Del conductor temerario que va por lana y puede salir trasquilado con las costas procesales por temeridad

Asalta los periódicos la noticia de que el conductor que hace mas de un año circulaba a 260 km/h por una carretera de Burgos reclama una indemnización de 313.454 euros a la Administración del Estado por haber sido privado temporalmente del permiso de conducir (daños por no poder utilizarlo en su trabajo, por no acudir al coto de caza y daños morales).

Sevach considera que si alguien sufre un daño injusto debe sufrir la equitativa reparación. Sin embargo en el caso analizado nos encontramos con que la responsabilidad administrativa para la Ley 30/1992 de Administraciones Públicas requiere que el reclamante “no tenga obligación jurídica de soportarlo” y teniendo en cuenta que alguien circulaba a esa velocidad de 260 km/hora está claro que la suspensión del permiso mientras se desarrollaba el litigio tenía obligación jurídica y moral de soportarla, pues la ciudadanía no puede estar expuesta, digamoslo gráficamente, a que circule por las calles con un revólver un irresponsable mientras se comprueba judicialmente si está o no cargado. En cualquier caso, el denunciado lo que no tenía era obligación moral de circular con el vehículo durante el litigio.

Por eso, lo que resulta una inmoralidad es pretender cosechar una indemnización por una actuación inmoral. Y es que la sanción fue anulada no por considerar falso que circulase temerariamente sino por aplicar una generosa interpretación del tipo infractor. El juez interpretó que no había peligro “concreto” en circular a 260 km/h, aunque podría interpretarse que conducir en tales condiciones comporta implícitamente peligro “seguro” y “concreto” aunque “indeterminado” lo que es diferente.

Sin embargo, acatando la sentencia firme, lo que resulta extravagante es pretender obtener del Estado (esto es, a cargo de todos los ciudadanos, o sea de todos los amenazados y en riesgo por su actitud temeraria), por trece meses de privación del permiso de conducir una indemnización de nada menos que 313.454 euros, lo que excede sensiblemente de lo que percibiría un trabajador medio por despido si llevase treinta años trabajando, o que excede de la indemnización que podría percibir el propio reclamante según el baremo en materia de seguros, si el mismo fuese víctima mortal de un accidente provocado por otro conductor que circulase a la velocidad que el mismo llevaba (260 Km/hora).

Y por tanto, si temeraria era su manera de conducir y temeraria su petición de indemnización, procedería no solo la desestimación de su reclamación, sino la imposición de las costas procesales, por “temeridad” tal y como impone la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las cuales por cierto, podrían aplicarse en un porcentaje sobre lo reclamado. O sea que, en términos castizos, quien mucho abarca poco aprieta, y quien va por lana a veces puede salir trasquilado. O al menos… debe salir trasquilado