La difícil admisión de la casación frente a los autos de ejecución de sentencias

recurso de casación La reciente e interesantísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2014 ( rec. 2465/2013) se ocupa de la ejecución de sentencias de demolición en materia urbanística, rechazando las maniobras de la Administración para eludir los onerosos costes de aquélla. Sin embargo, como la sentencia habla por sí misma, recomiendo su lectura, aunque ahora me ocuparé de la primera cuestión que aborda que reviste notable interés y puede pasar desapercibido.

 Se trata de un supuesto nada inusual dados los tiempos de resolución judicial en la última década que con su secuela de apelación o casación, o incidentes encadenados de ejecución, puede llevar a una situación de problema de derecho competencial intertemporal de gran calado.

Veamos. Se trata de que lo que al tiempo del procedimiento principal era competencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, al plantearse el enésimo incidente de ejecución o inejecución (según se mire), ya entró en vigor la nueva norma procesal ( la Ley 19/2003 que “basculó” numerosas competencias de las Salas hacia los Juzgados con lo que el Supremo “limpió el trastero”), de manera que se daría la tentación de considerar que si bien el pleito principal tenía la puerta de la casación, en cambio los incidentes de ejecución nacidos bajo la nueva norma competencial carecerían de tal posibilidad.

Pues bien, este interesante planteamiento ( y ruego disculpas si parece “espeso” pero es lo que tiene el Derecho Procesal orgánico-competencial), reverdece en su interés tras la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que, so pretexto de la naturaleza de las Relaciones de Puestos de Trabajo como actos generales, comporta la competencia exclusiva y sin casación en manos de los Juzgados ( con apelación y punto final, en el mejor de los casos).

La respuesta nos la da con claridad la sentencia comentada y apunta al “Santa Rita, rita, lo que se da no se quita”, o sea, que si la competencia al tiempo de dictarse la sentencia era de la Sala, y como tal admitía recurso de casación, los futuros incidentes de ejecución aunque se planteen en un futuro lejano, seguirán contando con los beneficios del recurso de casación, y eso pese a que se haya dictado posteriormente una norma procesal o jurisprudencia que haya atribuido la competencia a un órgano jurisdiccional inferior.

Veamos la solución y algún matiz.

La extensión de efectos con claridad y actualidad para los atareados

 

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tuvo la amabilidad de invitarme a colaborar en su Revista digital profesional con un artículo, que titulé ” La extensión de efectos: un atajo cada vez mas estrecho“, y se ha publicado digitalmente en el número de esta semana.

Aquí tenéis el artículo íntegro.

Espero que os resulte útil.

Atención al cómputo de plazos de las notificaciones por Lexnet

Lexnet  La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2014 (rec.: 2600/2013) aborda una cuestión de gran importancia en relación al cómputo de plazos y caducidad de los mismos cuando la notificación a los procuradores de los actos que abren el trámite o plazo se efectúa por Lexnet. En el caso planteado se recurre en casación el Auto que confirma la caducidad de un recurso por no haber formulado la demanda en plazo. La entidad recurrente reacciona aduciendo que fue temporánea, y se plantea bajo perspectivas nuevas el viejo debate de si era suficiente la recepción de la notificación en el Servicio Colegial o se precisaba además que el Procurador destinatario accediese a su buzón virtual. Veamos el debate y la conclusión.

La pretensión de indemnización por acto ilegal no requiere previa reclamación administrativa

patrimonial A muchos les resultará obvio lo que aprendieron en la Facultad, en la letra de la Ley y en el foro: es jurídicamente posible plantear en vía administrativa solamente la ilegalidad de un acto administrativo  y ante la desestimación, formular a continuación la demanda contencioso-administrativa y en esta fase incorporar a la pretensión de anulación la nueva pretensión de condena a indemnizar daños y perjuicios derivados de la ilegalidad del acto.

Digamoslo claro: No está obligado el particular  a solicitar de forma conjunta en vía administrativa tanto la declaración de ilegalidad como la condena. No está obligado el particular a iniciar un procedimiento autónomo tras la sentencia estimatoria para que se le reconozca la indemnización. Y sobre todo, si se reserva esta pretensión indemnizatoria para subirla al carro de la demanda contra el acto supuestamente ilegal, no se incurre en desviación procesal.

