Dado el inmenso número de litigios que afectan a las Administraciones Públicas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (mas de cien mil anuales en tendencia incrementalista) y el colapso técnico que padecen los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, el Ministerio de Justicia, previo dictamen favorable del Consejo de Estado, en una medida sin precedentes en la tradición española, ha incorporado al Anteproyecto de Ley de medidas de agilización procesal la técnica de la “sentencia presunta” a imagen y semejanza del  añejo instituto del “silencio administrativo” si bien en la vertiente procesal.

1. Aunque el Ministerio guarda silencio sobre esta técnica del “silencio procesal”, se ha filtrado que girará en torno a las siguientes líneas nucleares:

-  El silencio será positivo en primera instancia, ante Juzgados y Salas de lo Contencioso-Administrativo si no se dicta sentencia dentro del plazo de los seis meses siguientes a la demanda. Será positivo puesto que la demora en resolver se debe al deficiente funcionamiento del servicio público de la justicia y por ello la sentencia ha de condenar a la Administración Pública.

Se excluye la operatividad del silencio positivo en: a ) Litigios que versen sobre derechos fundamentales; b) Litigios que versen sobre el dominio o servicio público: c) Litigios cuya estimación por silencio perjudica a terceros.

-       El silencio será negativo en segunda instancia, puesto que ya se ha dictado una sentencia por órgano imparcial en primera instancia por lo que la presunción de acierto juega en favor de ésta.

2. Dichas medidas aunque han sido duramente criticadas por el Consejo General de la Abogacía ( su Presidente ha acusado de que “el silencio procesal pretende amordazar la voz de los letrados”),  responden al resultado de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, donde resulta que el 92% de los españoles implicados en litigios frente a la Administración Pública, una vez transcurridos seis meses esperando la sentencia, pasan a situaciones tan distintas como la indiferencia o a la desesperación, pero teniendo en común el percibir de mayor importancia la rapidez que la justicia en la solución al conflicto. Asimismo, la Unión Europea impone la máxima celeridad en tales litigios para evitar que el motor económico de las Administraciones Públicas y de los agentes económicos se ralentice por amplios “tiempos muertos” ante los órganos jurisdiccionales.

3.Con estas medidas, en cinco años la justicia española mejorará sensiblemente: eliminará la crónica bolsa de pendencia de litigios, las plantillas judiciales podrán amortizar plazas, el presupuesto del Ministerio de Justicia se saneará y el ciudadano podrá respirar satisfecho con su sentencia bajo el brazo. El problema es que tal sistema mecanicista perjudique a inocentes, por cierto, cuya festividad se celebra hoy, 28 de Diciembre de 2010.