Categoría: Justicia y jueces

“No mentirás” figura como el octavo mandamiento bíblico pero la Constitución tolera la mentira si es el acusado penalmente quien la dice ( por el derecho a no declararse culpable) pero permite que se castigue severamente al testigo que miente ( delito de falso testimonio). Además, si tras la mentira hay un fraude, estafa, calumnia o perjuicio al honor o imagen de otro, las acciones civiles y penales acuden a favor de la víctima. No digamos ya las responsabilidades penales derivadas de mentiras para la captación de menores con fines abusivos o pornográficos.

Fuera de ahí parece que la mentira es impune y precisamente ha sido noticia que la Corte Suprema del Estado de California debe determinar ante del próximo mes de Junio de 2012 si la libertad de expresión presta cobertura a la mentira en el caso de Xavier Alvarez, quien aseguró falsamente ser un héroe de guerra en una declaración pública tras ser elegido concejal . El debate se plantea en si existe un “derecho a la mentira” y si el gobierno “debe proteger la verdad”, y las consecuencias de una sentencia condenatoria son incalculables si tenemos en cuenta que en EEUU entre Facebook, blogs, webs, foros y otros “confesionarios cibernéticos” se miente mas que se teclea, y además con impunidad. No solo la mentira piadosa de ocultar la opinión negativa a los demás sino la mentira estratégica de adornarse con plumas ajenas para obtener un empleo,  seducir a la persona amada, ser admitido en un grupo ideológico, subir fotos retocadas, ampliar círculo de clientes o amigos, etc. Leer Más »

  Ha sido noticia recientísima que el  Consejo de Ministros ha decidido remitir al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, el Anteproyecto de Ley para elevar sensiblemente las tasas judiciales en todos los órdenes, salvo el penal, y garantizando la exención de los beneficiarios de justicia, pero  gravitará sobre la generalidad de la población, con especial lesión en eso que se llaman clases medias. Primero fue el establecimiento de una tasa judicial a las empresas, luego el criterio de la imposición de las costas al litigante que pierde, y ahora vendrán unas tasas generalizadas y exorbitantes para poder acudir a la Justicia que producirán un efecto disuasorio en el litigante. Veamos el alcance de la propuesta y los problemas que se avecinan. Leer Más »

Posiblemente la mas pintoresca aportación jurisprudencial española a las guerras de los “Señores de la Justicia” consistió en la Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo  de 23 de Enero de 2004 que estimó la acción de responsabilidad civil ejercida por un abogado en nombre propio y que condenó a once magistrados del Tribunal Constitucional al pago de quinientos euros, cada uno, por no haber dado respuesta a una pretensión de amparo “sin entrar a estudiar siquiera si la misma era inadmisible a limine” y “no dar respuesta lógica a la pretensión de amparo”; se les imputaba una negligencia profesional grave, así como una conducta judicial absolutamente rechazable, aunque sin apreciar dolo. Tal Sentencia del Tribunal Supremo provocó un duro Acuerdo del pleno del Tribunal Constitucional de 3 de febrero de 2004 en que se declaraba que tal sentencia civil constituía una intromisión en la jurisdicción constitucional. Sin embargo el culebrón no se acabó ahí, puesto que algunos magistrados del Tribunal Constitucional plantearon recurso de amparo ante el propio Tribunal Constitucional frente a dicha Sentencia del Tribunal Supremo. Leer Más »

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 15/2011, de 13 de Octubre condena al titular del un Juzgado de Familia se Sevilla que por decisión judicial alteró el régimen de visitas propio de un divorcio, al disponer como medida urgente la autorización para la salida en procesión de un menor de edad, e imponiéndole nada menos que  la pena de inhabilitación especial de dos años. La aparente desproporción entre sentencia y hechos invita a una reflexión. Leer Más »

Ha sido noticia que el Consejo de Ministros ha conocido hace unos días el informe sobre la modernización del lenguaje jurídico, que persigue hacerlo mas correcto y accesible al común de los ciudadanos. Ello en tiempo real con la aprobación definitiva de la Ley de agilización procesal, de manera que quizás se persigue facilitar que los jueces puedan aplicar aquello de “despacito y buena letra”, aunque me parece que el ciudadano quiere justicia rápida y poco costosa,  aunque venga con faltas de ortografía. Leer Más »