De los notarios en España y las recomendaciones de la Comisión Europea: ¿Tigres blancos o dinosaurios a extinguir?La Comisión Europea ha cuestionado la subsistencia del modelo de Notario español, en cuanto la participación de los notarios en las transacciones inmobiliarias es obligatoria, el acceso a la profesión está limitado y las tarifas son fijas.

Así, esta semana ha aflorado la noticia de que la la Comisión Europa ha alertado de tres aspectos cuestionables del sistema latino adoptado en España, apoyándose en un informe de la Universidad de Bremen.

    1. En primer lugar los “números clausus” en cuanto a la limitación de notarías y en cuando a su emplazamiento.

    Ciertamente, Sevach no entiende que estando ante una función de interés público con vocación universal, exista un sistema de “plantilla notarial” restrictivo en “sucursales” y “lugares”, olvidando que la perspectiva pública impone la máxima oferta, sin restricciones geográficas y para el mayor número de ciudadanos. El viejo adagio “lo que abunda, no daña” tiene especial valor en este caso.
    No puede objetarse que bajaría la calidad del servicio de asesoramiento notarial si cualquiera lo pudiese desempeñar, puesto que en el plano jurídico, nada impide vincular el ejercicio de tal profesión a la condición de mero funcionario de la Administración debidamente formado y cualificado. De hecho, el Reino Unido no sigue el sistema latino y nadie osaría tildar de caos su régimen.

    Y en el plano práctico, en la inmensa mayoría de las ocasiones el notario asume el papel de un discreto Buda, que observa lo cocinado por las partes, sin el menor asesoramiento (y cuidándose en cambio, de extralimitarse en el asesoramiento a la parte débil de una operación frente a un banco, constructora o entidad aseguradora, que ha ungido con su dedo de oro la elección del notario de turno para la operación).

    Basta comprobar las últimas modificaciones legales en materia de urbanismo (la última, la Ley 8/2007, del Suelo) para comprobar el celo del legislador para implicar a los notarios en la lucha contra las constructoras con precio “bajo cuerda”, mafias repletas de dinero negro, entramados societarios, fraudes familiares y tinglados urbanísticos para eludir obligaciones fiscales, mercantiles o urbanísticas. Así, el legislador intenta superar la utilización de las notarías como “puerta giratoria de libre paso” para convertirlas en una especie de “aduanas jurídicas”.

    Además, si aceptásemos que su intervencíón es una garantía para operaciones relevantes, incluso podría reservarse legalmente la intervención notarial de forma restringida a operaciones mercantiles o civiles cuyo interés patrimonial fuese elevado, y dejar las de cuantía inferior en manos de funcionarios. Pero no, ya se trate de un poder, una aceptación de una herencia, una donación o compraventa que afecte a un interés patrimonial mínimo, el peaje notarial se ha convertido en trámite y carga insoslayable.

    2. En segundo lugar, la Unión Europea señala la repercusión de tales tarifas en los costes de las operaciones en que intervienen, lo que no resulta lo mas adecuado para los intereses de los consumidores.

    En efecto, en España la intervención de notarios es preceptiva en numerosas operaciones, con independencia de su entidad, con lo que existe un encarecimiento objetivo para el usuario. Aquí Sevach considera que no existiría ningún inconveniente (e incluso sería recomendable) que la Administración, al igual que asume su papel de fedatario de innumerables operaciones a través de sus funcionarios, asuma igualmente la prestación de tal servicio. ¿Por qué una venta de una chabola requiere un “notario no funcionario” para garantizar la realidad de lo allí afirmado y en cambio la Administración Pública cuenta con infinidad de órganos servidos por “funcionarios-secretarios” con fe pública los cuales intervienen sin problemas en operaciones de contratos administrativos, llevanza de Registros de intereses, inventarios de patrimonio, seguimiento de historiales clínicos y custodia de documentación personalísima o solemne?.

    3. En tercer lugar, la Unión Europea objeta que las tarifas son fijas con independencia de la intervención del notario en la operación, lo que le priva de carácter remunerativo, o sea, tintes de prebenda.

