Sobre las denominaciones de las asociaciones de fiscales, pues creo que es cuestión mas de rótulo que de sustancia, de igual modo que en el ámbito de los jueces las dos asociaciones mayoritarias se denominan ” Asociación Profesional de la Magistratura” (¿acaso no son “profesionales” los jueces ajenos a esa asociación?) y ” Jueces para la Democracia” (¿ acaso no son demócratas los jueces ajenos a esa asociación?). O sea, que al margen de denominaciones de asociaciones, y al margen de “golpes de efecto” electorales de grupos de jueces o fiscales, el traspasar la fina línea de lo jurisdiccional hacia el protagonismo político constituye el Rubicón que ningún juez debería traspasar por respeto al Poder Judicial y a lo que la ciudadanía espera de ellos.

Otra pregunta que bien podría responderme un fiscal que lea esto, ¿ cómo es posible que haya una asociación de fiscales cuya denominación es “unión progresista de fiscales”?Dice el artículo 54.5.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución se reconoce el derecho de asociación profesional de los Fiscales, que se ejercerá libremente en el ámbito del artículo 22 de la Constitución y que se ajustará a las reglas siguientes:

Los Estatutos deberán expresar, como mínimo, las siguientes menciones:

Nombre de la Asociación, que no podrá contener connotaciones políticas.

O sea, que tenemos una asociación de fiscales, con un nombre ilegal, porque “progresista” tiene connotaciones políticas, y aquí nadie hace nada, y encima se atreven, los de estas asociación, y otros 300 jueces, a interferir en campaña electoral, contra un partido político.

Estas son las falsedades de los politicos y lo contradictorios y paradógicos que son todos estos POLITICOS MENTIROSOS.

Si dice el Sr. Zapatero que igual trabajo igual salario en el cara a cara celebrado el día 3-3-2008 por la Academia de Televísión, ¿por qué no acuerda ya con los sindicatos sin más retrasos lo peticionado por 9.000 funcionarios no trasferidos?.

PARA MUESTRA, UN BOTÓN, MIRAD EL VÍDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=hjiyANZ-G18

QUE NO SE RIAN DE LOS 13 MILLONES DE ESPAÑOLES QUE VIERON EL CARA A CARA. NI DE LOS 9.000 FUNCIONARIOS DE JUSTICIA.

SEGUIMOS CON LA HUELGA SR. ZAPATERO, CUMPLA LO PROMETIDO ¡¡¡YA!!!

Con la venia de Su Señoría:

Por la representación del demandado, el Presidente de Gobierno electo, se ha de esgrimir en primer lugar como causa de defensa la FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA. En efecto, no discutimos la realidad de las promesas realizadas en la campaña electoral y que han sido objeto de la debida acreditación documental; en efecto, no discutimos si quiera que el demandante pudiese considerarse afectado por la omisión en el cumplimiento de las mismas. No obstante, el hoy demandado realizó su campaña electoral no para unas elecciones presidenciales, sino para unas elecciones legislativas integrado en la candidatura del Partido X. Y, por tanto, el mismo exponía sus argumentaciones la meritada fuerza política pone a su disposición, dado que en todos los mítines, en todos los folletos electorales y en todas las alocuciones el demandado se encontraba expresamente amparado por las siglas del Partido X y como candidato del mismo. Es decir, que quien debiera ser sujeto pasivo de la obligación y, por tanto, ostentaría la legitimación pasiva como parte demandada habría de ser el Partido X, y no el Presidente de Gobierno.
A salvo de lo anteriormente expuesto, y a efectos meramente disgresivos, ha de indicarse que el sistema articulado por nuestra Constitución es el parlamentario, lo que implica que todas las cuestiones cuyo cumplimiento se reclama han de ser necesariamente acordadas en el Congreso de los Diputados por las mayorías exigidas en su caso por la Constitución o las leyes. Es por ello que, como se acredita por medio de la prueba documental que se acompaña con la presente, mi defendido no es responsable de la no realización de las promesas cuyo cumplimiento se reclama, dado que el paquete de medidas presentado en las Cortes contenía efectivamente todos los compromisos acordados con los electores. Pero al no haber sido adoptada tal medida por el resultado adverso de la votación, entiende esta parte que el cumplimiento debiera ser exigido al mismo Parlamento. No obstante, y como ello nos llevaría al ridículo de tener que demandar a todo el pueblo español del cual el propio demandante forma parte (dado que es el pueblo español quien está representado en las Cortes Generales) un elemental sentido de la realidad habría de llevarnos a pensar que la reclamación habría de dirigirse contra quienes en el Parlamento, al votar en contra de las propuestas, hicieron imposible la realización práctica de las mismas. Item mas, como quienes votaron en contra son fuerzas políticas que NO llevaban en sus respectivos programas electorales las promesas cuya obligación de hacer solicita el actor, es menester concluir que mi mandante no es en modo alguno responsable de su omisión, pues ha obrado con toda la diligencia exigible para llevar a cabo la tarea que se había impuesto, siendo , en consecuencia, el incumplimiento ajeno no sólo a la actitud sino a la propia voluntad del demandado.

Por todo ello esta parte solicita una sentencia que desestime íntegramente la demanda.