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Como primicia, Sevach ha accedido al texto íntegro de la Sentencia de 19 de Febrero de 2009 dictada por la Sección 9ª del Tribunal Supremo, que ha establecido interesantísima doctrina sobre el derecho de huelga e implicaciones de la jornada del día 18 de Febrero, siendo partes, tanto el Ministerio de Justicia como el colectivo de jueces declarado en huelga.


Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sección 9º De las Garantías Públicas (19 de Diciembre de 2009, rec.33/09).

Han sido vistas las diligencias seguidas contra el movimiento de jueces que hicieron dejación de sus funciones invocando un supuesto derecho de huelga el día 18 de Febrero de 2009, y estando personado como parte denunciante el Sr. Bermejo, de profesión ministro, hemos de declarar:

HECHOS PROBADOS
1. Dos asociaciones judiciales han promovido una convocatoria de huelga para el día 18 de Febrero de 2009-02-19, mientras otras dos asociaciones expresan su queja pero posponen la posible huelga para un momento ulterior.
2. El Consejo General del Poder Judicial acordó declarar tal situación sin amparo jurídico.
3. Los jueces por sí mismos han constituido un denominado Comité de Huelga y fijado sus propios servicios mínimos.
4. La huelga ha sido secundada por un 35% según la tesis ministerial y por un 60% según los movimientos asociativos.

A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como cuestión previa hemos de examinar el motivo de falta de jurisdicción invocado por la Abogacía del Estado por considerar que el Tribunal Supremo formado por jueces no puede juzgar a otros jueces sin incurrir en parcialidad.

Hemos de desechar este alegato ya que la independencia judicial lleva y ha llevado al Tribunal Supremo a enjuiciar habitualmente todo tipo de actos que afectan a los jueces dictados por el Consejo General del Poder Judicial, existiendo numerosas sanciones de compañeros confirmadas judicialmente así como numerosos recursos desestimados sin el menor atisbo de parcialidad. A ello añadiremos que en un Estado de Derecho quien no puede “juzgar a los jueces” es el poder ejecutivo, y debiendo abstenerse de juicios y críticas de su labor que debe estar marcada por exquisita independencia.

SEGUNDO.- En segundo lugar, hemos de rechazar la personación en el litigio del Partido Popular ya que gobernó durante otros cuatro años y la situación de la justicia presentó idéntica situación de carencia de medios personales e informáticos y organización ineficaz.

TERCERO.- Asimismo, para fijar el objeto procesal, señalamos que se ha traído a los autos la cuestión relativa a la cacería del Sr, Ministro y su desafortunado encuentro con el Sr.Garzón, cuestión que si bien resulta cuestionable desde la perspectiva del Código del Buen Gobierno aprobado por el propio gobierno socialista así como del principio de ejemplaridad que fija el Estatuto Básico del Empleado Público, no debemos traerla a colación en el asunto aquí examinado y que se contrae estrictamente a la situación de huelga planteada.

CUARTO.- Una vez resueltas las cuestiones procesales, y en cuanto al fondo, partiremos de analizar si existe o no derecho de huelga tal y como pretenden los jueces demandados.

Pues bien, sobre la existencia de un derecho de huelga de los jueces, baste tener en cuenta:

a) Que lo que no está prohibido, ha de entenderse permitido en un Estado de Derecho. Y la Constitución no lo ha prohibido.
b) Que los derechos fundamentales (entre ellos la huelga) han de interpretarse en el sentido mas favorable a su efectividad.
c) Que la actitud ministerial de anunciar una reforma legal para prohibir el derecho de huelga es prueba suficiente de que está permitido pues si no fuese así, tal medida sería superflua.

QUINTO.- Respecto de la postura del Ministerio sobre los jueces como poder del Estado, consideramos:

a) Que confunde una función jurisdiccional con el ejercicio de un derecho fundamental, monumental error asimilable a vender chopped por jamón ibérico.

b) Que es de primero de Derecho distinguir entre la relación orgánica en cuya virtud un juez emite sentencias y ejerce función jurisdiccional que se imputa al Estado, y la relación de servicio o vínculo de derechos y obligaciones entre juez y la Administración de justicia que le paga y controla. Dentro de la relación de servicio un juez-persona física es titular del derecho al descanso, a disponer de medios para su función, a vacaciones o a la huelga.

c) Que tal doctrina de que los poderes del Estado no hacen huelga, conduce al absurdo de que como los funcionarios sirven al Poder Ejecutivo no pueden hacer huelga y como el Tribunal Constitucional no está calificado por la Constitución como poder del Estado sí podría hacer huelga. Una interpretación absurda ha de desecharse.

SEXTO.- A mayor abundamiento, el Ministerio de Justicia como recurrente cuestiona la oportunidad de hacerse la huelga en este momento, reiterando el Ministro su excusa de que está situación endémica de la justicia viene de antiguo.

Hemos de rechazar esta justificación ministerial ya que quien asume un cargo de ministro no es para cazar ni para inaugurar edificios, sino para solucionar problemas. En otras palabras, se es Alto Cargo para llevar Altas Cargas. Y si no se cuenta con soluciones mejor no aceptar y jurar cumplir con las obligaciones del cargo.

En este particular constatamos la agravante de reincidencia dado el erróneo manejo del Ministro para solventar la huelga del personal de Administración de Justicia que tuvo paralizado medio país durante tres meses.

