Ser funcionario de habilitación nacional en tiempos difíciles

funcionarios nacionales ¿ Funcionarios de debilitación nacional? Sé que el calambur es un tanto simplón pero cuando se examina la evolución normativa del régimen de los funcionarios de habilitación nacional, da la sensación de un proceso de “acoso y derribo” de tales cuerpos en nombre de la política y de la eficacia.

El Estado no es responsable por la errada transposición de las Directivas sobre trienios a los interinos

trienios El culebrón de los trienios del personal interino llega a su fin con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 21 de Febrero de 2014.  Se trataba en esta ocasión de determinar si el Estado era responsable del pago retroactivo de los trienios al personal interino ya que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) fijaba sus efectos desde su vigencia ( Abril de 2007) pese a que la Directiva europea fijaba como límite de transposición al Derecho interno el 10 de Julio de 2001.

La extinción de los interinos por la Ley 27/2013 : Falsa alarma

funcionarios interinos policia  Dicen que los dinosaurios se extinguieron por el impacto de un meteorito, y me llegan voces preocupadas que apuntan a la desaparición de los funcionarios interinos en la Administración local por la fuerza de la reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Se trataría de la nueva redacción otorgada al artículo 92 de la Ley de Bases de Régimen Local, que introduce un caballo de Troya en la estabilidad de los funcionarios interinos que desempeñan funciones de autoridad.

Horas bajas para los Pactos y Convenios Colectivos de la Administración Pública

Administración como patronal   En época de vacas gordas la negociación entre Administración pública y sindicatos era fluida y aunque se perdían muchas energías negociación se efectuaron notables conquistas en los derechos de funcionarios y trabajadores.  Sin embargo, la crisis ha sometido a un pulso la fuerza de los gobernantes con los Pactos o Convenios preexistentes,  que según los recientes pronunciamientos de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se ha decantado por la victoria de la patronal. Veamos los hitos jurisprudenciales.

Quince cosas que no debe decir ningún alto cargo a ningún funcionario

daño-1    Lo habitual es que autoridades y funcionarios,  al tirar ambos del pesado cargo de la Administración Pública, mantengan una relación fluida, que unos casos será cordial y armoniosa y en otros mas fría e impersonal. Ahora bien, manejando cifras grosso modo, nos encontramos con dos millones de funcionarios gobernados por unos treinta mil altos cargos, que deciden sobre dos millones de expedientes anuales, lo que da lugar a tensiones o desencuentros en que el político (coronado como autoridad o alto cargo) pierde los papeles y comete el error de decir lo que no debe al funcionario.

La especialidad de la relación entre funcionario y autoridad, que la distingue de la relación entre un jefe y un empleado de empresa privada,  deriva de su diferente posición y visión de la Administración pública, que por lo general podemos simplificar o caricaturizar así: el político tiene por metas fines políticos; el funcionario se ocupa del camino  y la gestión; el político debe su cargo al partido y el funcionario a un procedimiento selectivo bajo mérito y capacidad; el político estrena el cargo  con fecha de caducidad y el funcionario ocupa su puesto con estabilidad; el político desconoce la normativa pública y el funcionario conoce las consecuencias de incumplirla; el político considera el cargo como un escenario mediático para cosechar votos y el funcionario trabaja discretamente tras las bambalinas; el político novicio suele entrar como un caballo en una cacharrería y el funcionario novicio cree con fanatismo en la Administración transparente, imparcial y eficaz; el político veterano se ha convertido en zorro astuto y el funcionario veterano en tranquilo erizo. Pero sobre todo, en mayor o menor medida (directa o indirectamente), el alto cargo es señor de haciendas y vidas burocráticas, y especialmente del futuro profesional del funcionario.

 Pues bien, por lo que conozco de la pecera burocrática aquí va la lista de las quince torpezas mas comunes en los malos políticos que han sido investidos como directivos públicos. Aunque ya me ocupé con anterioridad de los altos cargos públicos inspirados en el cine, ahora la perspectiva va referida exclusivamente a aquéllas frases que puestas en boca de un alto cargo y escuchadas por un funcionario, provocan zozobra y malestar que éste no merece. Lógicamente se refieren a supuestos de funcionarios que trabajan en niveles próximos al contacto con los altos cargos. Pasen y vean.

