Carta al Alcalde de la Villa “ex Olímpica” de Madrid. (España).

Sr. Alcalde: el motivo de esta carta no es otro que comunicarme con usted, ya que usted no se quiere comunicar conmigo… “a pesar de haber solicitado una entrevista personal por Fax (91.588.26.62) en su secretaría, por recomendación de su Gabinete Técnico, para así, intentar aclarar de una vez por todas, una injusticia Urbanística que en vivido en primera persona, por culpa de su Ayuntamiento”.

Empezaría recordándole que lo que voy a narrar lo sabe usted, su antecesor y altos cargos de su partido. Como ciudadano, no me causa ningún asombro lo acaecido en Gerencia Municipal de Urbanismo. No es más que la punta de un Iceberg que hace tiempo hacía aguas…

Llevo ya cerca de ocho años denunciando a diestro y siniestro, por todos los medios que he tenido a mi alcance, las más que sospechosas irregularidades cometidas en dicha Sede. En mi caso, no se trató de un Local, sino de un Chalet Histórico y Catalogado con “Protección Volumétrica” y que, vía Licencia de Sustitución (714/2001/417), otorgada (qué casualidad) por “Zonas Protegidas”. Fue demolido (estando Prohibido) y posteriormente levantado otro (también Prohibido), al real saber y entender de su dueño, arquitecto y funcionarios.

“No sé cómo ni con qué, pero dado el comportamiento, de algunos funcionarios, la imaginación, por fuerza, se dispara. La Obligada Revisión de la citada Licencia, no fue realizada por una decisión personal, del Señor Gerente de Urbanismo D. Luis Armada Martínez Campos”.

Tras llevarles a los Tribunales, la Administración, viéndose acorralada y a través de Informes elaborados Dolosamente por sus “Técnicos”, logró llevar a la Confusión y al Engaño de Todos, incluido Juzgadores, defendiendo lo indefendible, como si de algo Particular se tratara, sin hacer prevalecer los Intereses Públicos, obteniendo, finalmente, un pronunciamiento Favorable de la Justicia…

Por el camino se ha quedado… la Documentación que la Ley Obligaba y que fue Omitida adrede por unos y por otros; llamadas telefónicas y escritos de sus funcionarios diciéndome que se procedía a revisar la Licencia y a la paralización de la obra por ser Ilegal lo Autorizado, previo reconocimiento de su “metedura de pata”… para luego desdecirse por Ordenes Políticas; Informes Contradictorios y Falsos, y otros negándome la realización de la misma obra de mi vecino, por estar absolutamente Prohibida por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, a pesar de estar en Igualdad Jurídica por tratarse de Dos Chales Simétricos y Pareados en Origen, y existir idénticas condiciones Urbanísticas.

Y ahora como remate, la Modificación de dicho “Plan” del que tengo constancia en Documento Oficial (711/2006/15744), para poder Legalizar tal barbarie Urbanística, y así, una larga serie de despropósitos que, no hacen más que redundar, en la Corrupción paralela a la que ahora sale a la luz conocida, por “OPERACIÓN GUATEQUE”.

A continuación intentaré dar unas pinceladas que, a modo de resumen, sirvan para esclarecer el meollo de la cuestión, tarea no fácil, que me ha llevado a difundir multitud de escritos a través de los diferentes medios.

1º. Se trata de dos chales pareados. Dentro de la Colonia Histórica de la Unión Eléctrica Madrileña (Chamartín). Catalogados en un Área de Planeamiento Especifico (APE 05.11). Protegidos con Nivel 2, en Grado Volumétrico. Según el último y vigente PGOUM de 1997, en su Capítulo 4.3. (art. 4.3.4).