Sin embargo, no debe ser tan obvio (quizás nos hacen olvidarlo las numerosas capas y reconversiones de nuestro Derecho Administrativo, “inmenso y ondulante”- Whitman) cuando la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Junio de 2014 (rec.5697/2011) revoca una sentencia de Sala de Tribunal Superior de Justicia para recordarlo didácticamente. Veamos lo que dice y lo que nos enseña.

Cuestiones prácticas del proceso contencioso-administrativo

cuestiones prácti  Ese es el título del reciente libro de Javier Latorre Beltrán (Ed.Sepin,2014) y que afronta con éxito la aventura de explicar el proceso contencioso-administrativo a través de 232 preguntas y respuestas sobre los vericuetos, incidencias y estrategias del proceso contencioso-administrativo.

Pensar que consultando solamente la Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo tendremos la guía para enfrentarnos al proceso es como montar una estantería modular de Ikea con las instrucciones: difícil, lento y de resultado impronosticable (por mi experiencia). Y ello porque el frío hueso de la Ley procesal se ha ido rellenando con la carne de la jurisprudencia, aunque dejando una figura descarnada en partes, y además numerosos Juzgados y Tribunales juegan al Doctor Frankenstein, de manera que el resultado del proceso contencioso resulta a veces tambaleante y estremecedor…¡ pero anda!.

Pues bien, esta brillante obra tiene enormes ventajas que debo resaltar vivamente.

Al recurrir en casación, no mezclar churras con merinas

casacion al supremo  Es sabido que el recurso de casación en el ámbito contencioso-administrativo se caracteriza por su excepcionalidad, formalismo y carácter tasado de los motivos. Ello encarece en el letrado que se embarca en ello la máxima atención para no “ir por lana y salir trasquilado” .

 Si difícil es explicar al cliente que debe pagar unas tasas judiciales por ir al Tribunal Supremo y que las probabilidades de admisión son superiores a las de estimación, lo que resulta sonrojante es exhibirle la sentencia desestimatoria o auto de inadmisión en que el cliente, por muy lego en derecho que sea, comprenderá las líneas de censura de que “la parte recurrente mezcla y confunde”, expresión ésta que se ha convertido en un latiguillo muy utilizado en los dos últimos años por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para aclarar al recurrente que al interponer un recurso de casación hay que hacer bien los deberes: por un lado, los defectos de procedimiento y por otro lado, los defectos de fondo.

Y digo latiguillo ya que si repasamos la base de datos de jurisprudencia, el Tribunal Supremo cansado de repetirlo, se limita a “cortar y pegar” el fragmento en la esperanza de que de una vez el abogado de turno se entere.

Cuantía de obras ilegales: ¿ vale la vida del condenado lo que cuesta ahorcarlo?

inadmisión de demolición  Esa idea late en el reciente Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 6 de Febrero de 2014 (rec.1620/2013). Se discutía la cuantía de un litigio zanjado por sentencia que declaraba la ilegalidad de unas obras, confirmaba la sanción y comportaba la demolición de la edificación existente. Por el recurrente se aducía que la cuantía era el valor de la edificación que desaparecía pero con gran sutileza argumental el Tribunal Supremo considera que la cuantía en litigio es el presupuesto de demolición y no el presupuesto o valor de lo que desaparecerá como consecuencia de la demolición. Veámoslo con detalle que la cosa tiene su miga.

Inminente portazo del Tribunal Supremo a las Relaciones de Puestos de Trabajo

 Relaciones de Puestos de trabajo  Las Relaciones de Puestos de Trabajo han sido una categoría jurídica novedosa: alma de norma y cuerpo de acto administrativo general. Las consecuencias inherentes a la condición reglamentaria son mayores garantías y vías de impugnación ( en particular el acceso al recurso de casación de las sentencias que las enjuicien). De hecho me ocupé de la complejidad de su estatuto en un amplio post significativamente titulado: Relaciones de Puestos de Trabajo: ¿Carne o pescado?

