Cuando la motivación de las sentencias juega a las siete y media

motivacion de las sentencias La Administración cuando motiva los actos administrativos, a veces se queda corta y otra en exceso. Incluso se da la paradoja de que si desestima “por silencio” una solicitud, se libra de la carga de motivar y pudiendo reservarse los cartuchos de la motivación que le plazca para dispararlos en el proceso contencioso-administrativo. Curioso e indignante, porque obliga al particular a embarcarse a un litigio costoso e incierto “a ciegas”.

En cambio, los Tribunales no tienen la opción del “silencio judicial” (la prohibición de una sentencia de “non liquet” – “no está claro”- se establece en los arts. 11.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.7º del Código Civil , sin lugar para aducir oscuridad, dificultad o insuficiencia de la norma). Así que tienen que resolver pues el ciudadano tiene derecho a la respuesta judicial.

Otra cosa es que esa respuesta puede no ser convincente y desate los mecanismos procesales de reacción: corrección de errores o complemento de sentencia ( art.215 LEC) o incongruencia ( art.240 nulidad de actuaciones).

La queja mas habitual suele ser la falta o insuficiencia de motivación ( queja de la parte derrotada, ya que es obvio que al ganador no suelen interesarle las razones sino las conclusiones).

Pero veamos el alcance que debe tener la motivación y la reciente referencia a su exigencia de una curiosa sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Jueces pro administración : ¿ leyenda forense o realidad ?

pro administracion   En los pasillos judiciales, bufetes y en las conversaciones entre abogado y cliente suele brotar la pregunta ( o afirmación) sobre el talante del juez contencioso-administrativo mediante una rápida etiqueta: juez pro administración o juez pro administrado. No deja de ser chocante tal juicio o prejuicio, bien por parte del abogado o bien por el propio juez que admite tal encasillamiento, ya que la Justicia e imparcialidad deben cabalgar juntos. Sin embargo, se impone una reflexión intentado esclarecer las raíces de tal posicionamiento.

La ciega estupidez ante la ciega justicia

justicia ciega Generalmente quien se embarca en litigios civiles, laborales o administrativos, lo hace porque quiere obtener lo que cree que es suyo frente a alguien ( una persona, el patrono o la Administración) que se lo niega ( una propiedad, una indemnización, un reconocimiento, etc) y espera que los Tribunales le den la razón. Muy legítimo luchar por “la fuerza del Derecho” y muy civilizado evitar que se imponga el Derecho “a la fuerza”.

Sin embargo, a veces hay litigios que demuestran como se abusa de los Tribunales y como la malicia, la ignorancia o la torpeza provocan pleito y papeleo inútil. Veamos los casos.

Cuarenta cosas que debería pensar todo juez antes de sentenciar

Sentencia judicial  Si nos asomásemos al interior de la cabeza del juez enfrascado en el examen de autos, expedientes o normas, posiblemente nos sorprenderían los prejuicios, talante  o criterios que guían su brújula profesional.

 Intentaré ofrecer un catálogo de las cosas que un juez sensato y sensible, debería tener presente a la hora de dictar una sentencia ( endulzadas con con castizos refranes).

Erre que erre: El Tribunal Supremo vuelve sobre los derechos del procurador

Galileo Galilei fue obligado en 1633 a retractarse de su visión geocéntrica para confesar ante sus señorías del Tribunal de la Inquisición que la Tierra estaba fija y era el Sol el que giraba a su alrededor. Al salir, terco en su íntima convicción, dicen que comentó “ Eppur si muove” ( sin embargo, se mueve). Con ello, fue pionero en esas fáciles locuciones (“ juro, por imperativo legal” o “ acato, pero no cumplo” ) que sirven para disfrazar el “trágala” de una norma o sentencia que no se comparte.

Pues bien, el último hito de la gresca entre Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo sobre si la cuantía de los derechos del procurador pueden limitarse por los tribunales contencioso-administrativos al fijar las costas procesales ( tesis del Supremo) o si los mismos deben fijarse de forma automática en los términos reglamentariamente tasados (tesis del Constitucional), viene dado por el reciente Auto de 11 de Julio de 2013 que, dictado por el Pleno de la Sala del Tribunal Supremo, acoge la tesis del Tribunal Constitucional (comentada en un post anterior) y acepta que los haberes del Procurador sean fijados tomando como cuantía del litigio la suma de de 14.218.224,29 euros, sin reducción alguna por proporcionalidad ( ¡¡ casi nada!).

