jueces

El Tribunal Constitucional español dictará sentencias cuestionables y nuestros órganos jurisdiccionales estarán colapsados y serán criticados, pues laborioso es probar los hechos, difícil atinar en la interpretación y prácticamente inaccesible confirmar si la Justicia ha triunfado. Sin embargo, al igual que en la fábula de Calderón sobre un sabio hambriento que halla consuelo al percatarse de otro sabio que se alimentaba de las hierbas que aquél desechaba, podemos sentirnos satisfechos de nuestro modelo judicial.

Viene al caso por la doble experiencia judicial que ha sido noticia esta semana. De un lado, el Tribunal Supremo español ha dictado sentencia confirmando la legalidad de la asignatura “Educación para la ciudadanía”, y de otro lado, a siete mil kilómetros de distancia y salvando el Océano Atlántico, la Corte Americana de Derechos Humanos ha condenado a Venezuela a reintegrar dos jueces del Supremo, a indemnizarles y a aprobar una Ley de Protección de los Jueces. Ambas noticias distintas y distantes tienen para Sevach un elemento común con diferente planteamiento: la concepción de la independencia de los jueces y la Justicia.

1. Lo mas llamativo de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español, al margen de la decisión de fondo, es la madurez judicial del sistema español. Un asunto de tan crucial importancia, donde están en juego derechos fundamentales, modelo educativo e ideologías, se sometió al Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y allí deliberaron veintinueve jueces durante tres días hasta conseguir la sentencia con el voto particular de siete vocales. Cuando se han conocido los votos particulares se ha observado con perplejidad la paradoja de que algunos que se consideraban progresistas votaron a favor de la tesis conservadora y a la inversa, tal y como se ha detallado por la prensa, pese a que las deliberaciones son secretas. Esta gestación de la sentencia es admirable porque revela esfuerzo, ciencia, independencia y libertad de criterio de los juzgadores fuera de etiquetas ideológicas y prejuicios.

Ciertamente, es inevitable la marea mediática y la posición de las partes que “arrimarán el ascua a su sardina” según las palabras que utilice la sentencia, porque es de esperar que una sentencia en estos temas no sea ni expeditiva ni tajante. Será al estilo de las llamadas “sentencias interpretativas” del Tribunal Constitucional, reconociendo la amplia discrecionalidad del Estado para fijar contenidos pero con límites. O sea, que no hay un derecho constitucional a la objeción de conciencia educativa, pero tampoco hay un derecho del poder público a imponer contenidos ideológicos que menoscaben el derecho de los padres a educar a sus hijos. En otras palabras, que la educación es un buque que puede cobijar cualquier mercancía siempre que no sea “tóxica” (considerando como tal la que atenta claramente valores constitucionales dignos de protección). Y con ello, el debate se desplazará a la guerra de guerrillas en las plazas judiciales autonómicas para combatir caso a caso los textos que incurran en manifiesto adoctrinamiento.

Sin embargo, lo realmente importante es que la Justicia funciona, y en este caso, con cierta celeridad encomiable ( y necesaria por los casi dos millones de estudiantes afectados, 80.000 profesores y las familias) sin olvidar la discrepancia entre los Tribunales de Justicia), con amplio debate (del cruce de ideas jurídicas sale la luz de la Justicia) y finalmente se ha dictado sentencia, que se acatará aunque se anuncien recursos ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el ámbito interno la paz social está asegurada.

En suma, debate civilizado. Kelsen está vivo y goza de buena salud en España.

2. En cambio, la sentencia de la Corte Iberoamericana de 5 de Agosto de 2008, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela resulta llamativa por lo grotesco de la situación.

Partiremos de señalar que la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos que arranca del Convenio de San José de Costa Rica de 1969 (inspirada en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo) dicta sentencias vinculantes para los Estados firmantes que así lo consintieron y entre ellos, Venezuela. Para dictarlas, el procedimiento de la Corte es laborioso y busca hasta la extenuación salidas amistosas (no en vano el tiempo medio de resolución de sus asuntos es de …¡54 semanas!). En este caso, la Corte Iberoamericana ha condenado a Venezuela a reintegrar dos jueces del Supremo, a indemnizarles y a aprobar un Código Etico de los Jueces en Venezuela.

Pues bien, el Tribunal Supremo venezolano, ignorando que el Derecho Internacional y los Tratados son vinculantes lanza un desafío, y se limita a aducir que tal medida «crearía un caos institucional» y que va contra «la Constitución».
Lo chocante de este planteamiento radica:

A) En primer lugar, porque son Jueces del supremo los que rechazan restablecer en su derecho a otros jueces purgados del mismo Tribunal Supremo. Quizás deberían pensar en aquellos certeros versos de Bretch en que nadie asume el problema de los demás hasta que a uno le afecta.

B) En segundo lugar, porque la credibilidad internacional de un Estado depende de su cumplimiento de sus propios compromisos. No se trata aquí de juzgar a Hugo Chavez en clave política, sino de valorar en clave jurídica una decisión judicial interna, y que afectará a los Tratados comerciales o a cualquier compromiso internacional que pueda celebrar Venezuela en el futuro.

C) En tercer lugar, porque tal decisión revela que Montesquieu no tiene visado para entrar en Venezuela, ya que la división de poderes son marionetas de un mismo teatrillo, manejado por el ejecutivo.

D) En cuarto lugar, porque el espejismo de un mundo donde los Derechos humanos cuentan con una policía universal, cuyos agentes son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Iberoamericana de San José, se desvanece día a día.

3. No obstante, justo es reconocer que en relación a España, las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos carecen de eficacia revisora de las sentencias judiciales firmes y sólo dan derecho a una «satisfacción equitativa a cargo del Gobierno español». O sea el vil metal sana cualquier injusticia. Quizás algún día se establezca legalmente como motivo de revisión de sentencias firmes, el haberse dictado sentencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero hasta entonces seguiremos hallando sentencias condenatorias a España y que sólo sirven para armar revuelo mediático, porque las cosas seguirán igual.

Así y todo, no hay color entre la Justicia española y la venezolana. En la justicia española, los jueces son marionetas….del Derecho. En la justicia venezolana, los jueces son marionetas…del Poder.