Abogado que se duerme, se lo lleva la corriente

Un abogado es un artesano del derecho, y como tal, ha de realizar su trabajo con dedicación, calma, habilidad y sabiduría. Pero la vida forense está inmersa en una vorágine donde falta tiempo para todo, y si los plazos apremian, algunos abogados sucumben a la tentación de preparar su recurso de apelación o recurso de casación ante los tribunales contencioso-administrativos con un “corta y pega” de la demanda ( o contestación) del pleito de la instancia. Al fin y al cabo, si un primer tribunal no le dio la razón, habrá que volver a darle el mismo texto al segundo tribunal para que sí lo haga. A ver si este lo lee y lo entiende.

El problema viene dado por el rigor con que los Tribunales de segunda instancia (el Tribunal Supremo para los recursos de casación o Tribunal Superior de Justicia para los recursos de apelación), examinan tales recursos, de manera que cuando se percatan de que son una mera repetición, sin crítica alguna de la sentencia original, despachan de plano tales recursos e imponen las costas.

O sea, en los recursos judiciales, “hay que renovarse o morir”, o mas bien, hay que hacer un esfuerzo de análisis de la sentencia que se pretende recurrir, así como de síntesis de los motivos para recurrir, y envolverlo todo ello en un escrito de apelación o de casación que ofrezca frescor, precisión y convicción. Vino viejo en odres nuevos. [...]

Las castas de abogados penalistas

Al hilo de la reciente noticia de que el abogado Javier Guisasola asumía las acciones penales frente al Gobierno español en nombre de varios belgas de origen marroquí por el supuesto maltrato de la policía española, se han producido las entrevistas al citado abogado.

Sevach confiesa que no había oído hablar de tan eminente letrado. De igual modo que tampoco había oído hablar de la empresaria Carmen Lomana hasta que los medios de comunicación la sacaron al estrellato farandulero. Lo llamativo y que ha merecido una reflexión veraniega ha sido la circunstancia de que el Sr.Guisasola cuenta con 45 años, un jet privado que le mueve a todas partes, ha sido posiblemente contratado por la familia real marroquí y además esgrime unas minutas de infarto. Todo muy legítimo y envidiable. La pregunta es, parafraseando a Machado, si “soy un necio al confundir valor y precio”, puesto que confieso ignorar las claves que han conducido a un abogado jovencísimo a la NBA de los honorarios, teniendo en cuenta que sus honorarios por un caso como el comentado exceden muy posiblemente de las retribuciones anuales conjuntas de varios magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Se me ocurre una cómoda simplificación, o caricatura, del mundo de la abogacía penal asimilando cada tipo de penalista a cada palo de la baraja española. [...]

Del intrusismo profesional por falsos Licenciados en Derecho

Estadísticamente, en la Administración Publica resulta que la titulación de Licenciado en Derecho es la acreditada en el 32% de los casos para el acceso a los niveles superiores de cuerpos generales. De forma rituaria antes de la toma de posesión como funcionario, el aspirante aprobado acredita tal titulación con un simple certificado universitario, el título original o el recibo de abono de los derechos. Si tenemos en cuenta la facilidad de compulsas, cotejos y manipulaciones digitales, y que de forma igualmente rituaria el común de los funcionarios, guiados por la apariencia de buen derecho, lo darían por bueno, creo que no resulta desatinado conjeturar que ahora mismo y en tiempo real hay funcionarios (pocos, pocos, pero “haber haylos”) que no obtuvieron la titulación superior y sin embargo se jubilarán con impunidad de su fechoría. Viene al caso el tema por la reciente Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 19 de Julio de 2010 (rec. 196/2010) que, referido al ámbito privado, pero con situación que perfectamente puede darse en el ámbito de las Administraciones Públicas, ratifica una condena por intrusismo y estafa a un desaprensivo que sin haber cursado la Licenciatura en Derecho, falsificó tal titulación y consiguió colegiarse profesionalmente como abogado, y por añadidura ser reclutado para altos cargos directivos de la empresa privada, hasta que transcurridos ocho años se desmontó el tinglado.

1. De entrada, la lectura de los hechos probados según la sentencia de instancia es ilustrativa de hasta donde se puede llegar con una maquinación fraudulenta, y de lo timoratas que son las entidades (tanto públicas como privadas) que se dejan deslumbrar por supuestos títulos y méritos, hasta que se percatan de que el contratado “falla más que una escopeta de feria”. [...]

De pulpos y jueces

El pulpo Paul ha demostrado su capacidad de anticipar el resultado deportivo en todos los encuentros de la selección alemana del Mundial de Fútbol. Me pregunto si no sería bueno ficharle como parlamentario para acertar la ley correcta para atajar los graves problemas de Estado, o nombrarle Ministro de Hacienda para acertar la salida a la crisis económica ( tendría mucho ganado por aquello de la tinta que encubre y borra el rastro), aunque lo que daría mucho juego sería enfundar al pulpo Paul en una toga y ponerlo a dictar sentencias. [...]

