STC 17/2013: el Tribunal Constitucional limpia y fija la política de extranjería

constitucionalLa reciente STC de 31 de Enero de 2012 (aun no publicada en el BOE)  resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlamento Vasco frente a la Ley de Extranjería, y aborda cuestiones de extraordinario interés sobre los derechos fundamentales, y no solo de los extranjeros, sino sentando doctrina relevante para el común de los ciudadanos.

 Veamos un resumen del centenar de folios de la sentencia (que cuenta con voto particular formulado por Pablo Pérez Tremps al que se han adherido Adela Asua Batarrita, Encarnación Roca Trías y Fernando Valdés Dal-Ré), teniendo en cuenta las siguientes advertencias previas:

A) Si bien se impugna la versión de la Ley de Extranjería antes de las última reforma operadas por Leyes 2/2009 y 10/2011, el Tribunal Constitucional considera que subsiste su objeto pues no se han visto alteradas sus determinaciones por éstas, y siguen aplicándose; además se impugnan las correlativas modificaciones de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley de Competencia Desleal ( ¡cuatro en uno!).

Sustancialmente el meollo en debate es la legitimidad constitucional de que la  Policía pueda acceder a los datos del padrón u otros registros administrativos, porque pueda ofrecerle una información más o menos fiable sobre la situación de irregularidad de un extranjero ( en el caso del Padrón municipal sobre aquellos que se inscriben con su pasaporte en defecto de NIE, y sobre el domicilio de los mismos), cara a facilitar no sólo la incoación de trámites de expulsión, sino su notificación y la localización del extranjero expulsable. Junto a ello se impugnan las decisiones administrativas que inadmiten de plano la solicitudes de autorización de residencia ( por contar con expedientes de expulsión, por ejemplo) o el régimen de devolución de extranjeros por comportar la prohibición de entrada durante tres años, o la habilitación para que se utilice la fuerza física en determinados casos en los Centros de internamiento.

B) La Sentencia estima parcialmente el recurso respecto de un concreto inciso de un precepto, y en tres vertientes impugnatorias acude a la técnica de las “sentencias interpretativas” esto es, el Tribunal Constitucional “salva” la constitucionalidad de la Ley siempre que se siga una interpretación concreta;

C) La doctrina sentada viene referida directamente a la Ley de Extranjería e indirectamente resulta válida para las limitaciones legales de otros Derechos Fundamentales pues el Tribunal Constitucional  maneja las exigencias de reserva de ley, motivación, proporcionalidad y garantías sancionadores, con planteamientos perfectamente trasladables a otros ámbitos; se trata de armonizar derechos fundamentales.

D) Especial interés deriva de la doctrina sentada sobre las garantías de los ciudadanos frente al acceso de datos personales entre las Administraciones Públicas para ejercer sus competencias, en que rechazando consultas generales y accesos indiscriminados, impone el acceso individualizado, motivado y para casos concretos.

 No olvidemos que la previsión de la Ley de extranjería sobre acceso a los datos del padrón municipal al servicio de la política de extranjería, como recuerda el propio Tribunal Constitucional, resulta ser similar a la establecida en relación a otros sectores específicos de la actividad administrativa, como los relacionados con la hacienda ( Ley General Tributaria), la seguridad social (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social), los datos catastrales ( Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario), la gestión de subvenciones o ayudas públicas ( Ley general de subvenciones) o, en fin, el ejercicio de la función inspectora en el ámbito laboral ( Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social).

O sea, la Administración del Estado es consciente de su personalidad jurídica única, pese a sus múltiples órganos y actuaciones sectoriales, y por aquello de “quien parte y reparte se queda con la mejor parte”, pues ha promovido leyes que de forma especial permitan a efectos inspectores y de control económico o administrativo, una especie de “vasos comunicantes” para que toda la información y datos personales pueda ser utilizada por órganos distintos de los que la generan y gestionan. Ahora la STC 17/2012 fija criterios de singularización y motivación para limitar el trasiego de datos.

 E) Finalmente diré que el problema de las sentencias interpretativas es que se publican en el BOE pero puede que los funcionarios que la aplican se aferren a la letra de la Ley y, bien por ignorancia o bien deliberadamente, prescindan de la interpretación impuesta por el Tribunal Constitucional ( y aunque los Tribunales contenciosos puedan corregir esa errada aplicación, solo servirá para corregir los casos de quienes recurren – no todos los que han visto sus datos consultados ilegítimamente- y además a largo plazo). 

Como siempre, los preceptos legales – y las Sentencias- se pueden convertir en un arma de doble filo, según quien los use ( como la glicerina, sirve tanto para medicamentos como para explosivos de nitroglicerina).

Y ahora sí, ahí va el resumen de la Sentencia,  exponiendo el precepto impugnado, el fundamento del recurso y como lo zanja el Tribunal Constitucional.

