Quisiera poneros al día de las últimas novedades en relación con el tema comentándoos mi caso concreto.

Yo soy uno de los “afectados” por el silencio en la acreditación para el cuerpo de PTU. Lo cierto es que me enteré tarde de que la ANECA estaba reconociendo el silencio positivo: justo después de habérmela denegado por 6 puntos y nada más haber interpuesto la correspondiente reclamación ante el Consejo de Universidades. Pasados tres meses me encuentro con la agradable noticia de que el Consejo de Universidades estima mi reclamación, y ordena a la ANECA evaluarme de nuevo pues ve indicios claros de que estoy mal valorado en los apartados de docencia e investigación. Confiando en que la ANECA me evaluara positivamente dado que era nada menos que el Consejo de Universidades quien le decía que estaba mal valorado (yo también, claro), y aún siendo consciente de que podía solicitar a la ANECA el certificado acreditativo del silencio producido, decidí esperarme a ver qué decía (la ANECA), pues prefería obtenerlo expresamente antes que por silencio. Pues bien, la ANECA, ni corta ni perezosa, se ratificó en su puntuación y no la modificó lo más mínimo a pesar de lo que le había dicho el Consejo de Universidades. Cabreado como estaba entonces con la ANECA -tb. ahora- decidí presentar un escrito solicitando el silencio producido y alegando que todo lo resuelto con posterioridad es nulo de pleno derecho por no seguir los cauces de los arts. 102 y 103 LRJPAC. Entre medias presenté una segunda reclamación ante el Consejo de Universidades, que luego comento.

Lo cierto es que pasado ya cierto tiempo, desde luego muchos más de los 15 días que ordena el art. 43.5 LRJPAC para la expedición del certificado del silencio, no esperaba encontrarme contestación alguna, pero hete aquí que recientemente me ha escrito el Subdirector General del Profesorado e Innovación Docente del Ministerio de Educación señalando que no ha lugar la expedición de dicho certificado por ser el silencio negativo de acuerdo con la D.A. 29ª de la Ley 14/2000, y teniendo en cuenta que el procedimiento de acreditación regulado en el RD 1312/2007 se dirige a la obtención de una certificación que permita el acceso a los concursos públicos docentes universitarios, lo que permite entender que se trata de un procedimiento de expedición de certificado académico (sic), al que resulta de aplicación la referida disposición adicional y todo ello con base en el informe del Abogado del Estado que comentábais de 8 de febrero de 2010.

Por otra parte, pude telefonear a los responsables del Consejo de Universidades que resuelven las reclamaciones interesándome sobre el procedimiento. Me llamó la atención que la Sra. que me atendió me preguntara si era la primera o la segunda reclamación (por cierto, esta segunda reclamación carece de regulación legal alguna). Porque, si se trataba de la segunda -me decía-, era incapaz de indicarme al día de la fecha si el Consejo de Universidades podía revocar y dejar sin efecto una evaluación negativa de la ANECA. Ante lo cual no puede sino expresar mi asombro: ¿de qué sirve si no la maldita reclamación? ¿De qué sirve que el Consejo de Universidades le dé instrucciones a la ANECA si ésta se las salta a la torera y sólo te queda interponer una nueva reclamación que no puede producir ningún efecto? Pues eso fue lo que me comentó, que por entonces no lo tenían claro, y que además estaban empezando a resolver las (segundas) reclamaciones presentadas en el verano de 2009. En fin, ¡qué desastre todo!

Saludos.

Adjunto el texto de una evaluación negativa,donde -obviamente- no puedo hacer constar el nombre del evaluador porque está blindado o ¿ “tapado” ?.-Es lástima que ni por via judicial parece que pueda ser conocida su identidad.

