Contencioso.es

Contencioso es un pedazo de la blogosfera pública

Justice on the ALbert V Bryan Courthouse in Alexandria VA sends mixed messages.

Hace poco ponía de relieve en un inflamado post la esperanzadora tendencia del Tribunal Supremo hacia la reconquista del pleno control jurisdiccional en materia de oposiciones y concursos, en línea con el asalto a los reductos injustificados de discrecionalidad técnica hábilmente desmontados por el Catedrático Tomás Ramón Fernández en el artículo publicado en la Revista de Administración Pública, num.196, En/Ab 2015, significativamente titulado “La discrecionalidad técnica: un fantasma que se desvanece”.

 

Tengo por norma no divulgar en el blog las sentencias “próximas” (en el espacio y en el corazón) pero como toda norma tiene su excepción si se trata de algún caso especial que puede aportar algo al conocimiento jurídico, y llevo a cabo un ejercicio de autocontención para no comentarla, como el de la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 12 de Junio de 2015 (rec.10/2015) que se adentra a machete en el mundo del control de la discrecionalidad técnica en la valoración de ejercicios de oposiciones. Veamos.

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Define la Real Academia de la Lengua al “gazapo” como “Yerro que por inadvertencia deja escapar quien escribe o habla”.

 

Viene la caso porque la escritura en el ámbito procesal es una herramienta esencial para comunicar posiciones y estrategias entre las partes y el juez. Sin embargo hoy día, ya sea por los avances tecnológicos, porque se lee poco y escribe mucho, porque lo urgente desplaza lo importante, porque se prima el fondo sobre las formas o por cualesquiera otra razón, lo cierto es que la mayoría de los escritos procesales cumplen su misión con dignidad pero no faltan ovejas negras que dejan en mal lugar al rebaño (y para los suspicaces que ya habían desenfundado el colt, tales errores se predican tanto de los escritos de abogados como de fiscales o jueces, aunque insisto en que como hablamos de “letrados” no es una patología generalizada sino un fenómeno ocasional pero doloroso cuando se manifiesta).

 

Veamos una sencilla clasificación de errores menores (o “gazapos”) de los escritos procesales y algunos consejos que tengo el atrevimiento de formular, al margen de todo academicismo pero con leal vocación de ayudar a mejorar.

 

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SupremoLa Administración a veces da la callada por respuesta y cuando el particular impugna la desestimación presunta, aquélla despierta de su letargo y dicta una resolución expresa. El problema viene dado por los tiempos y las formas.

Los tiempos porque el abogado diligente formula la demanda frente a la actuación presunta desestimatoria y a veces no tiene conocimiento de que la Administración “de puntillas” dicta una Resolución expresa, que notifica al cliente. Y llegado el día de la vista oral, a veces el abogado se queda patidifuso cuando escucha a la Administración oponer que la desestimación presunta quedó sin objeto por haberse dictado una resolución expresa por la Administración y que está intacta al no haberse impugnado expresamente.

Pronto la jurisprudencia reaccionó con sentido común. Si la respuesta expresa era desestimatoria, y dado que se impugnó inicial y únicamente la desestimación presunta… ¿qué sentido tiene ampliar el objeto a aquélla resolución expresa?. Ninguno. Y por eso la jurisprudencia consideraba innecesario e irrelevante impugnar adicional y expresamente el acto desestimatorio ulterior.

En cambio, si la respuesta expresa era estimatoria, aunque fijando determinadas condiciones o limitaciones, que modificaban el sentido negativo combatido, la jurisprudencia consideraba que el particular tenía la carga procesal de ampliar el objeto impugnatorio.

Quedaba por resolver lo que ahora el Supremo zanja de un plumazo y que es lo mas frecuente. ¿Qué sucede si la resolución expresa solo contiene la estimación parcial?. ¿Si se combaten varias partes de un acto y solo se estima alguna petición o condición?. O pensemos en el caso habitual del ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial en que se solicita 100 de indemnización y el particular formula la demanda frente a la desestimación presunta. Si la Administración con posterioridad estima parcialmente el recurso y concede 5, hasta ahora no faltaban sentencias que consideraban que si no se impugnaba esta última resolución, se alzaba el muro de un nuevo acto firme y consentido que privaba de objeto la impugnación de la desestimación presunta. El particular se quedaba perplejo.

Pues bien, ahora el Supremo tercia con sentido común y sigue por la senda antiformalista y protectora en la reciente STS de 15 de Junio de 2015 (rec.1762/2014), que me atrevo a calificar de auténtico hito procesal:

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Diccionario jurisprudencial¿Ambicioso titular, eh?.

Hay muchos y muy buenos libros sobre el proceso contencioso-administrativo. Lo que no abunda en los juristas son las ganas de profundizar en cuestiones académicas o recibir lecciones teóricas; como tampoco es tiempo de perder el idem en ir a la deriva por el océano jurisprudencial buscando la boya o islote de la sentencia que resuelva el caso concreto que nos ocupa y/o preocupa.

Por eso, nos pareció buena idea (a DOLORES GALINDO GIL y al que suscribe, JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA, ambos magistrados especialistas en lo contencioso-administrativo) acometer una obra que reuniese las tres “Bes” clásicas (bueno, bonito y barato) en cuanto a jurisprudencia contencioso-administrativa.

 

  • Lo “bueno” viene de la utilidad de la obra. Se trataba de ofrecer sentencias actuales, en los fragmentos cruciales y que diesen respuesta rápida a encrucijadas procesales reales. De ahí el formato de “Diccionario” para facilitar la localización a velocidad de relámpago del instituto o cuestión procesal – por orden alfabético- y a renglón seguido obtener  la sentencia o sentencias que dejan sentada doctrina o criterio. Por algo barajamos otros títulos alternativos y evocadores como “Vademecum jurisprudencial”, “Breviario de jurisprudencia” o “La jurisprudencia contencioso-administrativa de la A a la Z”.

