urbanismo

El Tribunal Constitucional en una sentencia histórica del pasado 26 de Enero de 2009 (rec.8673/2005) corrige la práctica de los Tribunales contencioso-administrativos de paralizar la demolición de las edificaciones declaradas ilegales por sentencia firme, por la sola circunstancia de que el Ayuntamiento afectado haya iniciado o esté tramitando la modificación del planeamiento urbanístico para legalizarlo.

1. En el caso planteado, el recurrente había obtenido dos sentencias firmes de demolición de dos edificaciones colindantes con su parcela, y cuando solicita su ejecución, el Ayuntamiento afectado solicitó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que suspendiese la demolición de las obras declaradas ilegales y la ejecución de las sentencias «hasta que se apruebe la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Siero, actualmente en tramitación, que puede dar lugar a la legalización de lo ilegalmente construido, debido a los graves e irreparables perjuicios que se podrían irrogar en caso de su ejecución inmediata». Por auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 27/2/05 se acordó la suspensión parcial de la ejecución de la sentencia argumentando que « no puede obviarse en el juicio ponderado y equitativo que debe presidir toda solución, las graves consecuencias que para el titular de las obras conllevaría el cumplimiento inmediato de la ejecutoria».

2. El particular recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, quien se lo otorga en la citada Sentencia, en términos tan contundentes como claros:

« En efecto, tomando en consideración que el principio general es la ejecución de las resoluciones judiciales firmes y que, sólo de forma excepcional cuando, en los términos previstos legalmente, concurran circunstancias de imposibilidad legal o material, debidamente justificada, cabe inejecutar o suspender su cumplimiento, NO PUEDE ADMITIRSE QUE SUPONGA UN SUPUESTO DE IMPOSIBILIDAD LEGAL O MATERIAL LA MERA EXPECTATIVA DE UN FUTURO CAMBIO NORMATIVO, toda vez que ello no implica alteración alguna de los términos en los que la disputa procesal fue planteada y resuelta. Del mismo modo, tomando en consideración que había transcurrido un dilatado período de tiempo desde que alcanzó firmeza la orden judicial de demolición de la obra, tampoco cabe sostener, como se hace en la resolución impugnada, que frente a la exigencia constitucional de ejecución de las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos, cabe ponderarse, a los efectos de su inejecución, las consecuencias que para el condenado conllevaría el cumplimiento inmediato de una orden cuyo objeto es la restauración de la legalidad». Y finalmente añade: “Pues bien, tal como señala el Ministerio Fiscal, debe concluirse que la decisión judicial de suspender la demolición acordada en Sentencia firme, en expectativa de una futura modificación de la normativa urbanística que, eventualmente, la legalizara, supone una vulneración del art.24.1 de la Constitución Española, en su vertiente de derecho a la ejecución de la resoluciones judiciales firmes en sus propios términos».

3. Con esta importante sentencia, el Tribunal Constitucional demuestra que tiene los pies en la tierra y que sabe la práctica de cientos de alcaldes que se burlan de las sentencias que ordenan la demolición de edificaciones judiciales. Los ediles, o concejales de urbanismo, para evitar acometer tal demolición ( bien por inconfesable relación con el titular de la edificación, o bien para evitar las indemnizaciones por haber concedido la licencia ilegal), encuentran la solución perfecta consistente en acometer de forma precipitada una modificación del planeamiento urbanístico para convertir por arte de magia, lo ilegal en legal. De este modo, el recurrente victorioso en sentencia se queda con un palmo de narices y la edificación ilegal queda sanada por el nuevo plan urbanístico, que al igual que el bálsamo de Fierabrás citado en El Quijote: “hace andar a los cojos y hablar a los mudos”.

Merece la pena recordar la asombrosa capacidad del bálsamo para sanar en los términos que don Quijote le transmite la leyenda a su escudero la primera vez que le informa sobre el bálsamo en el capítulo décimo “con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay pensar morir de ferida alguna. Y ansí, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer sino que, cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo (como muchas veces suele acontecer), bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha sotileza, antes que la sangre se yele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me darás a beber solos dos tragos del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más sano que una manzana.