Jueces idóneos por gracia de los Colegios

juezextraño Una recentísima sentencia del Tribunal Supremo plantea interrogantes sobre el pintoresco caso zanjado, y referido a alguien quien, pese a haber desempeñado el cargo de juez sustituto por dieciocho años, es rechazado para el año judicial 2012-2013 por constarle al Consejo General del Poder Judicial una comunicación del Colegio de Abogados poniendo en entredicho su idoneidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que el rechazo está justificado.

Papel o papelón de los jueces: ¿intérpretes o creadores?

juez creador  Corren tiempos en que se suceden decisiones judiciales penales que provocan la perplejidad de la ciudadanía ya que, ante sus ojos profanos en derecho, se les ofrece con evidencia la existencia del delito y del culpable, para recibir el mazazo de la noticia de la posterior decisión judicial que deja libre como un pajarillo a quien se presentaba como malvada ave de rapiña. El ciudadano contempla que las instrucciones penales, con su secuela de detenciones, pruebas y focos mediáticos, “al cocerse, menguan” y  suelen terminar como la conocida fábula de Samaniego, con “El parto de los montes”( Un monte mientras paría lanzaba unos enormes gemidos,/ y en la tierra había una enorme expectación./ Pero el monte parió un ratón.). Y si hay condena, en la memoria queda su limitación a dos años, de manera que son delincuentes afortunados con los beneficios de la suspensión de la condena ( o sea, tampoco pisan la  cárcel).

 Pues bien, la transparencia de la cosa pública y la libertad de expresión o crítica cubre de lleno a las decisiones judiciales. Sin embargo, me sorprende que mi admirado Arturo Pérez-Reverte, en un reciente artículo del Dominical, que reproduce en su web, sirviéndose de su formidable destreza expresiva y guiños al lector, examina un caso cercano al ciudadano ( la revocación de la orden decretada por un Juez de prohibición de acceso al metro de Madrid de una banda de carteristas bosnias) y tras criticar que se permita a las delincuentes utilizar el servicio público del metro por el amparo otorgado por la Audiencia Provincial de Madrid, concluye con que “ siempre habrá una ecuánime Audiencia Provincial de Madrid dispuesta a garantizar que nadie atropelle los derechos de esas hijas de puta”  para recordar que “como ya apuntó hace tiempo don Francisco de Quevedo -que nos conocía hasta por las tapas-, a menudo en España no hay más justicia que la que uno compra”.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de sus propios magistrados para excluir su responsabilidad civil

 

 justiciasMuy sonada fue la gresca entre la Sala Civil del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que desembocó en la condena dictada por aquélla (TS)  a los magistrados de éste (TC) a indemnizar al particular que  había acudido al Tribunal Constitucional y  sufrió la caprichosa inadmisión del recurso de amparo. Se trataba de la insólita Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 23 de Enero de 2004 que condenó a los once magistrados  al pago de quinientos euros cada uno en concepto de responsabilidad civil por adoptar “una conducta absolutamente antijurídica” ya que “se negaron lisa y llanamente a entrar a resolver una petición de amparo so pretexto de que iba dirigida a un hipotético tribunal, lo que implica un non liquet  inadmisible (…) al no dar respuesta lógica a la pretensión de amparo, los Magistrados demandados han actuado con una negligencia profesional grave, que supone, para el caso concreto, una ignorancia inexcusable”. Curiosamente, el recurso de amparo se planteaba  contra el propio Tribunal Constitucional por su negativa a convocar según los principios constitucionales las plazas de letrados cubiertas por libre designación.

   Para evitar que se volviese a repetir tal situación ( que un órgano jurisdiccional ordinario cuestionase en su sentencia la labor del Tribunal Constitucional), la Ley Orgánica 6/2007 puso freno a que ningún órgano jurisdiccional osase enjuiciar a los magistrados del Tribunal Constitucional por su labor de aplicación e interpretación jurídica. Cortada la hemorragia en el plano legislativo, para cicatrizar la herida, es ahora el propio Tribunal Constitucional quien borra los efectos  indemnizatorios de la sentencia civil mediante la reciente STC 133/2013  del 5 de Junio de 2013 (BOE de 2 de Julio) que  estima el recurso de amparo planteado por los once magistrados.

 

Del juez que se multó a si mismo

juez Ha sido noticia que un juez de Michigan se impuso a sí mismo una multa de 25 dólares por desacato al sonar su propio móvil durante una audiencia que el mismo presidía. El juez explicó  que notó como el sonido de su propio móvil distrajo a los presentes y se aplicó la misma sanción que suele imponer a quien incurre en idéntico desliz en su juzgado.

