Categoría: Luchas,triunfos y homenajes del Derecho Público

Hace quince días el Diario el Mundo ofrecía un reportaje con entrevista a cinco de los doce ministros de Franco que todavía viven, y entre ellos, a D. José Luis Villar Palasí, quien fuere Ministro de Educación. Debo decir que Villar Palasí, a quien no conozco personalmente, sí le he conocido “materialmente”  pues he disfrutado y aprendido enormemente de su obra y estilo, además de impresionarme su figura que supone la reencarnación de Leonardo da Vinci por sus múltiples dimensiones, no limitadas al Derecho Administrativo. Así, con ocasión del día 6 de Diciembre en que se celebra la Constitución, me parece oportuno glosar su figura por haber mantenido tanto en el régimen preconstitucional como posteriormente, una mentalidad joven para comprender los cambios jurídicos, y aportar sensatez y erudición a la masa multiforme en que se ha convertido el Derecho Administrativo. Leer Más »

El 9 de Mayo de 1950 tuvo lugar la célebre Declaración de Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores sugiriendo la unidad europea bajo la solidaridad y que dio lugar a la creación de la primera Comunidad Europea: la del Carbón y del Acero. Ese fue para los países europeos, al mejor estilo de Casablanca, “el comienzo de una gran amistad”. Y por ello es la festividad de Europa.

Desde la perspectiva del Derecho Público tengo la impresión de que la Unión Europea tiene méritos suficientes para ser declarada la Séptima Maravilla del Mundo del Derecho Público. Así, siguiendo el uso clásico de catalogar las obras culturales bajo el número mágico de Siete, a Sevach le parece oportuno señalar las aportaciones jurídicas dignas de figurar entre esas siete maravillas, con indicación de algún fragmento literal del hallazgo: Leer Más »

La muerte de Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, abogado general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y exmagistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, deja huérfano al Derecho Comunitario. En efecto, a los sesenta años ha fallecido el que fuere, al decir de sus compañeros magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el llamado a Presidir el Tribunal Supremo o a acceder a magistrado del Tribunal de Justicia Europeo. Ninguna de esas profecías se cumplió aunque por una ironía del destino fallece justo cuando se han eliminado todos los obstáculos para el Tratado de Lisboa, hacia esa Unión Europea efectiva por la que tanto luchó.

1. De sus numerosos artículos y libros, nos limitaremos a recordar el clásico y pionero: ” El Juez nacional como juez comunitario” (Civitas, 1993) libro publicado en tiempos del aterrizaje del Ordenamiento Jurídico español en el Ordenamiento Comunitario y gracias a la obra de Dámaso pudimos familiarizarnos con las categorías comunitarias (Reglamento, Directiva, Decisión,etc.) y la función del juez ( cuestiones prejudiciales, primacía, efecto directo,etc.). Dicho Manual suponía preparar al juez para asumir los profundos cambios que suponía el Derecho Comunitario, y que representaba para el juez español algo así como el cambio del Concilio Vaticano II al pasar de decir misa en latín a oficiar en castellano.

2. Asimismo récordaremos que fue juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dejándonos un delicioso artículo en la Revista de Instituciones Europeas,( nº 1,1990) explorando la protección de los Derechos humanos en la Comunidad Europea.

3. De su labor como Abogado General ante el Tribunal de Justicia europeo recordaremos que efectuó las conclusiones como Abogado General en el primer procedimiento judicial que tuvo oportunidad de dirimir la procedencia de imponer multas coercitivas a un Estado miembro por incumplimiento de sus obligaciones.¡ Imaginemos: la primera vez que la Comunidad Europea sancionaba a uno de sus hijos, Estados soberanos!

4. La recientísima sentencia C/192-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 12 de Noviembre de 2009 – o sea, del mismo día de su fallecimiento- asume, a modo de tributo póstumo, las conclusiones del abogado General, Sr.D. Ruiz-Jarabo Colomer en un asunto tan actual como el papel de la Administración y su reglamentación sobre el acceso de los operadores a las redes de comunicaciones electrónicas y su interconexión (interpretando con ocasión de una cuestión prejudicial finlandesa la famosa Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, de Acceso).

5. Finalmente, para demostrar la llaneza de Dámaso y que tenía los pies en la tierra, podemos recordar una entrevista en la Revista Al Volante, nº3, 1er semestre de este año, que incluía una entrevista sobre el carné por puntos y sanciones de tráfico, abordando un aspecto que en nuestro Derecho de Tráfico no se ha abordado seriamente ni planteado judicialmente: ”
” es verdad que se acompaña de unas sanciones pecuniarias, quizás excesivamente elevadas, que, si bien cumplen el papel disuasorio de toda sanción, no pueden convertir la conducción en un medio para que las Administraciones públicas ingresen más dinero. En fin, creo que las sanciones pecuniarias no deberían ser tan elevadas, para no provocar discriminaciones en función de la diferente posición económica de los sancionados; es decir, a algunos una multa de 2 000 euros no les supondría ningún problema, porque la abonarían fácilmente, mientras que a otros casi los hundiría en la ruina y no podrían afrontarla de ninguna manera”.