Tablón electrónico para la extranjería … y para la ciudadanía

Tablones electrónicos, como se solía decir, “para el niño y para la niña”, ya que felizmente la Administración electrónica comienza a inundarnos y la era del papel administrativo comienza a superarse. Así, el reciente BOE  de 18 de Noviembre de 2011 publica la creación y vigencia de un Tablón de Edictos Electrónico en materia de extranjería, con funcionalidad práctica de  sustituir las comunicaciones a extranjeros en paradero desconocido.

Sobre la constitucionalidad de la multa frente al extranjero irregular (y II)

El Tribunal Constitucional considera constitucional que la expulsión de extranjeros pueda sustituirse por multa, a ojo de buen cubero de la Administración o del juez Tras la noticia “en roman paladino” del post anterior sobre el criterio del Tribunal Constitucional sobre la imposición de multa como alternativa a la expulsión del extranjero irregular, se impone otra “vuelta de tuerca” al tema, desde un análisis jurídico. Ello en relación, recordemos, al recientísimo Auto de 7 de Noviembre de 2007 del Pleno del Tribunal Constitucional que inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num.5 de Oviedo por supuesta inconstitucionalidad del art.57.1 del art.57.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España en cuanto dispone en relación a las infracción tipificada en el apartado a) del art.53 (“encontrarse irregularmente en el territorio español”), que “podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español”.

El Tribunal Constitucional avala que se aplique una multa en vez de la expulsión al extranjero irregular

El Tribunal Constitucional avala que se aplique una multa en vez de la expulsión del extranjero irregular El recientísimo Auto de 7 de Noviembre de 2007 del Pleno del Tribunal Constitucional, inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num.5 de Oviedo por supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Extranjería en cuanto autoriza a imponer multa en vez de expulsión al extranjero que se encontrara ilegalmente en España.

Lun, 10 dic 2007|De extranjería, Relámpagos Jurisprudenciales|Comentarios desactivados|

De tumultos, demoliciones, magrebíes e hipocresías públicas (II)

Dignidad del emigrante. De tumultos, demoliciones, magrebíes e hipocresías públicas. 8. Pero siguiendo el hilo de la noticia de la demolición de la vivienda de la familia de magrebíes, desde el punto de vista del Derecho Administrativo, lee Sevach asombrado que la justificación de la Administración es que tal chabola era ilegal, y que le fueron notificadas las resoluciones ejecutorias al propietario de las mismas, y que éste no formuló alegaciones y recursos, por lo que al estar ante un acto firme y consentido, la excavadora tenía vía libre, y la policía debía velar por la ejecutoriedad de la demolición acordada.

Mar, 23 oct 2007|De extranjería|Comentarios desactivados|

De tumultos, demoliciones, magrebíes e hipocresías públicas (I)

Expulsión de Inmigrantes. De tumultos, demoliciones, magrebíes e hipocresías públicas.

El recientísimo incidente acaecido en un poblado del extrarradio de Madrid (Cañada Real Galiana), donde con ocasión de la demolición de unas construcciones ilegales, se produjeron violentos altercados entre la policía y grupos de apoyo a la familia magrebí afectada, impone una reflexión desde el Derecho.

1. Veamos. La primera impresión conduce a reprochar enérgicamente que un grupo de personas actúen con violencia frente a las fuerzas del orden público, cuando éstas actúan con amparo en normas jurídicas y cumpliendo Resoluciones administrativas dictadas por Administraciones públicas en uso de sus competencias urbanísticas, y posiblemente con la autorización judicial para la entrada en domicilio.

Lun, 22 oct 2007|De extranjería|Comentarios desactivados|

Del Velo Islámico en la Escuela Pública: Ni inquisidores, ni mojigatos

Del Velo Islámico en la Escuela Pública: Ni inquisidores, ni mojigatos.Hace unos días la prensa se hizo eco del episodio vivido por una niña musulmana de ocho años que dejó de acudir al colegio público (Centro de Educación Infantil Primaria) por impedírsele acudir a clase con “hiyab” (pañuelo que cubre pelo y cuello). La niña retornó a las clases cuando la Administración de la Comunidad Autónoma catalana (Consellería de Educación de la Generalitat) ordenó al centro educativo que se le permitiera llevar la prenda tradicional.

La expulsión de extranjeros

La expulsión de extranjeros.

SOSTIENE SEVACH su perplejidad ante las recientes Sentencias del Tribunal Supremo español por las que se considera que no cabe la expulsión del extranjero que entra ilegalmente en España salvo que se acrediten conductas negativas específicas (no meramente policiales ni instrucciones judiciales), y que en tales casos la infracción debe ser sancionada exclusivamente con una multa económica.