Cuantía de obras ilegales: ¿ vale la vida del condenado lo que cuesta ahorcarlo?

inadmisión de demolición  Esa idea late en el reciente Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 6 de Febrero de 2014 (rec.1620/2013). Se discutía la cuantía de un litigio zanjado por sentencia que declaraba la ilegalidad de unas obras, confirmaba la sanción y comportaba la demolición de la edificación existente. Por el recurrente se aducía que la cuantía era el valor de la edificación que desaparecía pero con gran sutileza argumental el Tribunal Supremo considera que la cuantía en litigio es el presupuesto de demolición y no el presupuesto o valor de lo que desaparecerá como consecuencia de la demolición. Veámoslo con detalle que la cosa tiene su miga.

Inminente portazo del Tribunal Supremo a las Relaciones de Puestos de Trabajo

 Relaciones de Puestos de trabajo  Las Relaciones de Puestos de Trabajo han sido una categoría jurídica novedosa: alma de norma y cuerpo de acto administrativo general. Las consecuencias inherentes a la condición reglamentaria son mayores garantías y vías de impugnación ( en particular el acceso al recurso de casación de las sentencias que las enjuicien). De hecho me ocupé de la complejidad de su estatuto en un amplio post significativamente titulado: Relaciones de Puestos de Trabajo: ¿Carne o pescado?

  Pues bien, en línea con la tendencia a arrojar el lastre de los litigios del Tribunal Supremo ( criterios de admisibilidad restrictivos, fijación de cuantías “a la baja”, umbral de casación cifrado en 600.000 euros, tasa elevada – 1200 euros si cuantía indeterminada-, sombra de costas al vencido,etc), ahora puede adivinarse que las Relaciones de Puestos de Trabajo serán expulsadas del templo del Tribunal Supremo, por el sencillo artificio de negarles el carácter reglamentario y como consecuencia sin recurso de casación, de manera que  las sentencias en los procesos ordinarios que las juzguen dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo quedarán privadas con carácter general del acceso al recurso de casación. Pero escuchemos las trompetas de este Jericó.

Las misteriosas razones de que las sentencias no citen autores doctrinales

doctrina  La inmensa mayoría de las sentencias judiciales se explayan en leyes y razones pero silencian la cita nominativa de los autores doctrinales de algunas de las opiniones allí reflejadas. Una conducta que explicaré mostrando la íntima justificación de tal proceder y los  riesgos que se pretende evitar.

Diez razones por las que el codemandado debiera personarse en juicio

codemandado    Los procesos contencioso-administrativos tienen algo en común con los funerales: se llama para que acudan al velatorio a todos los que conocieron en vida al finado y es una decisión personal asistir o no. Y es que si alguien formula una demanda contra una actuación de la Administración la Ley llama a todos los que tengan intereses que puedan ser afectados por una eventual sentencia estimatoria, a ponerse del lado de la Administración (pero velando por sus propios intereses) por si quieren acudir con su propio abogado y personarse en el pleito.

    En este punto, una de las consultas mas frecuentes que suelen lanzarme a quemarropa consiste  en si es mas acertado “personarse” (comparecer en juicio) como codemandado en un recurso contencioso-administrativo planteado frente a una resolución que les beneficia, o si por el contrario es mas aconsejable confiar en la defensa que hará el letrado público y así ahorrarse el ciudadano consultante los costes del propio abogado y en su caso, procurador. Por ejemplo, un opositor impugna la Resolución de aprobados de una oposición por irregularidades en el último ejercicio y uno de los aprobados se plantea si acudir con su propio abogado al pleito o confiar en la defensa que hará la Administración de su propio acto.

   El problema se agrava porque en tiempos de crisis económica y peajes procesales (tasas, costas) defender el propio derecho, incluso cuando es para defenderse de la agresión ajena, se está convirtiendo en un lujo que puede salir excesivamente caro.

   Suelo responder que es una decisión personal, que no quiero conocer los  detalles, y que lo mas aconsejable es que consulten a un abogado.

   Sin embargo, la situación es tan frecuente que, como muchos abogados, funcionarios y lectores habrán sufrido consultas similares, expondré mi criterio general al respecto.

Como ser abogado y sobrevivir al procedimiento

      Aquí os ofrezco la intervención oral que titulé  “ Como ser abogado y no morir en el procedimiento” y que impartí con ocasión de la  apertura del curso 2013-2014 de la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias el pasado 21 de Noviembre de 2013,  en el Paraninfo del  Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Una exposición breve y con pretensiones de amenidad en materia objetivamente resistente a la chanza, que se esfuerza en mostrar la importancia de las reglas procesales al encarar un litigio. Creo que será útil para los novatos y despertará la sonrisa cómplice de los veteranos.

