La semana pasada asistimos al inicio de una campaña oficial a través de los medios de comunicación para promover el uso del DNI electrónico ( en otras palabras, parafraseando a Larra, para educarnos en el “Vuelva usted a teclear mañana” ), y además se publicó el importantísimo R.D.1671/2009, de 6 de Noviembre (BOE 18/11/09) por el que se aprobó el Reglamento para el desarrollo parcial de la Ley para el Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Sevach antes de adentrarse en este nuevo y necesario mundo, quiere recordar a la Administración su obligación previa de optimizar los propios recursos tecnológicos disponibles que, sin requerir especiales conocimientos telemáticos o informáticos, permitirían mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración.
1. Así, sería deseable y hasta necesario en tiempo de crisis ( y da hasta rubor, sugerir tal evidencia), que con carácter general en la Administración Pública se prohibiese lisa y llanamente el uso de todo medio de transporte oficial, o rechazar el pago de dietas y viajes, cuando sea posible mantener la reunión mediante Videoconferencias con múltiples participantes y en tiempo real. Las ventajas son notables:
- Economía pues se ahorran medios de locomoción de los participantes.
- Eficiencia pues las reuniones se pueden mantener a distancia, interrumpirlas al gusto, y retomarlas en el momento oportuno, tras consultar los archivos o informes, ello sin necesidad de volver a encontrarse en sucesivas reuniones con otros tantos viajes.
- Eficacia, pues permiten que si el alto cargo precisa el apoyo de un funcionario, cuando se planteen cuestiones técnicas, basta con llamarle y reclamar su presencia en la oficina desde la que se emite o recibe la videoconferencia.
- Y además, si se desea grabar el encuentro, puede hacerse de mutuo acuerdo, con lo que constan los términos de discusión y pactos, evitándose la habitual amnesia de los acuerdos alcanzados en las reuniones de “corte gastronómico”.
2. Es cierto que hay avances tímidos en algunas Administraciones en línea a utilizar y recomendar la videoconferencia, pero dista mucho de lo que es propio del mundo empresarial privado y de lo que es habitual en Estados con alta descentralización, federal o admnistrativa (caso de EEUU o de Alemania) donde la videoconferencia tiene lugar con la misma naturalidad con la que hoy día en España se telefonea al colega, homólogo o autoridad administrativa de otra Administración.
Parece ser, tal y como nos informó puntualmente en su blog Juan García Rapa, que hace mas de dos años el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presidió la primera reunión por videoconferencia de la Administración española, informando el MAP de la instalación de 56 equipamientos de videoconferencias de sala en los servicios centrales así como en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, todo ello instrumentado bajo la red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones). Quizás como el homónimo personaje bíblico, Sara, la esposa de Abraham, tendrá la red informática que esperar noventa años para concebir un hijo… y que se propague la videoconferencia por todo el orbe administrativo…
En fin, justo es referirnos al loable ejemplo que se dio este año cuando las reuniones en el seno de la Mesa de Negociación para la elaboración de un anteproyecto de Ley de la Función Pública de Castilla-La Mancha se iniciaron bajo el formato de videoconferencia con lo que se dio respuesta, por un lado, la hecho disperso de la Administración autonómica y por otro lado, a las existencias de modernización de la Administración.
3. Y es que, en tiempos de Códigos de Buen Gobierno, de austeridad cacareada por el Estatuto Básico del Empleado Público, de crisis económica que está recortando gastos sociales, de imparable Administración Electrónica, Sevach no se explica por qué demonios no se impone este criterio a golpe de Instrucción del Subsecretario, Consejero o Alcalde, obligando a canalizar toda reunión de su personal en lugares distantes, mediante Videoconferencia en la propia sede o en la de la Delegación del Gobierno o de la Administración autonómica que oferte tal servicio técnico a las demás Administraciones que lo precisen. Al fin y al cabo, el art.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Administraciones Públicas sienta el deber de lealtad, apoyo,auxilio y cooperación entre las Administraciones Públicas.
Precisaremos que nada impide que las “Cumbres negociadoras” se celebren cara a cara y en presencia física de las partes, pero el problema tiene lugar en las numerosísimas reuniones de Consejos, Comisiones, Grupos de Trabajo y otros encuentros interadministrativos que se celebran un día sí y otro también, y viajo de oca en oca porque tiro lo que me toca.
4. Lo que es un despilfarro inaceptable es mantener las cabalgatas de emisarios a la corte madrileña o los periplos negociadores a otras Comunidades Autónomas ( o dentro de Comunidades Autónomas interprovinciales), e incluso a otros países, y que son enfocadas en su fuero interno por la inmensa mayoría de los altos cargos como una actividad de “turismo-administrativo” que, por lo demás, es inagotable ya que cada viaje suele terminar con la promesa de devolver la visita, y así sucesivamente. Y los presupuestos lo aguantan todo…
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