Si hubiese un ranking de los motivos impugnatorios mas vertidos en demandas contencioso-administrativas, posiblemente estaría encabezado por el de indefensión, y buena parte de ellos por la falta de concesión del trámite de audiencia. La contienda versa sobre la queja de un particular que se sorprende de la decisión administrativa adoptada a sus espaldas y la prepotencia de una Administración que la consideró innecesaria. La recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de Enero de 2012 (rec.6469/2012) resume el estado de la cuestión de forma clara y sencilla.

1. Veamos lo que nos dice la Sentencia:

“En el segundo motivo de casación se denuncia la infracción del artículo 112.2 de la Ley 30/1992, que al regular el derecho de audiencia en el recurso de alzada dispone que “…si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente”. Como dicho trámite fue omitido en la sustanciación de los recursos de alzada (…)la recurrente entiende, en contra del criterio de la sentencia, que debe ser anulada la resolución del Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de 30 de enero de 2008 que resolvió tales recursos de alzada.                                         

                                            El motivo así planteado no puede ser acogido.   En sentencia de esta Sala de 12 de diciembre del 2008 (casación 2076/2005) tuvimos ocasión de recordar que:

” la omisión del trámite de audiencia en procedimientos no sancionadores no constituye en sí misma o por sí sola ninguna de las dos causas de nulidad de pleno derecho previstas en las letras a) y e) del número 1 del artículo 62 de la Ley 30/1992, sino que queda regida por la previsión del número 2 del artículo 63 de la misma Ley, de suerte que sólo determinará la anulabilidad del acto dictado en el procedimiento en que se omitió si dio lugar a una indefensión real y efectiva del interesado. En este sentido, y por todas, puede verse la sentencia de 16 de noviembre de 2006 (casación 1860/ 2004), en la que, con cita de otras, se recuerda también que para afirmar si se produjo o no esa situación de indefensión real y efectiva han de valorarse las circunstancias singulares de cada caso en concreto, incluidas las posibilidades de defensa que haya podido proporcionar el propio procedimiento administrativo en que se omitió aquel trámite, el recurso administrativo, si lo hubiere, y el mismo recurso jurisdiccional>>.                                      

                                            A lo anterior debe añadirse que, según doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, las situaciones de indefensión han de valorarse según las circunstancias de cada caso, y no nacen de la sola y simple infracción de las normas procedimentales sino cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con perjuicio real y efectivo para los intereses afectados, no protegiéndose situaciones de simple indefensión formal, sino aquellos supuestos de indefensión material en los que se haya podido razonablemente causar un perjuicio al recurrente, lo que difícilmente se produce por la propia existencia de este proceso contencioso administrativo en el que la parte ha podido esgrimir cuantas razones de fondo ha tenido por convenientes para combatir el acto impugnado (véase, por todas, la STC 35/1989).

A lo anterior debe añadirse que, según doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, las situaciones de indefensión han de valorarse según las circunstancias de cada caso, y no nacen de la sola y simple infracción de las normas procedimentales sino cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con perjuicio real y efectivo para los intereses afectados, no protegiéndose situaciones de simple indefensión formal, sino aquellos supuestos de indefensión material en los que se haya podido razonablemente causar un perjuicio al recurrente, lo que difícilmente se produce por la propia existencia de este proceso contencioso administrativo en el que la parte ha podido esgrimir cuantas razones de fondo ha tenido por convenientes para combatir el acto impugnado (véase, por todas, la STC 35/1989).                                        

                                           En el caso que nos ocupa, la Sala de instancia, aunque a decir verdad sin muchas explicaciones, negó que se hubiese causado indefensión a la recurrente, circunstancia que ha de concurrir para que la omisión del trámite de audiencia pueda proyectar consecuencias anulatorias en la resolución combatida. Y es que en el recurso de alzada que la propia recurrente dirigió contra la aprobación definitiva del Plan de Ordenación y de su Texto Refundido aducía que los aprovechamientos que tenía derecho a conservar (según el convenio suscrito y la previsión de la ficha del sector PP-1) resultaban inviables con la ordenación prevista en el Plan aprobado para ese sector. Por tanto, aunque no se le dio intervención en el recurso de alzada interpuesto por terceros, en su propio recurso de alzada la recurrente tuvo ocasión de manifestar su posición, y efectivamente lo hizo, por lo que no resultó menoscabado materialmente su derecho de defensa.”

 2. Por tanto, pese a la dificultad de establecer reglas generales en el campo de minas de la casuística, podemos afirmar:

- La omisión del trámite de audiencia solo determina la nulidad de pleno derecho en los procedimientos sancionadores. Y aquí puede estar el gazapo, ya que existen los calificados “procedimientos cuasisancionadores” de contenido desfavorable o que encierran actos de gravamen y que sin embargo no son técnicamente “sanciones” con lo que se escapan de las garantías que son propias del poder represor del Estado ( presunción de inocencia, separación de instructor, proporcionalidad,etc); es el caso de los procedimientos de revocación de subvenciones por desaparecer los requisitos de concesión, los procedimientos de revisión de oficio, recargos tributarios, multas coercitivas, etc). En estas no se aplican las garantías constitucionales y legales propias de las sanciones.

- La omisión del trámite de audiencia en los procedimientos no sancionadores será invalidante en los casos en que exista real indefensión ( esto es, que la falta de audiencia haya provocado un atropello real porque se ha privado a la parte de exponer argumentos o circunstancias que pudieran resultar objetivamente relevantes), pero determinará solamente la anulabilidad ( esto es, sujeta al plazo de cuatro años, admite convalidación, cabe que el acto quede consentido y firme, etc). 

- La omisión del trámite de audiencia en los procedimientos no sancionadoras será una mera irregularidad no invalidante cuando solo se trate de la omisión formal del trámite pero no se demuestre la relevancia de tal trámite para poder alegar extremos objetivamente relevantes.

 3. La doctrina sentada vale tanto para la omisión del trámite de audiencia en vía de decisión administrativa (art. 84 Ley 30/1992) como en vía de recurso administrativo ( art.112.2 Ley 30/1992). En vía jurisdiccional es sabido que la indefensión de una parte, bien por no haber sido emplazada siendo interesado o bien por habérsele privado de alegaciones o prueba, puede determinar la nulidad de actuaciones con la consiguiente retroacción del procedimiento.

 4. De este modo, no todas las “audiencias” tienen el mismo peso invalidante. Otro problema mas crucial y pragmático radica en que si se constata esa falta de audiencia relevante, ¿qué es mejor para las partes y la justicia?,¿ que por economía procesal se dicte la Resolución judicial sobre el fondo litigioso, o que se disponga la retroacción de actuaciones y dejar al recurrente atrapado en el tiempo?. Aquí el Tribunal Constitucional y los Tribunales Contenciosos sufren cierta esquizofrenia jurídica.

 En unos casos, el viejo carácter revisor de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa anclado en la prohibición de sustituir a la Administración en sus decisiones, determina la vuelta a la casilla de salida del procedimiento. En otros casos, la tutela judicial efectiva sin dilaciones y la economía procesal determinan que de forma directa y sin rodeos se dicte sentencia sobre el fondo, aunque para ello es preciso contar con todos los elementos de juicio.

  Por eso, parafraseando a Campoamor podría decirse que “la falta de audiencia ni es irrelevante ni invalida, todo es del color del cristal jurídico con que se mira”.