Eso es lo que esperamos del Tribunal Constitucional. Porque la garantía de acierto no existe; ni para él ni para nadie. Y no por eso los demás, en nuestras cosas, todos, nos quedamos dubitativos… dejando pasar los años, año tras año, atascados y sin resolver nuestro primer problema: ¡aviados estaríamos!

En este caso, por supuesto, nadie niega su complejidad y la dificultad de dar con la solución correcta. Todos –como aquí se ha dicho- sabemos que esta es claramente una ‘patata caliente’ que quema las manos de quienes van a ser difícilmente ‘perdonados’ por su sentencia, sea cual fuere. Sin embargo, la obligación que pesa sobre sus miembros obliga al Tribunal de forma determinante incluso ya desde las propias reglas que vienen recogidas en el texto que están obligados a guardar y con el alcance que los juristas sabemos que se encierra en el aforismo “Iura novit curia”.

No obstante, a pesar de ello, he de decir que coincido con el enfoque dado por ‘Pablo’ en su excelente comentario, y que, aún no siendo mi deseo echar ningún capote justificativo al Tribunal, debemos reconocer que aquí hay un ‘fondo’ y un ‘trasfondo’ (o, según se mire, más de un trasfondo: uno político; otro económico-político –a donde nos conduciría el análisis de a quien le interesa debilitar el Estado central y parcelar el poder, como, p.e., a ciertos poderes económicos-, etc.), y que parece tener razón el catedrático Jorge de Esteban cuando dice que «…si se quiere buscar a los responsables de todo este embrollo jurídico-político, no se debe achacar la culpa al Tribunal Constitucional, sino al PSOE» (El Mundo, 26-11-2009).

En mi opinión no anda nada desacertado tampoco cuando dice a continuación: «Por supuesto, cada uno debe de cargar con sus propios pecados. Pero en ningún caso recaerán sobre el Tribunal Constitucional si, como parece y es lógico, declara inconstitucional el engendro jurídico del Estatuto, inspirado irresponsablemente por Zapatero».

Y es que aunque el editorial de este mismo periódico titulado “Diez magistrados que no merecen ninguna piedad”, publicado en fecha 17 de Julio de este año, manifestaba –de forma coincidente con SEVACH- «Estamos sencillamente ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones institucionales por parte de estos 10 magistrados, que, en lugar de dar ejemplo de responsabilidad, están demostrando una incapacidad vergonzosa para estar a la altura de las elevadas funciones que tienen encomendadas.», mi duda es: ¿no les estaremos pidiendo demasiado, cargando demasiado peso en sus espaldas?

Y continuo: ¿No sería o habría sido más apropiado someter a Referéndum lo que los españoles decidimos conjuntamente una vez, al aprobar la Constitución, cumpliendo así los pasos de reforma marcados en la propia norma, en lugar de coger por la calle de en medio e intentar sacar adelante una reforma constitucional ilegítima (encubierta, erga omnes), promovida por quien carece de legitimidad para hacerlo de este modo, y refrendada por quien carece de legitimación (siempre desde el enfoque de considerar que materialmente no se está aprobando un Estatuto autonómico, sino modificando irregularmente una Constitución para introducir en ella determinados cambios hacia un sistema Federal)?

Para no extenderme en esta cuestión solo señalar que hay quienes como el catedrático Francisco Sosa Wagner han advertido de que estamos ante la ruptura del modelo territorial surgido de la transición. Que por la senda iniciada los límites del modelo autonómico se han roto, y caminamos hacia un modelo confederal donde la autoridad de las partes es máxima y la del todo, el poder central, mínima.