Despido colectivo en la Administración: ojo con los gatillazos

 desplifarro    Cuando se reglamentó el despido colectivo  para la Administración, mediante el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, algunas autoridades lo vieron como una oportunidad para aplicar la guadaña a las plantillas.  Bastaba con juntar informes contables que demostrasen la calamitosa situación económica para poder  recortar las plantillas a precio de saldo. Afortunadamente los Tribunales en ocasiones demuestran un encomiable sentido común frente al que colisionan los formalismos y los informes de complacencia.

Así, algunas Administraciones,  como quien recorta el chocolate al loro, con la coartada de los problemas presupuestarios se embarcaron en  un despido colectivo de empleados públicos, pese a mantener  bolsas de incongruente despilfarro.

En suma, si hay que arrojar lastre del presupuesto de gastos que sean el de asesores, gastos de representación, cuchipandas y demás juegos florales que todavía pululan en algunas Administraciones que no se han dado cuenta que corren tiempos de austeridad y transparencia.

 Viene al caso por la ejemplar sentencia dictada por la Sala Social de Galicia de 2 de Mayo de 2013 (rec.10/2013), que enfrentada a la extinción de una veintena de contratos laborales indefinidos por razones económicas de la Diputación de Orense, estima el recurso sindical y declara nula la decisión, utilizando la Sala, tras una espléndida exposición sobre la novedosa figura del despido objetivo en la Administración, una argumentación que provoca cierta sonrisa al lector, y que demuestra que a veces cabalgan juntos  la jerga judicial y el sentido común coloquial.

Personal indefinido no fijo: ¿amortización sin indemnización o ERE ?

dilema     Una de las cuestiones mas candentes hoy día, a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012 (que incorporo el ERE en la esfera administrativa como cauce de despido objetivo)  radica en el cauce legal para acometer la extinción de la relación laboral con personal indefinido no fijo, esto es, el personal que trabajando para la Administración Pública ha sido declarado por sentencia judicial del orden social, con el carácter indefinido pero no fijo; y no es fijo, porque podrá ser removido en el momento en que se cubra su plaza por procedimiento legal y bajo principios de igualdad, mérito y capacidad ( lo que ha llevado doctrinalmente a calificarlos de “indeterinos”).

 Resulta incontrovertido que si su plaza se ocupa por alguien seleccionado en concurrencia, mérito y capacidad, aquél quedará desplazado de la misma. El problema radicaría en si la simple amortización de la plaza por decisión de la Administración empleadora bastaría para extinguirlo, sin necesidad de ERE, y por tanto, sin la indemnización por despido objetivo.  Examinemos un posible enfoque de la cuestión.

Relaciones de Puestos de Trabajo: ¿ carne o pescado ?

Relación de puestos de trabajo    Hace poco volví a ver la película “Espartaco”(Kubrick,1960) y me sorprendió comprobar una escena añadida a la versión que a mis doce años disfruté en un cine escolapio, puesto que actualmente y sin censuras ofrece una escena de un baño nocturno que toma en su mansión el tribuno Marcus (Laurence Olivier) asistido por su esclavo (Tony Curtis) a quien suavemente le hace una pregunta de explícita carga sexual “Antonino, ¿qué prefieres, los caracoles o las ostras?“. Pero el propio Marcus tiene la respuesta adecuada: “Solo es cuestión de gusto, no es una cuestión moral”. Viene al caso, porque acabo de leer una recientísima sentencia del Tribunal Supremo sobre las Relaciones de Puestos de Trabajo donde nuevamente se mueve en si se trata de actos generales o si son reglamentos (¿galgos o podencos?) y la impresión que llevo es que parecemos estar ante una cuestión de gusto, o como sugiere la versión original de la película citada, quizá la opción por caracoles u ostras cambia  “según la temporada”.

  En efecto, el Derecho Administrativo es un mecano complejo. Bajo la vieja Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 el salón de baile judicial solo contaba con el acto administrativo y el reglamento. Tras la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se habla de “actuación administrativa” (art.25) para dar cobertura a “cuatro en uno”: acto expreso, desestimación presunta, inactividad y vía de hecho ( manteniéndose el reglamento). Pero sutilmente el mestizaje aflora y nuevas figuras aparecen en escena, como el caso de los denominados barrocamente “actos plúrrimos” o actos generales, ( ej. convocatorias públicas), que a su vez como muñecas rusas dejaron nacer otros actos generales de perfil mas singular: las Relaciones de Puestos de Trabajo, que por decirlo claramente: son mas que un acto general pero menos que un reglamento. Y esta naturaleza ambigua explica el problema que ha recibido respuesta vacilante en la jurisprudencia, cuyo último hito me propongo comentar.

