Zafarrancho por el valor catastral del suelo tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2014

valor inmuebles   La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2014 (rec.2362/2013) pertenece a las llamadas “Sentencias racimo”, que como las bombas de idéntica denominación, se abren sembrando el desconcierto con reacción en cadena. Dicha Sentencia, fue noticia hace poco más de tres meses, y supuso una revolución en las tranquilas aguas del Catastro y el IBI.

Lo cierto es que es una sentencia impecable, razonada y laboriosa.

En primer lugar, se mueve con soltura en tres bloques normativos, el Catastral, la legislación Urbanística estatal, y la legislación urbanística autonómica.

En segundo lugar, encierra una clase didáctica sobre los valores urbanísticos y los valores de mercado, su evolución histórica, así como sus encuentros y desencuentros.

Pero sobre todo, con sencillez y sentido común, zanja una cuestión de gran calado.

Aunque la sentencia íntegra puede consultarse aquí, veamos su alcance o implicaciones.

Del viejo truco de dar una subvención para compensar un gravamen

alcalde corrupto Los tributos no le gustan a nadie, y si son tributos locales que la legislación sobre Haciendas Locales no los establece como potestativos y solo permite pequeñas bonificaciones, es posible que algún avispado candidato a Alcalde prometa compensar a los contribuyentes con subvenciones en cuantía equivalente al gasto que supone.

Un bonito ejemplo nos lo ofrece el caso resuelto por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Mayo de 2014 (rec.3775/2010) que confirma la sentencia de la Sala cántabra que declaró la invalidez de una Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que minoraba el recibo del IBI con el importe de la subvención otorgada al contribuyente empadronado en el municipio. O sea, si la Ley no da la exención total ni parcial, o si la bonificación legal es pequeña, pero se quiere ser demagogo con los ciudadanos pues se desempolva la máquina de subvencionar y todos tan contentos.

Cuando la Administración ejecuta sin haber resuelto la suspensión solicitada

administracion imparable A veces la Administración actúa como una apisonadora. El particular sufre el acto ejecutivo y para paralizar su eficacia se apresura a solicitar de la Administración que se suspenda mientras se resuelve su recurso administrativo o judicial. Sin embargo en ese intervalo, a veces la Administración no da tregua ni respiro y sigue ejecutando la resolución mientras se decide la medida provisional o cautelar solicitada.

Es cierto que la lógica y el derecho imponen que si alguien sufre un acto administrativo y solicita la suspensión, debería paralizarse la ejecución hasta que al menos se pronuncie el órgano administrativo o judicial sobre si procede o no la suspensión. Si el acto administrativo se ejecutase, el derecho a solicitar la suspensión quedaría en papel mojado, pues como decía Calamandrei, la medicina de la suspensión llegaría tarde, cuando el paciente ha fallecido.

Pues bien, ya me ocupé en un post anterior de la curiosa regulación y jurisprudencia en torno a la suspensión solicitada con ocasión de los recursos administrativos contemplada en el art.111 de la Ley 30/1992, de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y ahora toca abordar la cuestión relativa a la solicitud de suspensión de acto impugnado ante el Tribunal económico-administrativo que, pese a no ser resuelta, se tropieza con una Administración que sigue imparable su marcha y dicta apremio y embargo. En este caso, el Tribunal Supremo se pronuncia de forma enérgica y aprovecha para recordar la doctrina general sobre la prohibición de la Administración de ejecutar un acto administrativo mientras pende la resolución de la medida cautelar solicitada ante el Tribunal contencioso.

El corazoncito del Supremo : suspensión de sanciones sin fianza


sancion tributaria   Aunque la letra de la Ley es fría, a veces sentencias del Supremo demuestran una cálida sensibilidad hacia las empresas víctimas de la crisis económica como la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 24 de Febrero de 2014 (rec.2947/2013), mostrando un firme criterio proclive a aceptar la suspensión de sanciones a empresas con dificultades económicas sin fianza alguna. Insistiremos que no se trata de la suspensión en vía administrativa, donde la suspensión opera automáticamente, sino en la ulterior vía contencioso-administrativa.

