Sobre la formación de la prueba de cargo del expediente por parte de la Administración dices que es básico no sancionar en base a la simple denuncia.

En el caso de las multas por radar fijo por exceso de velocidad ¿cuál es la prueba de cargo en ese tipo de expedientes?.El conductor no es detenido para identificarlo.

Por otra parte si no presenta alegaciones para acogerse a la reducción de la multa ¿Cómo puede comprobar los datos que obran en el expediente?. ¿Sería posible ingresar el importe reducido y presentar recurso?.

Saludos cordiales

PD: Muy didáctica tu explicación,

Yo no considero cumplido el principio de tipicidad -y menos para una agravante- sin prueba EXACTA de la velocidad. Si uno acepta como prueba de una infracción el testimonio del Policía al decir que les adelanta yendo ellos al límite legal -que podríamos discutir sobre esto, pero lo digo a efectos del ejemplo- lo que debe hacer en buena lógica es entender la infracción cometida, pero en el mínimo posible al no haber prueba exacta de la agravante que permita apreciarla.

Pero bueno, sus razones tendría el Magistrado ese, supongo. Yo desde luego con solo esos datos, no hubiera entendido cometida la infracción, pero admito que me paso de garantista muchas veces, especialmente en derecho sancionador.

Saludos

Plenamente de acuerdo con las matizaciones de contencioso, a quien agradezco su detalle y claridad. En definitiva, solamente cabrían pruebas de cargo en sede judicial si son accesorias y no han sido solicitadas previamente en vía administrativa por el interesado.

En relación al asunto relatado por William, poco más que solidarizarme moralmente con el perjudicado y su abogado por ser víctimas de tal Sentencia. Supongo que para apuntillar la barbarie, la apelación no será admitida en consideración a que, en el mejor de los casos, se habrá tramitado por cuantía indeterminada por la retirada del permiso, pero tal inedeterminación cuantitativa acabará curiosamente relativizándose y mutando en “inferior a 18.000 euros”, y por tanto excluida de apelación.

Saludos.

Ahora bien, cuando en su demanda el interesado suscita por primera vez una cuestión y ésta no afecta al núcleo de la prueba de cargo, sino a cuestiones accesorias a la misma (Por mucho que puedan invalidarla) y éstas se piden por primera vez en aquella, p.ej. el certificado de calibración, la homologación de la báscula, la ratificación de los agentes, etc, entonces es lógico admitir esa prueba. No por casualidad son esos precisamente los ejemplos que he puesto, y es mas que razonable permitir a la administración defenderse de lo que se le pueda ocurrir al administrado (A su abogado en realidad) siempre que sea accesorio. Lo que no se puede pretender es que tenga una bola de cristal para saber lo que se puede sacar de la manga el administrado, siempre y cuando haya actuado razonablemente. Y tampoco me vale que sea una cuestión que se repite, porque hay quien la discute y quien no, y es ciertamente accesoria. El núcleo de la prueba es el pesaje practicado, y eso tiene que estar. Lo accesorio son las garantías técnicas de ese pesaje, ya que incluso incumpliendo las mismas -p.ej. báscula no homologada- pudiera muy bien ser correcto.

El criterio para mí es por tanto que la administración haya hecho sus deberes en el expediente, que no sancione en base a una simple denuncia (Por ej. al propietario de un vehículo al que no se paró para identificarlo) sino a una verdadera prueba de cargo que se haya esforzado por acreditar en el expediente. Si luego tiene que aclarar o reforzar aspectos accesorios de esa prueba de cargo porque son discutidos, no me parece lógico impedírselo. Otra cosa sería que no exista la prueba de cargo en absoluto (P.ej. agente de la GC que dice que “a ojo” iba demasiado rápido porque les adelantó cuando ellos iban a 120, etc. -que los hay-), y ahí si que no hay subsanación que valga.

He anulado decenas de sanciones en materia de transportes (Exceso de peso) porque la administración ni siquiera se molestó en que los agentes ratificaran en el expediente la denuncia y se explicaran ante la versión contradictoria ofrecida por la otra parte. Y por supuesto, no hubiera admitido que vinieran al juicio a ratificarse, aunque la administración ciertamente ni lo intentó.

Si dejáramos a la administración sancionar en base a la denuncia y luego venir al Juzgado contencioso a probarlo, estaríamos como en EEUU, donde el agente de tráfico te cita ante el Juez, y él te impone la sanción.

Saludos

No creo que esté tan claro lo que indica contencioso conforme la administración puede, en el seno del procedimiento contencioso, aportar pruebas de cargo que previamente no constaban en el expediente administrativo sancionador.

El Tribunal Constitucional ha indicado que “el posterior proceso Contencioso-Administrativo no puede servir nunca para remediar las posibles lesiones de garantías constitucionales causadas por la Administración en el ejercicio de su potestad sancionadora”.

En definitiva, no puede la administración, en el procedimiento contencioso, subsanar los “errores” cometidos en el expediente administrativo sancionador, siempre que tales errores tengan trascendencia constitucional.