Personalmente, discrepo de todos los argumentos empleados por la AGE (excepto el que reconoce que la acreditación se inicia a solicitud del interesado) por los siguientes motivos:
1. El apartado citado de la DA 29 de la Ley 14/2000 está dirigido a impedir el reconocimiento injustificado de méritos de naturaleza académica o profesional y no a mantener los obstáculos interpuestos contra la libre concurrencia a los concursos de méritos.
2. Creo en la preexistencia del derecho de obtención a la acreditación en base al derecho a la “promoción a través del trabajo” (art. 35 CE).
3. Creo que el carácter general del silencio positivo se basa precisamente en lo contrario de lo argumentado por la AGE: la prevalencia del derecho de la víctima de la inacción de la Administración sobre el interés general, excepto en los casos específicamente previstos en las leyes.
4. Como hemos podido comprobar en este blog, la pretendida imposibilidad del reconocimiento de silencio positivo contrario al artículo 62.1.f de la LRJ-PAC tiene un débil apoyo jurisprudencial.

A posteriori parece que el nombramiento puede especificar cómo se ha obtenido la acreditación, como el siguiente caso de la Universidad de Sevilla:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/17/d/3.html
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/25/pdfs/BOE-A-2010-1099.pdf

La impotencia es aguda, por eso agredezco todos tus comentarios explicando cuál es el alcance del silencio adminsitrativo. Y sobre todo, una sentencia que citaste.

Dede luego está claro que es un procedimiento iniciado a intancia de parte, que se aplica el art. 43.2 de la Ley 39/92, porque el RD no dice nada al respecto, y que por tanto conforme al art. 62 1. e) son nulas, las resoluciones dictadas posteriores al paso de los seis meses que contravienen el 43.4 a). de la ley 30/92.

Pero nada, a esperar… IMPOTENCIA..
Gracias

En cualquier caso, querría recordar que no estamos hablando de derechos económicos o de nuevas funciones, sino de autorizar a los candidatos para concursar en unos concursos de acceso. O sea, de remover un obstáculo para ejercer el derecho de acceso a la función pública reconocido en la Constitución.
Hay que recordar que la LRU exigía únicamente para participar en los concursos de catedrático una antigüedad de 3 años como Profesor Titular y el título de Doctor. Por eso, no entiendo por qué habría que calificar a los catedráticos LRU como “de pata rosada”.

Pese a que el silencio es lo que es: positivo. Y todas las resoluciones dictadas a posteiri a los seis meses son nulas por contradecir el efecto positivo del silencio.. seguimos luchando frente a la inactividad de la adminitración, la misma que ha originado la acreditación por silencio, que tanta polémica parece causar.

Pensión de orfandad. Requisito esencial: condición de huérfano (DCE 1537/1999). Requisito necesario: menor de 21 años (DCE 1381/2001).

Acceso a la función pública. Requisito necesario: no haber sido separado del servicio de las Administraciones Públicas (DDCE, 431/1998, 698/1999, 3485/1999).

Ascenso en el ejército. Requisito esencial: condición de militar (DCE 2896/2000). Requisito necesario: cierta antigüedad en rango inferior o distinto destino (DDCE 2047/1997, 5577/1997, 1178/1998, 2896/2000).

Título de Mando de Unidades Paracaidistas. Requisito esencial: aptitud paracaidista (DCE 5796/1997).

Reconocimiento de compatibilidad entre actividades pública y privada. Requisitos esenciales: condición de funcionario público, servicio activo (DCE 1195/1998). Requisitos necesarios: otros (DDCE 3341/2000 a 3345/2000).

Reconocimiento de sexenios a docentes. Requisito esencial: servicios en cuerpos o centros asimilables a la Administración Educativa docente. Requisito necesario: servicios en la función pública docente (DDCE 596/1999, 249/2001 a 252/2001).

En el caso de las acreditaciones por silencio administrativo, entiendo que el requisito esencial debería ser la condición de Profesor Titular de Universidad o una antigüedad de 8 años como doctor, mientras que el requisito necesario sería la obtención de un informe positivo expreso de la ANECA.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reconocido 2 sexenios de investigación por silencio positivo, a pesar del informe negativo de la CNEAI, aunque extemporáneo (STSJ Galicia de 7 de mayo de 2008, rec. 166/2005). Yo creo que los argumentos de la sentencia serían aplicables al caso de las acreditaciones.

Así que sólo queda decir: ¡Enhorabuena a los acreditados presuntos!

