En tiempos en que el poder público está debilitado y en que el Derecho se convierte en juguete de políticos y grupos de presión, hay que felicitarse de que ante el abuso, intransigencia y fraudulenta conducta de los controladores aéros para boicotear el tráfico aéreo español, el Estado haya desempolvado sus poderes extraordinarios y ha aprobado, por un lado, el Real Decreto 1611/2010, de 3 de diciembre, por el que se encomienda transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo atribuidos a la entidad pública empresarial AENA ( o sea,  la fórmula Reagan: supervisión militar  y aplicar el Código Penal militar a quienes desobedecen las órdenes), y por otro lado, ha aprobado el R.D1673/2010, de 4 de Diciembre por el que se declara nada menos que el Estado de Alarma por paralización de servicios esenciales que suponen una calamidad pública ( o sea, suspender derechos laborales y acordar la intervención de un servicio esencial como es el aeroportuario).

1.El Estado de Alarma es una situación excepcional que requiere medidas excepcionales y por ello, la propia Constitución encomendó a la ley orgánica que precise sus requisitos y consecuencias. Ante la situación planteada por los controladores, interesa especialmente las consecuencias que contemplan los artículos 9 a y 10 de la Ley Orgánica 4/81 de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio (BOE 5/6/81):

1. Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

2. Cuando la Autoridad competente sea el Presidente de una Comunidad Autónoma podrá requerir la colaboración de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales.

Artículo 10.1. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.”

2. Alguien podría decir que activar el Estado de Alarma o la Militarización de los aeropuertos para atajar una pueril excusa de baja médica generalizada ( “mamá,no quiero ir al colegio, dijo el controlador”), resulta algo así como “matar pájaros a cañonazos”. O aducir que se sienta un precedente peligroso para otras quejas, huelgas o similares reivindicaciones laborales de otros colectivos. O alertar de que son medidas fascistas contra trabajadores que sólo luchan por trabajar menos y cobrar más.

3. Sin embargo, para Sevach ambas medidas públicas adoptadas por un Gobierno ante un fundado clamor popular,  no son actos dictatoriales, ni atropello de humildes trabajadores, sino equitativa reacción del Estado ante un centenar de controladores aéreos que provocan estragos para mantener sus privilegios.  Un contexto de crisis económica en que el sector hotelero y turístico en general se ve tambaleado en  uno de los puentes festivos ( de la Constitución) mas utillizados del año. Una situación en que ciudadanos inocentes ver esfumadas sus ilusiones ( viajes culturales), necesidades (reencuentros familiares o desplazamientos sanitarios), o la efímera evasión de los problemas diarios (ocio). Una tensión que realmente encierra un conflicto entre unos pocos trabajadores (controladores aéreos) y unos millones de trabajadores ( los viajeros) pues el derecho a mejorar el salario de aquéllos no es de superior rango que el derecho al descanso de éstos. Y todo ello provocando un “daño moral masivo” tan difícil de cuantificar como innegable en su perpetración: horas de espera en aeropuertos, zozobras, angustia sin cuento, pérdida de oportunidades profesionales, eventos pospuestos… con la secuela de ira, impotencia y crispación generalizada, que no es poco. Ello sin olvidar la imagen internacional de un Estado débil que no ayuda precisamente a salir de la crisis.

4. Sin embargo, no se trata tanto de que el Estado gane esta batalla sino de que gane la guerra. De que el problema se zanje para el futuro. De nada sirve que los controladores vuelvan a su guarida y tras recomponer su estrategia, vuelvan a sus “brotes chantajistas” con ocasión de las vacaciones navideñas o de verano. Recordemos el precedente del pasado verano que mereció un enérgico post.  La historia se repite sólo para quienes no tienen memoria. Y soluciones hay. Si el Gobierno aprobó un Decreto- Ley disponiendo un tijeretazo que recortaba seriamente las retribuciones de dos millones de funcionarios, no es mucho pedir que se promuevan leyes que de una vez por todas solucionen esta lacra.