  Esa conducta es digna de encomio, aunque jurídicamente cuestionable.¿ acaso ese juez no ha sido condenado sin contar con defensa letrada en un juicio sumario, y condenado por quien es juez y parte?.

Quince expresiones contencioso-administrativas irritantes para un abogado

insultar El proceso es juego, lucha y debate, y las resoluciones judiciales lo arbitran y zanjan. Es normal que algunas expresiones de autos y sentencias inquieten o enojen a una parte, en la misma medida que alegran a la otra. Veamos las quince palabras o expresiones que mas irritan al abogado que se esfuerza en llevar a buen puerto un proceso contencioso-administrativo.

Deslices lingüísticos en las sentencias: la redacción importa

CuriosidadesLa lectura de una sentencia con erratas o errores gramaticales provoca la misma sensación que escuchar un gallo en un tenor o atragantarse con una pequeña espina. Una molestia que empaña el concierto o el banquete. De entrada, recordaré que una cosa son las “erratas” o deslices cometidos al escribir, imprimir o teclear un texto y otra los “errores” o deslices de concepto.

Las “erratas” son frecuentísimas en tiempos de ordenadores, especialmente por esos asesinos del lenguaje que son los “correctores automáticos” que el programa aplica sin permiso, y que explican como algunas sentencias son releídas en pantalla por sus autores para corregirlas, pero el alevoso ordenador las rectifica de buena fe. Esa es la razón de conocidísimos errores “reincidentes” en las sentencias que aluden a “ Administración púbica”, “consoladores de la Ora”, “Tribunal de Cunetas”, “Conejero”, etc. 

Los “errores” de concepto en las sentencias tampoco son infrecuentes y debidos a la complejidad del Derecho Administrativo con su secuela de jerga críptica. Gravísima relevancia tiene el error cuando se utilizan de forma asimilada conceptos próximos (“falsos amigos”) pero sustancialmente distintos, aunque el jurista atento podrá salvar el mensaje por el contexto y razonamiento; es el caso del uso con ligereza, por ejemplo,de términos  tales como arbitrariedad y discrecionalidad; caducidad y prescripción; delegación y encomienda; Organismo Público y sociedad pública,etc.

Por último, me referiré a los “gazapos” o deslices que padecen las sentencias por seguir usos o expresiones habituales pero lingüísticamente incorrectas. Para ello, seguiré básicamente las recomendaciones de la Fundación del Español Urgente (tras leerme su estupendo “ Compendio ilustrado y azaroso de todo lo que siempre quiso saber sobre la lengua castellana” (Random House Mondadori, S.A.,2012), aunque aprovecharé para añadir algunas de las  recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) pero eso sí, ciñéndome únicamente a las que suelen dejar huella jurídica. Veámoslo con mayor detalle.

El Tribunal Supremo recuerda la doctrina de los actos propios o como el litigante se derrota a sí mismo

 

 Por la boca muere el pez. Algo tan castizo debió inspirar el acogimiento jurisprudencial del principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, de manera que quien se expresó o actuó en un determinado sentido, no puede en sede judicial efectuar un planteamiento contrario o incongruente con aquél. Estamos ante una expresión singular del principio general de buena fe, ya que no puede reputarse bienintencionado quien se contradice y pretende “decir digo, donde dije Diego” o negar como San Pedro su auténtica intención. También guarda relación con la prohibición del abuso de derecho (art.6.2 Código Civil)  ya que el derecho ejercido por quien actúa de tal manera ha de reputarse abusivo.

 Pues bien, la recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de Octubre de 2012 (rec.2577/2099) aplica la doctrina de los actos propios para reprochar a la empresa recurrente que no invoque que la ampliación de un plazo concedida por la Administración resulta ilegal, cuando la propia empresa recurrente se aprovechó de tal plazo ampliado para presentar documentación, y solamente se revuelve o la cuestiona cuando no le fue favorable el acto administrativo final.

La juez mejor pagada del mundo

  La crisis económica no distingue colectivos, y ha afectado a los jueces españoles  de forma corregida y aumentada, ya que  la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal contemplaba su revisión y actualización quinquenal, con tan mala suerte que al vencimiento de tan largo plazo estalló la crisis económica. Por otra parte, lógicamente también les ha afectado al los recortes de los empleados públicos, y de remate la sombra de una indigerible reforma de su estatuto mas inspirada en mostrar a la ciudadanía que “los jueces también lloran” que en mejorar el servicio público que prestan.

