El directivo bancario Alfredo Sáenz, condenado penalmente por delito doloso de denuncia falsa cometido cuando ocupaba la Presidencia de Banesto ha sido indultado por el Gobierno. El efecto práctico del indulto es borrar la tacha de honorabilidad que por la fuerza del R.D.1245/1995, de 14 de Julio en materia bancaria, le impediría el desempeño de puestos ejecutivos en el Banco Santander. Esta medida sugiere a Sevach múltiples reflexiones porque cuando el BOE publica lo que nunca debió publicarse, el ciudadano piensa lo que nunca debería pensar de sus gobernantes.

1º Hay que recordar que el indulto es una prerrogativa del Gobierno (aunque formalmente el Rey lo plasme) que tiene su origen en la facultad de los monarcas absolutos inherente a la concentración de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En los tiempos actuales de división de poderes, y en que las decisiones de los tribunales ordinarios pueden ser objeto de enjuiciamiento por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( instancias inexistentes cuando el “indulto” se concebía como solución final y de emergencia) ha de ser una potestad de ejercicio excepcional, restrictivo y motivado. No es incompatible que se trate de una prerrogativa de gracia ( y como tal con altas dosis de discrecionalidad) con que el uso de tal prerrogativa vaya acompañado de una explicación.

En otras palabras, una Ley del Indulto de 1870 si se utiliza para desactivar una sentencia penal dictada de acuerdo con la legislación del poder judicial y jurisdiccional posterior a la Constitución de 1978, ha de reservarse para casos excepcionales, motivados y de patentes exigencias de humanidad, equidad o justicia. Así, el indulto tiene espacio para ser aplicado, referido a supuestos de desproporción de la pena en relación al delito, de corrección de crasos errores judiciales o de enfermedad del reo incompatible con la prisión, o similares. Sin embargo se mire como se mire en el caso del Sr.Sáez no se aprecia ninguno de estos supuestos.

2º. Un indulto que se toma en contra del informe del Tribunal Supremo que, pese a su condición de máxima instancia jurisdiccional e imparcial, no aprecia razones de “equidad ni justicia para ello” requiere una motivación reforzada a cargo del Gobierno, que como todo poder público está sometido a la prohibición de arbitrariedad (art.9 de la Constitución). Y aunque es cierto que la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa no admite el control de los actos políticos salvo en materia de derechos fundamentales y elementos reglados (que aquí no concurren) lo que siempre queda es el control parlamentario del Gobierno ante tales desafueros.

3º Un indulto que se apoya según se filtra extraoficialmente por el Ejecutivo en los “servicios al sistema bancario” español del Sr.Saénz, olvida que fueren cuales fueren tales servicios, los mismos ya fueron generosamente retribuidos por los bancos en que los prestó. ¿ O fueron gratis?,¿ O lo hizo por altruismo?. No creo que el Sr.Sáez los prestase desde una ONG, ni gratuitos, ni recuerdo que tal señor fuese premiado o laureado hasta la fecha por institución sin ánimo de lucro alguna ni nadie promoviese su beatificación social o económica.

4º Un indulto que borra de un plumazo un larguísimo proceso, que todavía está en sede del Tribunal Constitucional, es una burla al sistema judicial y a los ciudadanos. Al sistema judicial porque el directivo ha jugado a la ruleta en varias instancias judiciales (Audiencia Provincial y Tribunal Supremo) y si hubiere ganado en alguna de ellas hubiera hinchado pecho de intachable honorabilidad y reparaciones sin cuento. A los ciudadanos puesto que esos pleitos le han costado al erario público no menos de un millón de euros ( en una rápida estimación de costes de varias instancias judiciales con su secuela de gastos retributivos de fiscales, jueces- instructor, resolutor, revisores-, secretarios, oficiales, así como de papelería y video y trasiego varios).

5º Un indulto de este calado que se otorga por un Gobierno en funciones, que no responde a urgencia o necesidad alguna, demuestra que había que aprovechar el momento. Si existiesen razones tan poderosas y evidentes que justificasen el indulto, cualquier gobierno lo hubiere otorgado.

6º Lo mas insólito es que el indulto no es para librarse de la cárcel por motivos humanitarios sino para que el Sr.Sáenz no quede castigado sin seguir jugando al Monopoly bancario, cuyas puertas se le abren nuevamente. Y es que, por mucho indulto que medie, lo cierto es que su delito de denuncia falsa se cometió mientras era directivo de un banco y en tal condición, para hundir a competidores bancarios y utilizando el artificio mas repudiable en el tráfico mercantil (la falsedad). En el lejano Oeste, el tahúr que hacía trampas era sometido a brea y plumas y podría perdonársele pero desde luego que no volvía a jugar con los compañeros de mesa.

7º En tiempos de falta de credibilidad del sistema bancario en que hay que otorgar confianza a los agentes económicos, un indulto que respalda los abusos del sistema debería ser desaconsejado por elemental criterio de la deseable ejemplaridad que debe imponerse a los banqueros.

A Sevach solo le queda lamentar este flaco favor al principio de la justicia que se dice “igual para todos”, y que posiblemente estas navidades los prebostes de la banca con el afectado brindarán con Don Perginon y se reirán del sistema, pues al fin y al cabo, los timoneles bancarios siempre sobreviven, o como se dice en los casinos, “la banca, siempre gana”.

P.D. Por si alguien tiene tiempo y ganas, puede leer la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 24 de Febrero de 2011 que ahora queda en papel mojado,aquí.

La semana pasada la Defensora del Pueblo pidió ante el Congreso que se castigue como delito el “despilfarro público”(¡ Vivir para ver!). Curiosamente, no está lejana la publicación el 2 de Agosto de 2011 en el BOE del anuncio de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre para la contratación de un suministro de cestas de navidad para empleados de Madrid y Burgos por valor estimado del contrato cifrado en ¡¡¡ 638.750 euros !!! ( ¡Hay que ver como viven!). Reflexionemos.

1. Si se trata de tipificar penalmente el “despilfarro público”,  intentemos aclarar que sería eso del “despilfarro”, tal y como lo define la Real Academia Española. Despilfarro: “Gasto excesivo y superfluo”. Lo “excesivo” se define como lo “Que excede y sale de regla”, y lo “superfluo” es lo “No necesario, que está de más”.

2. Pues bien, en materia de gasto público, lo “superfluo” es un concepto jurídico indeterminado ya que:

a) Es dinámico en el tiempo. Lo que en época de vacas gordas es necesario, en tiempo de vacas flacas resulta superfluo. Basta pensar en el cheque-bebé de los cuatrocientos euros, o en la proliferación en la última década de Observatorios públicos del Acné escolar y zarandajas similares, medidas que bajo el chaparrón de la crisis económica se antojan prescindibles.

b) Es variable según el observador. Para un ganadero las subvenciones para el forraje son necesarias y para un urbanita vegetariano le resultan superfluas.

c) Es variable según la mente de cada político, aunque el mantra propio de los veteranos suele ser el siguiente: “ Un gasto es mas superfluo cuantos menos votos cosecha”, lo que llevará a calificar de necesario un gasto si en el cálculo electoral reportará aplausos y no digamos si la prensa lo jalea.

3. Sin embargo, existen parámetros de control. Así, la regla de gasto y la decisión clave que fija las necesidades públicas es la presupuestaria, que está amparada por leyes anuales (Estado y Comunidades Autónomas) o acuerdos plenarios (entes locales y entes independientes). Si hay crédito presupuestario, pues la autoridad lo gasta. Coartada perfecta. Permítaseme una boutade: la autoridad imputada por gasto superfluo se escudaría en la falta de culpabilidad pues se limita a cumplir lo que le manda el parlamento, o invocaría el ejercicio legítimo de un deber (ejecutar el presupuesto), o incluso alguna excusa absolutoria; incluso podría hablarse de la condena a los parlamentarios como cooperadores necesarios.

La existencia de crédito presupuestario se convierte en una “licencia para despilfarrar”. Muchas autoridades coinciden en la tesis de Unamuno defendiendo la autonomía de la Universidad por su expreso amparo normativo, cuando explicaba que si alguien tiene una pistola es para usarla; lo digo, porque hasta fechas recientes no ha sido infrecuente la práctica presupuestaria pública que solían aplicar las autoridades responsables del gasto en los últimos meses del ejercicio: si contaban con crédito sobrante, se apresuraban a gastarlo como fuere, para evitar la trampa de la tijera del Ministerio o Consejería de Hacienda: “ Como el ejercicio anterior te arreglaste con menos dinero del previsto, para este te lo rebajamos desde el inicio”.

4. Para terminar, a juicio de Sevach, tipificar penalmente el “despilfarro público” es otro despilfarro por ser otra medida superflua pues para los casos graves bastaría con la aplicación penal del delito de malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias o similares; en otros casos, quizás fuera operativa la apreciación judicial de la desviación de poder (utilizar la potestad de gasto para fines distintos de los públicos que la justifican); tampoco estaría de más abrir la espita a los controles de oportunidad por interventores públicos y que los dictámenes de los Tribunales y Sindicaturas de cuentas tengan consecuencias mas allá de alzarse en enormes epitafios de papel; ello sin olvidar que ya es hora de dejar de hablarse de la “huida del Derecho Administrativo” para lo que algún sector doctrinal ha calificado de “persecución del Derecho Administrativo”.

5. Lo mejor, por encima de Códigos éticos y de Conducta y de la palabrería de Buen Gobierno, en esta materia de autoridades malgastadoras, sería conseguir que la toma de decisiones pasase por una sencilla adaptación del mandamiento bíblico: ” Gasta los dineros públicos como si fueran propios” ( ni más, ni menos), y de este modo se acabarían las alegrías con la pólvora del rey. Es muy difícil conseguir enderezar el árbol torcido, como difícil es conseguir que toda una generación de políticos habituados a la molicie, al coche y teléfono oficial, al viaje todo incluido, al clientelismo a golpe de talonario público, pueda ser reeducado en  principios de austeridad rigurosa. En fin, confiemos que con la crisis que está cayendo la parábola del hijo pródigo se haga realidad en buena parte de los profesionales de la política.

6. Además, si metiésemos en la cárcel a todas las autoridades públicas que incurren en despilfarro,¿ no sería un despilfarro convertir el país en una gigantesca penitenciaría?.

Después de las vacaciones tiene lugar el síndrome postvacacional y después de ocupar largo tiempo un cargo político, algunas personas se han metido tanto en el papel y oropel de mandar, que cuando llega el cese ( desgracia en el partido político, turnismo electoral,etc) y se ven obligados a apearse del coche oficial, a pagar la factura del teléfono móvil, a que nadie se ría sin ganas de sus malos chistes y a buscar trabajo, algo terrible sucede en su interior.

No se trata de los políticos que retornan a sus puestos de funcionario, ni de los que se refugian en la burocracia de su partido político o sindicato, ni de los que cuentan con empresas paracaídas con consejos de administración o cargos directivos de oro. No. Se trata de quienes no tienen donde ir. Y estos seres “huérfanos de poder” no son patrimonio de ningún partido político concreto sino de cualquiera que haya tocado poder y haya premiado a sus huestes. La historia se ha repetido infinidad de veces. El problema no lo tienen los “animales políticos” sino los “políticos de medio pelo” que cuando se agita el árbol del poder son los primeros en caer.  Lo que sucede es que casualmente, el reciente vuelco electoral sufrido en varias Comunidades Autónomas y numerosos Ayuntamientos, ha dejado a numerosos políticos sin techo, que temen la luz del día como los vampiros. Veamos de cerca el fenómeno.

1. El día después del temido cese, la cruel realidad asoma. Aquéllos que en tiempos de “vacas gordas políticas” se confesaban amigos y quienes le pronosticaron un futuro venturoso en la empresa privada, ahora dejan de contestar sus llamadas o aplazan la entrevista sistemáticamente. Decepción.

2. Los días pasan y, en su interior sopesa el pasado venturoso y el futuro incierto. Se reconcome. Repasa de memoria a todos aquéllos a los que trató con su favor. Una y otra vez intenta convencerse de que su valía está probada por el valor de los que se codeaban con él. Antes pensaba que un hombre valía lo que pesaba su agenda de contactos y ahora ve como esos contactos se esfuman por desuso. Aislamiento: el político no tiene quien le escriba.

3. Los periodistas no le asedian. El teléfono no suena. Cartas no le llegan. El correo electrónico rezuma spam pero ninguna propuesta atractiva. Sus familiares comienzan a preguntarse “si el rey está desnudo”. Nada mas patético que un exAlcalde, exconsejero e incluso expresidente rumiando su desdicha y aferrándose al teléfono por si llega alguna propuesta de reclutamiento. Soledad.

