Esquizofrenia e indiferencia pública.Sostiene Sevach que la responsabilidad administrativa por errores de la Administración sanitaria tiene mucho camino por recorrer. Allá por 1975 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia bautizada coloquialmente como la de “los novios de Granada” que estimó el derecho a indemnización por daños morales de los padres de una novia que falleció cuando un demente eludió la vigilancia del hospital psiquiátrico y se arrojó desde el tejado sobre una pareja de novios. Desde entonces infinidad de demandas han sido estimadas cuando se ha probado el anormal funcionamiento del servicio público en su vertiente sanitaria, en cuanto a diagnóstico, tratamiento o intervención errónea sobre los pacientes.

Vienen al caso tales cuestiones a raíz de la recientísima noticia de la muerte de una infortunada y ejemplar madre asturiana a manos de una desgraciada hija, cuya conducta, tal y como reflejaba su historial clínico, informes policiales y testimonios vecinales hacían prever un fatal desenlace.

Hablamos de la esquizofrenia, una de las más graves de las enfermedades mentales, que consiste en una disfunción neuroquímica del cerebro que causa un pensamiento confuso y que se manifiesta en delirios, alucinaciones, y a veces agresividad.

A este respecto, sorprende a Sevach en España los tristemente frecuentes casos de esquizofrenia grave tratada con “frivolidad” por la Administración pública sanitaria, y que pudiera abrir un portillo indemnizatorio por deficiente funcionamiento de la Administración Pública sanitaria.

Lo deseable sería que cuando tiene lugar un caso diagnosticado de esquizofrenia grave (espigando dentro de un trastorno mental que en España afecta con mayor o menor grado a 400.000 personas), y cuyas manifestaciones agresivas las soporta el entorno familiar inmediato, derivadas en buena parte de la falta de medicación voluntaria por el enfermo (que cree no necesitarla), pudiera la Administración sanitaria, mediante el informe del facultativo correspondiente, y con la autorización judicial, proceder a disponer la inmediata medicación forzosa o al internamiento del paciente.

En este punto, Sevach adelanta que es consciente de que entra en conflicto el derecho a la libertad personal con el derecho a la salud, pero en la balanza de la Justicia ha de pesar también el derecho a la libertad y seguridad de familiares y ciudadanía.

En efecto, basta repasar las hemerotecas para comprobar la frecuencia de pacientes con esquizofrenias graves que pese, a representar un peligro serio para sus familiares así como para los viandantes, han tenido oportunidad de manifestar la vertiente mas sanguinaria de su enfermedad. No se trata de una enfermedad patrimonio de individuos marginales, sino que es un mal cuyas causas son tan oscuras como diversas (genéticas, afectivas, sociales o por una combinación de ellas) sin que la madurez ni la inteligencia constituya un antídoto frente al mal.

No sólo el pasado remoto cuenta con esquizofrénicos famosos (la heroína Juana de Arco, el pintor Van Gong o el escritor Hölderlein), sino que más recientemente puede constatarse que ataca a premios Nobel (John Nash, personaje inspirador del film “Una mente maravillosa”), cantantes (Tina de Las Grecas), médicos (Noelia de Mingo en el año 2003 mató a tres personas e hirió a otras tres en el hospital), y en ocasiones la víctima es el propio enfermo, pero en otras un familiar (caso de la sufrida madre mierense a manos de su hija) o de un inocente con mayúsculas (todavía está fresco el recuerdo del niño degollado en el año 2004 en un parque de Gijón a manos de un esquizofrénico paranoide).

A juicio de Sevach, el Derecho actúa por reacción a los problemas, y recuerda que fue necesario el incendio de la discoteca Alcalá 20 para que se dictara el Reglamento de Policía y Espectáculos de 1982 imponiendo salidas de emergencia, al igual que fue necesario un brote epidémico del mal de las vacas locas para atajar al alimentación hormonal descontrolada del ganado.

Pues bien, en los tiempos actuales, sea cual sea la causa, la esquizofrenia es un mal que se extiende cuantitativamente (el 1% de la población) y cualitativamente (se manifiesta en delirios, catatonias y en agresividad), y el sistema de salud parece vivir anclado en un mundo feliz y rosa donde los enfermos psíquicos comprenden la enfermedad, se automedican de forma puntual y son capaces de sentirse optimistas por el solo hecho de que se les permita deambular a sus anchas por las calles.

No se trata de volver a los psiquiátricos decimonónicos (duchas frías y camisas de fuerzas). Y sobre todo Sevach quiere dejar bien claro que la gran mayoría de las personas que sufren enfermedades mentales no son violentas, y que tampoco la gran mayoría de los esquizofrénicos son apestados, pero basta constatar el frío dato de las familias crispadas y muertos por “violencia de género…psíquico” para darse cuenta de la gravísima situación de abandono en que se encuentran familiares y ciudadanía frente a casos clamorosos de esquizofrenía indomable.

Por ello, Sevach propone someter a debate la conveniencia de acometer una doble medida.