2º. El nº 7 con su promotor-propietario y su amigo arquitecto, proponen hacer un sótano autorizado por la Ley… (siempre que cumpla unos obligados requisitos). Para ello, piden Demoler el chalet existente y, así, hacer otro nuevo y diferente al Obligado Original. Incumpliendo los artículos 3.3.4. – 4.3.- 6.1.2.- 9.4.- 7.3.b.- 11. y 17.1.2. entre otros, del citado APE. 05.11.

3º. Para Demoler el Edificio (protegido en volumen) necesitan que se encuentre en ruina inminente (Art. 4.3.7.4. del PGOUM). O también, que las condiciones constructivas por su mal estado de conservación, aconsejen su Demolición (Art. 7.3.b del APE 05.11). Es esta última, a la que quieren acogerse y, así, lo hacen. Con la agravante, de que casi cinco meses después de conseguir la Licencia de Demolición, (de fecha 5 de Junio del 2001), el mismo arquitecto Certifica, en la ITE (Exp. 713/2001/022972 de 26 de Octubre del 2001), que el chalet se encuentra en un perfecto estado de conservación. Hecho incoherente que obliga a preguntar, ¿cuándo y por qué “lia…” el arquitecto, antes de conseguir la Licencia de Sustitución (714/2001/417) o después de conseguirla… y por qué, y para qué…?.
Observación: al tratarse de un Chalet Protegido en Volumen, la Ley Penaliza su Demolición y, más, si es para especular con el citado.

4º. La citada Sustitución lleva implícita según la Ley, la Recuperación del Chalet realizado en su Origen (1.949) por estar considerado como Histórico, y estar Catalogado con Protección Volumétrica. De ello, que el Art. 4.3 del APE, obligue, “en este caso concreto”, a tomar como única referencia su Proyecto Original. Que es custodiado en una Dependencia del Ayuntamiento de Madrid y, está, a disposición de quien lo requiera. El citado arquitecto vuelve a “liar…”, al Certificar que el citado Proyecto NO existe, para así, poder realizar su prohibida obra. Con la agravante que el Ayuntamiento de la Villa de Madrid, hace la vista gorda… e incumple el Art. 35.F. Ley 30/1992.

5º. La OETLCU. de 1997 en sus arts. 50.1.7 y 8 y 50.2. obligaba a la presentación del alzado de tramo/s de calle completos a los que dé la fachada del chalet, unido a la mayor descripción fotográfica. Exigencia que se reitera en los arts. 11 y 17 del APE 05.11; concretamente el art. 17.1.2 resalta la necesidad de un estudio previo del conjunto de fachadas de los chales pareados, con la conformidad entre propietarios. El arquitecto no aportó nada, y el Ayuntamiento no se lo requirió…

6º. La Terraza Descubierta que figura en su omitido Proyecto Original es Intocable, por la Protección volumétrica de la parcela. El Porche de entrada es intocable (admite únicamente, su acristalamiento) art. 17.2 APE. Las dos piezas arquitectónicas citadas, han Desaparecido, ocasionando una INFRACCIÓN GRAVE, (Volumen Añadido…).

A modo de resumen, un propietario-promotor con su amigo arquitecto, “liaron porque se dejó liar…”, al Ayuntamiento de Madrid (Zonas Protegidas), ya que no presentaron ni les fue requerida (sospechosamente) la documentación que obligaba la ley… con un proyecto Nulo de Pleno Derecho (según la Ley) Visado por el Colegio de Arquitectos de Madrid, y así, “Especular con un Chalet Histórico y Protegido”, que a pesar de estar Prohibido, fue “Demolido”, para hacer otro “Nuevo”, también Prohibido.

Ayuntamiento y Comunidad de Madrid (gobernados por el PP), conceden tratos de favor (sospechosamente) por irresponsabilidad, incoherencia ¿y por qué más…?, en un chalet pareado con Protección Volumétrica, de la Colonia Histórica de Madrid (Chamartín). Catalogado según el P.G.O.U.M. en el A.P.E 05.11 de la Unión Eléctrica Madrileña.

