Contencioso.es

Contencioso es un pedazo de la blogosfera pública

El  insostenible anteproyecto de Ley de economía sostenible con su objetivo de facilitar el cierre rápido, efectivo y ejemplar de las páginas web bajo sospecha de promover descargas de obras artísticas, recuerda a los temibles missiles escudo, cuya virtud era reorientar su rumbo si el objetivo cambiaba de trayectoria hasta conseguir impactar y derribarlo.

Y es que, ante la polvareda armada en la red por la chapucera versión inicial del anteproyecto de Ley, se adopta por el Gobierno una estratégica reconsideración ante los medios de comunicación. Se insiste y subraya que no se cerrarán páginas webs de usuarios sino de operadores. Se insiste y subraya que se pedirá autorización judicial. Y para ello, como remedio milagroso, se anuncia que el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual contemplará la autorización judicial como requisito previo antes de bloquear páginas web sospechosas de atentar contra la propiedad intelectual. En esta situación, ante la voz de alarma dada por Enrique Dans (que salvando las distancias temporales, recuerda el grito del Alcalde Móstoles alertando de la invasión napoleónica de España), se impone una reflexión de urgencia.

1. La gran cuestión no radica en si el Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual incluye o no la intervención o autorización de un juez, ya que la gran amenaza para los derechos de internautas se encuentra en la Disposición Adicional Primera del Anteproyecto de Ley Economía Sostenible cuando aprovecha para modificar la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de Información y establece: “4. Corresponde a la Sección Segunda el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información.  Reglamentariamente se determinarán la composición y funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas”.

Aquí radica el gran peligro. La premisa mayor es la Ley, y la premisa menor el Reglamento, y aquélla es el “tapado”,  la gran amenaza para las conquistas de libertades en la red. El esfuerzo del Gobierno en desviar la atención hacia el contenido del reglamento es una maniobra de distracción en toda regla.

2. Por otra parte, ante la propaganda mediática del Ministerio, hay que tener presente que una cosa son las palabras políticas y otra muy distinta la redacción definitiva de las normas. El momento actual es crucial, ya que tanto la Ley como el Reglamento están en fase de gestación y ahora es el momento de rectificar y dejar claros los puntos vitales.

En el caso que nos ocupa, mantener la redacción actual del anteproyecto de Ley Sostenible, en cuanto convierte a la Comisión de Propiedad Intelectual en el “Gran Hermano” que garantiza la propiedad intelectual, resulta un torpedo en la línea de flotación del Estado de Derecho. No tranquiliza la explicación gubernamental de que se trata simplemente de atribuir la tutela de la propiedad intelectual a un órgano colegiado público (donde caben “todos y todas”), ya que las palabras las carga el diablo y no es la primera vez, sino mas bien técnica legislativa frecuente en temas espinosos, el que el Gobierno apruebe un proyecto con una letra, la cual es retocada hábilmente a su paso por el Congreso o por el Senado so pretexto de enmiendas técnicas. El político conseguidor sabe que se trata de “meter el pie en la puerta” con el anteproyecto inicial y ya se conseguirá franquearla posteriormente. El político conseguidor sabe que no hay oposición de colectivo desvertebrado (como los cibernautas) que aguante una travesía del desierto con la misma energía, pues el desgaste hará mella con el tiempo, máxime cuando basta una medida promesa u otro retoque en el proyecto para cambiar el escenario y dejar perpleja a la tribu de internautas mientras se reorganiza. Con promesas similares del Hombre Blanco, los indios acabaron en reservas.

En el caso del proyecto de Reglamento de la Comisión de Propiedad Intelectual, que contemplará, según el Gobierno, la garantía de la intervención judicial para autorizar las decisiones de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, todo resulta mas fácil para alcanzar la solución definitiva frente a las descargas ilegales. Y es que los reglamentos se pueden aprobar hoy y cambiar mañana, y además siempre puede desarrollarse el Reglamento aprobado por Consejo de Ministros mediante la oportuna Orden Ministerial que precise o vaya mas allá. En efecto, los Reglamentos pertenece al señorío del gobierno y como tal pueden aprobarse con una redacción, y luego, cuando pase el temporal, modificarse a la carta en el momento oportuno (“Cuando escampe el temporal”).