“C) En tercer lugar, hemos de señalar que tal silencio estimatorio (…) no operaría en los casos en que el acto presunto comportaría una contravención constitutiva de supuesto de nulidad de pleno derecho por existir “una oposición clara y terminante, una tajante contradicción entre lo otorgado y la norma aplicable, pero no a los casos dudosos que para su aplicación exigen una interpretación de la norma de forma que lo conseguido por silencio administrativo no sea manifiestamente ante jurídico” (STS 29 de Marzo de 1990 ), cuando la peculiaridad y circunstancias de la materia impide que el acto presunto fracture el bien jurídico protegido (STS 21 de Octubre de 2005 ) o cuando se trata de una solicitud unilateral en procedimiento de concurrencia competitiva (STS 24 de Noviembre de 2003 ), o cuando la solicitud se encuentra en una fase o trámite de procedimiento incoado de oficio (STS 28 de Febrero de 2007 ).

Pues bien, en el caso planteado no concurre ninguno de estos casos terminales en que se enerva la eficacia del acto presunto positivo, pese a que posiblemente no debiera apreciarse la discriminación esgrimida como argumento de fondo, puesto que el acto presunto así obtenido no incurriría en el supuesto tasado y restrictivo de nulidad de pleno derecho, ello en línea con el perfil del silencio positivo a tenor de la STS de 27 de Febrero de 2007 (rec.5184/2003 ) que dispone que “no puede admitirse que el silencio positivo prospere cuando lo que resulta concedido no puede autorizarse con arreglo a la ley, porque el silencio no cubre supuestos merecedores de la calificación jurídica de nulidad de pleno derecho, en lo que está concorde con la más autorizada doctrina, enseñado que la nulidad de pleno derecho es un límite que un silencio que opera positivamente no puede salvar”; y de ahí podemos derivar que si tuviere lugar un acto anulable (no nulo de pleno derecho), tal infracción no sería obstativa de la consumación del silencio positivo.

En consecuencia, el legislador ha optado por censurar el doble silencio de la Administración con la carga de asumir las consecuencias negativas propias del acto presunto así generado, y dejando expedita la posibilidad de acometer la revisión de oficio de tales actos presuntos ( ya que una vez generado el acto positivo, no cabe volverse con una Resolución expresa contra el mismo por estar vinculada por el sentido favorable del silencio).”

Pues bien, tal y como comentaba anteriormente, subsiste la tesis doctrinal- y con menor fuerza jurisprudencial tras el criterio del TS para frenar el silencio en materia de urbanismo,- de la necesidad de la revisión de oficio del acto presunto y que este despliega sus efectos hasta que se incoa el procedimiento de revisión y se dispone la suspensión cautelar. Por ejemplo, la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia de 16 de Abril del 2008 ( ROJ: STSJ GAL 3922/2008): “ Es claro que, pese a lo que se alega por el apelante, la concesión de la compatibilidad por silencio no entraña transferencia al solicitante de facultades relativas al dominio o al servicio público, y si se considera que el acto presunto dictado es nulo de pleno derecho por aplicación del artículo 62.1.f de la Ley 30/1992 la Administración debe acudir a la revisión de oficio prevista en el artículo 103.1 de la Ley 30/1992 pero ello no puede impedir que el acto presunto se produzca efecto.”