Basta imaginarse a una empresa cualquiera a la que la Administración Tributaria le haya dictado una liquidación tributaria acompañada de una sanción elevada ( multiplicada, mas bien, dada la predilección de la Ley General Tributaria por los múltiplos al castigar y por el “tres en uno”: intereses, recargos, apremios).

 Se iniciará el calvario de la vía económico-administrativa y luego el proceso contencioso-administrativo, a cuyas puertas la empresa tendrá que rascarse los bolsillos ( o mas bien sacudir las telarañas de la caja fuerte) para afrontar los costes de las tasas judiciales ( en función de la cuantía, para mas inri) y anticipar los gastos de abogado y/o procurador, además de los gastos de pericias mercantiles o contables, y de rebote saber que posiblemente ese litigio pasará por una primera instancia o etapa, y si fracasase, la segunda instancia. Y ese periplo judicial probablemente consumirá algún trienio de la vida de los administradores de la empresa recurrente, período sobre el que se cierne la amenaza de los intereses – o gota malaya- de un aval o garantía de pago. Un panorama nada bueno.

Por fin, un Manual realmente práctico de Derecho Tributario

Derecho TributarioPaseando el sábado por la bella ciudad de Salamanca y tras el sabroso ritual de detenerme en el centro de la Plaza Mayor y ante la fachada de su Universidad para respirar historia y luminosidad, decidí asomarme a sus librerías como un sabueso a la caza de la sabrosa pieza.

Casualmente tuve la fortuna del hallazgo de un sencillo libro de reciente publicación que colma una de mis lagunas formativas, y de las que siempre me lamenté en mis tiempos de estudiante de derecho y opositor. Nada menos que un “Manual práctico de Derecho Tributario” (Carlos María Cabrerizo, Editorial Amarante, 2014).

No es el típico libro calificado de “manual” y que encierra un Tratado o trabajo plúmbeo (es “manual” por ser libro de “mano” y para tener “a mano”). Tampoco es una libro bautizado como “práctico” y que nos engañe cobijando conocimientos teóricos. No. Es un libro sencillo, claro y actualizado, pero sobre todo, que nos permite aproximarnos a la parte general del Derecho Tributario de la mano de sencillos supuestos de la realidad, con preguntas y respuestas.

Utilísimo para gestores, abogados, académicos y jueces que pongan sus manos sobre tan escurridiza disciplina. Veámoslo con mayor detalle.

Más madera: la Ley 25/2013 de factura electrónica en el Sector Público

sector público electrónico Se ha publicado este 28 de Diciembre de 2013 en el BOE, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Se trata de una Ley básica revolucionaria en materia de contratación del sector público ya que comporta importantes cambios el tristemente clásico sistema de facturación del empresario que contrataba con la Administración y que frecuentemente presentaba al cobro facturas cuando podía o cuando la Administración quería, y las rehacía o incluso para poder cobrar o mantenerse como proveedor llegaba a retocarlas o refundirlas. Por su parte, la Administración como práctica tóxica podía dejar aletargadas las facturas en un cajón o celebrar contratos en la sombra y posponer el pago hasta un futuro momento de “vacas gordas”. El resultado era doblemente peligroso y pagaban “justos por pecadores”: el empresario serio a veces no cobraba y el político ladino conseguía rédito electoral de servicios a la ciudadanía mientras la morosidad crecía exponencialmente.

Ahora se acabó. Con esta Ley las palabras estelares son rigor, control y adaptación tecnológica. Se implantará el uso  de la factura electrónica y su gestión y tramitación telemática, con registro contable paso a paso. Todo bajo los ojos de Hacienda. Veamos los pilares de su regulación en un trazo grueso.

