El recurso no se resuelve… ni se admite ni todo lo contrario, ¿corresponde entonces la devolución del depósito?

Por qué no se da respuesta a estas cuestiones en la Ley? No caen en el asunto? No quieren?

Hace poco (12 de febrero, viernes) recibí una citación judicial para un procedimiento de conciliación. En la citada Providencia también añadía: “MODO DE “IMPUGNACION: MEDIANTE RECURSO DE REPOSICION”; siempre que se cumplan los dos (2) únicos requisitos que figuraban y figuran, en los artículos 451 y 452 LEC. He presentado el Recuso en tiempo y forma (martes 16). Al hilo de lo citado ¿creo…? que he obrado de buena Fe; pues como particular que soy, ignoraba el peaje de los 25 euros.

Cuestiono: ¿Qué hago ahora…?.

E-MAIL: hoy@tele2.es

Gracias. Eloy Peña.

Saludos

Según el nuevo planteamiento, estariamos económicamente de la siguiente forma: recurso de reposición (25 euros), recurso de apelación (50 euros). Tiempo en tramitar un recurso de apelación de la resolución negando la ejecución provisional sin aval en la Audiencia de Madrid (ni se sabe), paciencia de la empresa a la que le deben el dinero (no se puede cuantificar).

Eso sí según la nueva regulación esta empresa es susceptible de presentar un recurso con mala fe.

Es prestación patrimonial (sí, pecuniaria). Tiene amparo legal (sí:LOPJ). Es obligatoria (Sí, sin ella no puede ejercerse un derecho). No tiene naturaleza tributaria. El que exista o no devolución eventual es una consecuencia posterior a la generación de la obligación y pertenece a la esfera de recaudación, no a la de devengo.

Sin embargo, querido amigo, insisto en que tanto tú como yo, sabemos que los conceptos importan para tener claras las estructuras jurídicas pero a la hora de analizar y aplicar el Derecho vivo, poco importan las disquisiciones doctrinales. Aunque ahora me doy cuenta de que precisamente la STC 180/95 fue la que aclaró la distinción entre tasa y precio público y mandó a la papelera numerosos textos doctrinales y propició devoluciones sin cuento de cantidades pagadas como precio público cuando realmente tenían naturaleza de tasa. O sea que, quizás algún día alguien plantee un recurso de amparo frente a la inadmisión del recurso por no formalizar el depósito y nuestro Tribunal Constitucional aclare el enigma. Saludos

Por eso, lo anterior no nos sirve para ahondar en la naturaleza del depósito, porque llamarlo simplemente prestación patrimonial -incluso aunque excluyamos los tributos de este concepto general por su especialidad y por estar contemplados separadamente en el 31.1- no nos permite distinguirlo de otras, ni ubicarlo en ningún lado.

Tampoco exacción parafiscal me parece suficiente, porque es definir algo por exclusión, y sigue sin ubicarlo en un lugar preciso. La finalidad de conocer la naturaleza jurídica de algo espara establecer qué conjunto normativo le es aplicable, tanto como supletorio de su regulación, como para su prescripción, caducidad, etc. y eso ni el 31.3 CE ni la idea de exacción parafiscal nos lo sitúan.

Como la finalidad de la reforma es disuadir al litigante temerario, presumiendo que el que no lo sea verá triunfar su recurso, me parece por eso evidente su naturaleza procesal, y dentro de ésta, la de sanción procesal. Igual que, por ejemplo, la del 11 LOPJ (No la del 247 LEC, o la del 449 LOPJ, que sí son punitivas en sentido estricto). Asi que entiendo que le serán supletoriamente aplicables las normas procesales, con sus plazos y formalismos, y no por ejemplo las del depósito o la fianza del Código Civil, las de las medidas cautelares administrativas, las tributarias, etc.

Saludos

Saludos

Lo más sensato, como ha hecho Sevach, es ir poco a poco y empezar por el principio, esto es, por el misterioso “depósito”, que ya ha entrado en vigor. Lo llamo “misterioso”, porque no parece nada fácil dilucidar su naturaleza jurídica. No es un impuesto, ya que no grava una específica manifestación de capacidad económica y, además, está afectado a fines concretos y determinados. ¿Será una tasa? Tampoco encaja en la definición legal, ni la resolución de recursos por un órgano judicial puede asimilarse a la “prestación de un servicio”, que constituye el hecho imponible de la tasa. Por otra parte, si se considerara como tasa, daría lugar a doble imposición, proscrita constitucionalmente, en aquellos casos en los que también es exigible la llamada “tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional”, cuya compatibilidad con el nuevo depósito establece expresamente la Ley. Sevach apunta una posibilidad interesante: la exacción parafiscal, categoría recurrente en nuestro Derecho, por mucho que se haya intentado suprimirla (de boquilla, claro) en múltiples ocasiones. Sin embargo, no es propio de una exacción parafiscal la “devolución” al depositante cuando el recurso interpuesto prospere. Algunos autores han apuntado que se trata de una sanción procesal (análoga a las diversas multas reguladas en las leyes procesales), que se cobra “por anticipado”, a resultas del recurso interpuesto. Ninguna de estas posibilidades es del todo clara, así que espero opiniones.

