirada, jamás comprenderá una explicación” y aunque se refiere a las relaciones de la pareja, es trasladable al mundo judicial, en ese acto solemne que es el juicio oral, donde el juez se alza como árbitro “con licencia para zanjar” el problema jurídico entre dos partes.

La “Vista oral” evoca el componente “oral” en cuanto las partes alegan verbalmente y argumentan su posición, bajo la supervisión e intervención oral del juez que preside el acto. Pero también evoca la idea de “Vista”, esto es, que lo allí debatido “a tres bandas” normalmente ( demandante, demandado y juez) no solo es a través de palabra sino viéndose unos a otros, y además cuando se acaba el acto queda “Visto…” para sentencia.

Lo que me interesa resaltar ahora, sin pretensiones académicas ni científicas, sino solamente como reflexiones para debate, es la importancia que tiene para el abogado saber captar en la vista oral la mirada del juez y el mensaje que le envía. Pocas cosas demuestran emociones, preocupaciones o comodidad tan bien y tan rápido como los ojos. Veamos.

El escurridizo anatocismo de las deudas de contratos públicos

intereses El instituto del anatocismo o “devengo de intereses sobre los intereses” entró con dificultad en el mundo administrativo donde existía la anacrónica idea de que la Administración ya se esforzaba bastante con pagar el capital y los intereses de demora, superando las cargas burocráticas, así como que el contratista ya cobraba bastante con los suplementos que aplicaba en sus ofertas y modificados.

Afortunadamente esos prejuicios fueron desterrados y la crisis puso sobre el tapete la lucha por los intereses devengados por deudas de Administraciones que se resisten a pagar por los contratos, y de paso por los intereses de los intereses. Ahora la resistencia al pago por los gestores públicos suele deberse a la falta de capacidad de reacción de la Administración, cuyo papeleo le lleva a calcular los intereses debidos y a someterlos a los informes técnicos y jurídicos y aprobaciones, lo que consume un lapso de tiempo valioso, que deja al contratista sumido en la perplejidad porque ese tiempo burocrático le genera una pérdida de “lucro cesante” o mas bien de “intereses de tales intereses”.

Y así, la Administración como sabe que “los intereses sobre intereses” son cantidades exiguas, a veces maliciosamente juega con lo que le cuesta al contratista recurrir (pagar tasas, exponerse a las costas procesales, mas tiempo,etc), lo que les lleva, ante las reclamaciones de “intereses de intereses”,  a dar la callada por respuesta, o lo que es incluso peor, a reconocerlo parcial o totalmente en vía administrativa cuando se inicia el procedimiento,  para desactivar el pleito e intentar eludir la imposición de costas procesales.

Pues bien, en materia de anatocismo podemos sintetizar la doctrina jurisprudencial tal y como la ha sentado el Tribunal Supremo y nos lo refresca la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de Junio de 2014 (rec.1227/2013). Veamos.

El BOE como fuente de inspiración y regocijo

errores boe En su origen el BOE era la Gaceta de Madrid (1661) que incluía referencias estilo las revistas del corazón referidas a los Reyes, actos sociales, donativos e incluso menciones a ferias y chismes de los mentideros de Madrid. Posteriormente fue perdiendo la carne de la vitalidad y se “quedó en los huesos” de la fría norma, nombramiento o incidencia administrativa. Sin espacio para la risa o la anécdota.

Así y todo, dos amables lectores del blog me suministran dos curiosas referencias que muestran como, a veces, el BOE como el libro Gordo de Petete, entretiene. Veámoslas con otra curiosa de cosecha propia.

Atención al cómputo de plazos de las notificaciones por Lexnet

Lexnet  La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2014 (rec.: 2600/2013) aborda una cuestión de gran importancia en relación al cómputo de plazos y caducidad de los mismos cuando la notificación a los procuradores de los actos que abren el trámite o plazo se efectúa por Lexnet. En el caso planteado se recurre en casación el Auto que confirma la caducidad de un recurso por no haber formulado la demanda en plazo. La entidad recurrente reacciona aduciendo que fue temporánea, y se plantea bajo perspectivas nuevas el viejo debate de si era suficiente la recepción de la notificación en el Servicio Colegial o se precisaba además que el Procurador destinatario accediese a su buzón virtual. Veamos el debate y la conclusión.