Pues bien, en el caso de autos, la prueba pericial practicada muestra a las claras: a) Que cuando el ministro públicamente afirma que se han creado mas plazas de jueces que en otros años, está mezclando las plazas de jueces y fiscales que van en convocatoria conjunta; b) Que en sus estadísticas de plazas de nueva creación, el Ministro silencia que se han creado en su legislatura nuevos órganos jurisdiccionales como Juzgados Mercantiles o de Violencia Doméstica, por lo que los civiles, contenciosos, laborales y penales se limitan a la reposición de vacantes; C) Que a la hora de exponer el Ministro la ratio de jueces por la población, mete de matute en el cómputo a los jueces de paz, mezclando peras con manzana, siendo indudable que estamos a la cola de la Unión Europea en número de jueces por habitante. .

Asimismo, sobre el alegato ministerial de que este es un movimiento corporativo de respuesta a la sanción al juez Tirado, hemos de desecharlo ya que al igual que el atentado del Archiduque Francisco Fernando fue el desencadenante de la I Guerra Mundial, pero no la causa de la guerra, la sanción al Juez fue el detonante de una situación de la justicia que reventaba por las costuras. De la prueba pericial practicada se deriva que, con sanción a Tirado o sin ella, los juzgados presentan una situación dantesca y con el agravante de que el Ministerio no propone mas solución que negociaciones y palabrería de politicastro.

Finalmente, el Ministro aduce que los jueces cobran una barbaridad y que sus huelgas son como las de los pilotos aéreos. Este planteamiento sólo puede proceder de “quien está en las nubes” y de quien “no tiene los pies en el suelo” ni conoce lo que cobran realmente los jueces que gestiona su propio Ministerio. Por otra parte, la comparación es desafortunada ya que las huelgas de pilotos y médicos pretenden mejoras retributivas, y el Ministerio incurre en desviación procesal, ya que una y otra vez pretende ofrecer a la opinión pública la imagen de que los jueces quieren más dinero cuando desde el inicio aparcaron sus reivindicaciones retributivas. Tampoco puede aceptarse el planteamiento supuestamente corporativo de los jueces ya que la esencia del corporativismo es que no se creen plazas para que el colectivo posea más poder, y en cambio, los jueces ( a diferencia de los Notarios o Catedráticos de Universidad) no sólo no se resisten a que existan mas jueces sino que reclaman un incremento de plantillas.

SEPTIMO.- Por último, y en cuanto a los efectos de la huelga afirmamos:

a) Que la huelga no puede ser objeto de descuento retributivo ya que el Gobierno iría contra sus propios actos: si no reconoce la huelga no puede aplicar su consecuencia legal.

b) Que la huelga no puede considerarse ausencia injustificada ya que está amparada por razones, expuestas al Ministerio, con luz y taquígrafos.

c) Que la dimensión de la huelga según la prueba pericial practica arroja una cifra superior a la afirmada por el Ministerio que se ha apoyado en datos de la comunicación de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en vez del dato escrito y confeso de los huelguistas mediante fax remitido al Comité de Huelga.

d) Que la huelga no ha ocasionado perjuicio alguno, ya que se han observado los servicios mínimos para garantía de los ciudadanos.

e) Que no cabe sancionar a los jueces bajo los principios de la potestad sancionadora constitucionalmente garantizados. No se cumpliría con el principio de tipicidad de la conducta ( ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial no ha tipificado la huelga oficiosa como infracción). No se cumpliría con el principio de culpabilidad ( ya que los jueces acuden a la huelga en la creencia legítima de ejercer un derecho). Además los jueces han actuado bajo la circunstancia eximente del estado de necesidad, ya que la situación de la justicia con su insuficiencia de medios por debajo de la Unión Europea, con sobrecarga de trabajo por encima de los propios módulos ministeriales de rendimiento y con descoordinación informática, resulta insostenible y ello les ha llevado a esta medida extrema.

OCTAVO.- Todo lo dicho ha de ser analizado en un contexto caracterizado por dos datos notorios: a) Que la credibilidad del Sr. Ministro está bajo mínimos, en una tendencia a la baja solo comparable a la evolución de la crisis económica; b) Que su reacción frente a la huelga consistente en promover su prohibición legal es una medida similar a la del pastor que cuando oye a las ovejas balar por la proximidad del lobo, opta por amordarzarlas en vez de solucionar el peligro. Algo así como el sultán que ante el diagnóstico de los médicos de la existencia de una epidemia en su país optó por decapitar a los médicos con lo que nadie podría constatar la enfermedad.

Como consecuencia de lo expuesto, vistos los preceptos legales y concordantes,

FALLAMOS

1º Que declaramos doctrina gravemente dañosa y errónea la que afirma que los jueces como poder del Estado no pueden hacer huelga.

2º Que debemos absolver y absolvemos a los jueces que han secundado la huelga.

3º Que debemos condenar y condenamos al Ministro de Justicia a que sufra un ataque de humildad, reconozca sus errores y aporte soluciones. Subsidiariamente que se atenga al castizo dicho del Digesto de que “mucho ayuda el que no estorba”.

Asimismo le condenamos a la pena accesoria de escribir cien veces en la pizarra el consejo de Cervantes: “ Llaneza, muchacho, y no te encumbres, que toda afectación es vana” Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil y moral por pasar a la historia por ser el Ministro que consiguió la primera huelga judicial de la democracia y colisionar con todos los colectivos vinculados a la justicia.

4º Que debemos condenar y condenamos igualmente al Consejo General del Poder Judicial a estar y pasar por lo aquí declarado.

Contra esta Sentencia cabe recurso de “Cansación”, dado el cansancio y hastío que supone para los jueces luchar por abrir los ojos a la ciudadanía de la evidencia de que hacen falta más medios pese a la postura del avestruz ministerial de huir de los problemas no sirve para nada.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.