En definitiva, un jurista íntegro, con un amplio horizonte de miras, maestro de jueces y abogados en ese océano revuelto que es el Derecho Comunitario. Descanse en paz.

Decía Luis XIV que cuando adjudicaba un cargo público, obtenía cien descontentos y un ingrato. Algo parecido sucede cuando un Tribunal de oposiciones publica la lista de aprobados: alegrías y tristezas, según les va la feria; y luego la sombra de la duda: ¿enchufes?,¿suerte?,¿filtraciones de ejercicios?, ¿arbitrariedad?, ¿injusticia?…

1. Si el problema se judicializa, las sentencias se mueven en una jerga especial: discrecionalidad técnica, acto consentido, constitución indebida, irregularidad no invalidante, etc. Pues bien, a José Ramón Chaves siempre le ha atraído la complejidad de los procesos selectivos de empleados públicos por oposición o concurso y cómo se plasman el mérito y la capacidad. Nunca un procedimiento administrativo suscita tantos recelos como una oposición para obtener la condición de funcionario. Al fin y al cabo se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva y lo importante no es participar sino ganar. Hay mucho esfuerzo en juego y el premio suele ser un trabajo vitalicio. Este envite explica que cuando un procedimiento selectivo está bajo sospecha, la cuestión se judiciaria, y finalmente un Tribunal (en este caso, jurisdiccional) supervisa e incluso corrige al Tribunal calificador (administrativo).

2. Y en tiempo de crisis, no digamos, la lucha por la ansiada plaza lleva a la impugnación sistemática de cualquier procedimiento selectivo, sea estatal, autonómico, local o institucional. De hecho, los litigios sobre procedimientos selectivos tienen en vilo a los aprobados y a los suspendidos. Y si el procedimiento no se suspende (criterio habitual) cuando llegue la sentencia, si anula el resultado o algún trámite, llega en ocasiones cuando los aprobados ya han cumplido un trienio y se quedan patidifusos: se evapora su plaza por la fuerza de la cosa juzgada.

3. Pues bien, si alguien se asoma a los libros jurídicos sobre función pública, tratan de pasada los procedimientos selectivos, y centrados en el régimen legal con puntuales pinceladas jurisprudenciales. Desde el magnífico libro de José Antonio Tardío Pato (” Control jurisdiccional de oposiciones, concursos y exámenes académicos”, Civitas, 1986) ninguna otra obra se entregó a la laboriosa espeleología de bucear en sentencias judiciales para exponer los criterios de control de los procedimientos selectivos.

4. Por eso, José Ramón Chaves García, con una finalidad eminentemente didáctica y práctica ha explorado la jurisprudencia contencioso-administrativa y extraído el fruto de los criterios judiciales sobre cuestiones tan candentes como las siguientes: las convocatorias, los requisitos y los méritos admisibles, la composición de los Tribunales, abstenciones y recusaciones, los ejercicios y pruebas ajustados a derecho, los límites de la discrecionalidad técnica, las singularidades de la funcionarización y laboralización, problemas del anonimato, la compleja ejecución de las sentencias anulatorias, etc. Y el resultado lo ha plasmado en su recientísima obra titulada ” El Control de Concursos y Oposiciones en la Jurisprudencia” (Ed. Reus, 2009) que acaba de saltar a las librerías. En esta obra, el autor cambia el estilo de su anterior libro ” La prueba contencioso-administrativa: análisis dogmático y jurisprudencial” (Ed.Universitas, 2007), hacia derroteros mas populares y prácticos.

No resulta irrelevante que J.R. Chaves ha sido opositor en múltiples vertientes, miembro de numerosísimos Tribunales de Oposiciones, letrado público defensor de la regularidad de los procedimientos selectivos y riguroso en el control de los desafueros selectivos como magistrado de lo contencioso-administrativo.

5. La primera singularidad de la obra es que no se anda con rodeos ni zarandajas doctrinales. Es una obra sintética y precisa. Para resolver cuestiones concretas y sin elucubraciones.

La segunda singularidad es su actualidad, ya que el compendio de jurisprudencia se detiene en Abril de 2009, y de paso incorpora el análisis de la regulación del Estatuto Básico del Empleado Público 7/07 sobre procedimientos selectivos.

Y la tercera característica radica en su sistemática, con un índice cómodo para localizar la respuesta al caso concreto.

6. En definitiva, las Bases de Datos al uso constituyen un mundo caótico repleto de sentencias, cuya lectura se hace fatigosa para encontrar la perla del párrafo útil. Pues en la obra de José Ramón esa masa jurisprudencial es servida de forma ordenada y depurada de toda hojarasca.

Espero que os guste, pêro sobre todo que os de respuestas.