4. Le duele ser presentado como exalto cargo, pero mas sufre cuando alguien intenta presentarle y no acierta a asignarle una profesión. También siente como le apuñalan las miradas burlonas de los vecinos, los paseantes o los contertulios. Empieza a cansarse de los que le compadecen diciendo que si el volviese a la política todo se solucionaría. Rabia.

5. Busca trabajo pero sin mostrar urgencia sino como simple entretenimiento. No se resigna a no mandar. El insomnio hace su aparición  y una permanente situación de desasosiego. Paradójicamente, la disminución de ingresos y de comidas institucionales, así  como la necesidad de caminar en sus desplazamientos, supone una mejora nutricional y de salud física pero la triste procesión de malestar psíquico va por dentro.Desesperación.

Esa situación de confusión e irritación propia según el refrán extremeño de “perro mal almorzado” constituye un síndrome o conjunto de síntomas de un mal que Sevach se atreve a bautizar de “Síndrome postliticoital”, ya que se refiere al trauma provocado por el tránsito de una situación política de delicia orgásmica hacia una vía muerta, como el común de los ciudadanos. Se manifiesta en ansiedad y angustia pero curiosamente, al igual que los tiburones no padecen cáncer, los expolíticos parecen inmunes a la depresión. Y es que, un político de raza está tan familiarizado con la mentira que sabe mentirse a sí mismo.

La receta, la indicada en el Quijote: “ Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala” o el consuelo castizo de que “ El tiempo todo lo cura”, aunque lo cierto es que los políticos sin cargo son como los juguetes rotos, siendo mas precisa la afirmación de Rose Kennedy, madre del presidente J.F.K., “ Las heridas permanecen. Con el tiempo, la mente para preservar su cordura, las cubre con tejido de cicatriz, y el dolor disminuye pero nunca, nunca, se va”.

Lo que a Sevach le preocupa es que quizás está dando ideas para que los políticos en activo, por si acaso, puedan aprobar normas que consideren tal “síndrome” como enfermedad profesional….y así mantener la sopa boba durante en el duro camino de las vacas flacas…

Dicen que rectificar es de sabios, aunque mas correcto sería afirmar que rectificar es un atenuante frente a la torpeza. Y así esta semana nos brinda tres ejemplos de rectificaciones con su proyección sobre el poder público, aunque para Sevach la mas vergonzosa de las rectificaciones es la del político que promete algo a bombo y platillo y tras resultar electo se desdice ( “donde dije digo, dije Diego”) cuyo ejemplo mas notorio fue aquél lema “No, a la Otan”/ “ Otan, de entrada, no”, y que tras la victoria electoral se convirtió en un “ No, sin la Otan”, situación que inspiró a Javier Krahe la divertidísima y tristemente actual canción “ Cuervo ingenuo”.

1.   La primera rectificación proviene del mundo de la velocidad. Hace tres meses se implantó la limitación de velocidad a 100 km/hora en autopistas y autovías so pretexto de ahorro energético, y poco más de tres meses después volvemos a la misma situación de limitarla a 120 km/hora. En el camino queda el debate mediático, la algarada social, la desorientación de conductores y fabricantes de vehículos y unas señales de quita y pon.

En el plano jurídico dos reflexiones. La primera se centra en si el Gobierno no ha incurrido en cierta desviación de poder, ya que las normas de limitación de velocidad han de estar inspiradas en la seguridad y ordenación del tráfico, mientras que  para finalidades recaudatorias o para nivelar el gasto público está la potestad tributaria con las consiguientes garantías constitucionales. La segunda se centra en si dicha medida de retorno a la limitación máxima tendrá efecto retroactivo en relación a las sanciones impuestas durante estos tres meses por velocidad comprendida entre los 100 km/hora y los 120 km/hora, pues al fin y al cabo estamos ante una norma posterior mas favorable que cambia la tipificación de la infracción.

2.  La segunda rectificación está en el mundo de la jubilación de abogados y médicos. La Orden Ministerial TIN/1362/2011, de 23 de Mayo, establecía la incompatibilidad entre pensión de jubilación y ejercicio privado de la profesión a partir del 1 de Julio, con lo que se cerraba el paso a que los jubilados en su actividad principal pudieran continuar ejerciendo como profesionales de la abogacía y la medicina hasta la edad de Matusalén. Ahora un pacto político de última hora dejará todo como estaba.

En el plano jurídico, habrá que pensar en la posible responsabilidad del legislador o del ejecutivo al lesionar el principio comunitario de Confianza Legítima ya que está claro que muchas personas han tomado decisiones sobre sus bufetes y consultas a la vista del panorama y ahora se encuentran en el viejo escenario. Especialmente los que aceleraron su jubilacion para beneficiarse de la irretroactividad de la medida anunciada (no afectaría a los jubilados antes del 1 de Julio), y que ahora ven su estratagema burlada.  Junto a ello, no puede Sevach menos de hacer constar una perversión existente en Ayuntamientos y Diputaciones, y alguna que otra Comunidad Autónoma, consistente en que la jubilación de un funcionario administrativo o incluso auxiliar, en posesión de la licenciatura en Derecho, y compartiendo con el gobernante lealtad o afinidad ideológica, se encontraba curiosamente promocionado tras su jubilación a la condición de consultor jurídico con contrato administrativo de asistencia o servicios ( como “letrado”,”abogado” o “asesor”): o sea, administrativo toda la vida  activa y letrado en la vida pasiva de la misma Administración. Cosas veredes, amigo Sevach ( porque os aseguro que esto es real, ciento por ciento).

3. La tercera rectificación se mueve en el campo mas distante política y geográficamente pero muestra su interés, ya que se refiere a la crisis y ruptura del príncipe Carlos y Camila, que excede el papel cuché al haber supuesto la mayor andanada de la historia contra el buque insignia del modelo monárquico, uniendo lo casposo ( “me gustaría ser tu tampax”, Carlos dixit) con lo morboso ( el juego de dobles parejas en tiempos de Lady Di); y dado que lo monárquico tiene mucho de icono para el pueblo, el desconocimiento del sabio axioma de “públicas virtudes, secretos vicios” ha dejado a las monarquías europeas cojitrancas.

4. Y por último, hablaremos del funeral, que viene referido al reciente fallecimiento del actor Peter Falk (el célebre Colombo) a los 83 años de edad, cuyos puntos de conexión con el Derecho Público ( o mas bien entre “Colombo” y los funcionarios) ya comenté en un anterior post, cuya lectura resulta recomendable a título de homenaje póstumo.

Y para finalizar, ahi está la siempre amena canción de Cuervo Ingenuo…sobre los políticos que hablan con lengua de serpiente… Disfrutarla…

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Tres magistrados del Tribunal Constitucional renuncian al cargo por considerar que han cumplido sobradamente el mandato de nueve años que establece la Constitución y que el Parlamento- mas bien los partidos políticos- no han hecho los deberes de renovarlo. El Presidente del alto Tribunal no  acepta su renuncia y la mas alta institución de la nación con capacidad resolutiva para incidir en lo divino y lo humano, en leyes y sentencias, queda como un buque a la deriva, desarbolado en su legitimidad y en el cabo de las Tormentas.

1.    Diríase que la indignación es contagiosa, y que los movimientos de rebeldía han llegado hasta a las instituciones. Sin embargo, Sevach cree que al margen de las lecturas interesadas de tan insólita decisión por parte de quienes se califican de “analistas políticos”, lo cierto es que estamos ante un acto de gran altura moral y que otorga un potente brillo de dignidad a quienes han dicho “basta ya”.

2. De hecho, cada carta (dentro de la común sobriedad y elegancia) cuenta con su estilo:  explícita, la de Eugeni Gay; lacónica la de Pérez Vera, y  sutil la de Delgado Barrio, cuyo párrafo final me parece magnífico: “Y una vez más he de destacar que las cosas salen mejor cuando se cumple la Constitución y salen peor cuando no se cumple”.

3. En efecto, el Tribunal Constitucional no es un órgano típica y exclusivamente jurisdiccional sino que presenta un alto componente político ( forma y responsabilidad de designación de sus miembros, naturaleza de los asuntos,etc) y por ello, para velar por su función constitucional, si el derecho resulta inoperante  ( “bloqueo de nombramientos” por motivos políticos, entendiendo por “políticos” los “chalaneos tabernarios”) bien está la vía de hecho para recordar:

A)            Que las competencias públicas son irrenunciables, incluidas las parlamentarias.

B)            Que la limitación del mandato de los magistrados a nueve años no tiene amparo en una Ley o una circular sino en la propia Constitución (art.159.3 CE) y por tanto, el parlamento debe cumplirla.

C)          Que los partidos políticos, que son la correa de transmisión de los grupos parlamentarios, no pueden extender la mesa de lo negociable como Fausto al propio  “alma” de la Constitución, y hay que recordar que la lapidaria pero contundente exigencia constitucional es que los candidatos sean “juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional”- esto es, dos requisitos que no encierran discrecionalidad absoluta sino auténticos conceptos jurídicos indeterminados tanto en lo de “reconocida competencia” como los “quince años” exigibles. No es mucho pedir: no se trata de pescar tiburones blancos pero tampoco de pasar sardinas por esturiones.

4. En España hay sobradísimos juristas de “reconocida” ( o si se quiere, “unánime”) competencia, que permitiría que cada partido elaborase propuestas por decenas para cada candidatura para encomendar el descarte a técnicas válidas y objetivas ( sorteo, Comisión de Altas magistraturas- Defensor del Pueblo, Presidente del Tribunal Supremo, etc- ) o sencillamente la propuesta que mas adecuada me parece. Que los partidos políticos llevasen al congreso como propuesta jurídico-formal la que previamente partiese del Consejo de Estado (que para eso está, para decisiones de alto calado jurídico/político) adoptada sobre ternas, cuaternas o quinternas procedentes, eso sí, de los partidos políticos.

5. Por eso, creo que el mensaje de los tres magistrados es potente y claro. Un órdago que no ha sido aceptado por el Presidente del Tribunal Constitucional quien también ha actuado “a bote pronto” como era de esperar, rechazando esa renuncia para no crear un vacío de poder. Sin embargo, el mensaje queda ahí y deberían tomar buena nota los partidos políticos.

6. Al igual que no me gustaría ser operado del corazón por un cirujano cuya dimisión no hubiese sido aceptada antes de la intervención, no me parece serio que un Tribunal Constitucional mantenga una situación próxima al Bounty momentos antes del motín, con quejas fundadas de los oficiales del barco porque quien manda lleva de forma errática y despótica su rumbo ( y no me refiero al Capitán  William Bligh sino a los partidos políticos, el nuevo Leviatán del bipartidismo).

7. Me pregunto, si al igual que el movimiento de “indignados” cosechó un rosario de afiliaciones, algún parlamentario, consciente de que el Congreso o el Senado (del que forma parte y cuyas funciones juró/prometió cumplir) no ha hecho su trabajo, será capaz de renunciar testimonialmente como acto de protesta a su Acta de diputado. Me temo que no….

Por eso, ante tales actos de dimisión, tan insólitos en los cargos públicos españoles, como constitucionalmente legítimos y justificados, solo puedo aplaudirlos por hacerme recuperar la confianza en algunas personas de las que puede predicarse a los cuatro vientos su “reconocida honestidad”.

Y para quienes son los destinatarios del mensaje enérgico que subyace en tales cartas, he de recordar aquello de  ¿ Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

Hay veces que los Boletines Oficiales emulan a la vieja Codorniz y como soportan de todo, incluyen expresiones hilarantes o casi tragicómicas. Es el caso de la advertencia que incluyen las recientísimas bases de la convocatoria de una plaza de Grupo A por oposición libre de la Diputación de Jaén que expresamente disponen: “ Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida a la lectura y comprensión de las presentes bases, se hace constar que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, funcionario, … etc, debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos”. Veamos la perplejidad de Sevach ante esta perla administrativa.

1. Lo primero que es de agradecer es que hayan avisado al respetable, de que podían concurrir también aspirantes del sexo femenino, no fuera a ser que se considerasen excluidas las féminas, o incluso que algunos malvados varones exigiesen después su exclusión por aquello de “bases firmes y consentidas”.

2. Lo segundo es la belleza críptica del sintagma “ dificultad perturbadora añadida” dado que a buen seguro la mujer que leyese las bases – sin tan singular advertencia- experimentaría una zozobra existencial, acompañada de taquicardias o angustia, que se sumaría al ya agotador esfuerzo de leer las bases.

3. Lo tercero es percatarse de que la interpretación literal de la base de la convocatoria ( que impone atribuir a cada palabra varonil, el “sentido comprensivo de ambos sexos”) puede conducir paradójicamentea que solamente puedan participar “hermafroditas”.

