Publicado el Manual de Simplificación Administrativa: mucho ruido y pocas nueces

Manual de Simplificación El Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas para la Administración General del Estado publicado en el BOE de 9 de Octubre es resultado de una propuesta de la Subcomisión de Simplificación Administrativa de la Comisión interministerial para la Reforma de las Administraciones Pública (CORA), creada en octubre del año 2012  con el sano objetivo de trazar una hoja de ruta de reformas de las Administraciones Públicas para reducir su tamaño, dotarlas de flexibilidad y mejorar su eficacia. Y ello mediante criterios generales, claros y aplicables en todos los ámbitos administrativos, superando las medidas puntuales, sectoriales y a corto plazo.

En suma, parte del significado de “Simplificación” en el Diccionario de la Real Academia considerando “simplificación administrativa” la actividad dirigida a hacer “más sencilla, más fácil y menos complicada” la actuación de las Administraciones Públicas.

Entusiasmado por la iniciativa, me lancé gozoso a la lectura de tan prometedor documento, aunque aviso que la Odisea de Ulises en el retorno a Ítaca es un juego de niños al lado de la proeza que se me ofreció. Veámoslo.

Del viejo truco de dar una subvención para compensar un gravamen

alcalde corrupto Los tributos no le gustan a nadie, y si son tributos locales que la legislación sobre Haciendas Locales no los establece como potestativos y solo permite pequeñas bonificaciones, es posible que algún avispado candidato a Alcalde prometa compensar a los contribuyentes con subvenciones en cuantía equivalente al gasto que supone.

Un bonito ejemplo nos lo ofrece el caso resuelto por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Mayo de 2014 (rec.3775/2010) que confirma la sentencia de la Sala cántabra que declaró la invalidez de una Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que minoraba el recibo del IBI con el importe de la subvención otorgada al contribuyente empadronado en el municipio. O sea, si la Ley no da la exención total ni parcial, o si la bonificación legal es pequeña, pero se quiere ser demagogo con los ciudadanos pues se desempolva la máquina de subvencionar y todos tan contentos.

No se convierta en su propio abogado

abogadoDicen en EEUU que quien se defiende a si mismo tiene por cliente un tonto. Yo no diría tanto pero resultaría imprudente olvidarse de que las visiones parciales e interesadas obnubilan la razón, por la humana tendencia a imponer su punto de vista por encima de las reglas de juego procesal, que el común de los ciudadanos no entiende y se negará a comprender.

La ofuscación no es el mejor camino para la victoria judicial, y no hay mejor “cámara de enfriamiento” que exponer el caso a un profesional y que éste lo examine con serenidad y realismo y sepa desvelarle e incluso convencerle de algunas verdades amargas como medicinas pero que curan: que a veces una retirada es una victoria; que quizás no merece la pena luchar por el fuero en vez de por el huevo; que las ruedas de las leyes pueden no ir por la misma senda que las de la justicia; que quizás el desenlace del litigio pondrá en las espaldas del cliente en vez de uno, dos o mas problemas…; en fin, que la opinión de un tercero nunca daña y solo puede beneficiar, y sobre todo, depositar la defensa judicial en otra persona, será garantía de alivio y tranquilidad mental.

Mazazo judicial a los endeudamientos públicos temerarios

DetenidoEn tiempos de crisis algunas Administraciones locales se lanzan a concertar operaciones de endeudamiento para seguir manteniendo la ejecución de sus programas electorales o inversiones, pese a no cumplir las exigencias de estabilidad presupuestaria. Se trata de una huida hacia adelante que tropieza con la lupa vigilante de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local,Asesoría Presupuestaria de Comunidades Autónomas que en unos casos deniega la convalidación de tan arriesgadas operaciones y en otras requiere a la endeudada Corporación para que deje sin efecto las operaciones de crédito inválidas por carecer de autorización o incumpliendo sus límites, acompañado de la prohibición de concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Pues bien, ante tales requerimientos, el astuto cálculo de los regidores municipales es el siguiente: lo impugnamos, pedimos a suspensión cautelar de la decisión estatal que nos ahoga financieramente, y mientras el pleito avanza con paso lento y cansino, con su secuela de recursos, vamos gastando el crédito pedido ; y en caso de zanjarse con sentencia contraria alos intereses municipales, esta llegará tarde y ningún efecto tendrá pues ya estarìa ejecutada la operación de crédito.