Sin ánimo de entrar en aspectos concretos que habrán de ser analizados por el Tribunal, y conociendo que el Estatut establece que las normas de la Generalitat prevalecerán sobre las del Estado en materia de competencias exclusivas, con lo que parece que se afecta al principio de soberanía nacional recogido en la Constitución española, sin duda podemos preguntarnos ¿quien ha legitimado al Estatuto para decir eso y otras cosas similares? Si tenemos en cuenta las normas de funcionamiento parlamentario, dada su aprobación por las Cortes en las que obtuvo la aprobación mayoritaria de los parlamentarios del PSOE, habría que concluir que han sido los parlamentarios del PSOE (adviértase que no cabe decir genéricamente ni ‘los socialistas’ ni los votantes socialistas, porque algunos de entre ellos discrepan frente a la tendencia hacia la fragmentación del Estado buscada con esta reforma encubierta de la constitución).

En este sentido parece difícil de entender, como dice Jorge de Esteban, que al actual Ministro de Justicia le parezca normal que no se pueda estudiar en castellano en Cataluña y que haya un nuevo órgano no previsto en la Constitución para vigilar la legalidad de las leyes catalanas, ni que «la entrada en vigor del Estatut comporte la modificación de 30 leyes estatales, con lo que se están recortando así los poderes de las Cortes Generales, cuyas leyes se deben adaptar al Estatut, y no, como sería lo lógico, al revés».

Como jurista, entiendo que la Ley es -por definición- una norma imperativa. No la valida ni la confirma de ninguna manera que sus destinatarios pasivos la aprueben o desaprueben. La valida que la aprueben quienes tienen la legitimidad para ello. Y en este sentido los catalanes tienen toda la legitimidad para aprobar un estatut que esté dentro del marco de la constitución, pero carecen de ella en caso contrario. De donde la clave está en determinar si las modificaciones que resultan más dudosas de franquear límites no permitidos son o no constitucionales. Esto es lo esencial.

Sobre el editorial del día 26 de noviembre (todos sabemos que este día se publicó un editorial conjunto en 12 periódicos catalanes acerca de la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, titulado « LA DIGNIDAD DE CATALUNYA »), a mi juicio, cuando la única pregunta admisible es la de si resulta aceptable -por legítimo per se- el hecho de que se reforme la constitución por cauces no establecidos en ella, y que los cambios no estén aceptados por todos los que la aprobamos (no es lo mismo un referéndum del Estatuto hecho en Cataluña que un Referéndum hecho en España para aprobar las Reformas estatutarias de las CC. AA.), ¿cabe apelar a la dignidad del pueblo catalán –como hace el editorial- y, además, omitir que el estatut solo haya sido refrendado por un 36 % de ese pueblo catalán?

Yo también considero con los editorialistas que el principio que se menciona («Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.») es «uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana:, pero sobre todo -“a más a más”, y en esto no inciden- si lo que se ha pactado ha sido recogido en una Norma Fundamental (que está por encima de todas las demás). Esto no puede olvidarse (revísense y compárense las mayorías relativas que aprobaron una y otra norma, a mayor abundamiento).

Pero, volviendo a la cuestión de fondo, creo que la cantonalización de España podrá estimarse buena o mala, según ideologías. Pero, en cualquier caso, tomar una u otra opción, elegirla, es un derecho que no puede ser hurtado al pueblo español por la vía torticera de esquivar un referéndum para la reforma constitucional en asunto de tanta importancia para nuestro sistema político, aprobando en las Cortes –con la mayoría parlamentaria que se detenta- un Estatuto que no parece se haya quedado dentro de los márgenes de la Constitución (siguiendo una vía similar a la seguida a mi juicio con el Estatuto Básico del Empleado Público).

En este sentido, como ciudadano de a pie, considero que ha sido injusto, ilegítimo, triste y lamentable lo que el partido político en el poder nos ha impuesto a todos, en primer lugar a los ciudadanos y en segundo lugar al Tribunal Constitucional.

