Dicen que los Alcaldes, concejales y otras autoridades locales (aunque algunas veces se suman autoridades autonómicas o estatales), suelen acudir a congresos en lujosos hoteles de la capital del reino. Hacen la maleta para unas jornadas de formación en liderazgo o  gestión pública, en Hoteles de muchas estrellas, pocas ponencias, bonitos regalos y abundante tiempo libre con el correspondiente programa de ocio. Con cargo al presupuesto, claro. Su preocupación primaria es descubrir los trucos de sus colegas para sortear la crisis económica. En los pasillos y ágapes no faltan quejas frente a los empleados públicos, funcionarios de habilitación nacional y otros capaces de decirle al  Rey “que está desnudo”. Y de rebote, protestan por  los jueces y otros extraños sujetos que tienen la osadía de intentar controlarles. Y a los postres, sí a los postres, es cuando discretamente se pasan de mano en mano el Codex Politicorum (algo parecido al Código da Vinci de la vida local), que encierra las diez vías para eludir la ejecución de una sentencia firme contraria a sus intereses.

 

1ª Recurrir la sentencia. Hay que plantear recursos de apelación, o de casación, o al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No importa que el recurso no sea admisible o no tenga visos de prosperar, pues lo decisivo es ofrecer la versión al público de que “la sentencia está recurrida” y por eso no se ejecuta.

( Mientras va y viene, por el camino se entretiene).

2ª Plantear un incidente de nulidad de actuaciones, por incongruencia de la sentencia o lesión de algún derecho fundamental. No importa que esté infundado ni que no prospere, ni que los tribunales impongan las costas procesales, pues lo importante es posponer la eficacia de la sentencia.

( Mientras va yendo, se sigue entreteniendo).

3ª Ante la sentencia firme, y agotados los recursos imaginables, plantear incidentes de inejecución de sentencia esgrimiendo su imposibilidad, pérdida de objeto o similar. No importa que sea una argumentación inconsistente, pues lo importante es seguir aplazando la puesta en práctica de la sentencia.

( Y mientras sigue danzando, el tiempo va pasando).

4ª Agotados los incidentes de la sentencia firme, promover la legalización del acto ( aprobando la Ordenanza o reglamento si fuere posible) o incluso promover una ley para que los correligionarios de partido desde el parlamento puedan hacer legal lo que fue declarado ilegal. No importa que la ley sea inconstitucional pues lo importante es que la sentencia firme quede desactivada y el juez baraje si debe o no plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

(Quien hace la trampa, hace la ley).

5ª  Si no hay posibilidad de tal Ley-esponja sanadora, encomendar la negociación con los beneficiarios de la sentencia , confiando en que la sentencia no suele ejecutarse de oficio.

(Todos tenemos un precio).

6ª  Si falla toda negociación, simular que se acata la sentencia, mediante su ejecución aparente o  formal y no cambiar nada de nada de la realidad, intentando engañar al juez.

(  Lo importante es vencer, no convencer)

 

7ª  Si no hay manera de superar la obstinación judicial en que la sentencia se ejecute, criticar despiadadamente al juez, y acudir con la artillería de los medios de comunicación, siendo muy útil recordar que Fuenteovejuna se alzó frente al corregidor ( muy útil recordar que, al fin y al cabo,  al juez nadie le ha elegido).

( Los fines justifican los medios)

8ª  Como con tantas escaramuzas ha transcurrido mucho tiempo, es hora de volver a plantear el incidente de inejecución por el tiempo transcurrido, para que el pleito engorde y se barajen sus documentos.

( A la tercera, va la vencida … otra vez)

9ª Promover acciones penales de distracción en algún aspecto conexo con los autos para que por la preferencia de las cuestiones penales, la ejecución administrativa quede en vía muerta.

( La estrategia del limpiaparabrisas: Si no puedes parar la lluvia, al menos permite avanzar).

10ª Si todo eso falla, romper este decálogo y sencillamente la autoridad debe mirarse al espejo fijamente y decirse mil veces con voz alta y lenta: “ Tomé posesión y juré acatar la Constitución, mi poder viene del pueblo y debo cumplir lo que el pueblo ha querido: que se cumplan las sentencias dictadas por jueces independientes”.

Y no falla. Mientras se lee mil veces esta sencilla frase,  la ejecución de la sentencia quedará aplazada pero si todavía no lo entiende, queda claramente el camino abierto para la incapacitación de la autoridad pues no ha captado algo tan elemental como que el poder público no es un juego para niños ni para sinvergüenzas.