3. En materia de intervención judicial hay una gran manipulación o confusión de la información sobre el resultado de la previsión reglamentaria. Intentará Sevach aclarar la fronda de garantías frente a la posible aplicación de la “Cláusula de Exterminio” (como Sevach ha bautizado el precepto que contiene la autorización a la Comisión de la Sección Segunda del Ministerio de Cultura – y que alguien ha calificado ingeniosamente como las S.S., en referencia a la brigada policial nazi).

Pues bien, tal y como resultaría de la aplicación combinada de la Ley de Sociedad de Información (según la Disposición Adicional de la Ley de Economía Sostenible), y del Reglamento de la Comisión de Propiedad Intelectual, según la voluntad y términos gubernamentales (caso de ser finalmente aprobados), la Comisión de las SS podría decretar el cierre de las webs de los operadores con la previa autorización judicial.

Tal autorización judicial correspondería otorgarla a los jueces de lo contencioso-administrativo y es una garantía puramente formal, puesto que si existe amparo normativo para la medida (directa del Reglamento de la CPI e indirecta de la Ley de Sociedad de Información según la redacción dada por la Ley de Economía Sostenible) y se ha seguido un mínimo expediente, los jueces suelen autorizarlo puesto que es notorio que, al igual que el procedimiento de autorización judicial de entrada en domicilio, el poder y análisis del juez se mueve en el ámbito de la mínima supervisión formal, ya que donde debe discutirse la legalidad de la medida es en un proceso plenario y autónomo. Veamos un ejemplo. Si alguien es expropiado y la Administración solicita entrar en la vivienda para ocuparla, por un lado, la Administración solicitará autorización judicial para la entrada, que el juez otorgará siempre que la “apariencia” de legalidad sea mínima; y por otro lado, el afectado podrá impugnar los actos que acordaron la expropiación, asunto en que el juez analizará en profundidad la legalidad o no de la medida (y además al impugnar este acto expropiatorio podrá el afectado solicitar la medida cautelar de que le permitan seguir viviendo en la casa, etc). Parece un trabalenguas jurídicos, pero para ser gráficos, la autorización judicial es como el estampillado en una receta de un farmacéutico  y la sentencia judicial sobre la legalidad del cierre es un diagnóstico médico en toda regla.

Así pues, volviendo a la hipótesis del “cerrojado webero”, la intervención del juez contencioso-administrativo será doble.

En primer lugar, la anunciada garantía reglamentaria de la previa autorización judicial, que tendrá carácter previo a adoptar la decisión la Comisión de Propiedad Intelectual, es una autorización formal y casi automática pues basta con esgrimir una norma y mostrar la “apariencia de procedimiento legal”.

En segundo lugar, lo anterior no impide que de forma autónoma, el afectado pueda impugnar el cierre de la web ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y solicitar del juez que adopte la medida cautelar o cautelarísima de posponer el cierre efectivo hasta que se zanje el conflicto por sentencia. Esta medida cautelar se adoptará,  según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin tomar en consideración razones jurídicas, sino mediante una estricta ponderación o balanza de los intereses públicos y privados en conflicto ( no puede pronosticarse en cada caso el desenlace de la medida cautelar pero en principio solo hay intereses privados en liza, lo que haría mas proclive la suspensión cautelar de tales clausuras administrativas). Así pues, siempre existirá una garantía judicial.

4. Sin embargo, esta garantía judicial tiene los pies de barro, si nos percatamos del problema del requisito del previo agotamiento de la vía administrativa. Si la decisión la adopta una Comisión ministerial de composición mixta (u otro órgano ministerial de medio fuste), tal acto no pone fin a la vía administrativa, con lo que no puede el particular afectado por la clausura acudir inmediatamente al juez contencioso ante la “agresión administrativa”. Tendrá que formular el recurso de alzada ante otro órgano ministerial y contra la resolución expresa, o bien contra la desestimación presunta (por transcurrir tres meses sin respuesta) entonces, y solo entonces, podrá acudir al juez solicitando que levante la clausura decretada administrativamente. Y dado que la decisión de clausura es ejecutiva (o sea, de aplicación instantánea), nos encontraremos con que el juez llegará tarde, cuando por varios meses se ha suprimido de la red la página sospechosa. O sea, el medicamento llegará cuando el enfermo ha fallecido.