    En efecto, una cosa es la retribución por una prestación profesional en cuantía proporcional al esfuerzo físico o psíquico de la labor prestada y otra muy diferente que la facturación por servicios notariales sea automática en función de unas holgadas tarifas fijas vinculadas a la naturaleza y entidad de la operación, con absoluta independencia de la “actividad subjetiva” de asesoramiento del notario.

    O sea, realmente no estaríamos ante un “precio” (contraprestación de un servicio) sino ante algo con las notas de un auténtico “impuesto”, con la particularidad de que su devengo es a favor de un particular.

    Muy elocuente es la recientísima Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de Junio de 2007 (C-466/2003) que los derechos notariales “cuyo importe se determina en función del valor de la operación económica subyacente y que aumenta directamente y sin límite en proporción a dicho valor, no puede, por su propia naturaleza, constituir un derecho que tenga un carácter remunerativo”.

    4. En definitiva, respetando la dignidad y cualificación de los Notarios, y desde la pura perspectiva administrativa de velar por la economía y celeridad, en favor del mejor servicio a la ciudadanía, Sevach se pregunta:

      a) En el plano político, ¿por qué no existe una sola promesa electoral de ningún partido político que sencillamente anuncie que las funciones notariales serán asumidas por órganos administrativos servidos por funcionarios cualificados, con el consiguiente beneficio para la población en términos de economía, celeridad y objetividad?

      b) En el plano jurídico, ¿si el Estatuto del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de Abril, reserva a los funcionarios las labores de fédatario o interés general (art.9.2 y Disposición Adicional Segunda), acaso la coherencia lógica no reclama que la función notarial cuya justificación es dar tal constancia, sea asumida por funcionarios públicos?.

      c) En el plano económico, ¿si existe una tarifa que encarece objetivamente las operaciones económicas que desarrollan los ciudadanos, en tiempo de crisis, y además tales tarifas son fijadas unilateralmente por la Administración y en cuantía desproporcionada en relación al servicio o esfuerzo personal, por qué la tutela de consumidores y usuarios se detiene en este ámbito como si fuera “tierra sagrada” ?.

      d) En el plano tecnológico, ¿si la firma digital avanza imparable, y las nuevas tecnologías ofrecen garantías de quién y bajo qué condiciones presta su consentimiento, o sobre la certeza de un hecho, con mayor precisión que lo que ve u oye un notario, qué sentido tiene mantenerse atado a la tradición en vez de la modernidad?

      e) En el plano internacional, ¿si hemos seguido la corriente holandesa en cuanto a matrimonios homosexuales, sistema de pensiones, sistema social de ayuda a la dependencia, comunicaciones telemáticas en la Administración… por qué no acoger también su modelo notarial, caracterizado por la supresión de aranceles fijos y por eliminar el numerus clausus?.

    5. En fin, tras el citado informe comunitario, las organizaciones notariales han contratacado con otros intormes de signo contrario. En fin, la vieja lucha entre gremios y servicio público, que son manifestación de lo que Toynbee denominada “la resistencia de las instituciones”, pero al menos una pequeña grieta se ha abierto en el muro.

    6. Y es que, al mundo de las Notarías resultan de aplicación las leyes del viejo Newton:

      Primera ley o ley de inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. O sea, si el sistema notarial español se mantiene inmune a las reformas o vientos comunitarios pues proseguiremos con un sistema de intervención notarial innecesario y costoso.

      Segunda ley o Principio Fundamental de la Dinámica. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. O sea, si la Comisión Europea sigue actuando bajo la idea de la tibia recomendación en vez de la firmeza de una Directiva o mandato imperativo, la respuesta de los Estados en materia del régimen notarial, posiblemente será proporcionalmente suave, o sea, poco se alterará del régimen notarial.

      Tercera ley o Principio de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. O sea, si la Unión Europea, o el Estado intentan fijar pautas obligatorias sobre las notarías con el fin de que no estén limitadas en número ni restringida su ubicación, o encomendando su labor a funcionarios, o retribuyéndoles con sueldo (en vez de jugosas tarifas), es de esperar una reacción del gremio notarial con tintes de Fuenteovejuna.