4. Lo cuarto es rebajar el reproche al Ayuntamiento de Jaén, ya que su convocatoria de Técnico de Administración General ha “copiado” las bases generales, incluida la “dificultad perturbadora” de otras bases para administrativos del Ayuntamiento de Fernán Nuñez así como las de conserje-notificador del Ayuntamiento de Ginés,  o las bases para seleccionar un administrativo en Valsequillo. Y por fin apareció la madre de tamaña ocurrencia, nada menos que las bases para la convocatoria de auxiliares de 6 de Julio de 2007 de la Diputación de Córdoba. Pero siguiendo con este CSI administrativo,  hallamos idéntica estipulación nada menos que en la disposición final de los Estatutos del Sindicato “ Unión de Grupos C de Hacienda”, que además incluso enriquece la redacción: “La utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia de la mujer en plano de igualdad y en evitación de una dificultad perturbadora para la lectura y comprensión del presente texto, mueve a puntualizar, ex profeso, que toda expresión en los presentes estatutos que defina una condición o actividad, como trabajador, secretario, presidente, delegado, afiliado, …etc, es utilizada en sentido comprensivo de las personas de ambos sexos.”.   Y a su vez, cosas veredes, dicha estipulación procede de los Estatutos de la Federación de Empleados Públicos de Uso adoptados en Junio de 2007. Y ya superando fronteras autonómicas, encontramos la “dificultad perturbadora” en el Convenio colectivo del personal de la ORA de …La Rioja.

Estamos ante un fenómeno contagioso. Cuestión de tiempo que el Estatuto Básico del Empleado Público incorpore como principio del empleo público “la ausencia de dificultades perturbadoras”, o que se cree algún “ Observatorio de dificultades perturbadoras” dirigido por algún “perturbado”, para asegurar la máxima especialización y conocimiento de causa.

5.    En fin, ya  comentamos en este blog como las cuestiones importantes de fondo a veces se pierden por razones de forma, perdiéndose la nobleza de la causa al buscar problemas donde no los hay. Hay que esforzarse al máximo en no discriminar con el lenguaje al género femenino pero la paradoja es que con ciertas estipulaciones de uso doble ( p.ej.funcionarios y funcionarias) se produce el efecto inverso de llamar la atención sobre una posible intención sexista que no existía, unido a que el lenguaje administrativo debe ser directo, claro y sin rodeos, eufemismos o pleonasmos.

Por ejemplo, la Constitución española utiliza 27 veces el términos “españoles” ( en vez de “españoles y españolas”) sin que nadie haya considerado urgente modificar la Carta magna por las dificultades perturbadoras que puede ocasionar al ciudadano su lectura. De hecho, el capítulo I del Título I, por ejemplo, reza “ De los españoles y extranjeros” y provocaría expresiones chuscas como “De los españoles y españolas y extranjeros y extranjeras”. En fin, que si la Constitución, fuente máxima de ejemplo, lo hace así, pues no será malo que lo hagan leyes y  convocatorias de oposiciones ( así  el refrán popular: “lo que es bueno para la pata es bueno para los patitos”, aunque quizás debería decirse: “ Lo que es bueno o buena para el pato y pata es bueno o buena para los patitos y patitas”). Y por estas tendencias perversas aludí al acaso del fundamentalismo del género al lenguaje administrativo en un post anterior.

6. Curiosamente hace unos días, en el seno de la Asociación Jueces para la democracia se abrió un vívido debate para promover el cambio de denominación hacia algo así como “Asociación Profesional de Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas  para la democracia”. Se trata de una iniciativa gestada en el 26ª Congreso de la Asociación celebrado en Albacete y se titulaba “ Nuevos retos ante la crisis”.  Menos mal, que la justicia no tiene otros problemas mas acuciantes, y que frente a la crisis económica, tan enérgica y efectiva medida será una solución refrescante. Al menos están libres de “dificultades perturbadoras” otras Asociaciones judiciales al no poder denominarse “ Asociación de profesionales y profesionalas de la magistratura” o “ Francisca de Victoria”.

En fin, para términar nada menos que recordar un viejo, pero tristemente actual, artículo de Arturo Pérez Reverte titulado significativamente “ Miguel Hernández era un falócrata”, que encontraréis aquí.

La campaña electoral desafía las reglas de la matemática. Todos cuentan con ganar y si sus pronósticos se cumplieran se cubrirían diez veces el número de cargos electivos que los disponibles. Todos prometen mas gasto social y menos impuestos. La cuadratura del círculo. Todos se consideran en condiciones de traducir sus programas en presupuestos y siguiendo el ejemplo bíblico, capaces de “multiplicar los panes y los peces” en tiempo de crisis. En suma, muchas palabras y un festival de números y magnitudes económicas que según la manipulación electoral pueden venderse como victorias o reprocharse como fracasos.

1. Pese a esta dimensión matemática del poder, siempre me ha llamado la atención como pueden manejar enormes presupuestos algunos Alcaldes, Consejeros o Directores Generales que “cuentan con los dedos” … y no siempre aciertan. Es verdad que cuentan con asesores y funcionarios para ello, pero hasta para comprender el mensaje e informe del asesor, y decidir en consecuencia, hay que tener unas mínimas nociones. Y no digo economistas (que barajan cifras y dan resultados al gusto del consumidor), sino matemáticos que son amantes de la exactitud, por definición. De hecho, no son pocas las interpelaciones parlamentarias o de los Tribunales de Cuentas que al solicitar información a altos cargos sobre determinadas partidas de gastos se tropiezan con la respuesta al mejor estilo del Gran Capitán, “entre picos, palas y azadones, cien millones”.

2. Todavía recuerdo episodios llamativos, como cuando el Presidente Zapatero, en anécdota cuyo mensaje podría predicarse de la mayor parte de los Presidentes, en una comparecencia pública confesó por lo bajinis a su asesor su dificultad para entender la materia presupuestaria del Estado a lo que éste replicó con un susurro tranquilizador pensando que los micrófonos del Congreso estaban apagados “ Lo que necesitas saber para esto, son dos tardes”.

Y dando un salto espacial, no podemos olvidar a Lee Hsien Loong, actual Primer ministro de Singapur, graduado con honores en matemáticas por la Universidad de Cambridge, y en administración pública por Harvard. Así se explica, que perciba las retribuciones mas altas de todos los presidentes del mundo, cercana a los tres millones de dólares anuales. No me extraña que precise de tan cualificada formación matemática para contar tamaños emolumentos.

Otros casos no son tan meritorios, como el de Alberto Fujimuri, expresidente de Perú (1990-2000) quien ostentaba la condición de Catedrático universitario de álgebra y se ve que sumar, (mercenarios), restar ( garantías) multiplicar (patrimonio) y dividir ( enemigos) le dio buen resultado a corto plazo.

3. Pero lo que auténticamente me maravilla es cuando descubrimos los entramados de corrupción de cargos públicos que revelan proezas de ingeniería financiera y trasiego de cuentas bancarias y billetes en cuyos entresijos se maneja el truhán con dominio de la disciplina de Leibnitz. Por eso no tendría mal perfil de gobernante ofrece el matemático Perelman que tras resolver la conjetura matemática del siglo renuncio al jugoso premio en metálico, pues bastante es que un político sea indiferente a los bienes terrenales.

4. A veces se plantean auténticos desafíos matemáticos para el gestor público.

No me refiero a como las autoridades ignoran la ausencia de crédito presupuestario y demuestran que ” Cero” es igual a “Medaigualeldeficit”. Tampoco a la valoración del aprovechamiento urbanístico, de los justiprecios expropiatorios, del cálculo de las bajas temerarias, de la valoración de fincas sometidas a concentración, de la imposición de sanciones pecuniarias o de los intereses legales. No, me refiero a otros casos.

Por ejemplo, cuando se anulaba una oposición y el flamante aprobado se enfrentaba años después a tomar posesión de una plaza que ya estaba cubierta, la Administración para no exceder el número de plazas convocadas y poder cumplir la sentencia inventó aquello de las plazas “bis”, y así el BOE reflejaba la toma de posesión, por ejemplo, de la plaza 15 bis.

También recuerda Sevach la polémica judicial que se planteó cuando se suprimió la obligación de la Administración de no convocar mas del 50% de las plazas a promoción interna ( dejando lo restante para el turno libre). El problema brotó cuando la Ley suprimió dicho limite, y entonces se planteó si era admisible ante tal libertad, que pudiesen convocarse el 100% de las plazas a promoción interna. El Tribunal Supremo hizo una aplicación espiritualista y dijo que, aunque se hubiere suprimido la garantía porcentual de turno libre, un sistema de igualdad, publicidad, concurrencia, mérito y capacidad exigían que al menos una plaza se convocase a turno libre. Pero como el diablo no descansa, no faltó quien interpretó que esa plaza se refería a una de entre todas las plazas de distintas categorías de una misma convocatoria, y nuevamente el Tribunal Supremo como ángel protector intervino precisando que ese mínimo se predicaba de cada bloque de plazas de la misma categoría.

5. Veamos ahora un ejemplo de la utilidad de las matemáticas para autoridades y Secretarios Generales, que he adaptado de un problema matemático clásico de corte árabe sobre camellos. Prestemos atención al caso:

Había una vez un Alcalde que tenia que efectuar una convocatoria de plazas en el Ayuntamiento pero por la crisis económica y austeridad presupuestaria sólo tenía dotación para 17 plazas.
El problema era que se había comprometido con los sindicatos en convocar las plazas en la siguiente proporción: al turno libre la mitad (1/2), a la promoción interna la tercera parte (1/3) y para funcionarización la novena parte (1/9). Al Concejal de Economía no le salían las cuentas, pues solo tenía 17 plazas:
Al Turno libre 17 : 2 = 8,5
Al Turno de promoción interna 17 : 3 = 5,6
Al Turno de Funcionarización 17 : 9 = 1,9
TOTAL = 16,0

Al ver que no le salían las cuentas puesto que los sindicatos no toleraban que dejasen libre una de las diecisiete plazas y sobre todo, porque no podía partir una plaza (imposibilidad jurídica) decidió consultarlo con el Secretario General y le dijo:

- Querido Secretario: tengo un problema que no se como resolver. Quiero convocar 17 plazas para cumplir lo acordado con los sindicatos, y no se como hacerlo sin que tenga que partir una plaza o me sobre alguna.
A lo que el Secretario General respondió…

-Querido Alcalde: debes proponerles convocar una plaza mas con lo que tendrás 18, hablas con los sindicatos y efectúas el reparto en su presencia y una vez hecho, amortizas la plaza sobrante.

Y así lo hicieron.
Al Turno libre18 : 2 = 9
Al Turno de promoción interna 18 : 3 = 6
Al Turno de funcionarización 18 : 9 = 2
TOTAL = 17
Acto seguido, tras firmar el Acta del reparto en la Mesa de Negociación, les informó que amortizaría la plaza adicional, puesto que había quedado sobrante, y estando todos contentos le dio las gracias al Secretario.

6. En fin, la matemática todo lo inunda. No dejo de recordar una entrañable y divertida anécdota de mis años de bachiller escolapio en que el entrañable profesor Jesús Espías, dotado para las matemáticas de “una mente maravillosa” como el Nobel de Economía John Nash, nos explicó gráficamente la regla de tres: “ Si eres blanco, tu mujer es blanca y tienes un hijo amarillo, puedes inferir que tu vecino es chino”.

P.D. Este post fue parcialmente publicado en el Diario La Nueva España

Hoy día asistimos con pasión para aplaudir o condenar el asesinato de Bin Laden, las revueltas de los pueblos egipcio, sirio y libio, las astracanadas de Corea del Norte, la doble moral de Irán…. Sin embargo es duro admitir que nos acostumbremos a la “ignominia continuada” de las situaciones de pueblos oprimidos pese a que el Derecho ampara su derecho a la autodeterminación. Es el caso del pueblo saharaui, en que la prensa se acaba de hacer eco de como ha salido del letargo la  instrucción de la Audiencia Nacional por las atrocidades de Marruecos hacia el pueblo saharaui desde 1976 a 1987 ( ¿genocidio, torturas,aberraciones de Estado?) . Pero hagamos un poco de memoria…

1. La historia reciente del Sahara Occidental es la crónica de una “conjura de necios”. A partir del año 1975, tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid (España, Marruecos y Mauritania), España abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas, aprovechando la ocasión, se inició la conocida como ‘Marcha Verde’, a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sahara Occidental. El pueblo saharaui unido a su tierra por “sangre, sudor y lágrimas” (parafraseando a Churchill) quedó sometido al ocupante. La Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui,  pero los hechos son que las autoridades marroquíes controlan el territorio con la salvedad de una pequeña porción ( bajo la débil República Arabe Saharaui democrática) sin que en la agenda alauita figure como urgente liberar el territorio. Y aunque la ONU no reconoce a Marruecos la condición de “potencia administradora”, bien poco precio es tan débil estigma por disfrutar de la ocupación del territorio y cuidarlo como un bonsai en un corral. Otro ejemplo, de cómo la razón y el derecho quedan comprometidos bajo trilladas excusas como “intereses geoestratégicos”, “política de estado”, “diplomacia internacional”, … Tal y como dije en un post anterior, en el Sahara los derechos humanos quedaron enterrados en nombre de la diplomacia.