 De ahí, que este 21 de Septiembre podría haber “ruido de togas” – jueces y fiscales- con incierto desenlace (¿huelga judicial?,¿Manifiestos?,¿Puñetas caídas?). Hay que recordar  la célebre sentencia del Tribunal Constitucional alemán que reconoció el derecho de un Catedrático a percibir unas retribuciones acordes con tal función (el derecho de alimentación), principio que tendría engarce en la dicción de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, partiendo de lo afirmado por el art. Artículo 402 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial: “ 1. El Estado garantiza la independencia económica de los jueces y magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional”.

  Aunque en todas partes cuecen habas,  ya que en Perú los jueces van a demandar al Gobierno ante la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos para que cumpla con sus derechos retributivos y se han planteado lo que llaman una “huelga blanca” , de brazos caídos, o de mínimos. Y esta semana en Grecia se han rebajado las retribuciones de jueces y fiscales un 23 %, y dado que no pueden hacer huelga han anunciado que bajarán su rendimiento, con una “huelga del mazo”  y no publicarán las sentencias.

 Si la situación se contagiase a España podríamos encontrarnos con el mecanismo de protesta de los magistrados franceses que consiste en los denominados “días de justicia muerta” en que no dictan sentencias.

¿Promotor de la Acción Disciplinaria o Inquisidor General?

El Borrador de Anteproyecto de Reforma del Consejo General del Poder Judicial plantea importantes reformas organizativas y de funcionamiento (concentración y reserva de atribuciones en el Pleno y Comisión Permanente; requisito de máxima cualificación para la Presidencia y Vicepresidencia; rechazo de competencias sobre propias retribuciones y dietas;  supresión de prórroga del mandato vencido de los vocales,etc). Por su escaso eco, es importante destacar la pretensión de trasposición al procedimiento disciplinario de los jueces del principio procesal penal de separar el órgano instructor respecto del órgano que enjuicia y resuelve, con la loable finalidad de salvaguardar la imparcialidad y evitar prejuicios cosechados en la labor investigadora. Sin embargo, en los términos apuntados la novedosa figura del “Promotor de la Acción Disciplinaria” presenta alguna que otra sombra.

De mentiras, jueces y Facebook

“No mentirás” figura como el octavo mandamiento bíblico pero la Constitución tolera la mentira si es el acusado penalmente quien la dice ( por el derecho a no declararse culpable) pero permite que se castigue severamente al testigo que miente ( delito de falso testimonio). Además, si tras la mentira hay un fraude, estafa, calumnia o perjuicio al honor o imagen de otro, las acciones civiles y penales acuden a favor de la víctima. No digamos ya las responsabilidades penales derivadas de mentiras para la captación de menores con fines abusivos o pornográficos.

Fuera de ahí parece que la mentira es impune y precisamente ha sido noticia que la Corte Suprema del Estado de California debe determinar ante del próximo mes de Junio de 2012 si la libertad de expresión presta cobertura a la mentira en el caso de Xavier Alvarez, quien aseguró falsamente ser un héroe de guerra en una declaración pública tras ser elegido concejal . El debate se plantea en si existe un “derecho a la mentira” y si el gobierno “debe proteger la verdad”, y las consecuencias de una sentencia condenatoria son incalculables si tenemos en cuenta que en EEUU entre Facebook, blogs, webs, foros y otros “confesionarios cibernéticos” se miente mas que se teclea, y además con impunidad. No solo la mentira piadosa de ocultar la opinión negativa a los demás sino la mentira estratégica de adornarse con plumas ajenas para obtener un empleo,  seducir a la persona amada, ser admitido en un grupo ideológico, subir fotos retocadas, ampliar círculo de clientes o amigos, etc.

Tasas judiciales ocultas cerca del río

  Ha sido noticia recientísima que el  Consejo de Ministros ha decidido remitir al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, el Anteproyecto de Ley para elevar sensiblemente las tasas judiciales en todos los órdenes, salvo el penal, y garantizando la exención de los beneficiarios de justicia, pero  gravitará sobre la generalidad de la población, con especial lesión en eso que se llaman clases medias. Primero fue el establecimiento de una tasa judicial a las empresas, luego el criterio de la imposición de las costas al litigante que pierde, y ahora vendrán unas tasas generalizadas y exorbitantes para poder acudir a la Justicia que producirán un efecto disuasorio en el litigante. Veamos el alcance de la propuesta y los problemas que se avecinan.