A simple vista no parece que sea una medida que vaya a aliviar de trabajo a los Juzgados y Tribunales.

En la disposición falta alguna medida de progresividad, ni todos los recursos son iguales ni todos los litigantes tienen la misma capacidad económica (el perfil del beneficiario de justicia gratuita es muy limitado).

Sorprende que para las Administraciones no se ha introducido ningún tipo de limitación, ¿no puede suceder que una Administración recurra una disposición aprovada por otra únicamente para evitar su aplicación inmediata?.

Magnífico tu post. Y aprovecho para agradecer al tolerante y estimado Contencioso su estupenda sugerencia sobre la cascada de recursos contra las diligencias de ordenación sobre subsanaciones.
Tomo nota. Eso sí, reconozco su autoría y espero que aplique una licencia copyleft.

Alegret

Alegret

25.000 ptas ( 150, 25 euros) si se trata de suplicación y a 50.000 ptas (300,51 euros) el de casación, incluido el de casación para unificación de doctrina; también es verdad por otro lado que esas cantidades no se aplican a los que tengan la condición de trabajadores( ni a la Administración ni a los que tengan derecho al beneficio de justicia gratuita) pero si la finalidad de estas medidas es intentar evitar recursos temerarios quizás han puesto esas cuantías tan pequeñas en contencioso porque desde 1995 al dia de hoy ha disminuido la litigiosidad, de ahí que ahora se puedan dejar los depósitos en 30 o en 50 euros por si todavía quedan algunos -muy pocos- amigos de eso de recurrir por recurrir pero me parece que eso sería pecar de optimista… xDDDD

Es el mismo derecho que tiene cualquier trabajador de recurrir en el orden social [recuerda que sólo es en cuestiones de personal, y no en todas]. Y eso, que en estas cuestiones, al funcionario medio, aunque no sea letrado, se le debe reconocer algún conocimiento más en derecho administrativo que al trabajador medio en derecho laboral.

Por tanto no sé si es un privilegio, porque si le unes la capacidad que tienen las administraciiones de imponer normas y cambios de todo tipo y le sumas la tradicional inclinación de los juzgados y tribunales de este Orden de “defender el interés público”, como decía Sevach en post anterior, o sea fallar a favor de la administración, el resultado de la fórmula es lo que está ocurriendo con la política de personal de cualquier administración (en especial las autonómicas)…

sé lo de la DA8ª, pero no deja de ser curioso el olvido. ¿Por qué cambiar la nomenclatura en el párrafo 2º y no en el primero? O la DA8ª los cubre ya todos, o modificamos todos los preceptos de la ley donde aparece la palabra súplica. Pero dejarlo todoa medias ¿Por qué?

En todo caso, esta denominación tradicional que proviene de cuando sólo existían las Salas y no los Juzgados a mí me gustaba mas, tanto por la tradición como por la diferenciación que se marcaba con otros órdenes jurisdiccionales (Igual que la denominación de “reforma” en penal), dando una cierta sustancia propia mayor a nuestra jurisdicción.

Es un caso evidente de cargarse una tradición para no mejorar en realidad nada con ello. Tampoco es que se pierda gran cosa, pero es indicativo de una manía o fijación de romper con lo anterior porque sí, y no por mejorar, que no me gusta demasiado.

Saludos

Se puede incluso dar el divertido espectáculo de poner una providencia, que se presente recurso contra ella sin depósito, que se requiera subsanar y se recurra -otra vez sin depósito- la diligencia de ordenación o providencia (Que curiosamente no están exceptuadas de recurso) por vulnerar la tutela efectiva, que éste se requiera de subsanación por el mismo motivo, y sea a su vez objeto de otra recurso -sin depósito-, y así en cascada interminable.

Somos tontos pidiendo reformas y mejoras; visto lo que hace el parlamento lo mejor es callarse, porque cualquier cambio lo mas probable es que será a peor.

Como único consuelo quizás podemos aplicar aquí la desternillante teoría económica del actual gobierno de “caemos, pero con menos fuerza”, y trocarla por “destrozamos la oficina judicial, pero con menos gravedad” y por la misma regla de tres, considerar que en realidad estamos mejorando con ello.

Por cierto Sevach, que a mi también me llamó la atención la mención a “reposición” en la reforma del art. 79 (Y la exposición de motivos), pero si te fijas lo reformado es sólo el párrafo 2º, donde se relacionan los casos en que no cabrá recurso de “reposición”, pero el párrafo primero sigue diciendo que lo cabe en nuestra jurisdicción frente a autos y providencias no susceptibles de apelación sigue siendo la SUPLICA. ¿Habrá que entender que ahora el auto que resuelve súplica sí puede ser recurrido en nueva súplica, porque lo único exceptuado es la reposición?