Por ello, puede traerse aquí lo que en su día, si bien en otro orden de cosas, y hablando de otro Tribunal patrio encargado de otro tipo de control, Don Juan Velarde Fuertes ha escrito (Situación Actual y Futuro del Control del Tribunal de Cuentas (DISCURSO DE 20-06-2006 ANTE LA RACMYP):

«El papel de Órganos de Control Externo regional y del Tribunales de Cuentas quedó muy claro desde que Stuart Mill –y ésta es mi minúscula contribución en el segundo centenario de su nacimiento al merecido homenaje que se le debe- en su ensayo Considerations on Representative Government, escribió: “El verdadero principio de un Gobierno constitucional exige que sospeche que se puede abusar del poder político…, no porque siempre sea así, sino porque ésa es la tendencia natural de las cosas. En la protección contra esto radica la utilidad concreta de las instituciones libres”».

Para terminar, solo me resta decir que más allá del hecho de que nuestro Tribunal Constitucional pueda estar politizado y –por ello- deslegitimado para tomar según que decisiones, debemos también considerar que la mencionada ‘patata caliente’ en realidad es mas grande y grave de lo que en un principio parece.

(Pido disculpas por la extensión del comentario, pero considero que la importancia propia del tema lo exigía, y, por otro lado, someto mi opinión a cualquier otra mejor fundada en derecho o en razón natural).

http://blogs.nortecastilla.es/rafavega/2009/11/27/sanson#comments

¡Y Suerte al TC con su “patata caliente”!

Seguro que en este caso la resolución importa a más gente y el asunto tiene más enjundia que en “el caso del propietario de un jilguero sancionado de plano”, pero no es más que otro ejemplo de cómo la lentitud de la Justicia es injusta por definición y de cómo las posteriores resoluciones en muchos casos ya no solventan el problema… eso si no entras con un problema y sales con varios….

Así que, quitándole le exclusividad rimadora a Juan Manuel, y siguiendo parafraseando [y de paso destrozando] a Jorge Manrique:

Nuestras demandas son los ríos
que van a dar a un tribunal,
que es el morir;
allí va nuestra paciencia
derechita a se acabar
e consumir.

Allí van nuestros caudales;
…si lo sé
no me complico…;
ahí llegados, nuestros males,
lejos de terminar
los multiplico.

Por cierto que la legitimidad de las urnas nos metió en la guerra de Irak (aunque fuera de botijeros), contra lo que quería el 96% de la población… Vamos, que las urnas no en todo caso dan legitimidad y menos aún para todo en plan cheque en blanco; aunque a veces, después, sí que nos la quitan…

El modelo autonómico, trabajo que el poder constituyente no pudo terminar (por circunstancias de la producción), se le asigna hoy a los doce miembros del Trinunal Constitucional”. – Ahí va esa señores, resuelvan ustedes el histórico conflicto, que para eso se les paga.Además son ustedes los únicos interpretes de la Constitución…. era así verdad?

Ante tan ardua empresa, que es la que representa la decisión sobre el Estatut y resto de EEAA en cascada, la decisión puesta en manos del TC supera con mucho los límites de la interpretación constitucional debida por el tribunal, y se situa claramente en la instancia del legislador, que no le corresponde.

Conocedor el TC de que no es su tarea legislar, pero sí obligado a resolver, y entre la espada y la pared, el TC intenta al menos dotar a la resolución de la mayor legitimidad que puede existir: el consenso en la definición del modelo territorial.

Un segundo consenso sobre el modelo autonómico que debe ir mucho más allá de los grandes trazos con se acordó el de 1978, y que por supuesto, debe hilar fino manteniendo el equilibrio de paz social, que las instancias competentes son incapaces de alcanzar.

Y no solo eso…. sino que debe acertar también!!! eso es, acertar!!! dado que su propia legitimidad depende ya en buena parte del sentido de la sentencia (cualquiera que sea).

Vaya faenita!!

1. Echo de menos la fecha o referencia de la Sentencia/s del TEDH que permitirían condenar a España por la indebida dilación del TC en este caso

2. El TC debía tomar ejemplo de la Sala Tercera del TS en el recurso sobre la asignatura “educación para la ciudadanía”, como nos informó Sevach en su artículo “Mas vale juez español conocido que juez venezolano por conocer”

Y este principio no tiene ninguna excepción, ni siquiera el principio democrático, por tanto, cualquier acto (p.ej. Ley Orgánica) de un poder público (p.ej. Asamblea legislativa autonómica y CCGG) debe “sujetarse” la Constitución.