El negociado de Zonas Protegidas una vez que son pillados y denunciados, por la licencia concedida, (Mercedes Herrero Pérez, Juan Díaz-Romeral Bringas y Ricardo Galeote Lago, apoyados por el inspector de obras Fernando Cercenado Mansilla) y ratificada por la C.I.P.H.A.N. (otros que tal bailan…) reconocen en Documento Oficial, que cometieron “Sospechosas y Absurdas Negligencias” al no requerir la citada documentación obligada, que hubiese impedido obtener dicha Licencia, hecho éste, por el que proponen a sus superiores (cargos políticos) su Revisión y consiguiente Paralización de la Obra. Lo que nunca llegó a ocurrir por una “Decisión Personal y Política” del Sr. Gerente de Urbanismo (Luis Armada Martínez Campos) que no aceptó dicha propuesta, a pesar de estaba Obligado por Ley.

El citado negociado que yo le llamaría de “Zonas Desprotegidas” se ve obligado a rectificar (Paloma de Frutos Cañamero y Fernando Puerto Martín-Peñato), y donde dijeron “Digo” ahora dicen “Diego”, justificándose dolosamente con unos informes premeditadamente amañados de mala fe, para intentar conseguir su Maquinación Fraudulenta.

Lo narrado terminó en el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo, que en “Sentencia Firme” ratificó los falsos informes del Ayuntamiento (con el aval de la coordinadora general, Beatriz Lobom Cerviá). “El citado Tribunal no sabe, ni se puede imaginar, que fraudulentamente fue engañado y burlado… por unos señores que no dijeron “la verdad de una mentira”, para protegerse unos a otros, y así, conseguir su doloso fin”.

Prueba de ello es, que el Sr. Director General de Gestión Urbanística (Arsenio Ruiz Saenz de Miera) en documento oficial me comunica lo siguiente: Que una vez que conozcamos la “Sentencia del Tribunal Superior”, confía, y cito literalmente, “que finalmente seamos capaces de encontrar una solución que garantice todos los intereses, públicos y privados”. Y así lo demuestra el certificado recibido recientemente de Zonas Protegidas (Pablo Valle Ramos y Antonio Larios Martínez) donde me notifican: La Subdirección General del Desarrollo Urbano, está estudiando la modificación parcial del vigente Plan de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 y “quitar de un plumazo”, la “Protección Volumétrica” de los edificios. Lo que no intenta sino compensar, el cúmulo de despropósitos urbanísticos que llevaron a cometer “UNA INFRACCION GRAVE, POR LA PROHIBIDA VULNERACIÓN DEL VOLUMEN”, y que fue ocultada adrede al Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo.

De este modo, se descubren todas las falsedades fraudulentas que empleó de mala Fe el Ayuntamiento de Madrid, para proteger a un “CARGO POLÍTICO” que antepuso sus intereses particulares a los públicos, maniobrando “AL MARGEN DE LA LEY” y lo que es más grave, se puede llegar a legalizar lo que ahora resulta prohibido.

La justicia me abre una puerta por una posible “MAQUINACIÓN FRAUDULENTA” según el articulo 510.4 de la L.E.C. “Siempre que antes el Ayuntamiento me entregue una documentación, que me es ocultada”.

Es bueno añadir que la misma obra autorizada en el chalet simétrico pareado al mío, a mi me es Negada, “por estar prohibida por la ley”. Hecho que por sentido común obliga a cuestionar, ¿cuándo miente y a quién engaña el Ayuntamiento de Madrid, al certificar al Tribunal Superior de Justicia que la obra es legal, o cuando a mi me certifica que está prohibida…?.

Suma y sigue, ¿Quién es, o era el citado Gerente del PP…?:

El viceconsejero de transportes de la Comunidad de Madrid Luis Armada Martínez Campos fue condenado por desobediencia a un juez…El Juzgado de lo Penal número 20 condenó el pasado febrero del 2003 a Luis Armada, entonces gerente municipal de Urbanismo y ahora nuevo viceconsejero de Transportes, “por un delito de desobediencia [a los jueces]” a una multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y cuatro meses.

