Es moda que un convenio colectivo
hable de negociar lo separable,
RPT, plantilla, oposiciones,
tribunales, reclasificaciones,
y así la potestad, que era intocable,
el propio mérito y capacidad
se quedan al albur del albedrío
no del legislador,
ni la Jurisdicción,
ni incluso del poder ejecutivo,
sino del avatar negociador
que enfrente al alto cargo responsable
con la parte social reivindicante
de que nadie se queje del servicio
(particularmente si es un servidor).

Si lo hacen, quien se queda en la picota,
es el jefe, que tiene mando en tropa,
pues que declaren huelga está bien visto
hasta por sus usuarios más frecuentes.
“Pobrecitos currantes, pobrecitos”,
repite, candorosa, tanta gente
que al jefe culpan, porque a nadie mola
tal función, y lo ven como enemigo,
pues nadie piensa en lo que les ahorras
cuando el gasto es difuso y colectivo.

Más vende quien, al diálogo dispuesto,
se come sin piedad los presupuestos,
o al Ministro de Hacienda que recorta
el acuerdo social que nos importa
aunque no hay p’a pagarlo un sólo euro.
“Lograr la paz social no tiene precio”
( pero cuesta una pasta escandalosa ).

Por eso, de momento, estos litigios
siguen la senda de lo contencioso,
pues guardan potestad. Pero el camino
comienza ya avisar, bien presuroso,
de que, antes o después,en lo Social
la doctrina del “acto separable”,
apenas una letra ha de cambiar
el alma del concepto, transvestido
de lo público hasta lo negocial
que lo lleve a ser “acto superable”,
por mor de los convenios colectivos.

Mal camino lleva la potestad.

¿Es que los funcionarios no son trabajadores?

A lo mejor el orden contencioso debería plantearse ciertas cuestiones y principios, sobre todo cuando la administración, apoderándose de un poder autoorganizativo cuasi sin límite, que le permite hacer de su capa un sayo [y de la de los demás], se dedica sistemáticamente a hacer lo que bien sabes en oposiciones y concursos, en RRPPTT y libres designaciones, por no hablar de comisiones de servicios, carreras profesionales, reconocimiento de derechos,… en una insumisión judicial que pone en duda el orden constitucional de separación de poderes y llega a cuestionar el propio Estado de Derecho… Y eso sin llegar al nivel corrupción de lucrarse con el ejercicio de potestades públicas, sino manteniéndose en el “nivel corruptela”, que da otro tipo de beneficios, y que por sistemática es también bien dañina…

En fin, sirva de llamamiento a quienes leyeren, entendieren y pudieren…

Por otra parte, el hecho de que los trabajadores para ciertos casos tengan que acudir al orden contencioso con abogado y/o procurador, debería subsanarse por el legislativo ampliando la capacidad de personarse por sí mismos del art. 23.3 de la Ley 29/1998 que tienen los funcionarios en cuestiones de personal, a los trabajadores, aunque la “jurisprudencia” de algunas salas está por recortársela si puede hasta a los mismos funcionarios. Algo que también huele a corporativismo leguleyo…