En primer lugar, que los médicos cuando diagnostican estos casos tengan la valentía de proponer medidas efectivas. A veces no basta la receta de fármacos neurolépticos y antidepresivos, porque un número elevado de esquizofrénicos no se siente enfermo y por tanto no acepta medicaciones ni internamientos. No puede tratarse igual un esquizofrénico que el paciente que consulta su astenia primaveral o un sarpullido de estrés. Diríase que el éxito de la política sanitaria psiquiátrica está en razón directa al número de consultas médicas atendidas e inversa al número de internamientos recomendados. La eficacia de la salud pública no se mide por el número estadístico de enfermos que acuden a la consulta psiquiátrica sino por la de aquéllas enfermedades que son atajadas o controladas para el bien del enfermo y de la sociedad.

No olvidemos que la llave para que el juez autorice la mediación forzosa o el internamiento la tiene el informe del psiquiatra como especialista, y no deja de ser curioso que cuando se trata de un parto, en caso de duda el ginecólogo aconseja una cesárea (porque así se evitan los problemas y riesgos) y en cambio, en caso de certeza razonable del peligro de un esquizofrénico, el psiquiatra suele optar por prescribir la reinserción espontánea dentro del nido familiar (con lo que se incrementan los problemas y riesgos).

Basta tener en cuenta la referencia objetiva del pionero y célebre estudio epidemiológico ACE (Abordaje Clínico de la Esquizofrenia en España), que reveló en el año 2005 que con la medicación adecuada el 37% de los enfermos lleva una vida casi normal; un tercio sufre recaídas más o menos frecuentes, y el resto se consideran irrecuperables. Nada tan claro ni tan estremecedor.

Cuando un psiquiatra lee un historial médico cuajado de episodios violentos y viene avalado por una trayectoria interminente de incidentes policiales, agresiones familiares y resistencia a acatar voluntariamente la disciplina de la medicación no basta con una bíblica bendición del “Vete y no peques más”, sino que hay que acudir a ese otro mandato bíblico de “no desees para los demás lo que no deseas para ti”, y el psiquiatra debiera ponerse en lugar de la familia del enfermo (la famosa empatía) y pensar para sus adentros: ¿Sería feliz conviviendo con un enfermo esquizofrénico que no se disciplina con la medicación y que ha demostrado su agresividad incontrolada?, ¿Estaría tranquilo teniendo varias hijas pequeñas de que un esquizofrénico descontrolado fuese mi vecino de puerta?, ¿Si yo supiese que algún día podría padecer tal mal en tal grado de descontrol me gustaría que me internasen o medicasen a la fuerza, o por el contrario preferiría que me dejasen a merced de mis neurosis con peligro para los que me quieren?.

Bajo tan sencillas reglas de introspección, salvo malvados o tontos de solemnidad, la respuesta sería la inmediata prescripción facultativa de la medicación forzosa o el internamiento. Y hablamos de los casos patológicos graves, en los que no basta con un breve internamiento de unos días, tras el cual retorna el enfermo a su hogar con la esquizofrenia “corregida pero aumentada” (la cobaya medicada se convierte en un escorpión).

No es extraño que la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de Marzo de 1997 (rec.1205/1993) afirmase en relación a un esquizofrénico violento que en Badajoz en el año 1989, armado con una pistola reglamentaria de su padre (que éste ocultaba) ocasionó la muerte de tres niños menores, que: “de existir alguna responsabilidad sería del facultativo, que no comunicó la clase de enfermedad que X padecía, ni tampoco aconsejó su ingreso en el Centro, no compartiendo esta Sala el criterio de que el médico no estaba obligado a informar, sobre la base de una lectura literal de la Ley de Sanidad. Si en algún caso hay obligación de informar, es en el supuesto de enfermedades psiquiátricas, por la propia idiosincrasia de tales enfermedades, los riesgos que conlleva, y las necesidades de ayuda que tales enfermos requieren, nada lo cual puede hacerse, si quien puede, no informa”.

En la misma línea, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 27 de Febrero de 2006 (rec.583/2001) estimó la demanda por responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, formulada por los padres de una paciente esquizofrénica que se suicidó, a pesar de “la capacidad e la Administración para deducir la previsibilidad de aquella tendencia (…) por lo que se debían haber adoptado los medios adecuados para evitar el resultado, lo que no es contrario al proceso terapéutico seguido para una mayor autonomía del paciente, pues ello no empece a que se adopten las cautelas necesarias, ni supone privación de libertad”.

Por último, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Castilla y León en su sentencia de 16 de Marzo de 2001 (rec.600/1999) ante los cuantiosos daños provocados en un vehículo ajeno por un esquizofrénico paranoide crónico, condena a la Administración pues entiende que “el propio Centro, el que en atención a las circunstancias concretas de cada paciente, y en busca siempre del tratamiento mas adecuado a cada enfermo, en un estándar de asistencia ordinario, determine en cada caso concreto, la forma de complementar el tratamiento con el sistema de régimen abierto de salidas, pues es obvio que el Centro no se puede exonerar de su responsabilidad, bajo pretexto de que el enfermo estaba en horario de paseo, pues ello pugna con su deber de adoptar cuantas determinaciones y cuidados sean necesarios, para prevenir las posibles consecuencias funestas que efectivamente tuvieron lugar”.