Esta pena le fue impuesta por no haber procedido al derribo parcial de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, construida de forma “ilegal” demasiado cerca de un bloque de pisos de la calle de Villa de Marín, en el barrio del Pilar. La iglesia, que ha dado lugar a un litigio de 10 años, sigue en pie… Sin embargo, Armada apeló a la Audiencia Provincial y, el pasado 24 de marzo, la magistrada Carmen Lamela dictó una sentencia en la que revoca en parte el anterior fallo judicial. Esta nueva sentencia, que ya es firme, establece: “La pena de inhabilitación especial supone la privación definitiva del empleo o cargo de gerente municipal de Urbanismo, así como la incapacidad para obtener el mismo y todos aquellos cargos que el acusado pudiera desempeñar dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo durante el tiempo de la condena”.

“Es decir, la sentencia mantiene la condena por un delito de desobediencia, pero aclara que sólo queda inhabilitado para ser gerente de Urbanismo”, no para otros cargos.

Para terminar Sr. Alcalde le añado: al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y tras años de lucha, no pienso tirar la toalla. La Causa, merece la pena…

Sin más, Eloy Peña Rico denunciante oficial del Ayuntamiento de Madrid.

No obstante, como bien dices, en un país avanzado donde este clientelismo no existiese, los recursos administrativos serían un excelente medio de ahorro de dinero, nervios y tiempo (como ya has comentado tú).

Insisto en lo que decía: esa corruptela no es admisible, e incluso es perseguible y debería serlo de oficio incluso por el ministerio fiscal, pues hay algo de prevaricación en el fondo de la misma y muchas veces pasa de corruptela a corrupción (así están enjuiciados un montón de políticos de ayuntamientos, sobre todo de Baleares y Levante, donde más han proliferado este tipo de chanchullos).

También debería ser perseguible que en la resolución de recursos primero se decida la resolución y luego los términos jurídicos. Si estamos defendiendo la función pública por el principio de independencia de sus miembros y luego resulta que dictaminan lo que decide el político de turno para medrar, mal vamos y nos cargamos el sistema e incluso la propia democracia para entrar en una dictadura de las urnas… [y vamos a dejar el tema, que como siempre empiezo a divagar y me voy a otro lado].

Pero ello no debería servir de fundamento para reducir un posible recurso al ciudadano que de buena fe quiere utilizarlo para intentar subsanar lo insubsanable de otro modo; además, y yendo más allá: cuando estos recursos de alzada o reposición no se resuelven o se resuelven de forma temeraria, los juzgados deberían condenar en costas con mayor asiduidad, pues abocan forzosamente al contencioso, con el consiguiente gasto de tiempo, pastón y nervios.

“El acuerdo de aprobación definitiva de un Plan de Urbanismo tiene un aspecto de acto administrativo (el acuerdo en sí adoptado por la Comisión, con sus requisitos de procedimiento, de quórum, etc) y otro aspecto de disposición de carácter general (el propio Plan de urbanismo que se aprueba). Pues bien, la exigencia de agotamiento de la vía administrativa que imponen en el Derecho Autonómico de Cataluña los artículos 294 del TR 1/1990, de 12 de julio y 16.4 de la Ley Autonómica 2/2002, de 14 de marzo, es conforme a Derecho en cuanto se impugne el acuerdo de la Comisión en el aspecto que tiene de acto administrativo, pero no en cuanto se impugne la disposición misma, pues en este último caso el Art. 107.3 de la Ley 30/92 prohíbe la exigencia” (FJ 5).

La verdad es que se trata de una distinción algo artificiosa, que el Supremo acoge, sencillamente, para salvar la validez del precepto autonómico.

Está claro que frente al Plan nunca debió caber recurso en vía administrativa, precisamente porque es una disposición, y ello a pesar de la práctica de las Administraciones urbanísticas.

Pero es distinto el “acto” que aprueba el Plan, que entiendo -o al menos así lo había entendido siempre- sí es recurrible en reposición o incluso en alzada.

Supongamos que el Acuerdo de aprobación del Plan está viciado de incompetencia o existe algún defecto de procedimiento (p.ej. la frecuente falta de sometimiento a informacíón pública). Creo que en esos casos sí debe admitirse el recurso administrativo frente al acuerdo de aprobación, aunque ello suponga cuestionar indirectamente el Plan.

Es más, creo que a eso se refiere el inciso del art. 50.2 del TR de la Ley de Suelo (habla expresamente de los actos de aprobación del planeamiento), y que no es una mera clausula de estilo.

Va bien que nos hagamos “el buen samaritano” con lo de que dando el recurso de reposición ayudamos al personal y demás, pero el ayuntamiento desestimará por defecto si no es por una corruptela de esas (por ejemplo, recalificar el terreno de los amigos o aumentar el nivel de una plaza) que denuncia tan acertadamente Sevach. A saber: en mi ayuntamiento los SSJJ fundamentan en función de lo que dice el político, y no en qué es lo legalmente procedente. Y, si quieres, te gastas un pastón y los nervios en un contencioso en el que, además, no van a condenar a la administración en costas por mucha razón que tengas.

Que sí, que el problema no son los recursos sino los que utilizan la administración no para servir al interés general sino al suyo propio, pero negar la evidencia no ayuda y encima es contraproducente.

Digo que son híbridos porque no siempre esta claro lo que es una disposición y un acto, ya que van dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas, innovan el ordenamiento jurídico en cierto modo, y pretenden perdurar en el tiempo no agotándose en su aplicación, pero tienen ese matiz de acto en cuanto que también se dirigen a una situación concreta de cada uno y se aplican así; y por la forma de elaboración; yo no creo que sea bueno eliminar dicho recurso: primero porque es potestativo y quien quiera puede ir directamente a contencioso; segundo porque no requiere abogado y por tanto gastos; y tercero, porque da la posibilidad de arreglar errores flagrantes que pueden ir más allá del simple error material. Por otra parte, todos sabemos que en el 90% largo de los casos no valen para nada que supere el simple recurso del pataleo, sobre todo cuando no se está dispuesto a gastar dinero y tiempo en posteriores contenciosos; pero como tales también son buenos, pues son una válvula de escape o una posibilidad de “queja” ante la administración; y aunque supongan un gasto de recusos en contestarlo (las pocas veces que se contestan), también son una oportunidad para la administración de enmendar sus fallos o al menos de ver dónde se mueven en un terreno resbaladizo.

Y digo que con matices, porque también en el caso de un recurso de reposición, sobre todo cuando se ve que está fundado y que se puede admitir, habría que dar publicidad y posibilidad de personarse a posibles interesados; o incluso dar la posibilidad de un posible contencioso contra la modificación posterior si se considera que es una disposición de carácter general [al cabo y al fin, aunque pudiera afectar a la seguridad jurídica de lo recurrido, cuando en ejecución de sentencia se modifica una disposición de carácter general, también hay que dar la posibilidad de recurso posterior]. Lo que nunca es admisible es la corruptela que denuncia Sevach de introducir cambios inamovibles por la puerta de atrás.

También es necesaria la posibilidad de recurso indirecto, porque al perdurar en el tiempo, hace que quién no sea interesado inicialmente, pueda serlo posteriormente porque cambien las circunstancias, y si no se encontraría en una situación de indefensión.

De todas formas, eliminar tipos de recursos es eliminar posibilidades de defensa a las personas ante la todopoderosa administración; y no olvidemos que no todo el mundo es abogado para poder ir directamente a un contencioso, ni tendría porque tener que gastar dinero en ello.