5. Por otra parte, no es menos cierto que utilizar una Ley de Economía Sostenible para introducir por la puerta de atrás una medida relativa a la tutela de propiedad intelectual resulta extravagante y sospechoso, ya que es sabido que  de este modo, el debate y trámites parlamentarios se centrará en “todo o nada”, sin abrirse un debate específico sobre el alcance de la modificación de matute de la Ley de Sociedad de Información.

A ello se suma, que un Reglamento organizativo, que disciplina el funcionamiento de una Comisión de Propiedad Intelectual, no es el instrumento normativo adecuado para regular las condiciones del ejercicio de los derechos. Ni para atribuir funciones a los jueces. Así y todo, so pretexto de su naturaleza organizativa, posiblemente el Gobierno eludirá someterlo al dictamen del Consejo de Estado, y so pretexto de que no se incide en los derechos fundamentales y libertades públicas tasados (y fijados por una Constitución del año 1978 en que no podía soñarse con el fenómeno Internet y los derechos inherentes), el Gobierno rechazará tramitarlo como Ley Orgánica.

6. En definitiva, opina Sevach que no puede llevarse el debate al terreno técnico ya que con técnica jurídica, todos los fines se consiguen (“las leyes van donde van los reyes”). Las leyes soportan todo sin ponerse coloradas, y no faltarán abogados del Estado y tecnócratas que diseñen un reglamento o ley para el fin marcado por los gobernantes de turno, sean del color ideológico que sea, y que pase los controles de legalidad.

El debate a juicio de Sevach debe ser mas sencillo y girar en torno a tres ideas fundamentales:

A) La propiedad intelectual no es una propiedad privilegiada respecto del resto de la propiedad clásica. No hay razones por las que el granjero al que le hurtan una vaca, se ve obligado a denunciar el hurto o a demandar civilmente al supuesto cuatrero, mientras que en cambio, un autor que sospeche que le están esquilmando en sus derechos podrá contar con una vía privilegiada para garantizarlo consistente en que la Administración hará el trabajo de forma gratuita y expeditiva. En otras palabras, no hay interés público para la actual regulación legal (ni mucho menos reglamentaria) sino pura tutela de intereses privados. En liza están los derechos de los autores, de naturaleza privada y clásica (derechos de primera generación), y los derechos de los internautas, de idéntica naturaleza y de corte vanguardista (derechos de cuarta generación).

Un principio de civilización avanzada está plasmado en la regla jurídica de la “prohibición del ejercicio arbitrario del propio derecho” ( que no es otra cosa, que la prohibición de que nadie se tome la justicia por su mano), y si el aparato administrativo del Estado se pone al servicio de garantizar un derecho de un grupo organizado estamos ante una inadmisible perversión del principio de imparcialidad de la Administración y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la Justicia, ya que habrá unos ciudadanos de primera (por ejemplo, los artistas que se sientan agredidos en su propiedad por los internautas) y unos ciudadanos de segunda (por ejemplo, los internautas que se sintieran agredidos en sus derechos por los artistas). En el primer caso, los artistas contarán con el primo de Zumosol que es la Administración, y en el segundo caso, los internautas contarán con las manos desnudas y la posibilidad de acudira  a los Tribunales, asumiendo los costes en tiempo, dinero e incertidumbre.

B) La Unión Europea no ordena ni impone que el legislador autorice a un órgano administrativo para el “cierre de webs sospechosas”. Sencillamente, Europa autoriza que cada Estado opte libremente por su modelo de control. En otras palabras, no sirve de coartada apuntar que Francia o el Reino Unido adopten sendas similares a las del anteproyecto pues nada impide, como ha sido en muchos otros ámbitos con menores intereses en juego, que España adopte solución diferente, y teniendo presente que la Unión Europea son veintisiete países, con lo que la opción mayoritaria es la más respetuosa y menos restrictiva con los derechos de los ciudadanos.