   Espero que os guste, pero si consideráis que lo habéis visto todo  en materia procesal o si tenéis algo mejor que hacer, os la convalido y no os molestéis en visionarlo. Al menos, lo que no es discutible es que no es un producto caro por aquello del “caballo regalado no le mires el dentado”. Gracias por vuestra atención en este salto de la letra a la palabra.

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El Tribunal Constitucional frena la desacumulación de procesos contenciosos

Tribunal Constitucional La Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de Enero de 2014 anula la decisión de la Audiencia Nacional que obligó a los afectados por el cierre del espacio aéreo en 2010 a presentar recursos individuales contra las resoluciones de AENA que denegaron las respectivas indemnizaciones. 

Al proceso contencioso-administrativo no le gustan las orgías. No quiere que muchos demandantes se amontonen en una misma demanda para proseguir el mismo procedimiento hasta una única sentencia, aunque incorpore un fallo con respuesta separada para cada pretensión. De ahí viene que los artículos 34 a 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se cuiden de permitir la acumulación de pretensiones en relación con la misma actuaciónadministrativa, aunque también autorizan al juez para ordenar la interposición de los recursos por separado. 

La equidad sale del armario… del Tribunal Supremo

oposiciones anuladas  Algo tienen en común los unicornios y la equidad: todos hablan maravillas pero pocos los ven en la realidad. La equidad es la Cenicienta del mundo administrativo donde las formas, trámites y conceptos tejen una red de reglas impenetrable al oxígeno de la justicia del caso concreto.

  Sin embargo hace poco el Tribunal Supremo regaló una perla al confirmar una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de un ponente ” de cuyo nombre no puedo olvidarme”. Nada menos que una sentencia que aplica la equidad (esa dama misteriosa que suaviza el rigor de la norma y de su letra)  para mantener en sus plazas a los opositores aprobados por ser ajenos a la nulidad del último ejercicio de sus plazas.

Veamos la sentencia con detalle porque merece la pena y alguna reflexión sobre el papel de la Equidad en el Derecho Administrativo.

No vale todo para matar los actos nulos de pleno derecho

inadmisibilidad de recursos  A veces los actos nulos de pleno derecho dan sus últimos coletazos impidiendo su control jurisdicional.

   Hay sentencias del Tribunal Supremo que son extensas, detalladas y  extenuantes, pero a veces se descubre una perla que puede evitar grandes disgustos a los abogados que no están actualizados. Es el caso de la STS de 20 de Diciembre de 2013 (rec.894/2011) que vuelve de forma contundente y didáctica para eliminar lo que ya tiene tintes de leyenda forense, alimentada desde viejos Manuales y algunas Cátedras, siguiendo la inercia de una jurisprudencia del Supremo superada y del modelo alemán en el que goza de buena salud. Se trata del mito de que un acto nulo de pleno derecho puede combatirse en cualquier momento ( los pecados capitales jamás se borran) y por tanto aunque hayan pasado los plazos de los recursos administrativos o contencioso-administrativos, puede formularse un recurso contencioso-administrativo para combatirlos.

Doña Amparo da facilidades para su recurso

Tribunal Constitucional español     El recurso de amparo no tendrá necesariamente que “pasar por la vicaría” de un incidente de nulidad de actuaciones según la recientísima Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de Diciembre de 2013.

Pero… ¿ Hubo alguna vez medidas cautelares positivas ?

medida cautelar Al igual que el libro de Jardiel Poncela se preguntaba irónicamente si “¿Hubo alguna vez once mil vírgenes” tal y como la leyenda del martirio de Santa Úrsula aseveraba, me pregunto con similar talante si realmente caben medidas cautelares positivas adoptadas por los Tribunales cuando la Administración no paga un contrato, no cumple un convenio, no convoca una plaza ofertada para acceso o provisión, etc.

  El problema brota porque para los especialísimos supuestos de combatir la inactividad (art.29 LJCA) o la vía de hecho (art.30 LJCA), el art.136 LJCA utiliza una inequívoca dicción imperativa (“ la medida cautelar se adoptará”); sin embargo, existe un lastre histórico consolidado jurisprudencialmente muy resistente a la suspensión de los “actos negativos”. Y ello con la complicidad del Tribunal Constitucional que consideraba que la suspensión de una denegación “implica de hecho un otorgamiento siquiera sea provisional (…) con lo que la medida cautelar se transforma en una estimación anticipada, aunque no definitiva de la pretensión de fondo”(AATC 811/1985 y 144/1990).