Pues bien, se acabó el bálsamo municipal. A partir de ahora, alcaldes y constructores, abogados y secretarios generales, tendrán que tener muy presente que si hay una sentencia firme de condena a demolición de una edificación ilegal, ya es tarde para acometer una urgente modificación del plan urbanístico (algo así como el castizo, “muerto el buey, la cebada al rabo”).

Lo que no deja de tener bemoles es que el ciudadano que ha obtenido este amparo del Tribunal Constitucional en el año 2009, inició sus recursos ante el Tribunal Superior de Justicia en…1997. Sobran comentarios.

4. Y ya que estamos en ello ( pese a ser una materia plomiza, Sevach promete otro post ulterior con mayor humor y simplicidad) es menester recordar que ya la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había reaccionado vivamente frente a la corruptela de la legalización sanadora.

Por un lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Septiembre de 2008 (rec.4462/2006) había declarado que tampoco se suspende la demolición por el mero hecho de que el afectado tenga impugnada la denegación de la legalización de la edificación. En efecto, sería el cuento de nunca acabar.

Por otro lado, la última y esperanzadora línea del Tribunal Supremo estableció que no basta para legalizar con aprobar una modificación de planeamiento sino que es precisa, y aquí radica la clave, una modificación de planeamiento seguida del otorgamiento de la licencia legalizando la obra preexistente (¡). La novedad viene dada porque obliga al Ayuntamiento a “retratarse” y disponer un acto expreso de legalización, con la consiguiente obligación de motivación singular y sometimiento al control de los grupos municipales. Oigamos este importantísimo criterio al propio Tribunal Supremo, y del que ciertamente todavía la mayor parte de abogados y urbanistas no están al corriente.

Se trata de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Junio de 2008 (rec.891/2006) que hace un extenso y espléndido estudio del fenómeno de la legalización de obras ilegales que provocan la imposibilidad de ejecución de sentencias:

« La primera, que la mera declaración de legalización es insuficiente para que la sentencia se tenga por cumplida, SIENDO NECESARIO QUE SE ADOPTEN LOS ACUERDOS EFECTIVOS PARA QUE TAL DECLARACIÓN LEGALIZADORA SEA REAL. En segundo lugar, que los acuerdos legalizadores han de ser controlados en el propio proceso de ejecución por el órgano sentenciador; esto significa que el ente de la Administración cuando ejecuta, lo hace bajo la vigilancia y control del órgano jurisdiccional (…) Como hemos declarado en STS de 23 de julio de 1998 , no es exacto que la modificación del planeamiento produzca una automática legalización «ex post facto» de todas las edificaciones que resulten conformes con el nuevo aunque no lo fueran con el anterior. Cuando media una sentencia anulatoria de una licencia por disconformidad con el planeamiento la nueva ordenación no deja sin efecto aquélla sino que acaso pudiera constituir un supuesto de imposibilidad legal de su ejecución, teniendo bien presente que esta Sala ha declarado repetidamente que EL TRIBUNAL SENTENCIADOR PUEDE IMPONER LAS CONSECUENCIAS DE LA ANULACIÓN DE LA LICENCIA PESE A QUE FORMALMENTE RESULTARE AMPARADA POR UNA NUEVA ORDENACIÓN, SI ESTIMARE ÉSTA ILEGAL POR HABERSE PRODUCIDO CON EL DESIGNIO DE ELUDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA. En todo caso, la declaración de que concurre una causa de imposibilidad legal de ejecución requiere la previa tramitación de un incidente destinado a depurar todas las circunstancias concurrentes y a declarar si la respuesta fuera positiva si procede determinar en favor del favorecido por la sentencia la correspondiente indemnización (…) En la interpretación de estas normas, hemos de recordar, también, el carácter evidentemente restrictivo, que, por los motivos — fundamentalmente constitucionales— que luego se expondrán, se impone en esta materia relativa a la inejecución de las sentencias por causas de imposibilidad».

Tras este amplísimo y lúcido razonamiento el Tribunal Supremo en esta última sentencia declaró que el mero Avance de planeamiento no permitía la inejecución de sentencia demolitoria pero sí si se tratase al menos de la Aprobación inicial. Sin embargo, ahora el Tribunal Constitucional va más allá y considera que sea cual sea el estado de tramitación del planeamiento saneador no autoriza a inejecutar la sentencia. ¡Ojo al parche!