Categoría: Empleados publicos

Al asomarse Sevach a través del google a los permisos de lactancia y de excedencia materna, se ha encontrado con una situación de confusión e incertidumbre de numerosas madres, funcionarias y laborales, que afrontan ciertas resistencias por parte de la Administración a reconocer con generosidad tales derechos.

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La travesía bíblica del desierto de los hebreos, durante cuarenta años en pos de la Tierra Prometida, de forma errática y dejados de la mano de su Dios, recuerda a los 9000 funcionarios de la Administración de Justicia que llevan tres semanas clamando ante las puertas del Ministerio para que les equiparen sus retribuciones a quienes realizan la misma labor en las Comunidades Autónomas con los servicios de justicia transferido. Las últimas noticias del estancamiento de las negociaciones son preocupantes.

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Hace unos días el Gobierno Libio anunció el “despido” de 400.000 empleados públicos por razones de austeridad presupuestaria, concediéndoles por toda compensación el abono del salario correspondiente a los tres años siguientes mientras encuentran trabajo alternativo. Tal noticia es recibida en España como quien escucha los efectos de un tsunami en la costa Thailandesa.

Sin embargo, Sevach considera que en España se están dando las condiciones para la llamada “tormenta perfecta” (unión devastadora entre huracán y tormenta) en materia de empleados públicos. Y es que puede hablarse de “tormenta perfecta burocrática” en el ámbito de la burocracia española, ya que se avizoran varias condiciones y factores críticos.

a) La crisis económica. En tiempos de inflación, endeudamiento doméstico y empresarial y desempleo galopante, la Administración Pública debe atender a mayores gastos con menos ingresos. Por eso, la consabida fórmula mágica del político de turno consiste en aplicar bisturí a los gastos de personal en el presupuesto, con medidas archisabidas: amortización de vacantes por jubilación sin reponer efectivos, crecimiento de la actualización anual de los sueldos por debajo del IPC, prejubilaciones forzosas, etc.
En fin, nada nuevo bajo el sol. Si la economía es cíclica, las reformas burocráticas también. Mírese a la última etapa española de crisis económica (década de los noventa) o las recientes medidas del Gobierno Sarkozy, y se reconocerá el diagnóstico y el tratamiento.b) El período postelectoral. Actualmente asistimos a promesas electorales desatadas por los partidos políticos, que en su mayor parte cuestan dinero. Y cuando llegue el momento de cumplir las promesas, las limitaciones presupuestarias imponen aplicar el castizo adagio de “desvestir a un santo para vestir a otro”, lo que posiblemente llevará a “desnudar” al colectivo funcionarial para vestir otros colectivos menos rentables electoralmente.c) La aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007. La norma fundamental de los empleados públicos, aprobada tras un larguísimo parto de casi 27 años desde su previsión por la Constitución, tendrá que ser objeto de desarrollo por Estado y Comunidades Autónomas.
Dado que este Estatuto Básico reparte la materia burocrática, como un padre reparte la herencia en vida entre sus hijos, distribuyéndola entre Comunidades Autónomas (remitiéndose a sus propias leyes) y los sindicatos (remitiéndose a negociaciones sin límite serio) es fácil pronosticar que vendrán tiempos de discriminación entre funcionarios, según la Administración a que sirvan y según la capacidad negociadora de los representantes de los funcionarios (o según el talante del gobernante de turno).
El resultado será una situación de agravio entre funcionarios, con sus secuelas de insatisfacción, quejas y desilusión, que repercutirán en el servicio público.