  De hecho, es un mantra opuesto por la Administración cuando el particular pretende obtener una medida cautelar de sustitución de la voluntad administrativa. El problema es complejo pero una recentísima Sentencia del Tribunal Supremo aborda de forma pionera interesantísimas perspectivas de las medidas cautelares, que no me resisto a compartirlas.

Jaque mate al demandante: Terminación por falta de objeto

 

Terminación del proceso

El litigio desapareció

 En el ámbito contencioso-administrativo hay sorpresas que aguardan agazapadas en los vericuetos de la Ley de Enjuiciamiento Civil como la falta de objeto sobrevenido que supone un portazo al demandante con el consiguiente archivo del procedimiento contencioso-administrativo. Esa atípica figura de tan desvastadoras consecuencias, etiquetada procesalmente como “falta de objeto” tiene amparo y perfil difuso en relación con sus “hermanas” ( Dª Cosa Juzgada y Dª Satisfacción Extraprocesal), si bien la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Diciembre de 2013 (rec.2120/2011) aclara el panorama. Veamos.

Sentencias que matan pájaros a cañonazos

Juicio ante el Rey Salomon   En Derecho Romano se aprende aquello de que “el pretor no conoce de pequeñeces”(de minimis non curat praetor)  y sin embargo hoy día la Justicia española tiene que resolver litigios que bien podrían zanjarse de raíz y sin pasar a los estrados con una dosis de prudencia y sentido común por los implicados. Veamos los supuestos y dos recientes casos muy llamativos.

Las costas procesales: el cuento que nunca acaba igual

costas judiciales Tras poco más de dos años de vigencia de la Ley de agilización procesal, en materia contencioso-administrativa, conocer el criterio de imposición de costas procesales se ha convertido en un quebradero de cabeza para abogados. Por decirlo con un símil religioso, la imposición de la penitencia de las costas depende de cada parroquia, según valore el párroco si se cometió un pecado venial ( impugnar u oponerse con cierta razón) o capital ( si se hizo de forma insensata).

El problema radica en que los feligreses no siempre pueden elegir parroquia, y desde luego, el confesor les viene impuesto. Eso sí, el artículo a interpretar y aplicar es el mismo, el art.139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que dispone:

«1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

2. En las demás instancias o grados se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

3. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.»

En principio, parece claro que la regla general en primera o única instancia ha de ser la imposición de costas procesales al vencido, sea Administración o particular. Asimismo, cuando se alude a “serias dudas de hecho o de derecho” no debiera referirse a dudas “subjetivas” sino a “dudas objetivas”, o sea, “dudas de hecho” remitiría a supuestos de concurrencia de pruebas con fuerza para sostener distintas versiones fácticas, y “dudas de derecho” remitiría a casos donde la cuestión jurídica carece de jurisprudencia, o la jurisprudencia es contradictoria ( en sentido amplio, considerando que si existen sentencias de Salas que apoyan una tesis, no puede calificarse de descabellada) o donde existe jurisprudencia pero debe cambiarse por poderosos factores sobrevenidos ( legales, técnicos, socioeconómicos,etc).

Sin embargo, la riqueza y juego práctico de tal precepto que se manifiesta en infinidad de situaciones de perplejidad, especialmente en primera o única instancia ( ya que en segunda instancia la terquedad de quien recurre ante una primera sentencia, parece hacerle merecedor de las costas). 

La incongruencia de las sentencias: peras llevo, manzanas traigo

esconde Si algo merecen los justiciables para no convertirse en “ajusticiados” es una respuesta fundada en derecho. O sea, tienen derecho a una sentencia que, acertada o no, pueda argumentar sobre las cuestiones litigiosas y ofrecer una criterio final, por boca del juez, acogiendo o rechazando las pretensiones.

No es aceptable no responder (incongruencia por omisión) o responder otra cosa (incongruencia por desviación o extrapetitum). Son fallos judiciales extraños que “fallan” pues no ofrecen criterios jurídicos adecuados y provocan indefensión.

Lo que en los diplomáticos es signo de perspicacia ( eludir respuestas incómodas) en el caso de los jueces es censurable. No deja de resultar chocante que los testigos o partes en los procedimientos ( o la Administración en sus informes escritos) no deben eludir las preguntas formuladas en términos claros a la hora de practicar pruebas judiciales, so pena de que tales evasivas pueden perjudicarle en sus intereses (rechazar su versión, tenerles por confesos,etc) y que en cambio, un juez o Tribunal enfrentado a resolver por sentencia un problema concreto, opte bien por eludirlo abiertamente ( la política del avestruz) o por aprovechar una respuesta a otro problema distinto ( la política del buitre que en vez de cazar por sí mismo aprovecha lo cazado por otros, sea bueno o no).