Consejos prácticos para sobrevivir como funcionario

FuncionariosMe han solicitado si podría exponer algunos consejos prácticos para los funcionarios de nuevo ingreso, al estilo de los consejos que en su día tuve el atrevimiento de formular para los nuevos abogados. Asumo gustoso el reto de fijar pautas o criterios útiles que han cristalizado en mi paso por varias Administraciones y durante muchos años. Quizá muy típicos, acaso teóricos  o incluso errados, pero ahí están negro sobre blanco porque al menos su lectura no perjudica, y si uno solo de ellos es útil para una sola persona, habrá valido la pena.

  Eso sí, teniendo claro, por un lado, que dada la diversidad de regímenes y categorías de empleados públicos impone cierta adaptación a las particularidades, y por otro lado,  que cada uno opina de la feria según le va. Por supuesto, los veinte consejos prácticos que indicaré los tienen convalidados quienes tengan cosechados dos trienios en el ámbito público.

El Boletín Oficial enseña, el Boletín entretiene…

 BOPA  Dado el frenazo a las actividades públicas de fomento cultural en tiempos de austeridad, parece que la sensibilidad de las autoridades lleva a aprovechar la publicación en Boletines Oficiales para ofrecer de forma universal y gratuita sudokus, juegos de palabras y entretenimientos que distraigan al ciudadano de la aridez legislativa. Diríase que en vez de aquello de “la letra con sangre entra”, se aplicaría lo de “la ley con errores entra”. En  fin, aquí va el pantallazo del Boletín Oficial para que sea leído con calma…¡ y no olviden que las leyes son imperativas y coactivas!

Funcionario: cuidado con divulgar información privilegiada

secretoErase una vez un funcionario que trabajaba en el Departamento de licencias municipales y tenía acceso al ordenador donde figuraban los datos de las empresas de hostelería que habían solicitado licencia de actividad, así que una empresa de máquinas recreativas deseosa de conocer los nuevos establecimientos para ofrecerle sus servicios, le propuso al funcionario que le informase. El funcionario le facilitó los listados con los datos de las empresas, sin que conste beneficio económico concreto alguno y ahí empezaron sus problemas. Fue condenado penalmente e inhabilitado como funcionario por cometer el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios tipificado en el art.442 del Código Penal.

 Traigo a colación por la confirmación de la condena por la reciente Sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 4 de Diciembre de 2012 (rec.32/2012) sobre el caso expuesto, debido a que en España suele defenderse numantinamente la esfera de la propia intimidad y datos personales pero cuando se trata de datos manejados por la Administración, muchos funcionarios de buena fe cree que pueden hacer un favor divulgándolos impunemente.

 Y no es así. Es interesante la precisión del Tribunal Supremo de que no solo se castiga penalmente violar la información secreta sino la “información privilegiada” y ésta es la que no resulta de libre acceso al público.

El de la casa gana: lacra en los empleos públicos

 

BFWYWnvB_GW46LPggUK00zl72eJkfbmt4t8yenImKBVaiQDB_Rd1H6kmuBWtceBJUn buen amigo obtuvo por oposición libre una plaza a la que concurría el funcionario que la desempeñaba como interino. Cuando aquél tomó posesión, el recibimiento de los funcionarios de su unidad, expresado por la cabecilla mas lenguaraz fue el siguiente: “ Estábamos muy contentos como estábamos y si no se quiere al de la casa pues no cuente con nuestra ayuda. Aplicaremos el mínimo esfuerzo”. Rigurosamente cierto.

Afortunadamente no es la regla general, pero pone de relieve la situación planteada en infinidad de procedimientos selectivos en que concurren por el turno libre tanto funcionarios interinos como personas ajenas a la Administración. Las situaciones mas sangrantes son aquéllas en que un interino de larga duración participa por el turno libre, y forma parte del Tribunal calificador el superior jerárquico de aquél. Claro que a veces eso es un arma de doble filo, porque muchos tienen prejuicios hacia el interino y su calificación será sesgada para que no obtenga la plaza, aunque lo habitual es que reine la armonía.

También se plantea con similar perfil el problema cuando se trata de concursos para la provisión de puestos de trabajo, si existen epígrafes discrecionales o entrevistas y Memorias, caso en que estadísticamente quien desempeñaba el puesto de trabajo en comisión de servicios o destino provisional suele conquistar la plaza.