C) Por último, la Carta de Niza, si bien reconoce en términos genéricos y voluntaristas un lapidario “Se protege la propiedad intelectual” dedica un contundente precepto a la Libertad de expresión y de información (art.11), en los siguientes términos:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.”.

Dicha Carta de Niza, tras la autorización por Ley Orgánica para la ratificación del Tratado de Lisboa, forma parte de nuestro bloque constitucional de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, y como tal debe ser respetada e interpretada en forma extensiva para su máxima efectividad.

En definitiva, se trata de convencer al Parlamento de que los guiños a los artistas salen caros en materia de respeto a los derechos fundamentales, de manera que abrir el melón del control administrativo de corte castrense y al servicio de intereses gremiales, es preocupante para todo ciudadano de bien.

P.D. Tras la elaboración de este post, el Gobierno ha optado  por atribuir a la Audiencia Nacional la autorización para el corte de las webs, lo que me ha inspirado el siguiente post.

0 thoughts on “Del intolerable parcheo de un reglamento ilegal contra las descargas ilegales

  1. Muy bueno el articulo, aunque debo confesar que me he perdido un poco porque los temas legales se me conplican a ese nivel de detalle, si quisiera comentar que la idea de un gran hermano me molesta, ya que todos los usuarios pierden privacidad y algo de seguridad al navegar….

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  2. jusore dice:

    recuerda a los temibles missiles escudo, cuya virtud era reorientar su rumbo si el objetivo cambiaba de trayectoria hasta conseguir impactar y derribarlo

    Tiene su retorcida lógica, pues seguimos en la guerra silenciosa colectiva que promueven las reglas del sistema actual. Defenderse de una bala deja posibilidades al chaleco anti-balas, pero cuando las armas son lógicas, la información fluye y cual sicosis colectiva, la metralla viene de todas partes, y escasos son los huecos silenciosos o de información amiga. Es sencillisimo minar las mentes y mantener las atenciones en shock a base de medidas impopulares y curas paulativas a la vez que distraídas en cualquier cosa. Todos somos soldados hoy en día, aunque no lo sepamos o queramos. Cuanto antes lo asumamos, antes empezaremos a organizar la red distribuida de subsistencia paralela e independiente, mientras tanto seguiremos llorando, o hablando.» autor: jusore

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  3. No creo que el autor tenga que cambiar el título por “combatir las descargas legales” ya que el reglamento persigue las “descargas ilegales” y el problema es que se lleva por delante las “descargas legales”. ¿Daños colaterales de la guerra?» autor: torolevantado

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  4. Blas dice:

    Creo que Juan Manuel en clave poética ha centrado el tema.Con equilibrio y ,por tanto, con justicia.

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  5. Pasaba por aqui dice:

    José Ramón, este Enrique Dans que tanto pareces admirar es el mismo que va llamado demagogo, patético y que ha perdido los papeles a quien apoya la despenalización del top-manta. Por ejemplo a ti, si no me equivoco.

    Gracias por permitir comentarios sin censura. En el blog de Dans no se puede hacer lo mismo.

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  6. Sevach dice:

    Te confieso que con mi edad, y experiencias en múltiples frentes:1.- Mi idolatría llega a mis padres, el finado Vicente Ferrer, y un puñado mas;2.- Mi admiración llega a muchas personas pero por sus acciones o vertientes concretas, p. Ej.alguien puede ser un investigador admirable y un canalla con su familia;3.Comparto con Enrique Dans unas opiniones y discrepo de otras, y a la inversa: esa es la riqueza de la libertad de expresión que ambos defendemos;4-Sobre mi apoyo a despenalizar el top-manta, no me doy por aludido por Enrique ya que a titulo personal creo que es injusto, desproporcionado e incivilizado encarcelar por esa cuestión a quien no tiene mas delito que haber nacido en las coordenadas equivocadas…y por supuesto leña a quienes se enriquecen y explotan a este colectivo. Saludos

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  7. Pasaba por aqui dice:

    Gracias por tu respuesta y perdona por lo inexacto de mi apreciación sobre tu admiración.

