Expulsión judicial del hogar de jóvenes ni-ni: moscas a cañonazos

Esta semana Santa ha sido noticia que un Juez de familia malagueño obliga a un joven de 25 años a dejar el domicilio familiar y a vivir con sus propios medios (ni estudiaba, ni trabajaba, ni agradecía a sus padres su manutención y alojamiento o el pago de su coche). Lo curioso es que el Estado haya tenido que intervenir con su aparato judicial para poner orden en algo evidente.
De igual modo que algo falla en el sistema educativo escolar cuando no se consigue que alguien de 25 años comprenda que los zánganos están bien para las colmenas pero no para la sociedad actual.
Tampoco parece que la vía sea fomentar la cultura del Botellón o del videojuego catatónico. Por no decir que tampoco resulta eficaz el sistema educativo aplicado por muchos padres sobre la base del “gratis total” ( ni-ni: “ ni castigues al niño, ni le dejes resolver solo sus problemas”).

El botellón: una epidemia resistente a las vacunas jurídicas

borrachera El fenómeno del botellón, como reunión de adolescentes en espacios públicos para beber desaforadamente todo tipo de alcoholes, y que desemboca en algaradas descontroladas, con ruido ensordecedor y suciedad desparramada, no tiene quien le regule. Además los problemas de orden público no faltan, siendo ejemplo terminal los recientes y graves enfrentamientos de la juventud con la policía en el municipio de Pozuelo de Alcorcón.

El Estado sigue la política del avestruz, dejando en manos de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos la solución. Las Comunidades Autónomas en unos casos prohiben el consumo de alcohol en espacios públicos, en otros optan por habilitar “botellódromos”, y en otros “no saben, no contestan”. Los Ayuntamientos mas osados aprueban Ordenanzas rigurosas y los mas prudentes dejan que los problemas se solventen por sí mismos.

Eran más jóvenes

Expansión, 1996

Hace trece años, durante un seminario que organizaba la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, el inquieto Antonio Arias coincidió con el director del diario Expansión. A la hora de la pausa del café, que es la ocasión en que se mete en lios, sugirió al periodista que debía tener una página diaria dedicada en exclusiva a la Administración. El avispado director rebotó el envite al entonces Interventor de la Universidad de Oviedo: Bueno… ¿y si la haces tú?.

Rechazado el órdago, por razones obvias, al llegar a casa pidió ayuda a su amigo José Ramón Chaves, entonces Jefe de la asesoría jurídica de la Universidad de Salamanca. Decidieron que, al menos una vez a la semana podían publicar conjuntamente sobre temas relativos al sector público. Entonces no había blogs, pero la generosidad de aquella iniciativa les iba a marcar en el futuro, cuando la tecnología les permitiese volar solos.

Todos los viernes enviaban un artículo con dos o tres folios sobre temas de actualidad que se publicaba el lunes. La colaboración duró los años 1995, 1996 y 1997 y finalizó poco antes de nombrar a José Ramón Chaves, Director General de Universidades del Gobierno asturiano.

Todavía recuerdan algunos titulares sorprendentes para un árido asunto tratado y no hay reunión con amigos universitarios que no salga a relucir, entre bromas, la etapa periodística de estos funcionarios.

El asunto viene a cuento porque el diario Expansión acaba de inaugurar un magnífico portal dedicado a la Función Pública. El destino ha querido que la primera semana dedicase el espacio de blog-invitado a Chaves y la segunda a Arias. La coincidencia es casual (¿serendipia?) pero ambos quieren expresar su agradecimiento al medio y han vuelto a escribir juntos esta entrada, como hace trece años.

Expansión, 1996

De la mayoría de edad a los tres años

Mercaplana. De la mayoría de edad a los tres años

Sevach asistió ayer a Mercaplana, enorme ferial destinado a los niños en Gijón y organizado anualmente en las fiestas navideñas (con merecido éxito) a cargo de la Cámara de Industria, comercio y Navegación, Ayuntamiento de Gijón y Gobierno del Principado de Asturias. Lo curioso es que para tan solventes organizadores son adultos todos los mayores de tres años, tal y como expresaban los carteles: “Adultos (mayores de tres años), 3,80 euros”, según refleja la foto que se acompaña.