La cuestión es, ¿la falta de aportación al expediente administrativo de documentos acreditativos de la infracción tiene trascendencia constitucional? Podría considerarse que sí, pues tales documentos tienen a enervar la presunción de inocencia. En tal caso, la aportación de tales documentos ex novo por la administración junto con su contestación a la demanda o en período probatorio de nada serviría para sustentar la efectiva comisión de la infracción, pues no podrían tales documentos ser tenidos en cuenta por el Juzgador.

Recuerdo al menos una sentencia del TSJ Cataluña que viene a seguir esta tesis.

Quizás sea porque yo pasé por Juzgado de Instrucción antes y estoy acostumbrado al repugnante mercadeo del Fiscal con el abogado defensor sobre la pena de “conformidad”, (Repugnante porque en el ámbito penal me parece inmoral renunciar el reo a un juicio justo y el estado a imponer el castigo justo) y por eso ya no me escandalizo de esto en el sancionador administrativo. Asi que quiero dejar bien claro que yo me limito a dar el argumento legal, pero no el moral. La opinión moral/ética que me merece todo esto, desde luego es bien distinta.

Saludos

Sevach dices “Si fuese indiferente el pago anticipado bonificado a la hora de formular alegaciones y traer pruebas en vía contenciosa, todo el mundo, y digo todo el mundo lo pagaría anticipadamente”.

Y Contencioso “La administración puede aportar al acto del juicio informe ratificador o certificados de calibración de la báscula porque son medios de prueba dirigidos a acreditar hechos que ya figuraban en el expediente -pero que eventualmente no quedaron probados en el mismo- ya que del mismo modo que el ciudadano puede probar lo que no probó -pero sí alegó- en el expediente, lo puede hacer la administración.”

Os planteo un ejemplo en el que me parece que el pago anticipado deja indefenso al ciudadano.

¿Qué sucede sí el etílometro o cinemometro no estaban calibrados o sus mediciones son incorrectas?¿ O no existe en el expediente certificado que lo acredite?.

Todos podemos presumir que funcionan debidamente, pero no tenemos certeza. “Si presuntamente” hemos superado la velocidad ,por ahorrarnos una sustanciosa cantidad ¿tengo que renunciar a esa comprobación?.

¿Por que la Administración de oficio no aporta ese información?. El ciudadano tendría certeza de que realmente la medición es correcta como prueba y podría hacerse al notificar por ejemplo la infracción.

Creo además que esta rebaja de las sanciones lo que crea son discriminaciones por razón económica porque un 50% no es igual para el que gana 1000 € que para el que gana 5000€.

Saludos,

Creo sinceramente que el legislador y el ciudadano entienden las reglas del juego. Estamos en procedimientos con “halos de incertidumbre” y por economía procedimental se brinda a las partes el cerrar voluntariamente ese halo de incertidumbre en vez de afrontar un procedimiento contradictorio de incierto desenlace. Si el particular desea acogerse a ello, es muy libre, pero tiene lo que se llama una “carga”, consistente en soportar las consecuencias inherentes a la renuncia de los trámites de alegaciones, que es estar y pasar por los hechos. Siempre le queda el combate en clave jurídica pero no incorporar cuestiones y hechos nuevos.

Llevado a sus últimas consecuencias tu razonamiento Willian, nos encontraríamos con que cualquier plazo administrativo podría dejarse correr pues al fin y al cabo, dejar pasar un plazo no es confirmar ni reconocer nada, y entonces se podría en un futuro proceso judicial subsanar lo que no se subsanó. Pues bien, si la inactividad en plazo desemboca en la técnica de la preclusión, con mayor razón la actividad de pagar a sabiendas de las consecuencias legales (para lo bueno-bonificación- y para lo malo- tragarse los hechos tal y como los denuncia el agente) desemboca en la técnica de los hechos consentidos.

Comprendo William, tu punto de vista como abogado, cuando te vendrá el cliente con el pago anticipado y tengas que luchar con “las manos desnudas de hechos y vestidas de derecho” en el foro, pero así son las reglas que nuestras leyes fijan, y nadie mas familiarizado que tú con el arte de la transacción judicial americana.

A mi personalmente no me gusta nada el actual sistema de proceso pleno, y prefería el anterior de revisión pura de lo que hay en el expediente, porque era mas lógico. Con el actual tenemos preceptos de la ley 30/1992 que es muy dificil por no decir imposible conciliar con el proceso contencioso, como por ejemplo el 112.1 “in fine” que dice: “No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho”. Y es que resulta francamente absurdo decirle a la administración que dictó una resolución contraria a derecho cuando en el expediente no figuraba dato alguno que permitiese dictar una de sentido contrario, y ese dato es aportado “contra legem” en el recurso de reposición y luego unido a la demanda contencioso-administrativa.

Como suele ocurrir, la poca previsión del legislador al encargar a unos expertos unas leyes y a otros otras, -los cuales por supuesto no se resisten a dejar su impronta personal-, acaba por producir contradicciones que provocan que chirríe gravemente el sistema.