Sin embargo, el error de cálculo viene porque el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 7 de Mayo del 2013 ( Rec.: 2736/2012 ) apartándose de una línea benévola a la suspensión de acuerdos estatales que puedan comprometer servicios públicos locales, rechaza con energía la suspensión cautelar de la orden que prohibe el endeudamiento o del requerimiento de anulación de la operación crediticia.

Clamor ciudadano: Legislar menos, mejor y mas estable, y explicar lo legislado

leyes

 A veces los Reyes Magos no son lo que parecen y a veces el Ordenamiento Jurídico no es tampoco la idónea regulación de la vida social que pretende ser. En el caso del Derecho Público español quizás hemos confundido complejidad con calidad y me pregunto, si al igual que los adolescentes de hoy día disfrutan de la última versión tecnológica de los juegos en vez de disfrutar de nuestros juguetes de infancia ( simples, artesanales o improvisados) no estaremos perdiendo la perspectiva del Derecho jurídicamente deseable y satisfactorio.

Lo digo porque en estos tiempos me viene a la mente la regla de derecho del jurista romano Ulpiano:

“honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”,  o sea,

“Vivir honradamente, no molestar a los demás, dar a cada cual lo suyo”.

La confianza legítima como escudo jurídico contra los tijeretazos

 

 Al igual que el Maestro Fray Luis de León a su vuelta a las aulas afirmaba aquéllo de “Cómo decíamos ayer…”, regreso descansado a la disciplina del blog para comprobar que siguen los tijeretazos y Decretazos, estratégicamente dosificados, siendo ilustrativo que ayer, 31 de Agosto se publicó a las 17,30 el acuerdo adoptado horas antes por el Consejo de Ministros, BOE que se anticipa a la habitual publicación en el siguiente día ( anticipación temporal que tolera la realidad virtual e insólitas en el viejo mundo de papel), con la finalidad política de difundir – tras la hora de cierre en Bolsa y antes de que los rumores se disparasen- el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, norma que además de modificar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el puntual aspecto competencial, está llamada a regir indirectamente las vidas de las economías de empresas y ciudadanos ( no en vano es un Decreto Ley que afecta al corazón financiero del país, y “cuando las finanzas entran por la puerta, el Derecho sale por la ventana”).

Dicho esto, podemos afirmar que corren tiempos en que los Boletines Oficiales son fuente de recorte de derechos o expectativas. Tajos que afectan al empresario, al funcionario o al común de los ciudadanos que ven sorprendidos como las reglas de ayer no valen para mañana. El problema es que el temporal no ha pasado y acechan nuevas “borrascas emboscadas” en forma de leyes, decretos leyes o reglamentos. Frente a ello el ciudadano, al igual que el burgués “hablaba en prosa sin saberlo”, se defiende en derecho aferrándose a la seguridad jurídica que, pese a su engarce constitucional, garantiza sus derechos consolidados, o como ya dijimos en un anterior post, prohíbe la retroactividad de la norma frente a efectos pasados de situaciones pasadas, aunque no impide que la nueva norma afecte a efectos futuros de situaciones anteriores. Sin embargo, mas allá de esta clásica invocación a la seguridad jurídica, se abre paso el principio de confianza legítima como escudo frente a pretensiones administrativas de cercenar el estatuto del ciudadano.

Informe de Transparencia Internacional 2012: buena radiografía y buenas recomendaciones