  Pues bien, en línea con la tendencia a arrojar el lastre de los litigios del Tribunal Supremo ( criterios de admisibilidad restrictivos, fijación de cuantías “a la baja”, umbral de casación cifrado en 600.000 euros, tasa elevada – 1200 euros si cuantía indeterminada-, sombra de costas al vencido,etc), ahora puede adivinarse que las Relaciones de Puestos de Trabajo serán expulsadas del templo del Tribunal Supremo, por el sencillo artificio de negarles el carácter reglamentario y como consecuencia sin recurso de casación, de manera que  las sentencias en los procesos ordinarios que las juzguen dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo quedarán privadas con carácter general del acceso al recurso de casación. Pero escuchemos las trompetas de este Jericó.

Las misteriosas razones de que las sentencias no citen autores doctrinales

doctrina  La inmensa mayoría de las sentencias judiciales se explayan en leyes y razones pero silencian la cita nominativa de los autores doctrinales de algunas de las opiniones allí reflejadas. Una conducta que explicaré mostrando la íntima justificación de tal proceder y los  riesgos que se pretende evitar.

Diez razones por las que el codemandado debiera personarse en juicio

codemandado    Los procesos contencioso-administrativos tienen algo en común con los funerales: se llama para que acudan al velatorio a todos los que conocieron en vida al finado y es una decisión personal asistir o no. Y es que si alguien formula una demanda contra una actuación de la Administración la Ley llama a todos los que tengan intereses que puedan ser afectados por una eventual sentencia estimatoria, a ponerse del lado de la Administración (pero velando por sus propios intereses) por si quieren acudir con su propio abogado y personarse en el pleito.

    En este punto, una de las consultas mas frecuentes que suelen lanzarme a quemarropa consiste  en si es mas acertado “personarse” (comparecer en juicio) como codemandado en un recurso contencioso-administrativo planteado frente a una resolución que les beneficia, o si por el contrario es mas aconsejable confiar en la defensa que hará el letrado público y así ahorrarse el ciudadano consultante los costes del propio abogado y en su caso, procurador. Por ejemplo, un opositor impugna la Resolución de aprobados de una oposición por irregularidades en el último ejercicio y uno de los aprobados se plantea si acudir con su propio abogado al pleito o confiar en la defensa que hará la Administración de su propio acto.

   El problema se agrava porque en tiempos de crisis económica y peajes procesales (tasas, costas) defender el propio derecho, incluso cuando es para defenderse de la agresión ajena, se está convirtiendo en un lujo que puede salir excesivamente caro.

   Suelo responder que es una decisión personal, que no quiero conocer los  detalles, y que lo mas aconsejable es que consulten a un abogado.

   Sin embargo, la situación es tan frecuente que, como muchos abogados, funcionarios y lectores habrán sufrido consultas similares, expondré mi criterio general al respecto.

Como ser abogado y sobrevivir al procedimiento

      Aquí os ofrezco la intervención oral que titulé  “ Como ser abogado y no morir en el procedimiento” y que impartí con ocasión de la  apertura del curso 2013-2014 de la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias el pasado 21 de Noviembre de 2013,  en el Paraninfo del  Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Una exposición breve y con pretensiones de amenidad en materia objetivamente resistente a la chanza, que se esfuerza en mostrar la importancia de las reglas procesales al encarar un litigio. Creo que será útil para los novatos y despertará la sonrisa cómplice de los veteranos.

   Espero que os guste, pero si consideráis que lo habéis visto todo  en materia procesal o si tenéis algo mejor que hacer, os la convalido y no os molestéis en visionarlo. Al menos, lo que no es discutible es que no es un producto caro por aquello del “caballo regalado no le mires el dentado”. Gracias por vuestra atención en este salto de la letra a la palabra.

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El Tribunal Constitucional frena la desacumulación de procesos contenciosos

Tribunal Constitucional La Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de Enero de 2014 anula la decisión de la Audiencia Nacional que obligó a los afectados por el cierre del espacio aéreo en 2010 a presentar recursos individuales contra las resoluciones de AENA que denegaron las respectivas indemnizaciones. 