    Enrique Dans no defiende la libertad de expresión porque por ejemplo a mí me censura todos los comentarios en su blog, en los que simplemente muestro mi desacuerdo con él, sin insultarle ni ofenderle en ningún momento. Él defiende SU libertad de expresión, y bloquea la de quien no piensa como él. Aquí tienes otro ejemplo (yo no soy Alberto, es otra persona).

    Lo que tú dices es lo normal: estar de acuerdo en unas cosas y en desacuerdo en otras. Lo que no es normal es insultar y utilizar palabras gruesas contra quien piensa diferente. Me parece fantástico que te tomes tan bien sus insultos, pero que en la entrada que enlazaba en el otro comentario te está llamando demagogo, patético y/o que pierdes los papeles… eso me parece poco discutible.

    En fin, extraños compañeros de cama (es una forma de hablar, eh?) está consiguiendo Sinde…

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    1. Yo tambien pasaba por aqui dice:

      A ver (Pasaba Por Aquí):
      Podrías centrarte en las ideas y dejar a un lado tu resentimiento con Dans. Lee las opiniones y fijate como la tuya está fuera de lugar. Supéralo. Los blog son de uso personal y si el de Dans ha alcanzado la relevancia que tiene es porque es una fuente de información e ideas que muchos agradecen. Entendería perfectamente que no quiera publicar dentro de su blog las opiniones o información que el entienda. La libertad de opinión está en un marco más abierto. Asi que puedes publicar tu propio blog y difundir tu verdad. Se que molesta que no se te escuche en el marco de debate pero eso es una realidad diaria. Solo fíjate en nuestros politicos con toda su propaganda y demagogia, mientras padecen su sordera de cuatro años, hasta que llegan las elecciones. Eso si es frustrante porque los políticos nos representan a todos y a veces parecen divos que se deben a una selecta peña. Los acontecimientos que se debaten son muy serios y los debates sobre insultos nos distren de los verdaderos problemas.

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    2. Pasaba por aqui dice:

      A ver, Yo tambien pasaba por aqui, te agradecería algún argumento sobre lo que yo digo. Dans es chupi y le quieres mucho, pero ese no es un argumento. Y que Dans no censura porque yo puedo contestar en lugar de en su blog en un sitio donde no me va a leer ni dios es lo más retorcido que he leído en mucho tiempo. Pero bueno, esta es la famosa web 2.0, un lugar de amiguitos donde unos apoyan las arbitrariedades de otros y todos tan contentos.

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  8. evinhas dice:

    No es cierto que sea un derecho de propiedad cualquiera. Cuando tu adquieres un disco, no adquieres su propiedad, sino que se licencia su uso en las condiciones que fije su propietario. Siguiendo el simil de la vaca, es como que el propietario te indicase cuando y donde la puedes ordeñar, el número de terneros que puede tener, etc. Y todos sabemos que eso no es así. De todos modos, es insostenible la “ley de economía sostenible”. contraleyeconomiasostenible.wordpress.com

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    1. Sevach dice:

      Tu precisión es correcta, la agradezco; lo llamativo a mi juicio, son son tanto las condiciones que puede imponer el propietario como las prerrogativas para su defensa, ya que lo relevante es que el dueño de la vaca – cedente- para defender su derecho cuenta con papá-Estado que lo recupera ejecutivamente, y en cambio si el arrendatario o cesionario de la vaca ve que incumple el propietario, éste se verá obligado a acudir a los tribunales. De ahí el desequilibrio derivado del privilegio de los titulares de la propiedad intelectual si se consuma la reforma reglamentaria.

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  9. Al hilo de esta entrada no he podido evitar poner este magnífico vídeo de José Mota:

    Por cierto, la primera cadena de televisión pública española no para de seguir anunciándolo. Quiere decir esto que TVE tampoco entiende o comparte este sistema actual.