Un saludo

1. En mi opinión, la constitución de las comisiones de acreditación no forma parte del procedimiento.
Así, el artículo 11.1 del RD 1312/2007 establece que “las comisiones de acreditación tendrán
carácter permanente”. Ya que el Real Decreto no prevé la disolución de las comisiones de acreditación, cabría deducir que el procedimiento no tiene terminación, situación no prevista en la Ley 30/1992.
En cambio, el procedimiento iniciado por el interesado terminaría normalmente con la resolución del recurso de alzada ante la presidencia del Consejo de Universidades.
En realidad, el procedimiento de acreditación me recuerda más al de concesión de sexenios por la CNEAI, reconocido como “iniciado a solicitud del interesado” a efectos de silencio administrativo (STSJ Galicia 308/2008, de 7 de mayo de 2008).
2. Discrepo también en cuanto a la naturaleza del silencio aplicable en la concesión del permiso de conducir a un niño porque el Tribunal Supremo se ha expresado en términos generales que afectarían al caso en cuestión:
“Sólo hay un óbice capaz de eliminar la virtualidad del silencio positivo, concretado en el principio de que nadie puede adquirir por silencio lo que la Ley prohíbe de forma expresa, consagrado por una constante jurisprudencia” (STS de 10 de abril de 1999, rec. 3518/1992).
3. También discrepo en cuanto a lo de perjudicar a un tercero inocente. Si un acreditado “presunto” puede adelantar a un acreditado “expreso” en un concurso-oposición, puede atribuirse a dos razones: 1) El acreditado “presunto” es más merecedor de la plaza, pero el procedimiento de acreditación está mal diseñado y/o ejecutado; 2) El acreditado “expreso” es más merecedor de la plaza, pero el concurso-oposición está mal diseñado y/o ejecutado. En cualquier caso, habría que culpar a los procedimientos utilizados y no a la figura del silencio administrativo o al acreditado “presunto”.
4. Estoy de acuerdo en la clarificación de la situación mediante una ley, aunque yo creo prioritario tener una Administración que trabaje para que no se produzcan casos de silencio administrativo de ningún tipo.
5. Todavía no he salido de mi asombro al leer los argumentos del Tribunal Supremo para apoyar las distintas retribuciones de catedráticos y profesores titulares, especialmente el
correspondiente a los distintos procedimientos de acceso. Así, un catedrático tiene mayor rango por haber sido seleccionado por un tribunal formado únicamente por catedráticos.
Con el mismo tipo de argumento tautológico, podría haber afirmado que los profesores titulares tenían mayor rango por haber sido seleccionados por un tribunal que incluía profesores titulares.

1. En primer lugar, sigo pensando que el procedimiento de acreditación es una fase del procedimiento selectivo, y como tal, lo accesorio sigue a lo principal, con lo que estamos ante un procedimiento de oficio, pues a mi modesta opinión es evidente que la acreditación sólo cobra sentido y fundamento (ademas de compartir regulación) como presupuesto del procedimiento selectivo, de igual modo que el MIR pertenece a un procedimiento convocado de oficio.

2. Y por ello, considerando que es un procedimiento de oficio, ya la propia Ley, directamente le anuda el silencio desestimatorio (art.44 Ley 30/92), siendo irrelevante lo que diga o no diga un reglamento.

3. Por otra parte, un niño podría obtener la acreditación por acto presunto ya que es sabido que, salvo en el ámbito urbanístico, el acto nulo de pleno derecho por vía presunta al carecer de requisitos esenciales, nace y surte su eficacia, de manera que la Administración tendrá que acudir a la revisión de oficio con suspensión cautelar como antídoto de tal acto presunto nulo (así lo dice la doctrina y no pocas sentencias, aunque me resulta un exceso académico). O en otras palabras, Paquirrín sería Catedrático pero la Administración acordaría la revisión de oficio y en el acuerdo de incoación de la revisión acompañaría la medida de suspensión de la eficacia de tal acto.
Y lo que desde luego no comparto es que el “silencio positivo” tenga naturaleza indemnizatoria. Para eso está el instituto de la responsabilidad administrativa. El silencio es únicamente el mandato legal de atribuir un sentido a la voluntad tácita de la Administración, positivo o negativo, para evitar que el ciudadano quede en tierra de nadie, en el limbo de la espera. En conexión con ello, hay que tener presente que si se quiere penalizar a la Administración lo que no es de recibo es que se penalice de rebote a un tercero inocente p.ej. si alguien obtiene la acreditación por silencio..¿qué culpa tiene su competidor para una futura plaza?.

4. Por otra parte, mas que responsabilidades de las autoridades de la ANECA lo que habría que hacer, visto que la cuestión presenta perfiles jurídicos cuestionables, es aclarar por Ley esta situación jurídica,y bien podía haberse aprovechado alguna de las leyes comodín de Diciembre.