d) La Babel de empleados públicos española o las tribus burocráticas. El Estatuto Básico de los Empleados Públicos de 2007 no fijó el criterio racional de que el carro de la Administración Pública fuese tirado exclusivamente por “funcionarios” o “laborales” (lo que permitiría zanjar el absurdo de distintos regímenes para prestar un mismo servicio). Y además conservó el personal “eventual” (designado libremente por el político gobernante entre huestes clientelares) y le añadió los “directivos profesionales” (supuesta clase directiva a reclutar y retribuir como “tiburones empresariales americanos”).
O sea, dos ruedas cuadradas (funcionarios), una rueda redonda (laborales), una cuarta de goma (eventuales políticos), tirado por un caballo pura sangre (altos cargos tecnócratas) y una mula (directivos profesionales), mientras los cocheros están enzarzados en discutir (gobierno y oposición), y avanzando a golpe de látigo o improperio. Eso sí, sobrepasado el carro o seguido por carros autonómicos de libre diseño. Un panorama desolador.
Por si fuera poco, como medida general a corto plazo prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público no se contempló el rediseño racional del carro, sino el puro parcheo, por lo que contempla los procedimientos de consolidación de empleo temporal (interinos a plaza fija) y de funcionarización (laborales reconvertidos en funcionarios), así como el blindaje retributivo de altos cargos (conservando puestos de origen y jugosas retribuciones en caso de cese).
Tales procedimientos mantendrán entretenidas un par de años a las Administraciones y sindicatos, pero tendrá contrapartidas lógica en perjuicio del común de los funcionarios y de la ciudadanía: crecimiento del gasto público, paralización de oferta de empleo externa e hipotecas de las estructuras orgánicas que deben dotarse de plazas bajo el principio de “el empleado – temporal- crea el órgano –definitivo”.

e) La resaca electoral también repercutirá negativamente en la esfera burocrática. Todo cambio político, y en mayor medida, cuanto mayor es el tamaño de la entidad pública, gane quien gane, produce un impacto en el tejido del personal burocrático por los habituales trasiegos y componendas políticos. Así, quienes deben cesar en sus cargos públicos suelen retornar a puestos burocráticos cómodos; el personal eventual ha de moverse por los canales del partido para ser acogido en las nóminas de una Administración del mismo color ideológico; y todos esos “políticos venidos a menos” buscan su espacio de poder a costa de interferir en la actuación de los profesionales.

f) El impacto de las tecnologías de la información en las Administraciones Públicas. La Administración ha experimentado unos cambios espectaculares en formas y procedimientos, y la masa burocrática sigue ahí como la Puerta de Alcalá (“Mírala, viendo pasar el tiempo, ahí está la Puerta de Alcalá”, dixit Ana Belén).
En efecto, se ha pasado de la “ventanilla” a la “pantalla”; de las enormes colas a la consulta desde casa o citas previas; del laborioso acopio personal de documentación en papel a la documentación automatizada a cargo de la propia Administración; de la información obtenida en “peregrinaje” burocrático a la consulta directa y exacta sin desplazamiento; del funcionario anónimo al funcionario responsable; los tiempos se reducen, los trámites se simplifican, las formalidades se desvanecen,… Y esta Administración electrónica pugna con cierto segmento de funcionarios de la era de la escritura y resistentes al reciclaje.
En suma, se necesitarán a corto plazo menos funcionarios y los que existan, formados tecnológicamente en administración electrónica. Las reconversiones son inevitables.

g) El prejuicio hispano hacia los funcionarios. Es innegable (y cuesta quitar las manchas a un leopardo) que los empleados públicos, desde Larra (“Vuelva usted mañana”) arrastran una imagen de desidia y privilegio que es pasto fácil para la crítica de bar, la envidia del Juan Español y sobre todo, para que las medidas de recortes de efectivos o plantillas, sean observadas con complacencia (o complicidad) por el común de la ciudadanía.
Se trata de una visión pretérita y alejada de la realidad, ya que, en las dos últimas décadas el eje de la Administración Pública ha pasado del “funcionario” hacia el “ciudadano”. El lenguaje ha seguido esta evolución: el término “administrado” ha sido sustituido por “ciudadano”; la “instancia” por la solicitud; los tratamientos y usías se han suprimido; toda Administración que se precie cuenta con oficinas de información, unidades de reclamaciones y servicios de inspección; se garantiza la protección de datos personales; no hay pólizas y los gestores administrativos han perdido buena parte de su trabajo; los tribunales de lo contencioso-administrativo se han “humanizado” al acortarse tiempos de resolución y corregir desafueros.
Y todo ello, teniendo en cuenta que dos millones y medio de empleados públicos hacen posible un millardo anual de actos administrativos (se preparan, dictan, notifican y ejecutan) además de prestar de forma continua servicios públicos inimaginables en el pasado con calidad y eficacia (policía, sanidad, transporte público, tutela ambiental, obras públicas, etc).

En definitiva, que los prejuicios hacia los funcionarios carecen de fundamento serio, pero como tales prejuicios son inmunes a la racionalidad, y por eso no es extraño que el mundo burocrático sea el más sensible para servir de “cabeza de turco” para medidas cara a la galería electoral.