El Informe emitido por Transparencia internacional 2012, la prestigiosa organización sin ánimo de lucro es muy claro, detallado e imparcial. Sitúa a España al mismo nivel que otros países del sur de Europa -Grecia, Italia y Portugal (diríase que “economía y corrupción” van de la mano). Dicho informe se vertebra en 44 recomendaciones que, como los mandamientos, las encierra y resume en diez propuestas finales. Aunque tenéis aquí el informe completo, las propuestas finales son muy genéricas. Marcan la tendencia y meta pero recuerdan aquello de la Constitución de 1812: “ Los españoles deben ser justos y benéficos”. A título personal, constato que hay objetivos tan retóricos como utópicos (“Despolitización” ¿?), no faltan los brindis al sol con candorosas etiquetas ( Códigos éticos, Planes estratégicos, Pacto nacional, responsabilidad social corporativa…) y abundan las recomendaciones con llamada a Leyes y mas Leyes que como los menús de los restaurantes pueden ofrecer nombres suculentos pero lo decisivo es la calidad de los ingredientes que constituyen su contenido ( Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Responsabilidad judicial, Ley de Rendimientos del Gobierno, Ley Nacional de Control Externo, etc). Dicho esto, me parecen acertadísimas las siguientes medidas concretas ( precedidas por el número de Recomendación) y que agruparía en cuatro bloques:

Premios al mejor blog y post jurídicos 2011: Cónclave festivo de la blogosfera jurídica

El pasado viernes, 20 de Mayo de 2012 en la sede del Consejo General de la Abogacía ( C/ Recoletos, 13, Madrid) tuvo lugar el acto público en que el Jurado del Premio a la Mejor Bitácora Jurídica así como al post de la misma naturaleza, convocado por la Asociación Derecho en Red y Lex Nova, proclamó a los ganadores de esta segunda edición, que fueron los siguientes:

Mejor blog 2011: D. Pedro de Miguel Asensio, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense por su Bitácora sobre Derecho Privado de/en/sobre internet

Mejor post jurídico 2011: D. Alvaro del Hoyo, abogado especializado en Nuevas Tecnologías de la información y Telecomunicaciones, por su post sobre el siempre controvertido derecho a la cancelación de datos en Google.

Dicho acto, que arrancó a las 12,00 tuvo lugar en un salón de actos amablemente ofrecido por el Consejo General de la Abogacía, y al que fui invitado a participar como miembro del Jurado ( por haber sido el ganador de la última edición en la vertiente del blog), me permitió comprobar el gran éxito de la puesta en práctica de las ideas de personas que han alzado la red en alfa y omega de su vida profesional. Tras divulgarse la identidad de los premiados de la mano del humanista Sergio Carrasco, se abrió un vivo debate sobre la problemática jurídica de la red en relación con la propiedad intelectual, los riesgos jurídicos de los datos personales, la naturaleza jurídica de los blogs y su estatuto incierto, internet como zoco de ideas y la incidencia de las redes sociales sobre la información, los vericuetos de la ley Sinde y el omnipresente Dinogoogle, peligros de la sobrerregulación, etc.

Mucha espontaneidad, mucho debate y un delicioso tráfico de opiniones.

Al término del coloquio,  tuve ocasión de compartir un almuerzo con algunas de las mentes mas preclaras en el mundo de las tecnologías de la información y el Derecho en España, muchos de los cuales conocía por sus obras en la red,  en torno a una artúrica mesa redonda formada por la cifra simbólica de trece comensales, bella dama incluida, con presencia de la mayoría de los vivaces socios fundadores de Derecho en Red (Sergio Carrasco, Jorge Campanillas, Ibán Díez López, David Maeztu, Samuel Parra, Javier Prenafeta y Andy Ramos), el juicioso Pablo Fernández Burgueño,  el chispeante Javier Muñoz, el didáctico Miquel Peguera y el ahora laureado Alvaro del Hoyo. Es cierto que no estaban todos los que son ( Carlos GuadiánJavier Alvarez Hernando, Miguel Angel Mata, Javier de la CuevaXavier Rivas, Ricardo Cabaleiro, Paloma Llaneza,Anton de la Calle, los Ortiz (Alberto e Iñaki)Enrique Dans,etc), pero todos los que estaban son, sin duda, vivo ejemplo de esas extrañas personalidades que aglutinan modestia, sabiduría y humor.

En suma, un auténtico “ Grupo Salvaje” al estilo Peckinpah, con mucha tormenta de ideas y agudeza en torno al Derecho y las Tecnologías, cuya compañía disfruté, además de aprender, lo que es mucho en  los agridulces tiempos que corren.

En fin, gracias a todos ellos, y a la Asociación Derecho en Red, por su generosa labor formativa e informativa tanto desde en la red, como desde sus Administraciones, bufetes y consultorías. Todo un lujo.