5. ¡ Ah! Sobre lo de diferentes cuerpos con idénticas funciones, hay que recordar que ya el Supremo matizó que había que presumir por la distinta vía de acceso y composición de los Tribunales que distinta era la cualificación de Catedráticos y Titulares, y que si bien ambos poseían plena capacidad investigadora y docente, el “cómo” enseñaban o investigaban era diferente ( así lo resolvió para justificar el diferente complemento específico). Al margen de esta artificiosa, y poco convincente reflexión del Tribunal Supremo, sí hay distintos cuerpos con idénticas funciones: el cuerpo de secretarios de Ayuntamiento de entrada y el cuerpo de Secretarios de ascenso; el cuerpo de jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo (son mas bien categorías pero su funcionalidad es la de cuerpos)..

En fin, se escribirá mucho sobre esto. Y eso es bueno.

Jo, qué lío. La verdad, Sevach es que yo sigo pensando, como os dije en la cena en que te enseñaron (y yo no vi) en el iPod la resolución en que se reconocía la acreditación por silencio, que en la comida del mismo día nos habían avisado, que el procedimiento de acreditación, que se iniciaba a instancia de parte (art.14 del RD 1312/2007), y que es excepción a su carácter positivo, si tiene como consecuencia que se le transfieran al solicitante facultades relativas al servicio público (art. 43.2 de la LRJ-PAC), y tal me parece el caso,Para mí, el silencio debió ser negativo, pues sus efectos en procedimientos triangulares (Ver GONZÁLEZ PÉREZ),o sea en los que hay un tercero, que ni pidió, ni concedió, sino que sólo compite, no son salvables, ya que otros concursantes, y sin la vieja “trinca”, se quedan más indefensos que Mª Antonieta ante la guillotina, pues un acto anulable, por quien tiene legitimación tarde -con el acceso- no puede revisar lo precluido -la acreditación-, y para lo que no tuvo siquiera un interés difuso o potencial para recurrir.Y más cuando el acceso suele ser un paseo imperial, que viene a ser la costumbre.
Se transfieren facultades propias del servicio público aunque sólo sea parcialmente, ya que en su totalidad se alcanzan tras superar el concurso de acceso del RD 1313/2007. Que, por cierto,la mayor parte de nuestras universidades por lo bajini tienen acordado convocar acceso con las comisiones que tengan por menester en cada caso de acreditación de un profesor propio -paseo imperial-, como en el anterior sistema de habilitación -éste sí, covocado de oficio por el Consejo de Coordinación Universitaria en fechas concretas, a la vista de vacantes anunciadas por universidades-.
Llama aun más la atención que la ANECA -no la ANECACA, que es la de la Comunidad Autónoma para SOSA WAGNER- fundación privada como es, y dijo su creadora DEL CASTILLO cuando alguien objetó el sueldazo de su primer presidente, D. Ismael Crespo, anterior DG de Universidades -del que la LOU guardará perpetua memoria para la bueno y lo malo, que de todo hizo-, aun a pesar de que su dotación patrimonial la puso solito el Ministerio de Educación, siga siendo fundación,todavía viva por creación mediante acto singular del Ejecutivo (art.32 de la LOU), pese a las promesas de cambio a entidad pública por los sucesivos responsables del partido hoy en el gobierno, tras avisarlo el mismo artículo de la Relou y tras haberse dictado la Ley de Agencias.
Llama la atención, digo,porque participa en el dictado de un acto administrativo plural (ANECA+CU),siendo entidad privada.Y bien poco transparente en la evaluación de curriculos, pues aunque valoren las comisiones de acreditación (una por rama, que menuda amplitud. Y distancia de las áreas, que no hay más que ver su composición en el BOE)(art. 4 del RD 1312/2007), lo hacen sólo por informe (preceptivo y no vinculante, segun LRJ-PAC)o propuesta de resolución negativa (art.15.4 del RD), y a la vista del también informe de los dos expertos “tapados”, del más aún impreciso “ámbito”(art.15.2 del RD), que nadie sabe -o yo no sé- qué es ni de dónde salen, ni si son recusables, primos o atroces contendientes del evaluable. El caso es que la ANECA (privada) evalúa el cumplimiento de los requisitos de la documentación preceptiva de los acreditables, y archiva si no atienden su requerimiento de subsanación (acto administrativo de libro, pero de mano privada),que, tras comprobación (pública también), pone a disposición de las comisiónes de acreditación (sin autoridad ni fe pública que lo avale)(art.15.1 del RD), que informa o propone -¿lo primero en caso positivo y lo segundo en el negativo? qué imprecisión-.
Pero la ANECA, realmente eleva resolución (ar.15.6 del RD),no informe ni propuesta -¿será algo más de mano privada?- al Consejo de Universidades, que expide certificado de acreditación. Pero, certificar es adverar un hecho, no dictar acto de voluntad, juicio, conocimiento o deseo, cual se predica del acto administrativo. No digo más a este respecto que remitirme al articulito “Primeros apuntes sobre el sistema de acreditación y acceso a la condición de Profesor de los cuerpos docentes universitarios”(Actualidad Administrativa, nº 15 de septiembre de 2008.pag. 1722 y ss).
Y se accede a la acreditación por la “rama de conocimiento” solicitada (art.14 del RD),para poder acceder al cuerpo independientemente de ella (art.3), siendo el área (hectárea, decía OLLERO, qué malo )un muerto viviente.
Muerto,porque en estos RRDD ni está ni se le espera…legalmente para el acceso, y viviente,porque sigue gabado en el corazón del art. 71 de la LOU reformada, en el infierno de la obligación de concursar para los adscritos provisionales por reingreso de excedencia voluntaria (Art.67 LOU, tras la reforma de la Relou, y art.11 del RD1313/2007),y, agárrate, en el limbo de las relaciones de profesores acreditados del Consejo de Universidades.
Lo que conduce a que unas cuantas universidades -no tengo tiempo para comprobar cuántas, y si todas- sigan convocando accesos por área. Lo que no sería extraño si sólo pudieran concurrir habilitados, pero es raro cuando se mezclan con acreditados, sin área que les cobije.
Perdonad todos por el rollo precedente, pero es que estoy de moscosos, y entre mis vicios preferidos tengo leeros, y aprender de vosotros. Me gustaría que lo que os he escrito resulte de utilidad para tan interesante debate.