En definitiva, la tormenta perfecta está servida. Y aunque la inamovilidad del empleado público está consagrada legalmente, lo que no está garantizado es su inmunidad ante recortes retributivos, traslados o suspensiones de derechos. Habrá que esperar a que capee el temporal.

La semana pasada los medios de comunicación ofrecían dos noticias aparentemente distantes pero con preocupante conexión. Por un lado, el decomiso en México del mayor alijo de cocaína del mundo con 23 toneladas y por valor de 400 millones de dólares. Recuerda a Sevach otra anterior, de hace seis meses, en que la Delegación del Gobierno en Galicia requisaba en un buque más de 4 toneladas kilos de droga que alcanzarían los 140 millones euros en el mercado. Por otro lado, el elevado consumo de cocaína en España en centros públicos (oficinas, hospitales, Universidades, etc).

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6. Continuando el soliloquio sobre el rendimiento de los empleados públicos, a título puramente personal, Sevach considera que la sencillez no está reñida con la eficacia, y que bien podría fijarse un sistema de evaluación del rendimiento bajo las siguientes simples reglas:

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3. Siguiendo con la evaluación del rendimiento de los empleados públicos en el Estatuto Básico, a Sevach le sorprende primero, que si la “evaluación del rendimiento” es el eje de la Ley sobre la carrera administrativa, las retribuciones y la eficacia pública, ¿por qué el legislador estatal no lo concretó en vez de considerar que son admisibles tantos sistemas de evaluación de rendimiento como Comunidades Autónomas existan?.

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Regresa Sevach de asistir a unas jornadas organizadas por la Universidad de Zaragoza sobre el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, y una de las cuestiones mas oscuras y enigmáticas, tanto antes como después de las jornadas, es cómo se va a aplicar por las Administraciones Públicas el mandato legal de “evaluar el rendimiento” del personal.

1. El Estatuto Básico de los Empleados Públicos aprobado por Ley 7/07 fue anunciado a bombo y platillo como el “arma definitiva” frente a la molicie de los funcionarios, mediante la “evaluación del rendimiento”. Dado el prudente silencio legal, queda en el aire la determinación de qué es eso del “rendimiento” y cuales los “indicadores” (¿cumplir la jornada?,¿tener impoluto el despacho?, ¿número de reuniones semanales?, ¿tener los asuntos al día?, ¿recibir la felicitación del jefe?¿cosechar aplausos ciudadanos?, ¿no viajar por internet en horas de trabajo?, tener iniciativas para mejorar el servicio?, ¿gastar poco teléfono y folios?, ¿sonreir mucho?, ¿estorbar poco?…).

De forma intuitiva, los ciudadanos y compañeros del empleado público, saben exactamente quien “rinde” y quien “no rinde” en la organización, o lo que es lo mismo, quién es “trabajador” y quien un “vago”.

Desde un punto de vista lógico, el rendimiento es pluridimensional, ya que han de tenerse en cuenta muchas variables, y entre otras mencionaremos:

a) Las características, formación y experiencia del empleado (la conexión entre rendimiento y aptitud objetiva es indudable, siendo meritoria la disposición a reciclarse y formarse en un entorno normativo fuertemente dinámico como es el Derecho Administrativo);
b) El método que emplea en su trabajo (no es lo mismo quien escribe a mano sus informes que quien utiliza la tecnología informática, ni quien utiliza técnicas de confesionario con el ciudadano en vez de técnicas de médico de urgencias);
c) La capacidad para tomar decisiones (ha de valorarse positivamente la iniciativa y la capacidad resolutiva, frente a la actitud dubitativa o la tendencia a servirse del silencio administrativo);
d) El clima ciudadano destinatario de la gestión del empleado (ha de aplaudirse quien consigue que el ciudadano al menos comprenda el criterio de la Administración y en cambio censurarse a quien solo adopta tono desabrido y distante); e) El control de su ámbito competencial (es meritorio el empleado que asume y ejerce sus atribuciones, sin evadirlas ni endosarlas abusivamente a terceros).