Sab, 05 ene 2008|Juventud, divino tesoro|Comentarios desactivados|

De los confusos derechos de los padres ante los hijos tras la reforma del Código Civil

De los confusos derechos de los padres ante los hijos tras la reforma del Código Civil

La reciente sustitución del inciso del art.154 del Código Civil español (así como del art.268 referido a los tutores) que permitía a los padres “corregir razonable y moderadamente” a los hijos por el deber de “ejercer la patria potestad con respeto a la integridad física y psicológica de los menores”, lleva a Sevach a cuestionar con cierto toque de humor el crudo escenario que queda para los progenitores.

De Jueces, Administraciones, padres y educación

De Jueces, Administraciones, padres y educación.

Sostiene Sevach a raíz de la reciente Sentencia del Juzgado de lo Penal nº1 de Santander que ha reconocido el “derecho al pescozón” en uso de la potestad correctora de quien ostenta la patria potestad sobre su hija, que mal anda la justicia cuando tiene que dilucidar algo que la inmensa mayoría de los padres españoles considera lógico.

De Mileuristas, Milloneuristas y Malabaristas: La Generación Fargo

De Mileuristas, Milloneuristas y Malabaristas: La Generación Fargo.

Se queda Sevach sorprendido de lo pronto que un grupo se cobija bajo unas palabras o siglas para facilitar su identificación como rebaño susceptible de ser presa electoral. En este sentido, la prensa se hace eco de los “mileuristas” o jóvenes que cobran menos de mil euros mensuales (entre 25 y 35 años), y que son la versión en jerga comunitaria de los ya clásicos “Jasp” (Jóvenes aunque suficientemente preparados).

Según los datos del año 2006 de la Agencia Tributaria casi 11 millones de trabajadores en España perciben un sueldo mensual inferior a los 1.100 euros (técnicamente “mileuristas”). Paradójicamente el Presidente de la compañía Red Eléctrica Española (REE) en dicho ejercicio ingresó una retribución de 755.000 euros (y con derecho a indemnización equivalente por destitución) con lo que sin duda está a las puertas del selecto club de los “milloneuristas”.

Videojuegos violentos y la Administración (II)

Videojuegos violentos y la Administración.

Resulta de grotesca universalidad el problema de los “videojuegos sangrientos” (o “sanguinorápidos”) vista la polémica que esta misma semana ha tenido lugar en el Líbano donde se ha comercializado con el natural escándalo político, un videojuego que simulaba tomar por asalto la sede del Gobierno y asesinar al primer ministro y ejecutar uno por uno a los miembros de su gabinete.

Descendiendo al caso español, y desde una perspectiva de las posibilidades que brinda el Derecho Público español para la tutela del menor ha de recordarse que el art.20.4 de la Constitución advierte que las libertades de expresión e información tienen su límite en la protección de la juventud y de la infancia. En su desarrollo se aprobó el Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protección y Fomento de la Cinematografía restringe la comercialización de las obras cinematográficas calificadas X por su contenido pornográfico o apologético de la violencia”.

Asimismo la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre Radiodifusión Televisiva limita la publicidad y programación televisiva que fomente o incite a la violencia o pornografía en relación con los menores.

Videojuegos violentos y la Administración (I)

Videojuegos violentos y la Administración.Sorprende a Sevach el fenómeno de los españoles que se desayunan día a día con noticias de casos espeluznantes, terribles, en que la violencia está generalizada (mas que violencia “doméstica” se trata de violencia “salvaje” y mas que violencia de “género” es violencia del “género tonto” porque jamás los titulares fueron tan expresivos de que algo extraño sucede en una sociedad que no se merece ver resucitar “El Caso”).