 

Los números y el Derecho Administrativo

Números. No me voy a ocupar de la guardia civil. Ni de las Cuentas del Gran Capitán de muchas Administraciones. Ni del numerario que los funcionarios perciben “con freno y marcha atrás”. No. Me refiero al fenómeno que sufre quien se matricula en el Grado o Licenciatura de Derecho, pronto etiquetado como “hombre de letras” y adornado de una especie de “voto de letrabilidad” en su vida profesional sin espacio para las matemáticas o mas genéricamente para “los números”. Sin embargo los números, su forma de expresión ( y no digamos su significado cuantitativo) importan para el Derecho Público y además de forma sorprendente, como veremos.

Cómo borrar los datos personales del BOE digital y no morir en el intento

Algunos hemos salido en el BOE con nombre, apellidos, DNI y no nos importa estar expuestos a la curiosidad de cualquier buscador. Sin embargo, para otros la publicación de su identidad tiene el mismo efecto que un pasquín de cazarrecompensas, y desearían que desapareciese la huella de su embargo, sanción, indulto, destino profesional, denegación de ayuda,etc. Es verdad que la publicación en Boletines Oficiales se hace en cumplimiento de la Ley y tiene que soportarla su destinatario ( publicación para notificar un acto administrativo, publicación de sanción para general conocimiento y ejemplaridad, etc). Sin embargo, ello tiene  límites, con el fin de referirme a la cautela que toda Administración Pública debe tener al insertar en sus edictos y publicaciones oficiales de no incluir completo al menos, el DNI de los interesados .

La muerte de Bin Laden: ¿un incidente decente?

 

Pocos sucesos como la muerte de Bin Laden en Pakistán a manos de las fuerzas americanas son capaces de provocar un cataclismo en los cimientos del Derecho Internacional, en la Política Internacional, en  la Alianza de Civilizaciones y en la moral colectiva e individual. Tan inquietante resulta bendecir la muerte de Bin Laden como condenarla. Lo que es cierto es que la opinión del ciudadano de a pie le importa un bledo tanto  a Al Queda como a EEUU.

Leyes y sentencias ¿ irracionales o irrazonables?

 

Con mi hábito de “neurorevisar” los eventos jurídicos comunitarios, me tropecé con una curiosísima cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional alemán, y que plantea al Tribunal de Justicia Europeo lo siguiente: “El término “razonablemente” que utiliza el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/124, ¿requiere que se aprecie una probabilidad alta o muy alta, o por “circunstancias que pueden darse razonablemente” o por “hecho que puede esperarse razonablemente que se produzca”, debe entenderse que el grado de probabilidad depende de la amplitud de los efectos sobre el emisor y que, en caso de elevada aptitud para influir en las cotizaciones, es suficiente que la materialización de la circunstancia o del hecho futuros sea posible, pero no improbable?”. Parece un trabalenguas pero la cuestión tiene mucho calado e importancia si tenemos en cuenta el creciente uso que se hace en la esfera normativa y judicial del término “razonablemente” ya que se trata de una palabra  escurridiza en su significado.

Así, es cierto que puede calificarse una ley, acto administrativo o sentencia de “razonable” y todos entendemos lo que quiere decir. Sin embargo, caben muchas interpretaciones.

Premios al mejor Blog y post jurídicos del año 2010: una grata iniciativa

Recibo con infantil alborozo la noticia de la nominación del blog www.contencioso.es como candidato al mejor blog jurídico del año 2010 así como la postulación del post titulado “ Como ganar un juicio contencioso-administrativo: veinte reglas de oro”,  como mejor post del mismo año.

No es que a estas alturas la silenciosa y monacal disciplina de mantener actualizado el blog precise de estímulos honoríficos, pero el ronroneo gatuno se explica por el prestigio de los promotores de la criatura (www.derechoenred.com) pues no tengo rebozo en confesar públicamente que no compro manual alguno sobre propiedad intelectual y protección de datos, ya que me basta con acudir a los blogs de  Javier Prenafeta, Andy Ramos, Samuel Parra o David Maeztu, que se ven penalizados de la participación en este certamen por ser socios fundadores de la Derecho en Red, Asociación que se ha labrado un lugar puntero en esa tierra profunda y asilvestrada del encuentro entre tecnologías y normas jurídicas.

