Es cierto que hay una incongruencia ya que según ejerza a su antojo la Administración la potestad de autorganización, determina la jurisdicción. Si presta el transporte de forma directa, responsabilidad al contencioso; si crea RENFE, responsabilidad al civil. ¡¡Bonita manera de jugar la Administración a decidir su propia jurisdicción!!! Saludos

Estoy haciendo un trabajo sobre: Jurisdicción competente en materia de daños producidos por la actividad o inactividad de los organismos públicos, como AENA, RENFE, Autoridades Portuarias.

Mi conclusión es que se remite su régimen jurídico (aún siendo organismos públicos) al reg. jco. común de las AAPP. La competencia pertenece siempre al contencioso, excepto si el dañado demanda exclusivamente a la aseguradora de la AAPP (que puede celebrar contratos de seguro).

Pero el problema está en que no se respeta la unidad jurisdiccional en favor del contencioso, jurisprudencialmente. Y se remite su conocimiento al civil, en base a la tradicional vis atractiva del art. 9.2 de la LOPJ.

Por que?????? A caso es debido al colapso del orden contencioso??????

Sé que vuestros comentarios son del 2008, así que no obtendre respuesta alguna..

Pero…, un momento, ¿se aumentará la plantilla de “letrados”?, ¿y eso qué es?, ¿qué hacen esos “letrados”? Ayudemos a la memoria: el Tribunal Supremo cuenta, desde hace muchos años, con un gabinete técnico, en el que prestan sus servicios no sólo magistrados, sino también secretarios judiciales y profesores, dedicados inicialmente a tareas de recopilación y ordenación de la jurisprudencia, hasta que alguien tuvo la feliz idea de que ese gabinete podía hacer algo mucho más productivo: proponer a la sala correspondiente las resoluciones sobre inadmisión. Desde aquel día, señalado en el calendario con piedra blanca, el gabinete técnico es un “batallón de inadmisiones”, que lleva camino de “desatascar” (término grueso, propio de la fontanería y otras artes menores, pero que los juristas empiezan a utilizar sin comillas) el Tribunal, por el expeditivo procedimiento de inadmitir la mayor parte de los recursos de casación (casi el 90 % y subiendo), por causas que no siempre son las que establece la ley, como sucede con los asuntos que, a raíz de la L.O. 19/2003 pasaron a ser competencia de los juzgados de lo contencioso, en los que se inadmite la casación sistemáticamente, aunque la sentencia la haya dictado una sala territorial en única instancia y pese a que la L.O. 19/2003 –a diferencia de la LJCA- no contiene norma transitoria alguna sobre el particular. ¿Están bien empleados seis millones de euros -y el trabajo de decenas de personas- en inadmitir masivamente recursos de casación? ¿No sería más barato y eficiente limitar el acceso al Tribunal Supremo, de verdad, y no de forma vergonzante, como se viene haciendo?

El debate sobre las causas del “atasco” de la jurisdicción contencioso-administrativa ha llegado a ser un tema clásico, ineludible entre los topoi que todo jurista debe abordar en algún momento, para pasar rápidamente a otra cosa. Comparto casi todo lo que se dice en el post, al que se pueden añadir explicaciones tan conocidas y certeras como la que menciona el segundo comentario, esto es, el decidido propósito de los poderes públicos de escapar a todo control verdadero, poniendo palos en las ruedas del controlador para entorpecer y frenar su acción. Lo de “incrementar los tribunales administrativos sectoriales que operasen de filtro judicial previo en manos de la Administración (al estilo británico)” suena bien, lo malo es que ya existen, y precisamente en ámbitos de litigiosidad masiva (tributos estatales y expropiación forzosa) con los resultados que no es preciso recordar a los avisados lectores de este blog. Tampoco ayuda la deficiente técnica legislativa que, a los niveles a los que ha descendido, hay que considerar como premeditada. El Consejo de Estado, año tras año, viene advirtiendo de la “degradación del derecho como medio de ordenación social”, pero ¿quién hace caso al Consejo de Estado?

El enfoque más interesante, me parece, es el que apunta –sin ponerle nombre- el post (“disminuir la entrada de asuntos o aumentar el número de jueces”), es decir, el punto de vista económico: se trata de un problema de oferta y demanda de servicios, como ocurre, v. gr., en el caso de la prostitución. No es que pretenda establecer conexión alguna entre ámbitos tan diversos, pero me ha venido a la cabeza tras leer un espléndido estudio de Juan María Pemán Gavín en la REDA 136/2007 (“El debate sobre la legalización de la prostitución en España”, págs. 683-726). Todas las actividades humanas –y desde luego el derecho- admiten el enfoque económico. Como es sabido, esta perspectiva concibe al individuo como homo aeconomicus, es decir, como agente racional maximizador de su bienestar, en un marco de escasez de recursos. La consecuencia más importante, en lo que ahora interesa, es que los individuos responden a incentivos y modifican su comportamiento de acuerdo con ellos. Como ha explicado, entre nosotros, González Amuschátegui, “los destinatarios de las normas reaccionan estratégicamente frente a ellas: toman las normas como un dato y no como la conducta a seguir obligatoriamente”, “las normas crean incentivos y, si no están bien formuladas, puede que esos incentivos sean a su incumplimiento” (como sucede, añado por mi cuenta, con la legislación penal de excepción en materia de violencia llamada “de género”).

¿Qué es lo que quiero decir con todo esto (o, parafraseando a Horacio, “¿a qué viene tanta monserga?”). Pues que todos los agentes de los que realmente depende la disminución del número de asuntos contenciosos (abogados y poderes públicos, entre otros) tienen fuertes incentivos para impedir semejante cosa. Muy en especial, la Administración pública encuentra poderosos estímulos en la situación actual para incumplir generalizadamente las normas y las sentencias que las aplican: ¿qué puede temer un gestor público si deniega arbitrariamente su derecho a un ciudadano y, después, no cumple la sentencia que reconoce tal derecho? Nada, la respuesta es nada. Por el contrario, la decision de cumplir la ley puede llevar aparejadas consecuencias personales y profesionales sumamente gravosas. Con tales mimbres, así ha de salir el cesto. Pongamos por caso (es un ejemplo inventado, por lo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia), que una determinada Administración instala una planta depuradora delante de las narices de los vecinos, sin respetar las distancias mínimas establecidas en la normativa correspondiente. Los vecinos, como es natural, acuden a los tribunales, que les dan la razón en primera instancia. La Administración recurre, como es igualmente natural, y –además- hace algo más práctico: modifica la normativa, con rango de ley –inaccesible a la impugnación por los particulares-, para que las distancias en cuestión ya no se apliquen. El recurso de la Administración es desestimado y, al recibir esa segunda sentencia, los políticos que están en el ajo dicen alborozados que “el tema carece de actualidad”, que “ha sido superado por las circunstancias” y, en resumidas cuentas, que no tienen ninguna intención de cumplir la sentencia. ¿Podemos imaginar la expresión de los vecinos en este momento? Felices vacaciones.

P.S. Me parece deplorable la explotación laboral a la que está sometido ese íntimo amigo de Sevach, que lo coloca ante la diabólica disyuntiva de expender hamburguesas jurídicas o acabar con su salud mental y física. Sólo cabe recomendarle un urgente periodo de descanso.