Artículo 44. Ampliación del ámbito del silencio positivo

1.- Con el fin de agilizar la actuación de las administraciones públicas, el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se consideren cubiertos por razones imperiosas de interés general, de acuerdo con lo establecido en la ley xx/xx, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

2.- Las Comunidades Autónomas evaluarán igualmente la existencia de razones imperiosas de interés general que justifiquen el mantenimiento de los efectos desestimatorios del silencio administrativo en los procedimientos administrativos regulados por normas anteriores a la ley xx/xx, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. De acuerdo con los resultados de dicha evaluación, sus Consejos de Gobierno presentarán, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, un proyecto de ley a sus respectivas asambleas, de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se consideren cubiertos por dichas razones imperiosas de interés general.

No si sería mejor dejarlo con la DA 4ª o añadiendo esta previsión…

Resulta que la citada Ley ha modificado el régimen jurídico del silencio administrativo negativo contenido en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPPAC, de manera que a partir de dicha modificación, cuando la Administración no conteste la solicitud formulada por un interesado dentro del plazo establecido en cada caso, se podrá ésta entender estimada, “excepto en los supuestos en los que una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario”.

De la lectura de la nueva redacción del artículo 43.1, surge de inmediato la duda, por un lado, de lo que jurídicamente debe entenderse por “razón imperiosa de interés general”. Por otro, de si va a ser necesario modificar todas y cada una de las Leyes sectoriales que contienen procedimientos de autorización para concretar cuáles son las razones imperiosas de interés general aplicables a cada supuesto en concreto.

A la primera de las cuestiones nos responde el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, la cuál reconoce que bajo el concepto de “razón imperiosa de interés general”, se incluyen (con carácter limitativo) los siguientes ámbitos: “el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural”.

Bien es cierto que la Directiva 2006/123/CE, contempla supuestos que constituyen razones imperiosas de interés general, adicionales a los recogidos por el legislador estatal, por lo que en tales supuestos y, a mi juicio, también operará la figura del silencio administrativo negativo, pues así lo impone el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, que no sólo hace referencia a las normas con rango de Ley, sino que también permite a las normas de Derecho Comunitario señalar los supuestos en los que el silencio tendrá sentido negativo.

Con respecto a la segunda de las cuestiones, y con ello voy al tema donde más dudas me surgen, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 25/2009, señala que “se entenderá que concurren razones imperiosas de interés general en aquéllos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley por normas con rango de Ley o de Derecho comunitario, prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto”.

Pues bien, o mucho me equivoco o, en la práctica, mediante esta Disposición Adicional, la reforma operada se presenta más aparente que real, pues al hacer corresponder de forma automática todos los supuestos en los que antes se preveían efectos desestimatorios para la solicitud, con aquellos en los que concurre una razón imperiosa de interés general, los casos de silencio administrativo negativos anteriores a la reforma permanecen intactos y las empresas y particulares, en principio, nada ganan por este lado.

Saludos a todos.

Un saludo y felicidades por tu blog.
Feliz Navidad

Pero eso no es realmente lo problemático, sino que el Gobierno está aprovechando la transposición de la Directiva para entrar a saco y arrasar en muchas cuestiones y sin tener en consideración a todos los profesionales, que como ahora se les llama trabajadores por cuenta propia o autónomos y como hay que tratar que no se auto regulen mediante sus colegios (que por desgacia no pueden eliminar porque es una figura amparada por la Constitución) han echado mano de los Sindicatos y Cámara de Comercio para puentarles y meter los peces en la saca que les interesa.

Sin duda van a cambiar muchas cosas y posiblemente desapareceran algunas profesiones o diferentes tipos de profesionales podrán realizar otras actividades fuera de su especialización, a lo que hay que añadir que con la transposición de la Directiva de Bolonia (en la que el Gobierno no sólo ha transpuesto, sino que ha descompuesto lo que le ha dado la gana), ahora cualquiera que sea graduado (da igual en que) podrá trabajar en otra cosa distinta mientras tenga un master (€) que le especialice.

Está claro que si antes la máxima era la especialización ahora lo serán las chapuzas. Se que es una exageración, pero sólo rezo para que un carpintero no ponga una clínica junto a su taller y sea él cirujano.