También es cierto que aunque no están todos los blogs que son relevantes de la blogosfera jurídica (como es lógico en todo certamen recién nacido), la muestra es representativa y confiemos en que el premio, al mejor estilo Casablanca, “sea el comienzo de una gran …festividad” y como el buen vino, año a año, mejore en cosecha y calidad.

Por otra parte, no puedo mas que añorar el célebre ranking de la blogosfera pública que mantenía puntualmente el infatigable Carlos Guadián y que ha desaparecido desde Julio de 2010, aunque con un chiste fácil confiemos que como el Guadiana vuelva a reaparecer en la red.

En fin mas allá de laureles y pompas, y comprobada la calidad de los blogs nominados, lo relevante es constatar la existencia de una comunidad jurídica virtual marcada por la generosidad de quienes lanzan al ciberespacio consideraciones, opiniones, noticias o análisis jurídicos, y que “cuelgan” post o reciben visitas  con comentarios de elevado nivel. Al fin y  al cabo, la fría norma del Boletín Oficial Digital precisa de la deliberación, interpretación y crítica para solventar el caso concreto, y no hay debate mas instantáneo, fresco y libre como el que alumbra la red.

Por eso,  la mayor compensación de quienes hemos asumido este “sacerdocio bloguero” es el respeto de los colegas de la blogosfera jurídica, quienes tienen la paciencia de visitarnos e incluso leernos o, cuando toca, discrepar sanamente. Incluso mi “adicción” a este mundo me llevó tempranamente a publicar un ambicioso post titulado Todo lo que todo el mundo querria saber sobre blogs de derecho y no sabe a quien preguntar, cuya lectura permitirá a los profanos conocer el entorno en que nos movemos los blogjurisveros.

Solo me queda recomendaros la visita a los blogs de mis compañeros de viaje en este certamen así como a los post emblemáticos de los mismos, a los que podéis acceder  aquí.

Bloguero satisfecho con los visitantes

La fórmula de la corrupción y su antídoto

Recientemente La Nueva España publicó un artículo en que me esforcé en aventurar la fórmula o ecuación que permitiese explicar el fenómeno de la corrupción pública. Hace unos meses también fui invitado a disertar sobre las posibles medidas frente a la corrupción del poder. Ese común hilo conductor – la bajeza de la condición humana que reverdece cuando se le inocula el virus del poder público- me lleva a fusionarlos en este post, sobre una de las patologías mas graves del mundo público.

En busca de la Administración Pública inteligente

Las Administraciones Públicas han sido objeto de tantos estudios concienzudos como las momias egipcias, y al igual que con ellas, ninguna investigación consigue resucitarlas de su polvo de siglos de solemnidad y molicie. Viene al caso, ante la noticia de las recientes investigaciones realizadas por IBM Global Business Services, en pos de la “Empresa inteligente” y basadas en experiencias de proyectos en clientes y discusiones con líderes de negocio. A la vista del resultado de tales indagaciones, se nos plantea la duda de si las características de tales “empresas inteligentes” pueden predicarse de la mayor parte de nuestras Administraciones Públicas.

La jibarización de los sueldos de los Alcaldes: bueno, feo y malo

No es que los Ayuntamientos sean culpables de la crisis económica ni nichos de despilfarro. Sin embargo, no faltan entes locales que se han convertido en reinos de Taifas con su reyezuelo local  y atmósfera cortesana propia de cuento de Las mil y una noches. Ayer fue noticia que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, contando con el acuerdo del partido político gobernante y de la oposición, habían pactado algo que se pedía a gritos desde la racionalidad del gasto público: que las retribuciones de los Alcaldes fueren fijadas en  atención a la población del municipio y asimiladas a las propias de los cargos autonómicos. Además de forma muy inteligente, su entrada en vigor será para los ediles nombrados tras las próximas elecciones locales (curiosos derechos adquiridos de pernada presupuestaria). Para Sevach, esta medida tiene tres valoraciones de resonancias cinematográficas: lo bueno, lo feo y lo malo.