La externalización de la recaudación: un caballo de Troya en las garantías ciudadanas

recaudador por apremio Buena parte de los municipios de España han optado por la cómoda externalización del servicio de recaudación mediante su concesión a empresas privadas. Lo que subyace en estas decisiones son caducos prejuicios sobre la diligencia de los funcionarios, por considerar que son mas eficaces los trabajadores de una empresa privada, ya que ésta luchará por recaudar más para obtener mayor beneficio y aquéllos podrán obtener jugosos premios o gratificaciones de cobranza.

 Sin embargo, no deja de correr un escalofrío si pensamos, fuera de esquemas teóricos, que todos nuestros datos personales (nuestra casa, nuestro coche, nuestra actividad comercial, domicilios, direcciones electrónicas,etc) pueden pasar a una gris mesa de una empresa societaria donde cualquier directivo curioso o empleado temporal puede pasar sus ojos curiosos o en los casos, mas perversos y seguramente minoritarios, ceder tal información a terceros.

  A ello se suma, otra inquietud mas jurídica, ya que en los esquemas conceptuales del estudioso del Derecho Administrativo, la potestad ejecutoria y su expresión en procedimientos de apremios y embargos, con las previas requisitorias, son posiblemente un procedimiento inherente al poder público y reservado para su ejercicio con todas las garantías propias de la función pública, y sin embargo, asistimos a un ejemplo de la conocida “huida del Derecho Administrativo” para atribuir dicha potestad a manos privadas. Pero veamos donde estamos y donde vamos, o debiéramos ir.

Cuando la comida de empresa se indigesta fiscalmente

indigestion ¿ Alguien aseguraría que los ágapes pantagruélicos presididos por empresarios de renombre no son deducidos fiscalmente en el impuesto de sociedades?, ¿quién no ha visto a algún contertulio en comida de grupo tomar discretamente la factura para aplicarlo como deducción fiscal?, ¿no es humana la tentación de intentar desgravar los gastos de aquélla comida con posibles clientes o con personas que pueden traer clientes?.

Forzando la analogía, todavía recuerdo la conocida anécdota de quien fuera Rector de la Universidad de Standford, Donald Kennedy, que introdujo como costes indirectos de investigación la adquisición de un yate de 22 metros de eslora o una recepción a su nueva esposa. La defensa del Rector fue tan simple como insólita: “ no me avergüenza afirmar que el dinero pagado por la adquisición de cada condenada flor de las que hay en mi casa debe considerarse un coste indirecto de investigación” (nos lo cuenta Antonio Arias en “El Régimen Económico y Financiero de las Universidades Públicas”(2004).

Y ya en el mundo de las deducciones de las facturas por comidas cara al Impuesto de Sociedades, la casuística es inmensa y es difícil fijar la frontera de la “comida de y para la empresa” respecto de la “comida para los empresarios” Veamos.

Mie, 23 oct 2013|De lo financiero y tributario|Comentarios desactivados|

Responsabilidades de la Administración por las preferentes: el Estado de Derecho a prueba

Preferentes  Leo un brillante artículo periodístico del Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de León, Enrique López González, en que critica el engaño encubierto en los eufemismos de “preferentes, deuda subordinada y bonos contingentes” que oculta una huida hacia delante de la banca, con la tácita complicidad del Banco de España, y que tiene por víctimas a decenas de miles de pequeños ahorradores, que de buena fe confiaron en el “tendero bancario del barrio”. Depositaron sus ahorros confiadamente, y ahora le son devueltos en forma de acciones gravemente devaluadas o una miserable compensación, y lo que es mas grave, tienen que soportar que, tanto el problema como su solución, intenta maquinarse a sus espaldas.