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  10. El Gobierno ha dado marcha atras con la normativa anti descargas, eso ya lo era de esperar, ha tocado la fibra mas sensible, y mas cuando le dices desde un blog que les va a votar su pastelera madre si continuan con sus incesantes atropellos de los derechos constitucionales.

    Norbert R.Ibañez

    http://informaniaticos.blogspot.com

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  11. Emilio dice:

    Enhorabuena y gracias por el artículo. Es un privilegio poder disponer de estas explicaciones.

    Saludos.

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  12. Reposicion dice:

    PROPIEDAD INTELECTUAL
    La Audiencia Nacional decidirá sobre el cierre de las páginas de descargas. La Sala de lo Contencioso actuará en un procedimiento rápido de tan sólo cuatro días.

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    1. Reposicion dice:

      Caamaño ha explicado que será la Audiencia Nacional la competente en esta materia porque en estos casos de propiedad intelectual es “muy difícil” ubicar en qué lugar se encuentra la página o el emisor que infringen los derechos. Para ello, será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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  13. JNS dice:

    Enhorabuena Sevach! tu advertencia sobre el peligro de la modificabilidad del Reglamento de la CPI ha calado, la acabo de escuchar en las Noticias de las 15.00 de Antena 3

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    1. Reposicion dice:

      JNS: no irá en el reglamento de funcionamiento de la CPI, sino de antes en la LES.

      “Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, remitido hoy por el Consejo de Ministros a diversos órganos consultivos, antes de su llegada al Parlamento.”

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    2. Sevach dice:

      Efectivamente, amigos, el Consejo de Ministros rectifica y abandona el reglamento para elevar de rango la potestad administrativa y modifica el proyecto de Ley de Economía Sostenible para reforzar su objetivo. Ya he dedicado el siguiente post a esto y lo he subido a la red. Gracias por vuestra atención

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  14. JNS dice:

    Gracias por tu comentario Reposición, efectivamente esa era la noticia de Antena 3.

    Creo que el nuevo anteproyecto pretende que las decisiones de cierre o retirada de contenidos de la CPI las fiscalice la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional mediante un procedimiento sumarísimo de protección de derechos fundamentales como el aplicado en los casos de prohibición del derecho de reunión (art. 122 LJCA), en el que el juez confirmará (al parecer en 4 días) si el cierre u orden de retirada acordados por la CPI es conforme a derecho o no, y con recurso (?)

    La equiparación de la intervención gubernativa de las Delegaciones del Gobierno en el derecho de reunión y la intervención de la CPI no me parece de recibo, porque la primera está justificada por razones de seguridad pública y la segunda en absoluto.

    Al menos se reconoce implícitamente el carácter “fundamental” de la libertad de prestación de servicios y difusión de contenidos por internet.

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    1. Sevach dice:

      JNS: Gracias por informarme de que la inspiración gubernamental es la tutela del derecho de reunión, lo que me ha llevado a adaptar el siguiente post. Es lo que tiene fiarse de la prensa y no del texto publicado.

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    2. Reposicion dice:

      De nada, JNS, si es que esta vorágine ni da tiempo a comentar algo que no quede demodé 20 minutos después.

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  15. AlfonsoPC dice:

    La diferencia, evidente para cualquiera, con el derecho de reunion, se encuentra en el art. 21.2 CE, que permite la prohibicion gubernativa de “reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones”, cuando “existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. Se trata de una facultad administrativa con expreso apoyo constitucional y, aun asi, se establece un procedimiento judicial sumarisimo para su control. Nada que ver con la propiedad intelectual.

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  16. JP dice:

    En cualquier caso, José Ramón, la propiedad intelectual es diferente de la propiedad clásica, y creo que merecería una reflexión tuya más amplia y monográfica. De paso, coméntanos el Art. 27-2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, que se ha soslayado deliberada o negligentemente del debate por la parte internauta.

    P.S. Por cierto, ¿sigues con tu Kandinsky en el bolsillo?)