2. Lo triste es que el tiempo corre, y al paso que vamos, se dará la primera generación de saharauis que nacerá en su tierra al margen del dominio español y que morirá bajo el dominio marroquí. Un apartheid con plazo de caducidad prorrogado indefinidamente. Un pueblo sin poder ejercer el derecho a escribir su propia historia. Y lo peor no es que se soporte la opresión, sino que se pierda la esperanza.

3. No puede menos Sevach de citar, aunque dejando a libre interpretación las concomitancias con el caso saharaui, el discurso de rendición de 1877 del Jefe Joseph de la tribu india Nez percé en las montañas de Bear Paw ( Montana):

“ Digan al General Howard que conozco su corazón. Lo que él me dijo antes, lo tengo en mi alma.Estoy harto de luchar. Nuestros Jefes han sido asesinados.Looking Glass está muerto, Ta Hool Hool Shute está muerto.Los viejos están todos muertos.Son los jóvenes los que dicen sí o no. Él que llevó a los jóvenes está muerto. Hace frío, y no tenemos ninguna manta; los niños pequeños se mueren de frío. Algunos de mi pueblo, se han escapado a las colinas, y no tienen ninguna manta o alimento. Nadie sabe donde ellos están; quizás muertos de frío.Quiero tener tiempo para buscar a mis niños, y ver cuántos de ellos puedo encontrar. Tal vez los encuentre entre los muertos. ¡Óigame, Jefes! Estoy cansado; mi corazón está enfermo y triste. Allí donde el sol brille, no lucharé nunca más.”

Dos años después diría ante el Congreso de los Estados Unidos se atrevió a decir estas palabras tan escalofriantes como certeras:

“He oído palabras y más palabras, pero nada se ha hecho. Las buenas palabras no duran si no se convierten en hechos. Las palabras no pagan la muerte de mi pueblo. No pagan la pérdida de mi país, ahora invadido por los hombres blancos. No protegen la tumba de mi padre. No pagan mis caballos y mi ganado. Las buenas palabras no me devolverán a mis hijos. Las buenas palabras no cumplirán la promesa de vuestro jefe guerrero, el general Miles. Las buenas palabras no devolverán la salud a mi pueblo ni evitarán que muera. Las buenas palabras no darán a mi pueblo un hogar donde pueda vivir en paz y cuidar de sí mismo”.

En fin, que para Sevach los Convenios de Derechos Humanos, la ONU y miles de Convenios Internacionales nos proporcionan a muchos europeos la coartada para dormir tranquilos, pero quienes no duermen tranquilos son quienes soportan la opresión…

Acabo de enterarme de la noticia de que el Tribunal Constitucional antes de alcanzar la medianoche previa al día 6 de Mayo ha apreciado que no existen pruebas que justifiquen el rechazo a Bildu para presentarse como candidatura a las próximas elecciones locales y autonómicas, y que tal decisión ha sido adoptada por el Pleno del Tribunal Constitucional por 6 votos a favor y 5 en contra. Resucitan por tanto las 254 listas electorales para los comicios del 22 de Mayo. La noticia tiene sus claros y oscuros.

En principio, siempre es buena noticia que el Ordenamiento Jurídico cuente con mecanismos para garantizar el máximo acierto de las decisiones, de manera que a mayor importancia del asunto a resolver, mayores deben ser las garantías, y mas cualificados los órganos finales.

1. En el caso Bildu la decisión jurídica sobre si una candidatura es un caballo de Troya para atentar contra la democracia, revestía gran complejidad técnica. En primer lugar, porque el derecho de elegir y ser elegido para cargos públicos es un derecho fundamental que solo puede ser limitado bajo sólidas pruebas y no por indicios o conjeturas, de manera que como dicen los americanos, si el Tribunal se forja una “duda razonable” de que el rebaño por tener alguna oveja negra, no deja de ser inofensivo, habría que admitir la candidatura sospechosa. Esa es la grandeza de la democracia y la justicia ( toda duda debe saldarse con la absolución).

2. En segundo lugar, porque lo curioso es que estando llamados a decidir tan espinosa cuestión el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, el meollo de la decisión era una cuestión de hecho ( se considera probados o no los vínculos del terrorismo con tal candidatura y qué intensidad presentan) y requiere, mas que conocimientos jurídicos, una mentalidad propia del detective Hércules Poirot, para forjarse la realidad a través de los indicios ( y por encima de pistas falsas y verdaderas), unido a dotes de Nostradamus para hacer una profecía de lo que puede ser la actuación de tal candidatura si obtiene los codiciados cargos electivos.

3. Por eso no es extraño que el Tribunal Supremo haya adoptado una decisión impidiendo que Bildu concurriese a las elecciones y que en cambio, el Tribunal Constitucional lo haya corregido con criterio diametralmente opuesto. No falla ninguno. Sencillamente hay que percatarse de la diferente composición abstracta de los miembros del Tribunal Supremo ( magistrados de carrera) y de los miembros del Tribunal Constitucional ( magistrados, Catedráticos y juristas de prestigio, pero bajo el común denominador de haber contado con apoyo político), para darse cuenta de que lógicamente en la decisión del Tribunal Supremo ha pesado la vertiente técnico-jurídica y en la decisión del Tribunal Constitucional ha pesado la vertiente política.

Si a ello añadimos la fugacidad de plazos para resolver disponibles para el Tribunal Constitucional, un contexto decisorio agitado por fuerzas políticas y sociales alejado de la deseable serenidad, a lo que se suman unos magistrados del Tribunal constitucional “etiquetados”, queda claro que la Sentencia no pasará a la historia como modelo de pureza y finura jurídica.

4. Lo cierto  es que la Sala del 61 ha sido nuevamente dejada “con el culo al aire” por la Sala del 65 ( ya que algo me lleva a pensar que los seis votos favorables y los cinco votos discrepantes retrata a grupos homogéneos que se repetirán en futuras decisiones del Tribunal Constitucional.

5. En fin, el tiempo dirá si el camino seguido ha sido o no el correcto. Lo que sí es seguro es que esa decisión del Tribunal Constitucional será la que podrá elevarlo a los altares ( si en la próxima legislatura Bildu demuestra conductas democráticas y distantes del apoyo al terrorismo) o crucificarlo ( si en cambio, Bildu demuestra que ha conseguido burlar al Tribunal de máxima responsabilidad del Estado).

Y en tal caso, … habrá que recordar aquello que dijo el juez Jackson del Tribunal Supremo americano “ no somos infalibles por ser los últimos, sino que por ser los últimos parecemos infalibles”.

P.D. EL TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTA AQUÍ

En tiempos de crisis económica, de normas jurídicas en frenético aquelarre, y al filo del inicio del nuevo año 2011 resulta oportuna una reflexión sobre el Ordenamiento Jurídico público desde una perspectiva ética. Y aunque Sevach siempre se ha movido en esa esquizofrenia o difícil equilibrio entre la fría letra de la Ley y la Justicia con mayúsculas, en vísperas de los Reyes Magos bien estaría desear que trajesen un poco de sensatez a los legisladores, mas dosis de seguridad jurídica y como no, menos pragmatismo y mas sensibilidad moral. En este punto, traigo a colación el espléndido artículo publicado ayer por el Diario La Nueva España, de Ramón Punset, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que titula de forma significativa “Secretos de Estado e integridad moral”.

1. Recomiendo vivamente su lectura y abusando de sano parasitismo este blog quiere transcribir dos fragmentos finales de tanta dureza como agudeza, y que invitan a la reflexión:

“El servicio que presta Wikileaks a la reciedumbre moral de nuestra vida política es verdaderamente considerable. Gracias a las filtraciones que se vienen publicando nos enteramos, entre otras cosas, de que miembros prominentes de la fiscalía y de la judicatura españolas reciben en sus despachos oficiales a diplomáticos norteamericanos acreditados en Madrid para informarles del curso previsible de determinados procesos judiciales (aquellos que afectan a intereses estadounidenses) y de lo que cabría hacer a fin de orientar la dirección y el resultado de los mismos. En igual sentido actúa la número dos del Gobierno de la nación. ¿Saben ustedes lo que esto significa, no ya únicamente desde un punto de vista jurídico, sino político y ético? Que somos un país de tercera, que algunos integrantes de nuestra clase dirigente carecen de patriotismo y de sentido del honor y que ante el representante del César tenían más orgullo nacional que ellos Herodes, Anás y Caifás.

Finalmente, hay otra cosa que también sabemos por los medios de comunicación y que nos resistimos a entender: los grandes delitos de corrupción económica (tráfico de influencias, información privilegiada, cohecho, evasión fiscal, exportación ilegal de capitales?) cometidos presuntamente por grandes capitanes de empresa (banca, comunicaciones?) o rocosos caciques políticos acaban casi siempre por prescribir. ¿Qué se ha hecho mal en la persecución de un delito para que se concluya en su prescripción? Sin duda, necesitamos, para saberlo, de la audacia de ciudadanos particulares en alianza con osados medios de comunicación.”

2. Añadiría tres reflexiones que también me provocan perplejidad bajo una perspectiva ética.

Si nuestro sistema jurídico reposa en la legitimación democrática del sistema, ¿no es hora de poner fin al provisional sistema electoral español datado en 1977 y que asegura la hipoteca de las mayorías por el juego de determinadas minorías territoriales?. Ese modelo confesadamente provisional está agotado, y sin embargo la Ley electoral es una “ley maldita”: nadie cambia las reglas del juego por razones de política cortoplacista, pese a que la visión de Estado obliga a un horizonte estable y justo. Y no pasa nada.

En segundo lugar, el Tribunal Constitucional llamado a interpretar la Constitución y actuar de árbitro en conflictos competenciales, bajo criterios jurídicos, ha visto la manipulación de su Ley Orgánica para desinflarlo y además, sus actuales vocales siguen en “libertad vigilada” al haber agotado el mandato ( o estar vacantes las plazas) mientras los partidos políticos no se ponen de acuerdo en algo tan crucial como que la condición de Magistrado del Tribunal Constitucional debía responder a un perfil técnico jurídico y no de cuño político, tal y como expuse en un post…¡ de 2008!, en que me planteaba si el Pato Donald podría acceder a tan alto Tribunal.

Y en tercer lugar, los juristas asistimos con naturalidad a un desplazamiento de facto del poder legislativo hacia el ejecutivo, en cuanto los debates parlamentarios están descafeinados – sin interés ni importancia- ya que en la mayor parte de las ocasiones el Parlamento sólo sirve para bendecir el proyecto del ejecutivo (sea estatal o autonómico, y da igual el color ideológico), precocinado bajo pactos inconfesables ( intereses partidistas, lobbys, transacciones con otros partidos políticos,etc), y cuya mayor perversión viene dada cuando un Gobierno autonómico convierte en proyecto de Ley una medida, bien para sortear los Tribunales contenciosos ( en favor de la competencia exclusiva del Tribunal Constitucional) o bien para vaciar sentencias judiciales firmes.

3. En definitiva, difícil es ponerse de acuerdo en lo “moralmente correcto” pero mucho mas fácil es ponerse de acuerdo en lo “moralmente incorrecto” y parece que, visto lo visto, queda mucho camino por recorrer para conseguir la ambiciosa meta que nuestra Constitución  proclamó en su artículo 1: “ España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Por cierto, justo es hacer constar que quien me dio clases de Derecho Político (ese era el nombre de la asignatura) fue D. Ramón Punset, y es evidente que su erudición salpicada de buen humor, dejó huella en el que suscribe. En todo caso, pido disculpas por este post que so pretexto del ambiente navideño se adentra en ese terreno moral que tradicionalmente se reserva a políticos, filósofos y periodistas, bajo la promesa de Sevach de retornar en futuros post a la cómoda senda del derecho positivo y la jurisprudencia.

Es sabido que al poder político le gusta mas la lealtad que la capacidad. Siente  mas predilección por la eficacia que por la legalidad. Mas cómodo confiando el timón a John Silver El Largo que a un Oficial de la Armada.  Por eso, allá por el año 1997 cuando de la mano de la denominada LOFAGE (Ley 6/1997, de 14 de abril ) se regularon los requisitos para ser Director General de la todopoderosa Administración del Estado, se estableció la regla general de la pertenencia a cuerpos superiores de funcionarios, pero también se cuidó de establecer una excepción, a modo de gatera, que permitiera colar algunos afines, en unos casos ajenos a la condición de funcionario o incluso sin titulación alguna. Así, el problema se desplazó a la tensión entre la tendencia del Ministro o Secretario de Estado de turno de incorporar como Director General algún fiel vasallo, forzando la excepción, y el colectivo de funcionarios de cuerpos superiores, encarnado en la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado, reivindicando la aplicación de la regla general. La solución de los excesos se produce caso a caso, ya que la vigilancia le ha correspondido al Tribunal Supremo, que nos ha brindado recientemente una perla judicial en la materia a través de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de Septiembre de 2010 (rec.528/2008).

