Enemigo que huye, puente de plata. Esa es la regla que parece inspirar la regulación del desistimiento en los recursos contencioso-administrativos. Esto es, cuando el recurrente enfunda la espada del recurso y se retira, no será humillado con pagar las costas de la aventura.

     En lo contencioso-administrativo cuando alguien desiste del recurso, bien en primera instancia, apelación o casación, la otra parte (que ha incurrido en lógicos gastos de personarse o estudiar el caso) suele reclamar la condena en costas a quien desiste y rehúsa el litigio.

  Pues bien, un recientísimo Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aclara tan importante cuestión, poniendo fin a la dispersión de criterios al respecto.

 1. En efecto, el  Auto de fecha 13 de Noviembre de 2012 (rec.4876/2011) dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, incluye el razonamiento jurídico mas breve del mundo pero también mas elocuente:

“ El artículo 74.4 de la Ley Jurisdiccional no  prevé la condena en costas preceptiva en los supuestos de desistimiento, a lo que ha de añadirse el criterio de esta Sala de favorecer y no dificultar dicho acto, siendo una manera de cumplir la finalidad pretendida, la no imposición de costas”.

 Y en consecuencia rechaza el recurso de la Abogacía del Estado en que solicitaba la imposición de costas al particular que desistió.

 2. De ahí derivan dos importantes conclusiones:

A)               Aunque el régimen general de las costas en lo contencioso-administrativo sea ahora el vencimiento, cuando se trata de un pleito que se ultima por desistimiento la regla general será justamente la inversa, esto es, la no imposición de costas. El Tribunal Supremo considera que si se imponen las costas ningún interés tendría la parte en desistir lo que provocaría el consiguiente mantenimiento del litigio hasta su ultimación (costes, tiempos y trámites inútiles).

 B)               No resulta aplicable supletoriamente el art.396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone que “ Si el proceso terminara por desistimiento del actor, que no haya de ser consentido por el demandado, aquél será condenado a todas las costas. Si el desistimiento que pusiere fin al proceso fuere consentido por el demandado o demandados, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes”.

3. La reciente Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, de Tasas Judiciales establece el criterio de que quien recurre – si no es una Administración pública- ya ha pagado la tasa judicial (devengada con la demanda o  recurso) de manera que los términos del art.8.5 de dicha Ley  sobre la devolución de la cuota en caso de desistimiento son altamente discutibles puesto que la devolución parcial (del 60%) se limita a cuando “ se alcance una solución extrajudicial del litigio” precisión que parece encajar en sentido estricto en el art.77.3 LJCA (“acuerdo que implique la desaparición de la controversia”) pero no el desistimiento acogido en el art.74 LJCA.

 4. Por tanto, aplicando aquello de “perdidos al río” puede que el desistimiento no se vea muy estimulado dado que la tasa posiblemente no se recuperará, aunque justo es tener en cuenta que el horizonte de un pleito perdido con la posible condena en  costas puede aguijonear el sentido común del recurrente y optar por el desistimiento. O sea, hay que salvar del naufragio procesal lo que se pueda.

5. Así, es normal como regla general, que no se impongan las costas a quien desiste ya que tal conducta procesal suele responder a razones objetivas que desaconsejan seguir el pleito: recibido el expediente se observa la razón de la Administración; la prueba practicada no favorece a la parte y abona claramente la tesis contraria; mientras se desarrolla el pleito sobrevienen sentencias del mismo  o superior órgano judicial en sentido contrario a la tesis del recurrente; el cliente arroja la toalla porque no quiere esperar tiempo y asumir costes; el recurrente quiere reconciliarse con la Administración y no tener litigios abiertos (ej.contratista, funcionario,etc).

 6. Sin embargo, en otros casos excepcionales, el desestimiento llega tarde y mal.  Así,  una cosa es que la regla general sea no imponer costas y otra muy distinta, que si el juez o tribunal percibe claramente que el recurso fue guiado por voluntad retardatoria  o perversa, unido a que el desistimiento se hizo el remolón hasta un tiempo muy avanzado del proceso, lógicamente podría el órgano jurisdiccional bajo ese comodín que es el “prudente arbitrio” apreciar razones suficientes para imponer las costas. Ello sin olvidar que en este caso también se podría limitar la cuantía máxima de costas a imponer, para ajustarse al caso concreto.