La Ley 15/2010 contra la morosidad apuesta por el “cobrador de la toga”

El BOE del pasado 6 de Julio publica la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Entre otros cambios, dicha Ley reforma la Ley de Contratos del Sector Público para reducir a treinta días el plazo en que debe la Administración pagar al contratista ( en vez de los sesenta días habituales), y aquí nos interesa examinar el singular y casi críptico procedimiento judicial para el cobro que viene de la mano del nuevo art.200 bis de la Ley de Contratos, una especie de “juicio monitorio administrativo” en que el juez contencioso adoptará una actitud beligerante para facilitar el cobro de la Administración morosa.

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De sentencias judiciales hechas con los pies

Las gallinas deben poner huevos y los jueces deben poner sentencias. No importa  cómo pero sí cuánto. La recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, enfrentada a la curiosísima cuestión de si una lesión del dedo anular de la mano impide a un juez desempeñar la función jurisdiccional  con el consiguiente derecho a licencia de enfermedad, revela que el sentido común campea en tan alta Corte jurisdiccional. Escuchemos el  razonamiento de la sentencia y comprobemos  como de la lectura bostezante pasamos a la sonrisa y finalizamos con la carcajada. [...]

No conocerás las sentencias del prójimo

Aunque el artículo 120.1 de la Constitución afirma como regla general que las actuaciones judiciales son públicas y pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial impone la publicidad de las actuaciones judiciales, lo cierto es que fuera del círculo de las partes e interesados, nadie debiera conocer los datos personales que permitan identificar a los implicados o a los abogados y procuradores que intervienen. [...]

El dilema de los jueces veteranos: ¿ jubilarse o morir con la toga puesta?

En los últimos quince días, nos han poblado noticias de variado pelaje sobre la jubilación de los jueces.  En primer lugar, la jubilación de Paul Stevens, juez del Tribunal Supremo americano, a los noventa años.  En segundo lugar, el BOE publicaba la jubilación de Vicente Conde Martín de Hijas como magistrado del Tribunal Supremo, aunque continua como magistrado del Tribunal Constitucional. En tercer lugar, de Venezuela llegaron noticias sobre la jubilación masiva de los magistrados del Tribunal Supremo para evitar la aplicación de una Ley de Emolumentos que supondría serios recortes para los jueces en servicio activo.

Por último, hemos de referirnos a la jubilación de Ramón Trillo Torres, el magnífico Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha provocado la apertura del procedimiento de designación de su sucesor y que ha dado lugar a una esperpéntica situación, ya que  tras convocarse el procedimiento y presentarse los candidatos, el Consejo General del Poder Judicial aprobó un procedimiento de entrevistas a los candidatos sobre su currículum y aptitudes, planteamiento retroactivo de examen que ha provocado la renuncia nada menos que de uno de los magistrados de mayor prestigio, D. Mariano de Oro Pulido, mientras los otros seis aspirantes continúan la carrera.

Para Sevach se hace necesaria una reflexión sobre si el Derecho y el ejercicio de la potestad jurisdiccional pueden ejercerse en plenitud de facultades al margen de la edad que se posee. [...]

El Juez Garzón y Doña Prevaricación: claves para comprender la extraña pareja

Pocas actuaciones judiciales han dividido tanto a la población civil como a la comunidad jurídica, como el juicio penal abierto al magistrado Baltasar Garzón por presunta prevaricación cometida al embarcarse en la instrucción de los crímenes del franquismo pese a la existencia de la Ley de Amnistía de 1977 que cerraba toda responsabilidad derivada de la guerra civil. [...]

Viagra procesal contra la impotencia penal

Estos días el que fuere Director General de la Guardia Civil, Luis Roldán, salía de la cárcel mientras el dinero esquilmado sigue evaporado. También asistimos a la instrucción de procesos de corrupción donde los imputados hábilmente intentan escamotear sus tinglados y borrar las huellas de su rapiña. Y hace dos semanas, ante la estrategia de despiste utilizada por los presuntos culpables de la desaparición de la sevillana Marta del Castillo (considerando la palabra presunto una fórmula de cortesía procesal), un particular ofreció un millón de euros por una pista fiable para dar con su paradero.

Estas situaciones demuestran la impotencia del Estado para arrancar una confesión de quienes se encierran en el mutismo estratégico, enrocados en su derecho a no declarar, lo que pone en cuestión la eficacia de la política criminal. [...]

Los nombramientos para cargos judiciales: un juego violento

     La granja judicial está alborotada. Incluso un vocal del Consejo General del Poder Judicial ha renunciado  como miembro de la Comisión de Calificación para evitar ser comparsa o convidado de piedra en los nombramientos para cargos judiciales. No es tarea fácil seleccionar al llamado para ocupar el cargo de Presidente de Audiencia Provincial, de la Audiencia Nacional, Presidente del Tribunal Superior de Justicia  o para magistrado del Tribunal Supremo.  Malo es el escalafón, malo el academicismo y malo el amiguismo. No hay receta ideal. Muchos tienen condiciones para  ser llamados, menos los interesados y poquísimos los elegidos. La gran pregunta radica en si el sistema de designación por una Comisión integrada por vocales procedentes a su vez de designación por el Parlamento, es un sistema puro o mas bien lastrado por el riesgo de politización. Sevach no es quien para valorar los méritos de uno u otro candidato pero sí puede señalar que el sistema actual es manifiestamente mejorable. [...]