1. Así, el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, establece lo siguiente:

“Artículo 18. Los Directores Generales.

2. Los Directores generales serán nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento.

Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 10 art. 6 entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario”.

2. Pues bien, en el caso analizado por la Sentencia del Tribunal Supremo citada (que tenéis en toda su extensión aquí), se impugnan varias Direcciones Generales, y el Tribunal Supremo de forma muy didáctica precisa que sólo podrá hacerse uso de la excepción frente a la regla general de profesionalización cuando de forma evidente, objetiva y expresa las funciones de la Dirección General concreta impongan un perfil específico de formación que no pueda ser ofertado por cuerpos de funcionarios preexistentes. Para Sevach, este criterio es lógico, pues si existe personal cualificado tras una oposición y experiencia burocrática, no pueden hacerse “experimentos” nombrando  Directores Generales a cualquier persona “sin galones” ni otra carta de presentación que la complacencia del Ministro.

3.  Bajo aquél criterio, el Tribunal Supremo analiza el contenido funcional de varias Direcciones Generales (la del Tesoro y Política Financiera, la de Impulso de la Administración Electrónica, la de Comunicación de Defensa, la de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, la de Relaciones Informativas y Sociales y la Secretaría General de Coordinación Universitaria, así como  la Dirección General del Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) concluyendo en que en esas específicas Direcciones Generales se considera justificada la búsqueda fuera de la función pública de la persona que asuma tal alto cargo.

4. En cambio, cuando analiza el cargo de Director General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, rechaza su “designación al gusto” pero lo que es mas importante es que sienta un criterio general que será la pauta inesquivable en el futuro para controlar el uso de la excepción. No tiene desperdicio la claridad del Tribunal Supremo, con doctrina que insisto, se puede proyectar en el análisis de cualesquiera otra Dirección General:

“En el caso de esta concreta Dirección General sus funciones no permiten considerar correctamente establecida la excepción a la norma general de la condición funcionarial de su titular porque, pese a su variedad, todas esas funciones, desde el punto de vista formal, exteriorizan cometidos encuadrables en actuaciones propias del normal giro o tráfico administrativo, al traducirse principalmente en desempeños que están referidos a la tramitación de expedientes, la información a los interesados y la relación y colaboración con otros órganos administrativos u otras Administraciones públicas.

Por otro lado, desde el punto de vista del contenido material o sustantivo de las funciones atribuidas, la justificación ofrecida tampoco permite constatar en esta concreta Dirección General de apoyo a las Víctimas del Terrorismo rasgos o circunstancias muy diferentes a los que están presentes en el ámbito de actuación de otros muchos órganos de la Administración y, por ello, permitan apreciar en los Cuerpos de funcionarios una probable dificultad o falta de experiencia para el adecuado desempeño de la función directiva que ha de desarrollarse; y esto por lo siguiente: (a) la atención pluridisciplinar no está referida a ámbitos o campos que sean extraños en la Administración pública, sino a sectores o materias que son objeto normal de sus competencias; y (b) la relación administrativa con asociaciones, y no circunscrita únicamente a la derivada de solicitudes individuales de personas físicas, es un fenómeno normal y frecuente en la mayoría de los órganos de las distintas Administraciones públicas.”

Bajo idéntico criterio, rechaza que la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria (del Ministerio de Ciencia e Innovación) pueda recaer sobre cualesquiera persona ajena a cuerpos funcionariales pues, para el Tribunal Supremo, “no puede considerarse ajeno o infrecuente en el Cuerpo de funcionarios docentes universitarios ese perfil querido para el titular de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria”. Aquí se ve que se intentaba hacer “tragar con aguas de molino” que ningún profesor universitario de cuerpos docente era idóneo para asumir la Secretaría General de uno de los máximos órganos decisorios de la vida universitaria, y el Tribunal Supremo no cae en la trampa del supuesto conocimiento vedado al común de los mortales exigido para tal cargo.

De forma igualmente contundente rechaza que se cubran por personal no funcionario las Direcciones Generales de la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Dirección General del Agua y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar [del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) así como de la Dirección General de Terapias Avanzadas y Trasplantes del (Ministerio de Sanidad y Consumo):

“La impugnación en este caso debe igualmente prosperar porque la justificación ofrecida se expresa en términos genéricos o de pura abstracción, al no precisarse cuales son las concretas disciplinas científicas o académicas cuya ausencia es ponderada en la formación de los cuerpos funcionariales para considerar conveniente la excepción de la regla general de la reserva funcionarial; y al no explicarse tampoco cual es el singular perfil formativo o la concreta experiencia profesional que garantiza esa visión integrada a la que se hace referencia, ni cuáles son las razones o datos que imponen descartar en los Cuerpos funcionariales dicho perfil o experiencia.”

5. En definitiva, otro paso adelante en la lucha por una Administración mas profesional.  En el “debe” queda la sensación agridulce de que los Reales Decretos impugnados fueron aprobados hacia Julio de 2008, con lo que dictándose la sentencia en Septiembre de 2010, y hasta su ejecución, muy posiblemente durante casi dos años y medio alguien ha ocupado un alto cargo sin reunir las condiciones legales, lo que sin duda ha tenido reflejo en la vida administrativa a su cargo. En el “haber” nos queda una doctrina jurisprudencial clara que marcará el rumbo e inspirará la prudencia del Gobierno en la designación de los futuros Directores Generales.

Y finalmente, hay que aplaudir a la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado puesto que bajo el manto federativo (evitando la personalización de los litigios) está alzándose en garantía de los valores constitucionales en materia de función pública, particularmente la legalidad, objetividad, imparcialidad y eficacia.

Un reciente estudio del del Kellog School of Management presenta nuevos datos que ratifican la opinión común de que no siempre quienes llegan a ocupar cargos en las juntas directivas de las compañías son las personas más hábiles y capacitadas, sino que existen otras formas de llegar allí. Para Sevach, las claves de tal informe (fruto de encuestas a altos directivos empresariales), son perfectamente trasladables al ámbito de la organización de la Administración Pública donde el modelo piramidal o jerárquico de la Administración facilita que la adulación sea un buen pasaporte para la promoción profesional del empleado público.

Así no es extraño en la Administración que los puestos de personal eventual sean asignados por mediar una constante adulación bien aplicada, o que el directivo público diseñe unas bases de la convocatoria para puestos no eventuales encaminada a adjudicarlos a la persona que le “enjabona” a diario. Tampoco puede ignorase que las Relaciones de Puestos de Trabajo no sólo ordenan plazas y asignan complementos, sino que en ocasiones son un instrumento para amañar la “pedrea” o el “gordo” de los niveles o específicos en favor de favoritos. Y no digamos, la utilidad de la zalamería para beneficiarse de una comisión de servicios, una licencia o la participación en unas jornadas u otra expresión de “turismo burocrático”.

En suma, junto al mérito y la capacidad, se situaría la habilidad para la lisonja como factor a tomar en cuenta para la promoción profesional del empleado público.

1. Ya Shakespeare en “Hamlet”(Escena II, Acto Tercero) refleja la actitud del adulador frente al poderoso, en el diálogo entre el príncipe Hamlet y  el adulador Polonio:

“Hamlet: ¿Veis aquella nube cuya forma es muy semejante a un camello?

Polonio: Por la misa, y que parece un camello realmente.

Hamlet: Yo creo que parece una comadreja.

Polonio: Tiene el dorso de una comadreja.

Hamlet: O de una ballena.

Polonio: Exacto; de una ballena”.

2. No se trata de “hacer la pelota” sino de una técnica de adulación mas sutil y  elaborada, que lleva a que el alto cargo público confunda la lisonjería con lealtad. El adulador utiliza una máscara o apariencia que impide que el adulado le confunda con un tiralevitas. Según el informe del citado Instituto de Investigación se expresa en siete técnicas o tácticas, que Sevach adapta al mundo burocrático en los siguientes términos:

•       Máscara de aprendiz. Disfrazar la adulación como si se estuviera buscando un consejo. Por ejemplo, “ Alcalde, ¿Cómo lograste cerrar esa negociación tan exitosamente?”.

•    Máscara de converso. Argumentar  antes de mostrarse de acuerdo inmediatamente. Por ejemplo, “Consejero, reconozco que al principio no entendía tu punto de vista pero ahora le veo todo el sentido. Me convenciste”.

•    Máscara de pregonero. Hablar bien del alto cargo a los amigos de éste, esperando que esas palabras lleguen a sus oídos. “ Es un político excepcional. Vale muchísimo”.

•   Máscara de discípulo. Envolver el elogio con ingenio para que el directivo público no se  sienta incómodo. Por ejemplo, “ Director, no quiero avergonzarte, ni soy quien para juzgarte, pero tu propuesta fue realmente de primera categoría. La mejor sobre la mesa”.

•     Máscara de incorruptible. Mostrarse de acuerdo con los valores del directivo antes de halagar o de aceptar una opinión. Por ejemplo, “Yo también soy hombre de principios como el Presidente. Por eso pienso que  hay que tomar medidas eficaces sin burocracias”.

•     Máscara de tahúr. Exponer frente al directivo opiniones coincidentes con las suyas, que éste no sabe que el adulador las conoce a través de sus contactos que le han escuchado en otros escenarios (prensa, partido, sindicato,etc).

•    Máscara de camarada. Hacer referencia a afiliaciones sociales que se tengan en común con el directivo antes de halagar o de mostrarse de acuerdo con opiniones. Por ejemplo, antes de la reunión “Ayer vi  el canal televisivo X- Intereconomía o la Sexta, por ejemplo. Fabuloso”.

3. A ellas añadiría Sevach dos técnicas adicionales:

- La máscara del Correveidile. Criticar a los enemigos del Jefe. Nada une mas que los enemigos comunes. Y si se puede intoxicar y contribuir a difundir un rumor negativo sobre el adversario del directivo, mejor.

- La máscara del Comparsa. Arropar al directivo público en los actos sociales, ponencias, debates o conferencias. De este modo, el directivo no se siente solo y además el subordinado le allana presentaciones y evita “tiempos muertos”. El directivo público en su ego interno lo agradece ya que por razones de propaganda política muchos son los actos, efemérides y sesiones plúmbeas a las que debe asistir por razón del cago, y siempre se agradece la mano amiga o la sonrisa de complicidad entre el público.

4. Lo mas curioso de este fenómeno en la Administración Pública viene dado cuando el político o alto cargo cae en desgracia frente a quienes tienen mas poder que él. En ese momento, el adulador comprende rápidamente (pues su supervivencia burocrática depende de ello) que hay que “hacer leña del árbol caído” y criticarle rápidamente para ponerse a la sombra del nuevo jerarca.

5. En fin, que a Sevach le sorprende que en los Cursos de formación de Directivos Públicos se habla de “management”, “liderazgo”, “empatía”, “indicadores”, etc… pero siempre se olvida de la vileza de la condición humana. Se prescinde del dato notorio de que  los superiores  son sensibles a la adulación y de los inferiores que ven en la alabanza el camino hacia el ascenso. Y es que lamentablemente la erótica del poder reside en mandar y en que los demás reconozcan ese mando, y si alguien satisface la vanidad de la autoridad, el orgasmo íntimo está sentido.

Claro que en el pecado va la penitencia, pues finalmente, si el directivo se rodea de aduladores, y no tiene quien le diga la verdad o advierta de errores, estará abocado a un estrepitoso fracaso… Por eso Maquiavelo recomendaba consejeros sinceros para asegurar la longevidad del cargo.

6. En todo caso, recomiendo vivamente la lectura de un agudo post de Rosa Cobos sobre el trepa en la Administración Pública.

La recientísima sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto ( que curiosamente no se ha publicado aún en el BOE ni en la web del propio Tribunal Constitucional) es una buena noticia por aquello de “mas vale tarde, que nunca” aunque vistas las reacciones adversas a la misma, quizás convendría que las voces críticas recordasen algunas premisas de un Estado de Derecho, sembradas por Montesquieu, abonadas por Kelsen y fructificadas en todas las Constituciones avanzadas, que a Sevach le da pudor recordarlas:

1º  La Constitución NO puede ser derogada por una ley orgánica estatal, como es un Estatuto de Autonomía.