1. Este “caballo de Troya” en la imparcialidad del procedimiento selectivo se ha sostenido tradicionalmente con varios argumentos para evitar la aplicación de los motivos de abstención y/o recusación del art.28 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Administraciones Públicas. La “amistad íntima” le quedaba corta, porque claro una cosa es la relación profesional y otra poder hablar de amistad “íntima” (adjetivo impuesto por el legislador). La “relación de dependencia” quedaba fuera del vínculo entre interino ( o comisionista) y el superior jerárquico pues el empleado lo es de la Administración-persona jurídica pero no de otra persona que ocupa un puesto de trabajo dentro de la organización. A ello se sumaba el argumento lógico de que si el reclutamiento era para trabajar en ese ámbito, lo natural es que formara parte del procedimiento selectivo el futuro patrón.

2. Por si fuera poco, en la promoción interna, lo natural es que se conozcan miembros del Tribunal y los aspirantes de forma inversamente proporcional al tamaño de la Administración  (para lo bueno y para lo malo) y hay que confiar en la probidad de aquéllos. No tengo problema en confesar que formé parte de un Tribunal de Oposiciones hace mas de una década y la promoción interna fue un coladero con filtración incluida, pero mis dificultades para probarlo me llevaron a formular un enérgico voto particular que me llevó a un colosal enfrentamiento con la autoridad que me había nombrado vocal.

3. Y no digamos ya en el mundo universitario, donde la endogamia campa por sus respetos,  y se sustenta en cocinar la promoción y estabilidad con la complacencia del profesor permanente que le apadrina,

4. Pues bien, el tema lo traigo a colación a raíz de una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num.once de Barcelona de 27 de Diciembre de 2012 (PA 588/2011)  que invalida un procedimiento de concurso específico de provisión de puestos de trabajo ya que de los dos aspirantes, uno de ellos ocupaba el puesto en comisión de servicios bajo la dirección y contacto con un miembro de la Junta que valoró el concurso.
Oigamos las cuatro singularidades que llevan al juez a rechazar tal composición del Tribunal:

«La primera, que es superior jerárquico antes y durante la tramitación del concurso; la segunda que está ocupada en comisión de servicio por la aspirante que resulta finalmente seleccionada, categoría de provisión de puesto de trabajo que tiene un componente de provisionalidad y discrecionalidad en su adjudicación, con independencia de su carácter reglado o no (…); en tercer lugar, que el número de miembros de la Junta siendo ya reducido, sin posibilidad de disolución en una amplia mayoría de las valoraciones que realice la vocal recusada, resultó que a la sesión de 24 de Mayo de 2011 asistieron los tres vocales… y a la sesión de 9 de Junio de 2011 asiste el presidente y la vocal recusada”(…) Y en cuarto lugar que se trata de un puesto de extraordinaria especialización para el que solo existen dos aspirantes y que además tienen una alta cualificación, de manera que participar en la Junta de Méritos, aún con la segura predisposición a realizar la labor con imparcialidad, la circunstancia de ser superior inmediato hace que se cumpla la previsión de la LRJAC.»

Y a renglón seguido añade una espléndida consideración:

“ La expresión relación de servicio hay que entenderla en sentido amplio comprensivo de cualquier tipo de servicio, público o privado, laboral o civil (arrendamiento de servicios, mandato,etc), siempre que se dé una situación real de subordinación, en cuyo caso la posible influencia sobre el “dependiente” hace necesario que no intervenga este último en el expediente en el que esté interesado directamente el “principal” o “superior”, siendo esto lo que ocurre en el caso de autos”.

En fin, estamos ante una línea jurisprudencial regeneracionista, que cobra especial valor en tiempos de crisis en que han quedado vacantes muchos puestos de trabajo por amortizaciones de plazas y puede que la comisión de servicios para cubrirlas venga acompañada de la humana tentación de que toque en suerte el Jefe en la Comisión de Valoración para adjudicar destino definitivo.

Efectos económicos de los trienios al completarse el período, y no a fecha de reclamación, Supremo dixit

 

Si algo afecta antes o después a todos los funcionarios y les provoca una alegría en “ la pertinaz sequía” retributiva que les asola es el devengo de un trienio. Tales complementos fijos en su cuantía y de devengo mensual e indefinido, se generan por cada tres años de experiencia en la Administración como funcionario, laboral o bajo la ya derogada figura del contrato administrativo de colaboración. Además, bajo la fuerza de la doctrina comunitaria los trienios los devengan no solo los funcionarios de carrera sino los funcionarios interinos, lo que ha dado a una reciente cascada de reclamaciones en vía administrativa y contencioso-administrativa para obtener el reconocimiento del derecho al cobro de los trienios cosechados por quienes todavía conservan la condición de interino pero han sido curtidos en la Administración a la que sirven. Pues bien, una recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de  10 de Octubre de 2012 (rec. No de Recurso: 562/2011) pone orden en una cuestión controvertida en los tribunales territoriales y lo hace según sus propias palabras “sin vacilación”.