1. El post principal da noticia de una circunstancia noticiosa y su enfoque es jurídico, con un punto irónico para evidenciar la gravedad de la situación. No se trata de comentar el Real Decreto de Acreditaciones ni tampoco de criticar el sistema global. Quien busque un foro para su guerra particular, por una mala experiencia o por soberbia mal administrada es su problema, y por supuesto en este foro no tienen cabida los insultos ni las descalificaciones, vengan de donde vengan.

2. Dicho esto, me limitaré a señalar que ni el sistema de la LRU 1983 ( unas transitorias generosas de reconversión de penenes y un sistema ulterior mediante sorteo con dos candidatos caseros que permitía “ligar el trío”) ni el sistema de la Ley Orgánica de Universidades ( una Habilitación con “cuello de botella”) ni el sistema de la actual contrarreforma ( una Acreditación con tendencia al “café para todos”) son plenamente satisfactorios. Y podrá ser manifiestamente mejorable este sistema de acreditación, pero con el mismo, como siempre, pasarán eminencias, mediocres e incluso algún que otro impresentable, al igual que con los sistemas anteriores, si bien justo es reconocer que las “tragaderas” de la acreditación son mayores.

3. Así, es cierto que el sistema de acreditación descansa sobre aspectos cuantitativos (amontonamiento, y no examen cualitativo y ponderado de las publicaciones, pese a escudarse en unos fríos índices de impacto generales), sin aportación real de las investigaciones ( para su examen directo por los especialistas) sino la mera relación de las mismas ( con lo que no hay la deseable valoración directa), que supone alzaprimar el “casillero” sobre la realidad del mérito docente e investigador, y en definitiva, que desemboca en la aplicación de un baremo ciego con resultados de perplejidad para propios y extraños. Se trata de un sistema insatisfactorio, pero lo que ya supone el plus del relajo, esto es, la puerta giratoria, es el fenómeno jurídico comentado ,esto es, que el mero silencio pueda ser el “pasaporte” hacia la ansiada “acreditación”.