2º  La Constitución NO puede ser derogada por un acuerdo de un parlamento autonómico.

3º Las leyes autonómicas NO son constitucionales en función del nivel de algarada o aplauso de un sector de la población.

4º Las sentencias del Tribunal Constitucional NO tienen recurso jurídico alguno, y son inapelables.

5º  La parte que asume las reglas del juego constitucional a la hora de aprobar una ley, y que entra al juego de alegar en el procedimiento y especular con la futura sentencia del Tribunal Constitucional, NO puede ir contra sus propios actos y cuestionar su legitimidad por no haber conseguido obtener finalmente la razón a sus tesis.

6º Las autoridades públicas, que juran o prometen el cargo y acatar la Constitución, y ahora esgrimen vías de hecho para combatir el Derecho, NO se ajustan a la mas elemental lealtad institucional.

7º  La crítica de las sentencias en términos  jurídicos es aceptable e incluso la política cuando aprecia errores manifiestos o criterios irrazonables, pero NO es aceptable reaccionar como los bárbaros ante un prudentísimo criterio anulatorio, pues cualquier persona sin conocimientos jurídicos, cotejando la Constitución con los catorce apartados del Estatuto inconstitucionales, llegaría a idéntica conclusión.

8º Cuando una sentencia dictada por el máximo órgano jurisdiccional del Estado afecta a la validez de una norma legal relevante,  NO es hora de intentar su rectificación a cualquier precio, ni aprovechar para tambalear el Estado, sino sencillamente de arrimar el hombro para solucionar dos problemas sembrados con el desatino.

De un lado, la situación de los preceptos de otros Estatutos autonómicos, de redacción idéntica a los ahora anulados, y que seguirán “vivos bajo sospecha” hasta que se declare su inconstitucionalidad.

De otro lado, la situación planteada en relación con las leyes y decretos autonómicos, así como con los actos administrativos firmes- convocatorias, sanciones- que se apoyan en los  14 preceptos ahora anulados, o en los 27  que han sido reiterpretados en sentido distinto al que la Generalitat lo ha aplicado.

Ante tan elementales premisas, lamento pesaroso el escenario político de acoso y derribo al Tribunal Constitucional (culpable eso sí, de la demora). Y por eso, me maravilla que esta misma semana el Tribunal Supremo americano se haya pronunciado sobre la interpretación de la Segunda Enmienda de su Constitución, sobre el derecho de los ciudadanos a que los Estados federados no les prohiban portar armas. La Sentencia se ha dictado por el Tribunal Supremo en su papel constitucional y aunque provoca las elementales críticas, se acata la decisión. Visto lo visto, si un caso similar se plantease en España, posiblemente quienes se declarasen contrarios a permitir el uso de armas, ante una sentencia reconociendo lo contrario, serían capaces de manifestarse e incluso de enarbolar armas para reclamar su derecho a que nadie las lleve. ¡ Cosas veredes, amigo Sancho!.

No es que los Ayuntamientos sean culpables de la crisis económica ni nichos de despilfarro. Sin embargo, no faltan entes locales que se han convertido en reinos de Taifas con su reyezuelo local  y atmósfera cortesana propia de cuento de Las mil y una noches. Ayer fue noticia que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, contando con el acuerdo del partido político gobernante y de la oposición, habían pactado algo que se pedía a gritos desde la racionalidad del gasto público: que las retribuciones de los Alcaldes fueren fijadas en  atención a la población del municipio y asimiladas a las propias de los cargos autonómicos. Además de forma muy inteligente, su entrada en vigor será para los ediles nombrados tras las próximas elecciones locales (curiosos derechos adquiridos de pernada presupuestaria). Para Sevach, esta medida tiene tres valoraciones de resonancias cinematográficas: lo bueno, lo feo y lo malo.

1.  Lo bueno. Es una noticia positiva por las siguientes razones:

A) Porque demuestra que el pacto entre Coyote y el Correcaminos, esto es, entre partido gobernante y oposición, es posible.

B) Porque si en algo había un pacto no escrito ( mas pacto de villanos que “pacto de caballeros”)  era en no tomar medidas que perjudicasen lo poco que une a todos los partidos políticos: su aspiración por detentar los altos cargos con oropel y prebendas ( si no es antes, será después, y bueno será no ponerse chinas para el camino político futuro).

C) Porque en un modelo de Estado en que coexisten Entidades Públicas con distinto rango ( el Estado soberano, las Comunidades Autónomas con autonomía política y los entes locales con autonomía administrativa) parece lógico que los almirantes de portaviones cobren mas que los capitanes de fragata y estos mas que los patrones de barcos pesqueros.

D) Porque caracterizándose los entes locales por la diversidad sustancial (población, presupuesto, estructura social,etc), también es lógico buscar un parámetro objetivo para diferenciar las retribuciones de las autoridades locales.

E) Porque esa medida acaba con la concepción del municipio como botín de ediles, o la concepción populista de que si se hace mucho por el pueblo,¡ que mejor que éste se muestre agradecido tolerándole unas magras retribuciones!.

2. Lo feo. La medida tiene sus riesgos.  En primer lugar, parece claro que la medida acordada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se acepta porque habrá una mayoría de ediles que saldrán beneficiados al alza con la misma. Sin embargo, el Alcalde que se vea amenazado por  tal acuerdo, adoptado como puñalada trapera por sus colegas, como gesto de imagen para el pueblo en tiempo de crisis, posiblemente adoptará una de las siguientes actitudes de respuesta acompañada de pensamientos reconfortantes:

-  La hipocresía: “Tranquilo, cuando acabe esta legislatura, habrá pasado la crisis y será ocasión de modificar las leyes, que para eso están”.

- La emigración: “Tranquilo, cuando acabe esta legislatura local, tendré que saltar a la política autonómica o estatal, mas generosa”.

-  Los vasos comunicantes: “Tranquilo. Me da igual que recorten las retribuciones, que ya lo compensaré con las dietas, o con las compensaciones de la Presidencia del Consejo de Administración de algunas empresas públicas locales u otras vías, que haber,haylas”.

-   El parasitismo: “ Tranquilo. Si mis retribuciones se asimilan a las de Director General o Consejero, ya conseguirá el partido que se eleven las de estos”.

-   La digestión de la boa constrictor: “Tranquilo. Me da igual cobrar menos, pues hasta ahora ya he atesorado bastante.”

3. Lo malo. Finalmente, aunque insistimos en que la medida es positiva, se queda corta para los tiempos de crisis que vivimos que requieren gestos contundentes y efectivos:

- Porque lo coherente sería ir mas allá, y fijar en atención a la población, el número y criterios retributivos del personal eventual, esto es, los nombrados libremente por los Alcaldes y generosamente retribuidos.

- Porque lo coherente sería fijar criterios homogéneos para los altos cargos de las empresas públicas.

- Porque lo coherente sería no sólo fijar esos criterios homogéneos y objetivos, sino penalizar  a la baja a los ediles que tras dos años de legislatura ofrezcan desmesuradas situaciones de déficit presupuestario.

- Y porque lo coherente sería considerar que lo que es bueno para Andalucía, es bueno y válido para el resto de España, y adoptar una  ley básica o ley de armonización que fijarse ese criterio imperativamente para todos los municipios y Diputaciones de España.

No hay que olvidar que los pies de barro de tal Acuerdo de la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía vienen dados porque su fuerza reside en lo pactado en el seno de esa singular Asociación interadministrativa ( la Federación), que ni tiene fuerza legal ni limita la autonomía local, ni compromete a los ediles mas allá de su “lealtad” a la fuerza política que representa y que ha suscrito tal acuerdo. O sea, buen rollito, pero sin empujar.

De lo que ni siquiera hablamos es de la posibilidad de adoptar un pacto similar en el seno de una Conferencia de las Comunidades Autónomas para equiparar los sueldos de Presidentes, Consejeros o Directores Generales ( no hablamos de ello, porque este blog no pertenece al género de  ciencia-ficción).

Por estribor, del lado internacional,  llegó la terrible sorpresa en forma de iceberg económico. Algunos culparon del desastre al cambio de rumbo para evitar a los piratas Morgan y los hermanos Malasombra ( JP Morgan y Lehman Brothers). Pero no  era un problema de liquidez, pues líquido era lo que sobraba. Era algo mucho mas profundo y que les dejó “helados”.

1. Las hélices gemelas que propulsaban el buque se bloquearon: el sistema financiero y la industria de la construcción. Los bancos ( de peces financieros) se dispersaron. Las burbujas ( inmobiliarias) estallaron. El agua helada del paro se precipitó al interior del casco nacional. Al principio, el Salón Estatal de primera clase presentaba mayor tranquilidad que los diecisiete Salones Autonómicos. Los pasajeros de los Camarotes Locales se preocuparon mucho mas. Pronto todo el pasaje se dio cuenta de que no servía de excusa consolarse pensando que el agujero o la vía de agua estaba en otro lado. Todos en el mismo barco, para lo bueno y para lo malo.

2. Mientras tanto, la música seguía sonando en el salón de baile del buque. Felices como cigarras mientras el invierno helado acechaba bajo las aguas. En un camarote cerrado a cal y canto, seguían encerrados desde el inicio de la travesía los miembros del Tribunal Constitucional deliberando sobre el Estatuto catalán. El contramaestre Garzón era tratado como un polizón y apartado del cuadro de mando. Los pasajeros de cuarta clase y los polizones inmigrantes estaban desesperados pues no había salvavidas para ellos.

3. El barco se hundía lentamente, mientras el capitán daba órdenes contradictorias. Ahora pedía mayor “inversión” o potencia a los motores. Luego pidió “menos gasto” de gasóleo para pararlos. El buque se balanceaba de costado a costado mientras se hundía lentamente. La tripulación y los pasajeros estaban desconcertados. Por si fuera poco, se descubrió la corrupción de algunos tripulantes para facilitar el salvamento de algunos desaprensivos. Además el temporal arreciaba, los efectos del calentamiento global se hacían notar y las gigantescas olas iban teñidas de petróleo.

4. Desde la cubierta, el contramaestre de Hacienda afirmaba que el buque era seguro, que el hundimiento era transitorio y que saldría a flote. Sin embargo el pánico cundía. Ante tan crítica situación, el Capitán del barco escuchó las propuestas de los suboficiales para sobrevivir:

-       Tiremos a los interinos por la borda.

-       Quitémosles los chalecos salvavidas a los jubilados.

-       Rebajemos el rancho de la tripulación de funcionarios para que puedan ayudar a reflotar el barco y  al pasaje.

-       Prohibamos fumar en la borda.

-       Cobremos un suplemento a los pasajeros de clase alta.

-      Apliquemos a la ocupación de botes salvavidas la paridad de sexos.

Por radio, desde Puerto Obama dieron instrucciones para evitar el hundimiento. Los sindicatos exigieron ser oídos antes de adoptarse medidas e incluso amenazó con un motín o huelga general…

5. La esperanza brotó cuando asomados a la borda  vieron en el horizonte un buque alemán que salvaba a un buque griego semihundido pero la sonrisa se trocó en mueca al ver como el propio buque alemán comenzaba a achicar agua y arrojar lastre.

Y mientras el buque se hundía alcanzando casi la temible vertical,  el pasajero Sevach leía un post de ficción que al estilo de  Julio Verne había anticipado el desastre para el buque público a punto de convertirse en submarino.

En fin, confiemos como dice el refrán en que “el hombre sea el único que no tropieza dos veces con el mismo iceberg”

La cuarta acepción de la palabra “pendejo” del Diccionario de la Real Academia de la Lengua española la define como “ persona de vida irregular y desordenada”, condición que puede predicarse de gran parte de esas personas jurídicas que son las Administraciones Públicas, a la vista del nuevo contexto económico de crisis que impone sus reglas de austeridad y control. También pueden calificarse de “pendejadas” las medidas de ajuste económico que no cogen el toro por los cuernos. Y es que, visto lo visto, hay que asumir que el Estado del Bienestar ha sido desplazado por el Estado del Subsistir, y  puede que la gangrena de la crisis económica esté tan extendida que sea necesario amputar. Veamos los puntos de posible intervención a juicio de Sevach.

1. Un país con una Corona que en tiempo de vacas gordas ha visto extender su presupuesto  de forma proporcional al crecimiento exponencial de la familia, bien podría recortar los gastos de la Casa del Rey…y de la Casa del Príncipe…y de la prole …y del Patrimonio Nacional.

2. Un país con un Senado decorativo, que no se ajusta a la funcionalidad de cámara territorial en que se inspiró, bien podría soportar una severa reforma del Reglamento del Senado que limitase el número de sesiones a lo imprescindible, que recortase los costes, dietas y demás prebendas. Al fin y al cabo, en tiempo de crisis se legisla poco y es el Congreso quien convalida los Decretos leyes.