 

  • Lo “bonito” viene de la bondad técnica del trabajo desarrollado por El Consultor-La Ley, que tras una preciosa portada y una primorosa labor editorial, nos ofrece una estructura y composición agradable a la vista, con el vocablo destacado, seguido de nuestra breve pincelada explicativa del mismo (para juristas con prisa) y acto seguido el fruto de las sentencias o autos del Supremo, Audiencia Nacional o Tribunales de Justicia. El resultado es un libro manejable por sus páginas (460) y por su tamaño, fácil de tener a la vista en la mesa de despacho, en el portafolios, en estrados o incluso en el bolsillo. Un libro jurídico prêt-a-porter.

 

  • Lo “barato” resulta de su precio, que gira en torno a los 50 euros, de manera que solo con encontrar entre sus 460 páginas una respuesta judicial al caso concreto que nos ocupa, y que sirva bien como estrategia de ataque, bien como argumento de defensa, o sencillamente para no quedar patidifusos ante una artimaña procesal, se habrá amortizado con creces el coste de la obra.

 

Pero déjenme que les convenza de las bondades de la obra. Continue Reading

Presentation

Para la mayoría de las personas lo de impartir charlas, ponencias o conferencias es un chollo. Hablas de lo que quieres, como quieres y te pagan. Nada de eso. Confieso que me paso la vida explicando que no es ninguna bicoca y que los tiempos de “vacas gordas” han pasado.

Personalmente ofrezco algunas charlas porque disfruto hablando si noto que me prestan atención (un defecto humano) pero si hiciese números en función de costes de tiempo de preparación, sacrificio de ausencia para la familia y ocio y además el trance de someterse al examen implícito de los asistentes en toda charla, el balance resulta ruinoso.

Pero ahora, como es sábado, me apetece exponer tras muchos años de conferencias, charlas y ponencias sobre temas jurídicos, superado el miedo escénico de la primera etapa y tras la necesaria humildad de la segunda (cuando reconoces que muchos asistentes bien podrían estar en tu lugar hablando del tema), los veinte  momentos en que el ponente se siente realmente incómodo en el trance que le ha tocado en suerte. Todos son reales y vividos por mí, aunque estoy seguro que muchos lectores tienen sus propias e interesantes experiencias.

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EL SUPREMO VIGILANTE

EL SUPREMO VIGILANTE

La crisis económica ha sido la coartada para la aprobación de numerosos Decretos-Leyes con las bendiciones del Tribunal Constitucional por considerar que justifica la “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que impone el art.86 de la Constitución.

Sin embargo, algunas Administraciones Públicas aprovechan para invocar esa “crisis económica” o su equivalente de “austeridad presupuestaria” sin mayores precisiones para justificar la amortización o modificación de contratos públicos, para dejar sin efecto derechos de funcionarios o para negar la expectativa cualificada de prolongación del servicio activo mas allá de la jubilación normal a los sesenta y cinco años, como en el reciente caso zanjado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de Junio de 2015 (rec.1513/2014).

El interés de esta sentencia es notable e impone  comentarlo. Continue Reading

sobrevivir a la profesionSi el amor en los tiempos del cólera era difícil, vivir de la abogacía en tiempos de turbulencia jurídica se ha convertido para muchos profesionales en un via crucis. Para facilitar a quienes se agitan en las turbulentas aguas de la profesión, bien por ser recién graduados en derecho o bien por sentirse como prisioneros en un ascensor entre dos pisos (el de quienes quienes no salen del turno de oficio y quienes tienen éxito con clientela consolidada), me ha parecido oportuno (a sugerencia de varios lectores del blog) aglutinar en una entrada muy visual las distintas caras de la profesión.

 

Una especie de kit de supervivencia, pues compruebo por amigos y compañeros que en la profesión de abogado habrá colectivos de tremendo éxito y que surfean en la cresta de la ola, pero para muchísimos otros es durísimo… Continue Reading

universidadesLas recientes medidas de recorte de gasto de personal y particularmente las limitaciones de tasa de reposición de efectivos han provocado el tajante pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para reconducir al redil de las restantes Administraciones Públicas su tradicional política asilvestrada de crecimiento de plantillas.

 

En efecto, la autonomía universitaria propició la consolidación de las Universidades y su crecimiento en tiempos de bonanza. Esa comunidad académica, acostumbrada a plantillas expansivas, con becarios y contratados pugnando por plazas docentes y con infinidad de “acreditados sin plaza”, acostumbrada al juego de “la persona crea la plaza”, se negó a someterse al dictado del cepo que suponía el Decreto-Ley 20/2011 en cuanto limitaba al 10 por ciento la tasa de reposición de efectivos.

 

Buena parte de las Universidades se apoyaron en la finalidad del precepto que no era otra que no se incrementara el gasto de personal, y conscientes de que las tendencias endogámicas harían posibles la promoción de contratados a titulares y de estos a Catedráticos “de la casa”, se lanzaron a aprobar convocatorias pues al fin y al cabo, se trataba de promociones internas ya que si nadie vendría “de fuera” y se amortizaba la plaza de origen, no habría incremento de gasto. Y la abogacía del Estado, se lanzó a impugnarlas…. el conflicto judicial estaba servido y sobre el tapete el futuro de plazas y profesores. Veamos el desenlace y el mensaje

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