La burla impune de las grandes empresas a los consumidores y la justicia

grandes empresas Ni todas las empresas son piratas ni todas salen impunes de las aguas judiciales. Sin embargo, hay empresas ( pongamos nombre a la bestia, Iberia u Orange, por ejemplo, aunque lo que diré puede predicarse de casi todas las empresas del ramo) que con independencia de la legislación de protección de los consumidores, y a sabiendas de que deben estimar una reclamación de los usuarios, si esta no supera el umbral próximo a los 1.500 euros , prefieren dar la callada por respuesta o una evasiva, pues sus estudios estadísticos y sociológicos les han llevado a dominar las “Cuatro reglas de la felonía empresarial” :

1ª) Pocos usuarios conocen sus derechos;

2ª) De los que conocen sus derechos, pocos reclaman por escrito y en plazo;

3ª) De los que reclaman por escrito y en plazo, si no se les atiende, muchos menos acudirán a los tribunales a ejercer su derecho pues nadie quiere anticipar gastos de tasas judiciales y abogado, por un pleito incierto y bajo la espada de Damocles de la condena en costas;

4ª) Y si alguno llega a formalizar la demanda, para evitar la publicidad negativa del litigio perdido, entonces y solo entonces, la empresa demandada se apresurará a hacer una “oferta que no pueda rechazar”, pero limitada a lo que bien podía haber reconocido en la primera reclamación, para que desista el atribulado demandante.

Para que nadie piense que estoy plasmando un delirio fruto de los calores del verano que empieza, expondré de donde nacen estas agridulces reflexiones, y comentaré su extensión a la Administración Pública.

La pretensión de indemnización por acto ilegal no requiere previa reclamación administrativa

patrimonial A muchos les resultará obvio lo que aprendieron en la Facultad, en la letra de la Ley y en el foro: es jurídicamente posible plantear en vía administrativa solamente la ilegalidad de un acto administrativo  y ante la desestimación, formular a continuación la demanda contencioso-administrativa y en esta fase incorporar a la pretensión de anulación la nueva pretensión de condena a indemnizar daños y perjuicios derivados de la ilegalidad del acto.

Digamoslo claro: No está obligado el particular  a solicitar de forma conjunta en vía administrativa tanto la declaración de ilegalidad como la condena. No está obligado el particular a iniciar un procedimiento autónomo tras la sentencia estimatoria para que se le reconozca la indemnización. Y sobre todo, si se reserva esta pretensión indemnizatoria para subirla al carro de la demanda contra el acto supuestamente ilegal, no se incurre en desviación procesal.

Sin embargo, no debe ser tan obvio (quizás nos hacen olvidarlo las numerosas capas y reconversiones de nuestro Derecho Administrativo, “inmenso y ondulante”- Whitman) cuando la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Junio de 2014 (rec.5697/2011) revoca una sentencia de Sala de Tribunal Superior de Justicia para recordarlo didácticamente. Veamos lo que dice y lo que nos enseña.

Felicidad a golpe de Bando municipal

felipe VILa vida municipal regala perlas que nos hacen sonreír.

La Declaración de la Independencia americana de 4 de Julio de 1776 sentaba el derecho a ” la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”-

La Constitución española de 1812 en su artículo 6 afirmaba: ” El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos.”

Pues bien, con menor rango pero con similar candor, ayer se publicó por la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, un Bando con motivo de la proclamación de Felipe VI que mas allá de los Bandos recordatorios de normas, ofrece un ejemplo de glucosa y gozo que recuerda el mantra de los Hare krishna.