Oponer la legitimidad democrática al principio de constitucionalidad -por analogía al principio de legalidad- es mezclar el trasero con las témporas.

La otra idea clave es el FUNDAMENTO de la CE, que, siempre se olvida, es la INDISOLUBLE UNIDAD DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Nación con mayúscula, según el texto oficial de la CE (art. 2)

La expresión puede estremecer leída hoy en día, pero está ahí y es el fundamento de la CONSTITUCIÓN, y si se pretende aprobar una Ley Orgánica, incluída su exposición de motivos (no me explico lo de preámbulo en una L.O.), en la que se declare la existencia de DIVERSAS NACIONES además de la española, debe comenzarse por reformar el art. 2 de la CE, que para eso está el procedimiento de reforma constitucional.

Repugna al jurista y debería repugnar al ciudadano el intento de subvertir las previsiones constitucionales mediante leyes o sentencias del TC supuestamente “interpretativas” de la CE, que lo único que encubren son interpretaciones contrarias a la propia CE.

Solamente el hecho de que haya “entrado” en el TC un Estatuto de Autonomía como el Catalán revela por si solo la subversión del sistema, o un fraude del ordenamiento como una catedral, porque ni el Parlamento Catalán ni las CCGG pueden actuar como Poder Constituyente fuera de los casos previstos por los arts. 166 y siguientes de la CE.

Tiene toda la razón Sevach, el TC ha dejado de ser un tribunal jurisdiccional para convertirse en un poder legislativo y utiliza el genuino procedimiento legislativo.

El concepto “mutación constitucional”, empleado en un sistema constitucional como el español, en el que expresamente se prevé el procedimiento de reforma de la Constitución, es un auténtico eufemismo, que encubre el concepto de “fraude” constitucional.

Sevach ha dado en la diana una vez más. Un Tribunal, con mayúsculas, no debe someter una ponencia a votación de sus miembros más de una vez sino que “1.Cuando el ponente no se conformase con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular”y “2. En este caso, el Presidente encomendará la redacción a otro Magistrado y dispondrá la rectificación necesaria en el turno de ponencias para restablecer la igualdad en el mismo” (art. 206 de la LOPJ por remisión del art. 80 de la LOTC) y art. 90.2 de la LOTC.

Así nos está luciendo el pelo.

Porque mañana las cortes españolas por unanimidad aprueben que nos pertenece Cuba otra vez, no va a cambiar el hecho de que es otro estado y todos estamos sometidos al derecho internacional.

Pero es que, además, incluso si entramos en el juego absurdo de hablar legitimidades recortadas por poblaciones de territorios (Que ya es un sinsentido juíridico en sí mismo), el resultado es aun mas aplastante.

Porque el mismo “pueblo catalán” (Porción del electorado nacional residente en Cataluña) aprobó en 1978 por mas del 80% la CE de 1978 y con ella el Tribunal Constitucional al que tanto se critica ahora por unos cuantos. Si el estatuto que tantos problemas está dando se ha aprobado por un 35% de ese mismo pueblo catalán ¿Quien tiene mas legitimidad? ¿Un Tribunal creado por una norma respaldada por el 80% de un cuerpo electoral, la norma enjuiciada, respaldada por menos de la mitad de ese 80%?

Aquí los resultados oficiales, para los que carecen de esa “memoria histórica”:

http://narros.congreso.es/constitucion/elecciones/referendos/ref_consti.htm

He vivido muchos años en Cataluña, tengo buenos amigos catalanes, y cada vez estoy mas harto de ver la sarta de politicastros y exaltados que se empeñan en autoatribuírse una representatividad que no tienen. Si se les oye, es porque existe una mayoría silenciosa y paciente que no grita tan alto, ni hace el ridiculo de esa misma manera.