Lun, 03 sep 2007|Juventud, divino tesoro|Comentarios desactivados|

Del derecho a espacios públicos sin la contaminación visual de los Graffitis (II)

Graffiti. Compass.

La reacción del Derecho Administrativo frente a los graffiteros descontrolados es doble. Por un lado, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuyo art.193.3 de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, se ha cuidado de fijar la obligación de quienes dañen los bienes de dominio público, tanto de soportar las sanciones procedentes, como de “reponer los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños irreparables y perjuicios causados” (importe que se cobrará por apremio, llegado el caso).

Por otro lado, la legislación local autoriza a los Ayuntamientos a tipificar tales conductas vandálicas mediante las ordenanzas y contemplar sanciones y medidas de restablecimiento, con sanciones elevadas tras la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local operada por Ley 11/99, de 21 de Abril, y sobre todo tras la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Modernización Local que elevó la cuantía de la sanciones posibles por infracciones muy graves tipificadas en las Ordenanzas locales hasta 3000 euros, caso de infracciones muy graves consistentes en actos de deterioros “graves y relevantes” de espacios públicos o de equipamientos.

De ciudadanía y vandalismo (I)

Graffiti 1990.
Se queda perplejo Sevach ante el debate social en España sobre el contenido del currículum de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, creada por la Ley Orgánica de Educación (LOE). Parece que nuevamente, bajo la Ley de Parkinson de la Administración Pública, cuando algo cae en manos de burócratas y políticos y se somete a filtros técnicos, jurídicos y audiencia a todo tipo de Asociaciones y Organizaciones (incluso de orientaciones ideológicas distintas y distantes), el resultado será un engendro administrativo de impronosticable desenlace práctico.Y es que parece ser que la medida se proyectará hacia la dimensión humana de la sexualidad, el respeto a las opciones laicas o religiosas de los ciudadanos y el pluralismo moral, cuando lo que sencillamente demanda fervientemente la sociedad es que la asignatura “Educación para la ciudadanía”, sirva ni más ni menos que para conseguir “ciudadanos educados”.

El Estado debe actuar con exquisita prudencia y tacto cuando se trata de cuestiones tan íntimas y personales como el sexo, la religión o la moral, cuyo aprendizaje es espontáneo en el actual contexto constitucional plagado de derechos y libertades, que sobradamente garantizan la conciencia crítica y desarrollo de la personalidad del adolescente. Sin embargo, el Estado debe combatir activamente las conductas antisociales mediante formación de signo contrario, esto es, en los “usos sociales”, como sencilla herramienta que reporta grandes beneficios a la colectividad. Se trataría, como afirmaba Jenócrates de Calcedonia, de que “Lo más importante es que el alumno aprenda a hacer por su voluntad lo que otros sólo hacen obligados por la ley”.

De la educación de los adolescentes.

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Sostiene Sevach, que se vive una situación insólita en los centros educativos españoles. Por lo general, los alumnos no universitarios tiranizan a sus compañeros y se ensañan con sus profesores. Los profesores están indefensos ante algunos padres tan energúmenos como sus hijos y los Directores de los centros se ven obligados a padecer una crisis de autoridad ante fanáticos defensores del “buen salvaje” que encierra cualquier adolescente con las hormonas en pie de guerra, neuronas confusas y modales de jabalí.

Sostiene Sevach que lo que subyace en el fondo es un déficit de educación, cortesía y respeto. Así, no sorprende a Sevach la sentencia que llegó a sus manos, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- num.5 de Oviedo de 19 de Abril de 2006, que enfrentada a analizar la denuncia de un joven que se niega a desalojar unas instalaciones deportivas de un centro educativo, y siendo zarandeado por el ordenanza, este último se ve expuesto a una denuncia en vía penal y otra de responsabilidad administrativa por daños y perjuicios al menor. Dicha sentencia es elocuente y expresiva del panorama que vivimos y obligaba al juzgador a afirmar lo siguiente: