El Tribunal Constitucional es una institución que merece el máximo respeto en su afán de afrontar las cuestiones de enjudia que nuestra Constitución le ha encomendado. Sin embargo, hoy día es más difícil conseguir que el Tribunal Constitucional examine el fondo de un asunto que el Tribunal de las Aguas condene a Bin Laden. Veamos sus técnicas de “escaqueo” jurídico, tal  y como lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española: “ Eludir la tarea de una obligación en común”.

1. La primera técnica, de rabiosa actualidad, es inadmitir un recurso de amparo por no haberse planteado el incidente de nulidad de actuaciones. En efecto, la última modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LO 6/2007)  impuso un requisito adicional en el via crucis para agotar la defensa de un  derecho fundamental ante la  agresión de la Administración u otro poder público, consistente en la obligación de plantear frente al auto o sentencia judicial firme, el llamado ” incidente de nulidad de actuaciones”.  Así, un reciente Auto del Tribunal Constitucional recuerda que  no basta con agotar la vía administrativa, ni con impugnar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, ni con interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, sino que antes de acudir al Tribunal Constitucional hay que plantear además un incidente de nulidad de actuaciones ( aunque sea un trámite inútil, que suele en la inmensa mayoría de los casos desestimarse y con costas para el promotor).

Y no olvidemos que la regulación del ” incidente de nulidad de actuaciones” está agazapada en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo que el abogado administrativista con prisas no lo encuentra en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  Y así, se dan situaciones en que el Tribunal Constitucional sorprende al letrado y le da un portazo jurídico en las narices como con el siguiente Auto 10/2010 :

” El Auto – de inadmisión del recurso de casación-, en fin, no era susceptible de recurso alguno, en virtud del art. 93.6 LJCA. El incidente de nulidad de actuaciones era, pues, un remedio procesal -excepcional, sin duda, pero también es extraordinario, además de subsidiario el recurso de amparo (ATC 72/2003, de 27 de febrero, FJ 1)- que habría permitido al Tribunal Supremo reparar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se ha denunciado ante nosotros.(… y así) agotar todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales frente a la resolución que supuestamente la origina, entre los cuales se encuentra el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241.1 LOPJ, establecido como instrumento ciertamente excepcional para que los Tribunales desempeñen con plenitud su función ordinaria de primeros garantes de los derechos fundamentales, según recuerda el preámbulo de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo”.

Es decir, que si antes de formular el recurso de amparo al Tribunal Constitucional no se plantea tal “incidente de nulidad de actuaciones”  ante el último órgano judicial ordinario, pues el Tribunal Constitucional dirá ¡¡ Se siente!¡¡Se siente!!. Y tan panchamente, se inadmite el recurso de amparo y se zanja la cuestión. Y el letrado como nuestro Quijote “quedóse corrido y afrentado de la felonía”

2.  La segunda técnica, si se superan los requisitos formales, radica en rechazar el recurso de amparo por apreciar la “carencia manifiesta de contenido”, concepto jurídico indeterminado que permite despachar fulminantemente lo que se antoja sencillo. Así y todo, si el recurso tuviese fundamento jurídico, ahí está el argumento de “falta de interés constitucional” y de este modo, lo que sus señorías consideran naderías (pese a que poca nadería representa para quien gasta su tiempo y dinero en tales pleitos) hace embarrancar el pleito en el dique seco de las demandas abortadas. Nuevamente merece oir la pomposa argumentación del Tribunal Constitucional en el Auto 274/2009:

“La redacción originaria de la LOTC en su art. 50.2 b) ya preveía la inadmisibilidad del recurso de amparo “si la demanda carece manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional”. Nuestra jurisprudencia pronto interpretó que el designio del legislador orgánico era que se prescindiera del desarrollo total del procedimiento y de la emanación de una resolución en forma de Sentencia, cuando se percibía desde el primer momento con “claridad meridiana” que “la misma en ningún caso podría ser estimatoria” (ATC 52/1980, de 15 de octubre, FJ 2). Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que ha dado al art. 50.1 b) LOTC la redacción a que se ha hecho referencia, continúa siendo inadmisible el recurso de amparo si su contenido no justifica una decisión sobre el fondo del mismo, lo que excluye, como se excluía antes de su vigencia, la tramitación y resolución en forma de sentencia de los recursos de amparo que ya en la fase de admisión aparezcan como insusceptibles de estimación”.

3. La tercera técnica, se ocupa de las cuestiones de inconstitucionalidad que plantean los jueces. No vaya a ser que estos consulten sus dudas y se agobie el constitucional atendiéndoles. Para ellos está la invocación con un expeditivo auto del Tribunal Constitucional apreciando que la cuestión de inconstitucionalidad “fuere notoriamente infundada“. De este modo, un Auto despacha expeditivamente el tema y deja al Juez con serias dudas sobre la constitucionalidad de la norma, patidifuso y con pocas ganas de volver a llamar a la puerta del alto Tribunal pues a nadie le gusta que le digan que su duda (cuyo planteamiento resulta laborioso) está “notoriamente infundada”, y mucho menos le gusta que le dejen con la impresión de que precisamente el Auto que rechaza su cuestión tenga apariencia de incurrir en el vicio que denuncia (“notoriamente infundado”). Por ejemplo, ante una ley autonómica que establece que “se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado”, ámbito donde el bable no es lengua oficial, en vez de admitirlo a trámite y dictar sentencia, el Tribunal Constitucional lo despacha con un simple Auto de 25 de Febrero de 2010 en el que afirma que:

” las dudas de inconstitucionalidad formuladas por el órgano judicial promotor de la cuestión de inconstitucionalidad están manifiestamente infundadas”.

4. La cuarta técnica, referida a los recursos de inconstitucionalidad, consiste en dejarlos fermentar y  pudrir, como en el caso del Estatuto de Cataluña, ejemplo vergonzante de cómo un Tribunal de prestigio, olvidando las elementales reglas de deliberar y votar, se enreda en una difusa estrategia de búsqueda de consenso durante mas de tres años. Tal conducta merecería la condena del Tribunal de Derechos Humanos por dilaciones indebidas tal y como aventuré en otro post anterior.

Por todo ello, diríase que el Tribunal Constitucional es maestro en el arte de no complicarse la vida, y no es extraño que el Tribunal Constitucional no haya acogido el lema de la Real Academia de la Lengua Española: “limpia, fija, da esplendor”.