Despidos en la Administración: ¿lotería pública amañada?

Los despidos colectivos en la Administración Pública están arrancando con pie firme ante la reciente reforma laboral. Para que el buque público no se hunda hay que lanzar lastre al océano, y tras arrojar la mercancía (gastos de suministro, infraestructura o servicios prescindibles) se hace saltar por la borda a parte de la tripulación: primero, los contratados temporales; después, los funcionarios interinos; luego los contratados laborales indefinidos no fijos; y si hace falta, los contratados laborales indefinidos y fijos. Los funcionarios de carrera se mantienen por el momento. El problema radica en la amplísima discrecionalidad de la autoridad autonómica, local o del ente público para mandar al garete a unos u otros. El expediente de despido colectivo bajo el pretexto económico soporta todo y la queja por agravio comparativo (¿por qué yo y no aquél?) nunca prospera, judicial ni extrajudicialmente.

El Tribunal Constitucional ampara Rectores y Universidades: caso Trevijano

La recientísima Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de Octubre de 2012, otorga amparo al actual Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro García Trevijano, y ratifica la legitimidad de su nombramiento que había sido anulado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La cuestión jurídica era de sencilla formulación pero de difícil respuesta. ¿Puede alguien que está ocupando el cargo de Rector democráticamente elegido por segunda vez, volver a presentarse a las elecciones para tal cargo, si los Estatutos aprobados durante su mandato fijan un máximo de dos reelecciones consecutivas?, o en términos jurídicos, ¿ esa limitación de mandatos es “retroactiva” y se cuentan los disfrutados “antes” de aprobarse los Estatutos, o es “prospectiva” y el contador de mandatos se debe poner a cero?. La cuestión tiene enorme interés pues no es infrecuente la fijación por normas legales o reglamentarias, para reaccionar frente a situaciones de falta de rotación de autoridades, de límites de mandatos( Asociaciones, Federaciones Deportivas, Agencias y Entes Autónomos, etc).

El Tribunal Supremo confirma que el trabajador que abandona el trabajo por impago no pierde la indemnización del empresario

 

Despido trabajador Hasta hace poco si el empresario no pagaba el salario (cosa harto frecuente en tiempo de crisis), el trabajador estaba obligado a seguir acudiendo a su puesto de trabajo de forma puntual y diligente, mientras se resuelve su demanda ante la jurisdicción social para conseguir una indemnización por el incumplimiento empresarial (que revelaría la extinción empresarial del contrato). Recordemos que el impago de salario constituye incumplimiento grave del empresario que comporta la indemnización propia del despido improcedente.

Esa situación que tristemente se está haciendo frecuente roza la burla: hay empresarios que no pagan ni van a pagar ( lo saben y no les importa) pero se aprovechan del esfuerzo de su trabajador para seguir manteniendo su empresa mientras se las ingenian para dejarle en su día con un palmo de narices ( dejando insolvente la empresa, desviando los beneficios hacia cuentas ocultas, etc). También es cierto que hay casos de trabajadores que, contando con jugosas ofertas de otras empresas, aprovechan para obtener una tajada indemnizatoria de la empresa que no les paga porque no puede hacerlo.

 Pero donde la malicia se convierte en maldad es cuando el empresario sin escrúpulos ( la excepción, pero los hay) incluso sugiere sin testigos a su trabajador que no vaya a trabajar pues no puede pagarle, y cuando el confiado trabajador en su hogar rumia su desdicha, se encuentra con que el empresario le comunica que …¡ le despide por abandono del trabajo!, y con ello se ahorraría la indemnización.

 Estas situaciones parecen están próximas a tocar punto final tras la reciente Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de Julio de 2012 que, demostrando la conexión con la realidad social, resuelve un caso terminal de enorme interés. Hacemos hincapié para poner de relieve su importancia, que tal sentencia es dictada en Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina y cuenta con el voto particular de nada menos que seis magistrados de la misma Sala.