Al proceso contencioso-administrativo no le gustan las orgías. No quiere que muchos demandantes se amontonen en una misma demanda para proseguir el mismo procedimiento hasta una única sentencia, aunque incorpore un fallo con respuesta separada para cada pretensión. De ahí viene que los artículos 34 a 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se cuiden de permitir la acumulación de pretensiones en relación con la misma actuaciónadministrativa, aunque también autorizan al juez para ordenar la interposición de los recursos por separado. 

La equidad sale del armario… del Tribunal Supremo

oposiciones anuladas  Algo tienen en común los unicornios y la equidad: todos hablan maravillas pero pocos los ven en la realidad. La equidad es la Cenicienta del mundo administrativo donde las formas, trámites y conceptos tejen una red de reglas impenetrable al oxígeno de la justicia del caso concreto.

  Sin embargo hace poco el Tribunal Supremo regaló una perla al confirmar una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de un ponente ” de cuyo nombre no puedo olvidarme”. Nada menos que una sentencia que aplica la equidad (esa dama misteriosa que suaviza el rigor de la norma y de su letra)  para mantener en sus plazas a los opositores aprobados por ser ajenos a la nulidad del último ejercicio de sus plazas.

Veamos la sentencia con detalle porque merece la pena y alguna reflexión sobre el papel de la Equidad en el Derecho Administrativo.

No vale todo para matar los actos nulos de pleno derecho

inadmisibilidad de recursos  A veces los actos nulos de pleno derecho dan sus últimos coletazos impidiendo su control jurisdicional.

   Hay sentencias del Tribunal Supremo que son extensas, detalladas y  extenuantes, pero a veces se descubre una perla que puede evitar grandes disgustos a los abogados que no están actualizados. Es el caso de la STS de 20 de Diciembre de 2013 (rec.894/2011) que vuelve de forma contundente y didáctica para eliminar lo que ya tiene tintes de leyenda forense, alimentada desde viejos Manuales y algunas Cátedras, siguiendo la inercia de una jurisprudencia del Supremo superada y del modelo alemán en el que goza de buena salud. Se trata del mito de que un acto nulo de pleno derecho puede combatirse en cualquier momento ( los pecados capitales jamás se borran) y por tanto aunque hayan pasado los plazos de los recursos administrativos o contencioso-administrativos, puede formularse un recurso contencioso-administrativo para combatirlos.

Doña Amparo da facilidades para su recurso

Tribunal Constitucional español     El recurso de amparo no tendrá necesariamente que “pasar por la vicaría” de un incidente de nulidad de actuaciones según la recientísima Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de Diciembre de 2013.

Pero… ¿ Hubo alguna vez medidas cautelares positivas ?

medida cautelar Al igual que el libro de Jardiel Poncela se preguntaba irónicamente si “¿Hubo alguna vez once mil vírgenes” tal y como la leyenda del martirio de Santa Úrsula aseveraba, me pregunto con similar talante si realmente caben medidas cautelares positivas adoptadas por los Tribunales cuando la Administración no paga un contrato, no cumple un convenio, no convoca una plaza ofertada para acceso o provisión, etc.

  El problema brota porque para los especialísimos supuestos de combatir la inactividad (art.29 LJCA) o la vía de hecho (art.30 LJCA), el art.136 LJCA utiliza una inequívoca dicción imperativa (“ la medida cautelar se adoptará”); sin embargo, existe un lastre histórico consolidado jurisprudencialmente muy resistente a la suspensión de los “actos negativos”. Y ello con la complicidad del Tribunal Constitucional que consideraba que la suspensión de una denegación “implica de hecho un otorgamiento siquiera sea provisional (…) con lo que la medida cautelar se transforma en una estimación anticipada, aunque no definitiva de la pretensión de fondo”(AATC 811/1985 y 144/1990).

  De hecho, es un mantra opuesto por la Administración cuando el particular pretende obtener una medida cautelar de sustitución de la voluntad administrativa. El problema es complejo pero una recentísima Sentencia del Tribunal Supremo aborda de forma pionera interesantísimas perspectivas de las medidas cautelares, que no me resisto a compartirlas.