La nueva Ley 14/2013 de Emprendedores: ¿ruido y nueces?

emprendedor Chica nueva en la oficina, se llama “La nueva Ley de Emprendedores” y es divina. En efecto, el sábado pasado (28/9/13) se publicó la Ley 14/2013, de 27 de Septiembre de apoyo a los Emprendedores y la Internacionalización,  que supone una revolución en el Derecho Mercantil, en el Derecho Fiscal y en el Derecho de la Seguridad Social. Se trata de poner el máximo de facilidades para que no quede ningún potencial emprendedor por emprender. Que el pequeño empresario no pierda la camisa ( o la casa) si falla su aventura empresarial. Que se puedan crear empresas de responsabilidad limitada “low cost”. Que los jóvenes puedan poner sus ideas en empresas sin estar estrangulados por las cotizaciones sociales. Que las empresas obtengan beneficios fiscales si diversifican el riesgo creando otras empresas. Que los extranjeros que deseen poner sus huevos en el cesto económico español sean acogidos sin recelo. Que se facilite la contratación de extranjeros para las empresas españolas. Que los estudiantes puedan promover “miniempresas”. Que las empresas no tengan de cabecera el “ Libro de visitas” para la inspección de trabajo ,etc.

Aquí pueden encontrarse las claves o puntos estrella de la nueva Ley. Sin embargo, bajo la óptica del Derecho Público que inspira este blog, apuntaré algunos aspectos que me resultan de interés.

Las tasas judiciales y las costas procesales como gastos deducibles

tasas recaudador En tiempo de crisis económica, acechando las tasas judiciales junto al criterio del vencimiento para imponer las costas contencioso-administrativas, no está de más recibir el alivio de conocer el criterio de la Dirección General de Tributos sobre su posible carácter deducible en materia impositiva. Veamos.

Mazazo judicial a los endeudamientos públicos temerarios

DetenidoEn tiempos de crisis algunas Administraciones locales se lanzan a concertar operaciones de endeudamiento para seguir manteniendo la ejecución de sus programas electorales o inversiones, pese a no cumplir las exigencias de estabilidad presupuestaria. Se trata de una huida hacia adelante que tropieza con la lupa vigilante de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local,Asesoría Presupuestaria de Comunidades Autónomas que en unos casos deniega la convalidación de tan arriesgadas operaciones y en otras requiere a la endeudada Corporación para que deje sin efecto las operaciones de crédito inválidas por carecer de autorización o incumpliendo sus límites, acompañado de la prohibición de concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Pues bien, ante tales requerimientos, el astuto cálculo de los regidores municipales es el siguiente: lo impugnamos, pedimos a suspensión cautelar de la decisión estatal que nos ahoga financieramente, y mientras el pleito avanza con paso lento y cansino, con su secuela de recursos, vamos gastando el crédito pedido ; y en caso de zanjarse con sentencia contraria alos intereses municipales, esta llegará tarde y ningún efecto tendrá pues ya estarìa ejecutada la operación de crédito.

Sin embargo, el error de cálculo viene porque el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 7 de Mayo del 2013 ( Rec.: 2736/2012 ) apartándose de una línea benévola a la suspensión de acuerdos estatales que puedan comprometer servicios públicos locales, rechaza con energía la suspensión cautelar de la orden que prohibe el endeudamiento o del requerimiento de anulación de la operación crediticia.

Las tasas judiciales en lo contencioso-administrativo tras el Real Decreto-Ley 3/2013

tasas judiciales  Las tasas judiciales en lo contencioso-administrativo  han entrado con mal pie. Primero, siguiendo la técnica del vendedor a domicilio que mete el pie en la puerta, se implantaron de la mano de la Ley 53/2002, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para los órdenes judiciales civil y contencioso-administrativo, en este último ámbito exclusivamente para las empresas mercantiles con forma societaria (las personas físicas, el común de los recurrentes vivían tranquilos amparados por gratuidad).

 Después, sobrevino  la Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, por la que se regularon las tasas judiciales,  con lo que el vendedor metió la pierna, el cuerpo y la cabeza pese a la cadena de garantía, creando gran alarma en el interior de la comunidad jurídica, que respondió con un fuerte portazo (protestas de abogados, fiscales y jueces), que obligó al vendedor a retirar el cuerpo pero dejando la pierna apalancada firmemente en el quicio de la puerta para tranquilizar al cliente.

El resultado es el reciente Real Decreto Ley  3/2013, de 22 de Febrero, que demuestra que las prisas son malas consejeras y que posiblemente nuestro vendedor sigue esperando mejor ocasión para franquear el umbral.