 

Las claves de la segunda instancia al desnudo

Tuvieron la amabilidad de invitarme en el Colegio de Abogados de Oviedo para hablar de las claves, puntos críticos y secretos de los recursos de apelación y casación. Gustoso acepté el reto y aquí está el video de la intervención que efectué el pasado 5 de Junio, jueves. Es una intervención que me pilló un poco cansado y de tono acelerado ( como soy yo), pero creo que puede resultar de utilidad al exponer cuestiones que no suelen aflorar en los Manuales y que solo proporcionan la experiencia y el ojo crìtico. Y por supuesto, si os aburre o el tema no os interesa, interrumpidlo sin piedad. Hay cosas mas interesantes que zambullirse en los recursos contencioso-administrativos.

Supresión parcial de la paga extra de los funcionarios : totum revolutum

inconstitucionalidad paga  La aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, que escamoteó la paga extra a los empleados públicos está convirtiendo nuestro hipermercado judicial en un zoco laberíntico, que tiene por eje la parte devengada antes de su vigencia. Se impone una visión del panorama para mostrar los derroteros esperpénticos que puede tomar la cuestión.

Responsabilidad de notarios, registradores y Administración sobre certeza de cargas de los inmuebles

responsabilidad notarios  La reciente Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de 2014 confirma la sentencia apelada que condena a un Notario a indemnizar nada menos que con 2.450.000 € ( de forma solidaria con la empresa vendedora) en favor de la empresa otorgante de una escritura de compraventa porque aquél no le proporcionó certeza sobre la inexistencia de cargas o embargo sobre el inmueble adquirido, con el consiguiente perjuicio patrimonial.

Así planteado parece claro quien es la víctima :  el ciudadano o empresa que confía en la información que le suministra el Notario en su condición de fedatario público.

Lo que ya no está tan claro es quien o quienes son los responsables y en qué medida. ¿El notario que no garantiza a tiempo real, instantes antes de la firma de la escritura, que la finca está libre de cargas?,¿el Registrador que, pese a que la Ley le mandaba desde hace casi una década que informatizase los Registros para asegurar la respuesta rápida, exacta y fiel al Notario que lo solicitase?,¿ el Estado que es quien fija la obligación por Ley y quien es el “patrono” de los registradores y debe velar por la seguridad del tráfico inmobiliario?, ¿responsabilidades civiles o administrativas?, ¿ todos o ninguno?, ¿responsabilidad en cadena?…

   A estas interesantes cuestiones da respuesta el espléndido artículo vertido por María Dolores Galindo Gil, magistrada de lo contencioso-administrativo en  El Confidencial. Con un estilo suelto, accesible y tras despachar los antecedentes de la responsabilidad patrimonial del poder público, aborda de forma incisiva, al hilo de esta pionera sentencia, el papel o papelón de un Estado que manda y no vigila, que debe garantizar la seguridad del tráfico jurídico y la abandona a su suerte, que debe colocar el tráfico inmobiliario en el siglo XXI y que lo deja en la Edad de Piedra, y que ha conducido a un caso patético en que Notario y Registro veladamente se acusan bajo un telón de fondo de unos sistemas informáticos con fallos propios de escopeta de feria.

Un artículo técnico y valiente que plantea preguntas incisivas y sugiere respuestas, al hilo de una Sentencia que hará historia ( o “histeria” en los notarios) y que producirá efecto reflejo en terceros (Registradores) así como en otras jurisdicciones ( la contencioso-administrativa a la hora de que el compungido Notario intente resarcirse de quien con su pasividad le ha metido en este embolado, o nuevamente la vía civil frente al Registrador que provocó el desaguisado).

notariosSin duda, esta sentencia provocará ríos de tinta doctrinales y tras la solvente óptica civilista ofrecida por la redactora Elena Sanz en un primer artículo, nos encontramos ahora con este segundo artículo bajo la óptica contencioso-administrativa y explorando la posible responsabilidad de la Administración Pública, por la magistrada Dolores Galindo y en uso de su libertad de cátedra, como afluente fresco y torrencial sobre una materia de impacto masivo, como es el tráfico inmobiliario, que ve tambalearse nada menos que la seguridad jurídica a que tienen derecho los ciudadanos así como Notarios y Registradores.