2. El planteamiento subyacente en tales evaluaciones de rendimiento es asignar un incentivo retributivo, pero desde un punto de vista sociológico, no puede ignorarse que la misma zanahoria no hace salivar a todos. El planteamiento monetario ignora que los estudios de las revistas del mundo empresarial (entre ellas, Fortune), arrojan conclusiones aplicables a esa gran empresa que es la Administración pública, revelando lo que los sabios siempre han dicho: el dinero no lo es todo. En cambio, lo que quiere el empleado es:

a) Que se le reconozca su dignidad y papel en la organización;
b) Que se le conceda un mínimo de autonomía o capacidad de decisión;
c) Que pueda ser recompensado en términos de flexibilidad horaria, vacaciones, cursos de formación o posibilidad de ocio. En definitiva, que pueda irse al trabajo con ilusión y volverse del mismo sin preocupación.

3. Por ello, en clave de humor amargo, Sevach se atreve a formular las “leyes del rendimiento funcionarial” (aunque pueden extenderse a los empleados públicos en general):

1ª Ley de respuesta asimétrica al incentivo. El funcionario ante un incentivo económico mejora su rendimiento pero en menor proporción que el cambio que experimentaría su rendimiento a la baja si es privado de un complemento de cuantía idéntica.

2º Ley de movimiento acordeón. El empleado tiende a actuar con mayor o menor rendimiento según la ilusión que transmita el superior inmediato y cómo ejerce este la potestad de mando. Algunos trogloditas de cuello blanco creen que está vigente Maquiavelo por aquello de “mejor ser temido que amado”, pero lo cierto es que el liderazgo pasa por escuchar, empatizar y ponerse en lugar del empleado dependiente.

3º Ley de Resistencia al cambio. Al igual que los generales tienden a emprender sus campañas militares conforme a las estrategias de su última victoria, el funcionario tiende a seguir manteniendo sus técnicas y procedimientos, frente a los cambios normativos o tecnológicos. Es lo que en economía se conoce como la Ley de Gresham: “La rutina diaria desplaza los planteamientos innovativos”.

4º Ley del movimiento continuo. El funcionario que cambia frecuentemente de puesto de trabajo es mas insensible a los estímulos vinculados al rendimiento, ya que los frutos de los incentivos se vinculan a la estabilidad, consolidación de criterios de gestión y dominio del entorno. Quien va de puesto de trabajo, como abeja de flor en flor, poco le importa dejar huella positiva en su puesto de trabajo.

5º Ley de Conservación de la propia imagen. Si los políticos o eventuales se adentran en el contenido funcional del puesto del funcionario, o si se apropian de su trabajo para venderlo como éxito propio, la autoestima del funcionario público pasa por menor empeño y diligencia en su trabajo para que nadie se “adorne con plumas ajenas”.

6º Ley del Desencanto Corporativo. El funcionario público que accede ilusionado tras un duro procedimiento selectivo a una estructura de cuerpos o escalas de funcionarios y se inspira en sana lealtad institucional, corre el riesgo de la apatía funcional si se ve inmerso en un panorama hostil y que le priva de las referencias básicas: politización de decisiones, laboralización descontrolada, externalización o privatización de servicios, planificación formal desafortunada, despilfarro electoralista, cambio vertiginoso de la norma una vez dominada, politización de las decisiones, control jurisdiccional tardío etc.

7º Ley del Rendimiento singularizado. Resulta muy dificil fijar un indicador homogéneo para medir el rendimiento individual de cada empleado público, dado que cada puesto de trabajo presenta sus exigencias funcionales. Así, puede ser fácil vincular el rendimiento del empleado público a la cantidad (ej. funcionario de aduanas que estampa visados en los pasaportes), a la calidad (ej. médico de la sanidad pública), al tiempo invertido (ej. funcionario que atiende el Registro General), o a la forma de atender al público (ej. funcionario del Servicio de información), pero en otras ocasiones no se tiene mejor rendimiento porque no hay más trabajo (ej. enterrador municipal) o bien resulta indiferente su actitud cortés o atuendo hacia el público (ej.pocero municipal), y ello sin olvidar que buena parte de los puestos admiten distintos indicadores, de difícil valoración conjunta (p.ej. el empleado del servicio de préstamo bibliotecario puede ver medido su rendimiento por la cortesía, por el número de tarjetas de lector, por el número de libros prestados y/ o devueltos, por la recepción de sugerencias para actualizar los efectivos o sencillamente por su diligencia en reponer los libros en las estanterías o informar sobre su disponibilidad).