3.Un país con un Consejo Económico Social implantado por la Constitución, y cuyos resultados son tostones de datos y hojarasca, bien podía ver sometido su régimen de integrantes, asistencia y presupuesto a la tijera. Y lo mismo es predicable de sus homólogos autonómicos ( e incluso locales, que los hay).

4. Un país con gran número de Defensores institucionales (del Pueblo, de las Comunidades Autónomas, del Anciano, del Menor, del Consumidor, del Animal, del Alumno, etc, ) bien podría en tiempos de crisis, confiar en las instituciones jurisdiccionales de garantía y suprimir/suspender o limitar tales centros que solo sirven para barajar papeleo y nóminas de sus propios cargos y personal.

5.Un país con 50 Diputaciones Provinciales ( o asimiladas) admitiría su supresión, mediante la sencilla absorción de sus competencias por su hermana mayor ( Comunidad Autónoma) o benjamines ( Ayuntamientos).

6.Un país con 8115 Ayuntamientos admitiría una nueva planta municipal simplificada para asegurar economías de escala.

7. Un país donde hay un auténtico Zoo de entidades bajo titularidad o dominio público ( Organismos Autónomos, Consorcios, Mancomunidades, Agencias, Sociedades públicas, Fundaciones), bien podía acometer un Plan de supresión de duplicidades. Sólo las entidades competitivas y de ventajosa eficacia probada en su prestación descentralizada debieran sobrevivir. Hay que evitar que un mismo carro de funciones públicas sea tirado simultáneamente, en direcciones no siempre coincidentes, por percherones, potros de carrera, poneys y burros, cuya alfalfa la pagamos todos.

8. Un país donde hay mas de 100.000 altos cargos en activo (estatales, autonómicos, locales, institucionales, y asimilados, etc), que unido a otros 15.000 exaltos cargos (con derecho a complemento de oro), bien podría soportar un recorte del número de unos y las prebendas de los  otros.

9. Un país donde el sistema universitario público ha pasado en treinta años de 34 Universidades  a casi duplicarlas, y de 40.000 a 100.000 profesores, pese a la caída inversamente proporcional de alumnos, necesita una reforma de “corte y confección”, nada de “prét-a porter” o café para todos.

10. Un país donde se toleran desigualdades capitales en el único ámbito  donde todos los españoles debieran ser iguales (la salud), en un campo donde todas las Comunidades Autónomas muestran un cráter de déficit galopante (sin olvidar los 15.000 millones de euros de déficit de la Seguridad Social) debería provocar una urgente Ley estatal de Armonización de competencias sanitarias, unida a una modificación del Estatuto del Personal Sanitario (menos abandonado a las fuerzas centrífugas de la dispersión autonómica y la negociación sindical), que  homogeneice las retribuciones, que equipare las prestaciones y que frene el despilfarro galopante del gasto farmacéutico.

11. Un país donde contamos con conquistas sindicales merecidas, pero concebidas para tiempos de bonanza empresarial, y que dotan de rigidez al mercado laboral, necesita el sacrificio de la suspensión temporal de aquéllos avances que no afecten al núcleo esencial de la dignidad de la persona y del trabajador ( liberados sindicales, fijezas, pluses consolidados, jubilación, contratación temporal, etc).

12.Un país donde parece que pleitear es el deporte nacional con un sistema de recursos e instancias jurisdiccionales largo ( apelaciones, casaciones, amparos, inconstitucionalidades, ejecuciones morosas, revisiones internacionales,etc) y además gravoso para todos los ciudadanos ( pues aunque litiguen unos pocos, las costas no cubren los costes, ni se imponen siempre) requiere una enérgica reforma procesal para simplificar trámites, reducir tiempos y que quien mas litigue, si pierde, mas pague. Sin justicia ágil no hay justicia real ni confianza o seguridad jurídica de los ciudadanos y agentes económicos.

13. Un país cuyas Administraciones públicas no saben el patrimonio que realmente poseen, en que hay miles de inmuebles vacantes sin dueño,  y en que los inventarios y el catastro no coinciden, bien podría acometer un Plan de Investigación de Patrimonios públicos, que sin necesidad de “desamortización” de activos permita rentabilizar esas manos muertas.

14. Un país que ha aprobado en la última década miles de leyes (estatales y autonómicas) bien podría hacer un balance objetivo de cada una de ellas, de manera que aquéllas que se han revelado en su aplicación ineficaces, inútiles o costosas, o sin desarrollo, fueren fulminantemente derogadas. Nadie audita la eficacia de las leyes: se aprueban y son abandonadas a la suerte en el mundo jurídico.

15. Un país donde Ministros, Consejeros y Alcaldes tienen un cheque en blanco para incurrir en chapuzas o ilegalidades bajo esa suave reprimenda que es la “responsabilidad política”, requeriría que el desajuste reiterado entre ingresos y gastos vinculados a su gestión comportarse la fulminante inhabilitación para cargo público ( al fin y al cabo, revela una pésima gestión o incapacidad para conseguir lo que otros consiguen o al menos para conseguirlo con reglas de juego limpias).

Podrá decirse que una cosa es “predicar y otra dar trigo”. Que son medidas inviables. Que a Sevach le ha dado un ataque de demagogia barata. Que Sevach ha descubierto el Mediterráneo. No. Sencillamente se expone la percepción intuitiva y experiencial de los yacimientos de déficit presupuestario. Los políticos están para hacer política y fijar objetivos, y los técnicos buscarán los medios. Pero no interesan los políticos sin pena ni gloria, ni los que prometen la gloria sin pasar penas, sino los que saben que hay que pasar penas para alcanzar la gloria.

Estoy tan seguro de que estas medidas son posibles como de que no faltarán políticos que las consideren imposibles. Que si no puede cuestionarse la Corona en tiempo de crisis; que si no pueden infravalorarse las aportaciones de instituciones “consolidadas” ( Consejos y Defensores); que si no puede volverse a regímenes burocráticos y centralizadores ( supresión de entes descentralizados); que si supone ir contra la tradición (Diputaciones), que si va contra la autonomía local ( Ayuntamientos) que si va contra la autonomía universitaria (Universidades), que si va contra derechos adquiridos ( retribuciones), que si va contra las conquistas sociales (sindicatos), que si está jugándose con la calidad del servicio sanitario, etc,.

Y si alguien osado intenta acometer alguna de esas iniciativas (sea el gobierno actual o la oposición en tal papel futuro), en seguida se planteará la necesidad de dictamen del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social, de convocar Conferencias interautonómicas, de elaborar dictámenes ( de impacto de género, de impacto medioambiental, etc), de oír a las corporaciones de intereses, de plantear recursos ante el Tribunal Constitucional, etc. En definitiva, que los políticos acabarían vendiendo el “no se quiere” disfrazado del “no se puede”, pasando por el “no se debe”.

Y mientras tanto, el buque estatal continua aprisionado entre los hielos de la crisis económica cuando el duro invierno se cierne sobre él…

Por fin se publicó el innombrable, el Decreto-Ley mas temido de uno a otro confín, el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE 24 de Mayo de 2010) y al día siguiente se publica la corrección de errores del mismo. O mas bien “Corrección de horrores”. Veamos.

1. Lo primero y mas llamativo es la lectura del Decreto-Ley en toda su extensión. Resulta difícil comprender el alcance del mismo por el común de los funcionarios, e incluso por los expertos, resultando mas práctico que resolver tal “sudoku oficial”, sencillamente esperar a que llegue la nómina de junio y comprobar en cuanto se cifra el descuento real.

2. Lo segundo y sorprendente es que una norma que afecta a millones de personas y que se supone que es la piedra filosofal que permitirá  reducir el déficit público, se haga tan atropelladamente que incurra en errores de todo tipo.

3. Lo tercero, es que el Decreto-Ley es un bonito ejemplo de las “correcciones de errores” como técnica para subsanar erratas y trampas de los duendecillos ministeriales. En esta corrección de errores, que son “doce”, hay de todo como en botica.

- Gramaticales (Donde dice: «…un marzo…», debe decir: «…en marzo…».). ¡¡ Por si alguien apoya una interpretación literal en aquel artículo indeterminado para posponer la eficacia hacia el futuro!

- Aritméticos (Donde dice: «Presidente del Consejo Económico y Social … 85.004,21 euros», debe decir: «Presidente del Consejo Económico y Social … 85.004,28 euros»). ¡¡ 7 céntimos son siete céntimos, que tacita a tacita se cubre el déficit!!

- Cronológicos ( Donde dice: «A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011…», debe decir: «A partir del 1 de enero de 2011 y hasta 31 de diciembre de 2011…»). ¡¡ Regreso al futuro!!

- Ordinales. (Donde dice: «La disposición adicional séptima podrá modificarse por el Consejo de Ministros…», debe decir, «La disposición adicional octava podrá modificarse por el Consejo de Ministros…»). ¡¡ El orden de los factores altera el producto!!

- Amnésicos . (Debe añadirse, al final, el siguiente párrafo omitido: «La paga extraordinaria del mes de junio se regirá por lo dispuesto en el apartado Dos. A) de este artículo.».). ¡¡ Aprovechando a cargar el burro!!

- Trileros.( Donde dice: «…, la cuantía en concepto de sueldo y trienios…», debe decir: «…,la cuantía en concepto de sueldo y complemento de destino …».). ¡¡ Casi nada el cambiacito!!

4. Aunque como virtud de esta corrección de errores, encontramos que proporciona un entretenimiento que desafía aquellos acertijos clásicos de “descubra las siete diferencias entre dos dibujos similares” es esta corrección de errores.

Por ejemplo, donde dice: «…, experimentarán una reducción, respecto a las establecidas para el año 2008, del 10, del 9 o del 8 ciento…», debe decir: «…, experimentarán una reducción, respecto a las establecidas para el año 2008, del 10, del 9 o del 8 por ciento …». O en esta otra, donde dice: «…le será de aplicación lo previsto el artículo 24.Dos…», debe decir: «…le será de aplicación lo previsto en el artículo 24.Dos…».

5. Curioso resulta que esta corrección de errores da un respiro a los Ayuntamientos ya que prorroga la entrada en vigor del límite de endeudamiento municipal, “corralito” que se impondrá el 31 de Diciembre de 2011.¿ Y para eso un Decreto-Ley que se inspira constitucionalmente en la urgencia, cuando quedan siete meses?

La gran pregunta es:¿ Se trata del mismo Decreto-Ley rectificado, o de una nueva norma distinta de la realmente aprobada en el Consejo de Ministros? O sea, ¿ estamos ante un simple maquillaje o un cambio de sexo clandestino?.

6. En fin, que Sevach se teme que posiblemente tendrá lugar una corrección de errores sobre la “corrección de errores”. Sin embargo lo preocupante para el ciudadano no debe ser la corrección formal de erratas sino que nos encontremos con un próximo Decreto-Ley que suponga una corrección de rumbo o cambio de criterio y que deje perplejos a funcionarios y ciudadanos. Y es que, los Decretos-Leyes, con la coartada de la coyuntura económica, tiran bibliotecas, rompen nóminas, elevan impuestos, extinguen contratos o desorientan a trabajadores y empresarios. Ya veremos.

7. Así y todo, no se ha acometido la corrección del error mas evidente para el ciudadano:

Donde dice, en la rúbrica de la norma: “Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE 24 de Mayo de 2010” debería decir:

“Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit púdico”, porque lo que hay es un déficit o falta pudor en una actuación por Decreto-Ley tan chapucera.

P.D. Efectivamente, el BOE del dia siguiente a la corrección de errores, incorpora una nueva corrección de errores: ” Donde dice Ministerio de Presidencia” debe decir “Ministerio de Política Territorial”.  ¡¡ Qué cosas!! Mas bien yo corregiría donde dice ” Ministerio de Politica”, diría “ Misterio de Política”.

Las leyes antitabaco fueron un buen ejemplo contra la nociva práctica de fumar, y quizás sería hora de tomar medidas frente a las perversiones de los políticos. Tabaco y política convergen en cierta medida, pues en la actual crisis hay “políticos” que parecen “fumaos” y ante las severas medidas adoptadas el ciudadano no tendrá ni para tabaco. Da igual que hablemos de  políticos de derechas o políticos de izquierdas, pues como el tabaco rubio o negro,  todos poseen efectos nocivos.

Así, la política puede provocar en el ciudadano múltiples males: impotencia ( no puede hacer nada frente a sus despropósitos), problemas de pulmón ( resulta irrespirable un entorno en donde los políticos se acusan y no controlan la corrupción entre sus filas), problemas de circulación ( el ciudadano ve que en política siempre son los mismos perros con distinto collar, sin que circulen ideas ni propuestas nuevas), e incluso mal aliento ( algo huele mal en nuestra Dinamarca, como diría un Hamlet español), sin olvidar que perjudica la fertilidad… de los ahorros y cuentas bancarias.