Cuando un Notario llama a las puertas de la Administración … no pasa nada

La función notarial posee en el tráfico jurídico privado gran utilidad y presta enorme servicio a la seguridad jurídica. Sin embargo, la sombra del Notario sobre el mundo público se encoge y debilita en la práctica. [...]

Impulso histórico del Tribunal Supremo a la responsabilidad de los órganos constitucionales

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 27/11/2009 (rec.603/2007) por la que se desestimó la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anómalo de la Oficina del Defensor del Pueblo presenta una gran riqueza de matices sobre asunto de la máxima transcendencia para el Derecho Constitucional y para el Derecho Administrativo español. Pese a que desestima la demanda, su doctrina encierra un paso de gigante en el control de las inmunidades de los poderes constitucionales. [...]

Un caso de amnesia: la difamación de Cebrián hacia el juez Rodríguez

El texto íntegro del artículo de Juan Luis Cebrián en que critica despiadadamente al juez Ricardo Rodríguez en el diario El País del pasado domingo, está divulgado en su integridad por la red, pero Sevach no desea analizar el fondo de la cuestión ( si el periodismo digital ha de gozar de protección equivalente a los medios de comunicación clásicos)  sino única y exclusivamente el exceso de ácido cínico vertido en la crítica altamente ofensiva y personalizada al juez, como cómoda vía para crucificar su sentencia. [...]

El Tribunal Supremo no ayuda a los abogados que se duermen en los laureles

La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de Diciembre de 2009 (rec.292/2008), con ocasión de la impugnación de una sanción de 90.000 euros impuesta por el Consejo de Ministros a una empresa cárnica manda un contundente mensaje a los abogados para que hagan su trabajo sin olvidarse de fundamentar jurídicamente su pretensión, cosa que puede parecer insólita pero que no falta en la práctica forense. [...]

De regalo de Reyes: Leyes para la ciudadanía y no para la galería

Hace unos días, la prensa se hacía eco de este expresivo relato del Presidente de una Asociación local de comerciantes sobre la indignación de los pequeños empresarios ante la impunidad de los hurtos navideños.  El relato no tiene desperdicio por su espontaneidad y por constituir un síntoma del panorama que se respira en la vida cotidiana. [...]

La irrenunciable libertad de expresión de los jueces ante la violencia de género: una garantía del Estado de Derecho

Patidifuso se quedó Sevach por la reacción desaforada de algunos colectivos e incluso desde instancias públicas, cuando el juez sevillano titular de un Juzgado de Familia, Francisco Serrano, expuso de forma clara, razonada y sin prejuicios, su opinión sobre la cuestionable vertiente jurisdiccional de la Ley de Violencia de Género, sugiriendo que sus premisas son erróneas ( “el hombre no es un lobo para la mujer” pues las estadísticas reales son las que son y no como se presentan públicamente), y que sus resultados son perversos (el hombre es culpable mientras no se demuestre lo contrario, lo que favorece las denuncias fraudulentas al servicio de procesos de separación, vendettas u otros fines inconfesables). [...]

Ultima vuelta de tuerca a la politización de la Justicia mediante Ley Orgánica

Por gentileza de un agudo comentarista, que llamaremos Alfonso -el Jurista Solitario-, y acogiendo sus palabras, me percato de otro regalillo de la recientísima Ley Orgánica 1/2009, que como toda reforma global, corta y recorta leyes a machete y aprovecha para introducir normas “de rondón”, sin decir una palabra en la Exposición de Motivos, sin relación alguna con la materia regulada y con el mayor sigilo, para no alertar a nadie. En la Ley Orgánica 1/2009 hay varias de estas normas “clandestinas”, y muy llamativa resulta la modificación del art. 351 f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para incluir en la muy beneficiosa situación de servicios especiales a los jueces o magistrados que “presten servicio en el Ministerio de Justicia en virtud de nombramiento por Real Decreto o en las Consejerías de Justicia, o asimiladas, de las Comunidades Autónomas, en virtud de nombramiento por Decreto, en cargos que tengan rango inferior al de Ministro o Consejero de Comunidad Autónoma”, cargos políticos que –anteriormente- quedaban en situación de excedencia voluntaria. ¡Así se despolitiza la Justicia!. Esta reforma se complementa con una transitoria (añadida a la DT 8ª LOPJ), que aplica retroactivamente tan favorable reforma legal, computando “como servicios efectivos en la Carrera Judicial el tiempo que hayan permanecido en dicha excedencia voluntaria”. Toma ya. [...]