La “incongruencia” es un eufemismo que endulza al juez que hace trampas por diversas razones: ¿pereza?,¿error?, ¿ignorancia?,¿malicia?. Aunque es un vicio inusual en las sentencias, debe desterrarse pues el ciudadano necesita tener razones para seguir confiando en la Justicia.

Pues bien, la recentísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 31 de Octubre de 2013 (rec.2789/2012) reacciona enérgicamente contra una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que despachó un recurso contencioso-administrativo remitiéndose a lo fallado por sentencia totalmente ajena al litigio. Algo así como si ante la pregunta del clásico “¿Llevas peras?”, contestase “Manzanas traigo”.

Ante la perplejidad de las partes, el Tribunal Supremo aprecia tan crasa patología de la sentencia y la califica de “incongruencia mixta”. Veamos este fragmento de la sentencia, tan didáctico y contundente que debería ser leído por todo aspirante a juez antes de tomar posesión ( e incluso por los ya “poseídos” cada trienio).

Demandas de herederos frente la Administración: peligro de muerte procesal

Legitimación de herederos  Lo normal es que los abogados vivos tengan clientes vivos, en la primera acepción del Diccionario (“que tiene vida”). Lo excepcional es que los abogados “vivos” tengan clientes “vivos”, en la sexta acepción ( “Listo, que aprovecha las circunstancias y sabe actuar en beneficio propio”), e incluso también los hay en la séptima ( “ Demasiado audaz, o poco considerado, en las expresiones o acciones”). 

Sin embargo, hoy al encontrarnos en la fiesta de los difuntos (1 de Noviembre) me ocuparé de una interesante vertiente procesal de la actuación letrada en el proceso cuando se actúa en nombre e interés de los muertos. Me refiero al caso frecuente en que, por desgracia, muere alguien que era titular de un crédito frente a la Administración (p.ej. funcionario al que adeudan retribuciones, contratista que no cobró por la obra,etc) o a los que fallecen como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y se genera responsabilidad patrimonial (p.ej. paciente que fallece en hospital público por negligencia médica).
En estos casos, el abogado tras asumir la defensa y/o representación de los herederos, a la hora de encabezar la demanda y aclarar quién y por qué recurre, suele incluir la locución “ actuando en beneficio o por cuenta de la comunidad de herederos” . El problema viene dado porque en ocasiones un avispado letrado público o un letrado privado codemandado advierte el error involuntario en tal condición y rápidamente opone la falta de legitimación. Y es triste, como siempre, que los óbices formales, frenen la justicia material.

A este respecto, la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2 de Octubre de 2013 (rec.780/2006) expone la problemática procesal al hilo de una reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de fallecimiento de funcionario como consecuencia de enfermedad contraída por deficientes condiciones de su puesto de trabajo. Y ruego tener paciencia con su lectura pues algún eco tiene de aquello de los hermanos Marx de “la parte contratante de la segunda parte será considerada parte…”. Veamos.

Las escurridizas medidas cautelarísimas

 rapidez        

Una escena típica de los telefilmes americanos es la espera angustiada del condenado en el “pasillo de la muerte” a la llamada del  Gobernador en respuesta a su solicitud de conmutar la ejecución de la pena de muerte por la cadena perpetua. Salvando distancias y normas, esa imagen refleja la importancia de las medidas cautelarísimas, pues volviendo al proceso contencioso-administrativo español,  esa solicitud elevada al juez contencioso-administrativo se convierte en la esperanza del ciudadano frente a una actuación administrativa que se consumará con efectos devastadores e irreversibles, de manera que la sentencia que se dicte tras un lento proceso llegará tarde. Esta situación lleva al particular a solicitar ante el Juez en el mismo escrito que inicia el proceso (interposición o demanda), una medida que asegure que la futura sentencia no quede en papel mojado ( o sea, que como decía el insigne procesalista Calamandrei, que la “medicina lentamente elaborada no llegue cuando el enfermo ha muerto”). Y dado que tal mediación judicial se revela urgente, el Juez adoptará la decisión sin oír a la propia Administración cuya actuación está en entredicho.

   Se trata de una de las mayores conquistas y garantías del ciudadano frente a la imparable maquinaria administrativa, como antídoto frente al clásico  “soporta y luego recurre”. Y ciertamente esta medida cautelarísima ha de estimarse con prudencia por los Tribunales, pues al fin y al cabo, se trata de tomar una decisión a espaldas de la Administración. Sin embargo, no corren buenos tiempos para las medidas cautelarísimas que de ser una medida “especial” han pasado a ser “excepcional” ,  máxime tras el recientísimo Auto del Tribunal Supremo que comentaré.