Por otro lado la sentencia yerra en un punto importante cuando dice: “a su vez, es importante lo que señala el articulo 435 de la LOPJ en cuanto atribuye al Secretario Judicial la función de la dirección del personal de la oficina judicial y la correspondiente a la impartición de las ordenes precisas para el cumplimiento de las misiones que tienen encomendada.”

1. NO es el art. 435, sino el art. 454.2 LOPJ.
2. Se le olvida el matiz no poco importante: “Los secretarios judiciales ejercerán competencias de organización, gestión, inspección y dirección del personal EN ASPECTOS TECNICO PROCESALES.

Lo que significa que no son JEFES de nada, solo dependemos de la propia administración, y la única dirección es en el aspecto tecnico procesal. Y en ello no se subsume la obligación de entrar en paginas y bases de datos externas. S.E.U.O.

Por otra parte, y desde un punto de vista personal, lo único que me molesta es que estas averiguaciones hasta ahora las hacían otros funcionarios de la administración general del Estado (Hacienda, Policía, TGSS) y nos las remitían mediante oficio a los juzgados. Y por este trabajo, obviamente, percibían retribución. No es de esperar que nos paguen su sueldo, pero creo que es lógico que si además de redactar providencias, autos y sentencias, debemos realizar averiguaciones que hasta ahora estaban “externalizadas”, cobremos un plus por este trabajo añadido que hacemos y que nos resta tiempo para la redacción de resoluciones (entre otras cosas).

Y vuelvo a reiterar que no tengo claves de acceso por estar en un destino en el que no es necesario.

Saludos, feliz Navidad y próspero año nuevo.

Y luego ya podremos hablar de los caraduras que investigan el patrimonio de Iker Casillas, Raúl González o de su ex novia. Lo penoso del caso es que quien cede los datos, la AEAT ofrece una aplicación web que exige una previa resolución judicial, pero de esa previa resolución no queda constancia en la consulta. El formulario de rellenado de datos exige únicamente un número de procedimiento, que perfectamente puede inventarse, pero no el día y fecha, tipo de resolución y autoridad que la dicta. Obviamente no se garantizaría la desaparición del acceso fraudulento, pero el tener que dar tantos datos probablemente sería disuasorio para los menos atrevidos.

En todo caso, este funcionario judicial, que no tiene claves de averiguación patrimonial, constata la existencia de funcionarios que realizan perfectamente el trabajo.

Otra cosa es en qué consiste el trabajo: poner una resolución acordando averiguar bienes que el juez firma pero no se leee, proceder a averiguar los bienes, seleccionar los que más interesan a la ejecución, sin que juez o secretario digan nada, y finalmente embargar los que al funcionario le parezcan porque ni juez ni secretario dirán nada sino que se limitarán a firmar. Esta es el cumplimiento de las leyes procesales en España. Resulta simpático ver el afán con el que los jueces hicieron huelga por no soltar funciones que no ejercen, y resulta patética la reclamación de funciones por los Secretarios cuando actualmente tampoco las ejercen. Eso sí, firmar lo firman todo.

Saludos. Buenas noches y buena suerte.por cierto, Sevach ¿hay alguna forma de acceder al texto completo de la sentencia?

El Centro de Gestión Catastral habilitó una claves, que entregó a los Ayuntamientos, para las necesidades relacionadas con la gestión urbanística y tributaria.

La práctica generalizada es absolutamente fraudulenta: se utilizan para conocer los titulares de determinados terrenos, ofrecerle esa información al constructor o urbanizador de turno con objeto de que aquel pueda dirigirse a dichos propietarios al objeto de comprar o vender terrenos dentro de los ámbitos de ejecución que resulten de su interés.

En fin, prácticas indecentes sobre las que se debería tener un poco más de atención.