a) Que lo que no está prohibido, ha de entenderse permitido en un Estado de Derecho. Y la Constitución no lo ha prohibido.

Tampoco lo prohibe respecto del Presidente o los miembros del Gobierno, o del Presidente del Congreso o de los miembreos del Parlamento, y es evidente que los mismos carecen de este derecho atribuído en principio a los “trabajadores” (art. 37.2 CE)

b) Que los derechos fundamentales (entre ellos la huelga) han de interpretarse en el sentido mas favorable a su efectividad.

El derecho de huelga no es estrictamente uno de los derechos fundamentales reconocidos como tales por la CE (solamente lo son los de la Secc. 1ª del Capt. II del Tit. I y, en su caso, los de los arts. 14 y 30.2) y tal principio de interpretación exige como presupuesto que no existan dudas sobre la titularidad del derecho en cuestión

c) Que la actitud ministerial de anunciar una reforma legal para prohibir el derecho de huelga es prueba suficiente de que está permitido pues si no fuese así, tal medida sería superflua.

Como superflua sería actualmente una Ley que prohibiese el comercio de personas…pero es que el Derecho evoluciona con la civilización o viceversa y solamente cuando se empieza a cuestionar alguna norma hasta la fecha incuestionable surge la necesidad de su regulación jurídica, para clarificarla.

d) Se confunde una función jurisdiccional con el ejercicio de un derecho fundamental, monumental error asimilable a vender chopped por jamón ibérico.

El problema radica precisamente ahí, en la incompatiblidad de ejercicio de una función de un poder del Estado con su abstención o no ejercicio como medida de conflicto colectivo

e) Que es de primero de Derecho distinguir entre la relación orgánica en cuya virtud un juez emite sentencias y ejerce función jurisdiccional que se imputa al Estado, y la relación de servicio o vínculo de derechos y obligaciones entre juez y la Administración de justicia que le paga y controla. Dentro de la relación de servicio un juez-persona física es titular del derecho al descanso, a disponer de medios para su función, a vacaciones o a la huelga.

Históricamente (desde la aparición de los Estados) la Sociedad no ha cuestionado los tres primeros derechos respecto de las personas físicas que ejercen los poderes del Estado (Rey, miembros del Gobierno y Parlamento, Jueces y Magristrados) de la misma forma que la Sociedad nunca ha reconocido -ni se ha planteado, hasta ahora- el derecho de huelga de los mismos

c) Que tal doctrina de que los poderes del Estado no hacen huelga, conduce al absurdo de que como los funcionarios sirven al Poder Ejecutivo no pueden hacer huelga y como el Tribunal Constitucional no está calificado por la Constitución como poder del Estado sí podría hacer huelga. Una interpretación absurda ha de desecharse.

Los funcionarios de la Administración Pública sirven a la Administración, que no es Poder Ejecutivo, el Poder o la Función Ejecutiva del Estado lo ejerce solo el Gobierno si bien con la colaboración de la Administración, mera “ejecutora” de las decisiones de aquel, a la cual dirige (art. 97 CE)

El TC ejerce poderes del Estado, el control de la constitucionalidad de las leyes y de la actuación del resto de poderes públicos, como forma especial de la función jurisdiccional

Historicamente el derecho de huelga surge como medio coactivo de los trabajadores para hacer valer sus derechos frente al propietario de los medios de producción, de ahí pasa a reconocerse por extensión a los empleados públicos y…quién sabe si a partir de ahora se reconoce tambien a los gobernantes en sentido amplio. Si los jueces y magistrados tienen derecho de huelga porqué no pueden tenerlo los parlamentarios o los Directores Generales o los miembros del Gobierno…siempre que cumplan los servicios mínimos de gobernar y legislar, por que no?

Para mí no es convincente la invocación de la relación de servicio, funcionarial o profesional de los jueces como sustento del derecho de huelga porque tal relación es contingente ya que en muchos Estados el acceso al poder judicial es electivo por sufragio universal o por el Gobierno, al igual que el resto de los gobernantes

Llámame demagogo o lo que quieras pero no me resisto a insertar esta noticia:

(…) De la Rúa vive en la sede del Tribunal Superior valenciano, un palacio neoclásico declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982. Su residencia ocupa, en la cuarta planta, 300 metros cuadrados. Los gastos que de ella se derivan los paga la Generalitat. No es la casa que usa de lunes a viernes para estar fácilmente disponible. No. Es la casa familiar. En ella han vivido sus cinco hijos, vinculados también a la carrera judicial. En ella juegan sus nietos. A esas dependencias acuden sus amigos. Una capilla en la vivienda ha sido testigo de privadas ceremonias. Las razones de seguridad no son suficientes para quienes desde dentro de la carrera judicial defienden el fin de privilegios que pueden contaminar la independencia. Esos mismos critican que la Administración haya buscado como coartada para no afrontar el asunto hacerle un hueco en el mismo edificio al fiscal del alto tribunal valenciano.

Éste es el que es “más que amigo” de Camps. Suena a salida del armario de ambos.
Pandereta de país.

Uno, aunque no fuera de mi cuerda precisamente -y en especial por haber sido un delator en sus tiempos de mediocre actor-, añora con cariño a Ronald Reagan y, en especial, a la decisión que adoptó cuando los controladores aéreos norteamericanos se pusieron en huelga en 1981.

Seguro que el admirado Renhquist lo recuerda perfectamente.

También un abrazo para tí Sevach. La verdad es que no se que haría yo sin la vidilla que me dan tus posts.

Alegret de Guillotine.

Pero, y siento decirlo, la responsabilidad de todo esto también recae sobre la propia Judicatura: por omisión, por haber callado, por agachar la cabeza y tirar como sea, ya entren quinientos asuntos o dos mil. Da igual. Por no haber dicho basta, por no haber contado nunca que una justicia masificada no hace honor al sustantivo y por haber asumido internamente que lo importante es poner sentencias, “sacar papel”, ya sea pringoso, ilegible, en blanco, bochornoso o indigerible. Eso es falta de respeto hacía uno mismo. Ejemplo: he trabajado en un juzgado que registraba 350 asuntos civiles; nueve años después registró 1800. Los hay peores.

En cuanto a tus propuestas, malas no son, pero pensar que los políticos no van a mangonear es, digamos, una oda a la utopía. Incluso han descubierto un truco excelente: repartir migajas del pastel entre la propia Judicatura en forma de cargos de designación “digital”. ¿Le decimos a los ciudadanos cuántos jueces están en comisiones de servicio, servicios especiales, poltronas variadas? ¿Y a la vez que les decimos que faltan muchísimos para llegar a la media europea de juez-habitante?

Para colmo, un efecto verdaderamente perverso ha sido que el “espabilado” no tiene el más mínimo interés en su propia profesión, sino en como llegar a las canonjías existentes. Hay genios que han conseguido servicios especiales a las dos semanas de estar en su primer juzgado.

Yo propondría (con no menos dosis de candidez): que los jueces dejen de hacer huelgas japonesas 364 días al año. Que ellos mismos fijen los asuntos que pueden atender con un mínimo de dignidad humana (hacia los justiciables) y profesional (para uno mismo); teniendo en cuenta además dos cosas: que son personas y no sólo jueces y que tienen familias y no sólo sentencias por poner.

Pero, diría que va a ser que no…

Saludos