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    1. Sevach dice:

      Pues querido amigo, ya que sólo alguien muy cercano en el pasado puede recordar mi Kandisky, nadie olvida el art.24 de la Declaración de Derechos Humanos, como tampoco se olvida el art. 19 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que se lee: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
      Ambos son derechos, que pueden entrar en conflicto en el fenómeno de las descargas, y es la legislación estatal quien tiene que definir su alcance, y aquí entra en juego mi afirmación de que la Unión Europea ni prohibe ni ordena, por lo que mi opinión es que un parlamento que vaya con los tiempos y sensible a las virtudes de una sociedad creativa abierta, debería abstenerse de adoptar medidas tan parciales por los creadores. ¡ Ah!…Y sabrás que yo también me considero creador, dandose la paradoja de que por mis libros y publicaciones, se supone por la presunción legal que me representa la SGAE. Saludos afectuosos.

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    2. JP dice:

      “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” Art. 27-2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948

      Insisto en que esto hay que tenerlo también presente, muy presente.

      Haya salud (remedando a Pepe).

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  17. Anselmo2 dice:

    Creo que olvidamos que estamos en una democracia. Parece evidente que para demasiados expertos esta ley es inconstitucional. Y sería de carácter franquista por lo siguiente:

    “La Audiencia Nacional fue creada por Real Decreto-Ley el 4 de enero de 1977, el mismo día que se suprimía el Tribunal de Orden Público de la Dictadura. Esto ha llevado a algunos autores a considerar a la Audiencia Nacional como sucesora del TOP, hecho que ha sido negado por otros autores usando dos argumentos fundamentalmente: la independencia del la Audiencia Nacional del ejecutivo y su competencia sólo en casos de terrorismo, no en nada relacionado con el ejercicio de derechos fundamentales.”

    Pero, por una parte, es absurdo equiparar el tema de las descargas con el tráfico de drogas o el terrorismo. Y, por otro lado, estamos hablando de derechos fundamentales.

    Críticas a la Audiencia Nacional:

    http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=174710&orden=88044

    Del propio Peces Barba (ver enlace): “La Audiencia Nacional: atentado a un derecho fundamental” haciendo referencia al derecho al juez natural.

    Aquí se pueden discutir tecnicismos o ir al tema central.

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  18. Juan Manuel del Valle Pascual dice:

    Por cierto, la policía, que es Administración, interviene con eficacia en los supuestos de delito, que luego, habeas corpus mediante o en su breve plazo, un juez revisa. En cambio, no interviene en materias civiles ni administrativas. En el caso de estas últimas, los funcionarios de una Administracuión democrática saben, sabemos o aprendemos, aplicar la ley de manera armónica con la Constitución. Pero que las leyes sean técnicamente buena. Y escúchese para ello al Consejo de Estado y a la doctrina en trámite de información pública, que sobrecargar a los jueces es engañar al pueblo con una promesa de imposible utopía con alma real de estafa,si quien dicta la Ley sabe de las cosas del mundo; o, si no lo sabe, con la negligencia del indocumentado.Y ni esto no aquello son de recibo en una sociedad cabal.

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  19. No se si soy yo, que tengo la extraña impresion, o es que estamos retrocediendo muy lentamente hacia el antiguo estado, y la dictadura intelectual de unos pocos. Es bochornoso lo que estan haciendo los politicos, precisamente los que durante la transicion dijeron defender los derechos de todos y sobre pregonar a las cuatro esquinas que ellos querian libertad, pero supongo que cuando hablaban de libertad, se referian a su libertad de accion como politicos para quitarnos la nuestra.

    Norbert R. Ibañez

    http://informaniaticos.blogspot.com

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  20. Connie dice:

    Si yo tengo una PROPIEDAD en el Ayuntamiento Villaenrico de Abajo, y el alcalde decide que el obelisco a su abuelo es de interés público, me expropian, previo pago de un justiprecio no negociable, que es de todo menos “justi”, y punto. Pocos gobiernos, de derechas o de izquierdas, ponen los intereses individuales por delante de los intereses colectivos, salvo en el caso que nos ocupa, la propiedad intelectual. Curiosísimo.

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