4. Por otra parte, no creo que la actitud frente a este fenómeno sea el aplauso para combatir el sistema, porque si se hace historia, los orígenes del sistema radican en su apoyo por los Rectores, deseosos de calmar los afanes de yacimientos electorales para facilitar la acreditación, siendo elocuente que ni la CRUE ni el Consejo de Coordinación de Universidades (el viejo Consejo de Universidades) se opusieron al sistema. Es ahora, cuando la comunidad académica parece despertar del letargo y quejarse del Sistema. Quizás las Universidades tienen lo que merecen con su complacencia y sistema electoral. El problema lo tienen ahora los alumnos, que recibirán enseñanzas en nombre de categorías a veces merecidas y a veces no, y la comunidad científica, donde “todos son iguales, pero unos mas iguales que otros”.

Es cierto que la publicidad de los evaluadores generaría un tráfico de “influencias” pero no menor al que sucede cuando se convoca la plaza en una Universidad para los ya acreditados, ni menor al que sucede cuando se trata de conceder una beca, ayuda o similar.

Me parece increible las cosas que se están escribiendo en este blog, lo cual sólo demuestra un desconocmiento absoluto del nuevo sistema de acreditación.

Las resoluciones de los procedimientos administrativos deben contener el texto de los informes en que se fundamente la Resolución.

El informe incorporado a la Resolución es la motivación misma del acto administrativo con el que concluye el procedimiento administrativo art. 89.5 ley 30/92. Si dicho informe no está porque es “oculto” simplemente no habrá motivación.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que si la resolución del procedimiento administrativo es competencia de un órgano colegiado, dicho órgano deberá haber sido convocado previamente, con un orden del día, en el que deberá constar mención expresa de los puntos del orden de dia que se sometan a la consideración – votación del órgano colegiado.

En el momento de la convocatoria, todos los informes deben constar a disposición de los convocados para que estos tengan suficiente conocimiento y puedan forjar su voto.

Si no hay convocatoria, o si habiéndola no se ponen a disposición de los miembros del órgano colegiado todos los informes sobre los que hayan de votar, la convocatoria será nula, y nulo también el acto administrativo que surja del órgano colegiado incorrectamente convocado. 62.1.e

Pero, por otra parte, haciendo aquí un poquitín de “abogado del diablo” y metiéndome más bien en opinar y evaluar si la argumentación y las invocaciones jurídicas que se hacen más arriba, para injustificar dicha acreditación por silencio positivo, son las argumentaciones que adecuadamente conseguirían tal injustificación, debo honestamente expresar que me parece que no. En otras palabras, o se consigue montar alguna otra argumentación jurídica contra dicho silencio acreditador, o aprecio como no absolutamente evidente que de las razones jurídicas arriba expuestas se desprenda la invalidez del silencio acreditador (invalidez que yo mismo sí intuyo, desde luego). Las alegaciones normativas que se hacen arriba me parecen “una interpretación un poco forzada a ayudarnos en nuestro fin de invalidar el silencio acreditador”.

De ahí que muchos de los que fuimos alumnos de aquella Universidad nos preguntásemos, cómo era posible que ésta o aquella persona fuera profesor universitario. Eran una vergüenza para la Institución.

El actual sistema, puede que no sea perfecto, pero al menos parece más objetivo y aquella sensación de mangoneo generalizado en la selección del profesorado, se ha aminorado.

Quizá el siguiente paso sea someter la selección del personal de las Universidades a oposiciones libres con más de 300 temas, con dos ejercicios memoristicos orales y alguno práctico….como cualquier otra oposición del grupo A.

Eso sí que seria objetivo, pero me temo que muchos no pasarían.

Un saludo y encantada de reencontrarme con usted en el ciberespacio.