¿Se necesitará un cobrador del frac para los Ayuntamientos que no pagan?

cobradorUna vez que se ha implantado la regla del vencimiento a la hora de imponer las costas en los procesos contencioso-administrativos, de la mano de la llamada Ley de agilización procesal, resulta  fácil vaticinar que algunos Alcaldes se quedarán perplejos examinando sentencias de condena al pago de indemnizaciones por responsabilidad, por expropiaciones infravaloradas, por débitos a funcionarios, devolución de tributos u otros conceptos, a lo que se sumará la condena en costas para pagar el letrado propio y el ajeno. En ese momento, el Alcalde que ha heredado el pleito de otra corporación o que lo ha provocado o sostenido, sentirá la tentación de posponer tan abrumador pago.

Al fin y al cabo, las arcas públicas están bajo mínimas y el Alcalde intentará eludirlo.

Es en este escenario en el que posiblemente reverdecerá la posibilidad de embargar los bienes patrimoniales de la Administración, que siempre los hay. Para ello, espoleado por el acreedor, el juez contencioso-administrativo podrá recabar informe del  Interventor sobre los bienes patrimoniales de la corporación y su uso o rendimiento, o informe del Secretario sobre sociedades y fundaciones municipales ( pues al fin y al cabo, son bienes patrimoniales). Y a la vista del mismo podrá promover su embargo para licitación y obtención de fondos. Veamos los pros y los contras.

El Tribunal Supremo desplaza la doctrina del tiro único por la del doble cartucho

 

 

 El Supremo acaba con el tiro unico  El mundo del Derecho Tributario es complejo en trámites, formalidades y competencias. De ahí que no es infrecuente que un acto económico-administrativo ( liquidación,gestión, recaudación o conexos) sea finalmente anulado por los Tribunales contencioso-administrativos, y que la Administración Tributaria levantándose de la caída judicial vuelva a intentar dictar otro acto que, no incurriendo en los vicios anteriores, pueda resucitar la actuación hacendística.

 Para unos no podría dictarse un segundo acto porque no podría el humilde contribuyente estar expuesto a la maquinaria de Hacienda y tener que afrontar un proceso para ganarlo con una victoria pírrica que el coloque otra vez en la casilla de salida. 

 Para otros, en cambio, el error de Hacienda condenada por una sentencia no podía perjudicar a los bolsillos de todos los ciudadanos si ahora “hacía bien los deberes” y conseguía que no se eludiesen las obligaciones tributarias.

    Pues bien, en los últimos tiempos se manejaba por la doctrina y por algunos Tribunales económico-administrativos así como Salas de Tribunales Superiores de Justicia, la denominada doctrina del “tiro único” de manera que la Administración tenía una sola oportunidad para dictar un acto económico-administrativo y si este era invalidado por ulterior sentencia judicial contencioso-administrativa, no podría volver a “disparar” contra el contribuyente, salvo que la invalidez lo fuere por defectos formales en que se le concedía una segunda oportunidad.

  Algo así como si se distinguiese entre pecados capitales ( invalidez de fondo o material) con condena al infierno sin redención, y pecados veniales (invalidez de forma) que permitía su paso al purgatorio, donde la Administración de Hacienda podía con sus buena conducta conducirlo al cielo ( segundo acto impecable) o al infierno ( segundo acto errado).

Veamos pues, la STS de 19 de Noviembre de 2012 y su doctrina legal.

Mar, 18 dic 2012|De lo financiero y tributario|Comentarios desactivados|

Tasas por denunciar: un peaje cuestionable

Parece que en tiempo de crisis el ingenio municipal hay que extremarlo y así ha sido noticia que un Ayuntamiento Gallego ha fijado una tasa por gastos de tramitación de las denuncias por incumplimientos de la legislación local y ordenanzas municipales cifrada en 100 euros.  No sé como está redactada la Ordenanza fiscal en cuestión ni me pronunciaría sobre su legalidad, pero bien vale una reflexión general de Sevach al respecto.