Por eso, considera Sevach, bajo cierta licencia de humor y caricaturizando casos extremos ( pues la buena política y los buenos políticos son esenciales para la democracia), que quizás empieza a ser hora de una campaña seria contra los políticos como especie potencialmente dañina mediante una  Ley de Prevención contra el Politiquismo.

1. Veamos algunas medidas que se imponen, inspiradas en la campaña antitabaco, para atajar la política perniciosa:

- Implantar el Día Mundial sin Políticos. Un día sin intermediarios, sin aguafiestas, sin vendedores de crecepelo, sin engatusadores, sin profesionales de la manipulación…Un día feliz.

- Prohibirse todo tipo de publicidad y financiación de los partidos políticos y de la bondad de la política, con fondos públicos.

- Cuando se retransmita televisivamente a un político haciendo declaraciones, habría que incluir una leyenda al pie: “ La política perjudica la fe y credibilidad en las personas”, o “ La política provoca crecimiento desaforado de la nariz como Pinocho así como dificultades para ponerse colorado cuando se pilla en mentiras”.

- Prohibir ocupar cargos políticos antes de los 30 años y después de los 50 años, pues la política es veneno para los inmaduros, que si la prueban no la sueltan, y droga para los muy maduros que no pueden liberarse de su adicción a los coches oficiales, a los tratamientos y al mando en plaza.

- Establecer Zonas habilitadas para político adictos, donde entregarse al vicio de hablar de política con ruido y furia.

- Establecer igualmente, Zonas libres de políticos y de políticas, espacios donde no se habla de política, donde no se permitiesen periódicos inflamados, ni radios echa veneno, ni predicadores con solución para todo. Un mundo feliz.

- Proteger a los electores “pasivos”, quienes no creen ni les interesa la política mas allá de las vísperas electorales, respecto de los electores activos, quienes conciben los partidos políticos como equipos de fútbol de sus amores y dan la tabarra a todo el que les rodea intoxicando con sus filias y fobias.

- Los carteles de publicidad electoral o folletos de los partidos políticos deberán incluir una leyenda visible exponiendo alguno de los siguientes mensajes: “Cada 10 minutos muere un elector”, “Cuidado: estos politiquillos te están matando”, “Oir a los políticos durante el embarazo daña la salud del bebe”, etc.

- Campañas dedicadas a población de especial riesgo: pensionistas, funcionarios, etc.

2. Lo que tiene bemoles es que el tabaco mismo vino de América. Cuando Colón llegó a la isla de San Salvador y se encontró con los indígenas, grandes aficionados a aspirar el humo del tabaco y sin mas vicios, le fue fácil cambiarles oro por espejitos baratos. Hoy día, los políticos acosan a los ciudadanos, quienes de buena voluntad quieren creer en las promesas y cantos de sirena electorales, y les es muy fácil a los políticos cambiarles su ilusión por tijeretazos.

3. Por eso, a Sevach esta situación que vivimos de escasa credibilidad en la política, le recuerda aquélla oportuna canción de Javier Krahe, titulada “Cuervo Ingenuo” cuando ironizó sobre el cambio de planteamiento del entonces Presidente del Gobierno, que hizo baluarte de su campaña el salir de la OTAN y nada mas ganar las elecciones España entró en la misma. Probar a escuchar la simpática canción, y sólo jugar a cambiar aquello de “ Tu decirnos que sacarnos de la OTAN” por lo de “ Tú decirnos que no haber crisis económica”, y la canción funciona igual.

Pinche aquí para ver el vídeo

La medida de recorte de las retribuciones de los empleados públicos para contener el gasto público y afrontar la crisis económica era una medida previsible, y quizás uno de los pocos remedios de emergencia para frenar la caída libre de la deuda pública. Ahora bien, para Sevach lo deseable sería adoptar medidas que graviten sobre las espaldas de los responsables y no sobre las víctimas. Veamos un simple ejemplo que nos ayudará a entender el diagnóstico y la receta.

1. Imaginemos un buque que debe efectuar una larga travesía. El pasaje confía en el Capitán y los Oficiales. Cada vez que se detienen en una isla, suben a bordo mas oficiales invitados por el Capitán, y todos se dan una vida regalada mientras la tripulación y el pasaje se alimentan frugalmente. Tras atravesar el cabo de las Tormentas, por la impericia de los mandos, se echan a perder buena parte de las provisiones y el barco queda desarbolado, y ante la escasez de víveres, el Capitán y los Oficiales optan por recortar la ración diaria de rancho a los tripulantes, medida que será seguida por el recorte de las raciones de los pasajeros; mientras protestan los tripulantes y los pasajeros, los mandos siguen deleitándose con las mejores raciones y sin sacrificarse, ni apeando a los invitados en las islas. El malestar presagia amotinamientos.

2.  Pues bien, esa historieta viene al caso para explicar que, a juicio de Sevach, los ciudadanos depositan la confianza en los políticos para manejar los asuntos públicos, en condiciones buenas y malas, y si otros Estados que tenían peor posición de partida se encuentran ahora en mejores condiciones de llegada, quiere decir que hay una responsabilidad de las autoridades públicas por lo menos culposa, esto es, por negligencia en la puesta en práctica de sus decisiones políticas. En otras palabras, si el país va mal, la culpa es de toda la clase política. Aquí no vale identificar a un partido u otro que gobierna, sino en bloque hay que culpar a toda la clase política que gobernando antes o después, en el Estado, la Comunidad Autónoma o en un ente local, han tolerado un sistema de “vacas sagradas” y relajo que beneficiando a los políticos profesionales, ha soslayado las prioridades del buen gobierno. Es innegable que la crisis económica procede de causas exógenas, y que la “tormenta perfecta” de la debacle económica hubiera arrollado a cualquier gobierno, pero algo falla en el sistema de gobierno propiciado por la clase política, que ha desembocado en una reacción tardía frente al problema.

Diríase que los gobernantes en su conjunto han incurrido en ese vicio moderno tan chic de la “procrastinación” ( o sea, posponer lo inevitable ocupándose en otros menesteres, como ha sucedido con la adopción del recorte de gasto en las nóminas públicas). Pese a los precedentes de descuento salarial público de Irlanda, Grecia, Letonia y California, el Gobierno huyó siempre de anunciar el temido recorte salarial funcionarial, y la oposición se cuidó mucho de exigirlo. Los políticos no lo vieron o no quisieron verlo hasta que el agua no llegó al cuello. Hasta Sevach en Octubre de 2008 anunció los veinte temores de los funcionarios ante la crisis económica que lamentablemente parecen irse ahora cristalizando.

Y por eso, el culpable de esta calamitosa situación es la clase política en su conjunto ( en coherencia con el Estado compuesto que vivimos, con el poder repartido celosamente en poderes autónomos- regionales, locales e institucionales), y ahí es donde hay que aplicar las medidas de sacrificio. El pirómano tiene el deber moral de ser el bombero. Poca legitimidad tienen los pirómanos para ordenar al quemado que apague con sus propias manos el fuego que les consume. Quede claro que no puede culparse al modelo democrático, ni considerarse innecesarios los políticos, pues es indudable que la sociedad es compleja y  las circunstancias cambiantes, pero sí hay derecho a quejarse de cierta molicie que en el caso español se ha ido enquistando en la clase política, profesionalizándose y dando lugar a aquéllo que García-Pelayo denominaba “ Estado de los Partidos“. En suma, la crisis económica es buen momento para la regeneración de la clase política, o mas bien, de las condiciones en que se desarrolla.

3. Así, no parece que la medida de recorte de salarios de los empleados públicos sea una medida adecuada en términos de equidad. Presenta la ventaja de la inmediatez ( la Administración la adopta para sus empleados sin tener que negociar con otros sectores empresariales o corporativos), de su aplicación fulminante ( a golpe de Decreto-Ley y disponiendo que  el pagador de la nómina aplique el descuento), y de beneficios recaudatorios inmediatos.

Sin embargo, el recorte de salarios de empleados públicos presenta un grave inconveniente en términos de equidad, ya que aludir a un 5%  de promedio de descuento ( aunque se maquille en su desarrollo concreto vinculándolo en mayor porcentaje al mayor rango funcionarial) supondrá aplicar un sistema proporcional de contribución a la crisis que no se ajusta ni al principio de progresividad ( que mas se sacrifique quien mas tenga) ni a las circunstancias personales de cada funcionario. Así por ejemplo,  un auxiliar sin hijos puede contar con un rentable negocio por las tardes, y en cambio un Técnico tener varios hijos y con incompatibilidades que le impiden ingresos suplementarios, de manera que el impacto del descuento provocará mayores estragos e injusticia en el funcionario superior que en el funcionario modesto. Ello sin olvidar lo difícil que resulta entender que si la Crisis afecta a todos, un auxiliar del Corte Ingles o de HUNOSA vea intacto su salario y un auxiliar de un pequeño Ayuntamiento tenga que apechugar con un recorte.

Para el ciudadano de a pie, empleados públicos y Administración a la que sirven son la misma cosa, una especie de centauro indivisible. Sin embargo, jurídicamente, una cosa es ser “la Administración” y otra ser un “trabajador de la Administración”, por lo que el disparatado discurso puede conducir a que  igual que la Administración rebaja el sueldo de unos sujetos que mantienen una relación de servicios, podría recortar el precio comprometido con los contratistas de la Administración.

Por eso, a juicio de Sevach, a riesgo de la impopularidad de la medida, lo mas justo sería incrementar las tarifas del Impuesto sobre la Renta, ya que al fin y al cabo, este sistema toma en cuenta las circunstancias personales y familiares, las reducciones y deducciones. Lo que ya pasaría de castaño oscuro sería que los funcionarios pagasen dos veces la crisis, o tres: primero, cuando estos dos últimos años se congeló su actualización retributiva conforme al IPC; segundo, con el descuento porcentual que el jueves próximo concretará el Decreto Ley que aprobará el Consejo de Ministros; y tercero, con la inevitable reforma fiscal al alza del Impuesto sobre la Renta o el IVA (mas aún) que no discriminará entre funcionarios y ciudadanos.

4. incluso cabría considerar  mas justa una medida mas arriesgada: si hay diferencias retributivas entre Comunidades Autónomas  y entre entes locales de una misma Comunidad Autónoma, iguálense determinados complementos a la baja entre las Administraciones Públicas, con lo que las retribuciones seguirán siendo dignas pero se habrán podado por donde “mas abultan” y además se garantiza mayormente el principio de igualdad dentro del Estado. O incluso suprímanse puestos de funcionarios o laborales innecesarios fijando “plantillas-tipo” para evitar que Administraciones iguales en competencias y presupuesto, cuenten con ejércitos distintos en número.

5. ¿ Y si no se recortan los sueldos de  los empleados públicos, ¿donde debería recortarse el gasto? En esta línea, hace unos días veíamos como ante la fuga de petróleo en el Golfo de México, la empresa BP, que por acción u omisión, es responsable de asegurar la seguridad, afirmó que “pagaría la factura” y “asumiría la responsabilidad”. Por ello, bajo idéntico “ataque de responsabilidad”,  Sevach cree que los políticos deben pagar la factura de la crisis económica. ¿ Cómo?.

Lisa y llanamente acudiendo a un Decreto-Ley o medida de eficacia equivalente, al amparo de las competencias básicas del Estado en materia económica, y con proyección sobre todas y cada una de las Administraciones Públicas, ya que ante la crisis no valen zarandajas de rasgarse las vestiduras sobre la autonomía política autonómica o la autonomía local, y adoptar las siguientes medidas:

A)  Que queden sin efecto en su integridad las pagas extraordinarias de la clase política en toda su extensión (diputados, ministros, Directores Generales, Consejeros, Concejales, eventuales de todo pelaje, altos cargos de órganos constitucionales, directivos de empresas públicas, mirlos municipales, etc). No se la han ganado. Y además el recorte salarial debe ser en sus nominas del veinte por ciento. Subsistirán, tranquilos.

B) Supresión del prebendalismo político con austeridad real en todo ese colectivo ( telefonía móvil, coches oficiales, viajes “turísticos”, mobiliario chic de despachos, dietas sin ponerse a dieta, etc).

C) Dado que si no podemos, por las reglas del juego democrático, desplazar a los cargos políticos electos de sus puestos, sí al menos, se puede y debe, amortizar buena parte de los puestos de personal “eventual”, asesores y consejeros, cuyos “consejos” no parecen haber sido muy acertados a la hora de ilustrar o asesorar a los altos cargos para aquilatar el alcance real de la crisis y la necesidad de acometer medidas rápidas y eficaces.

D)  Por último, para evitar que tales ceses comporten una duplicación de gasto, debería suspenderse indefinidamente la aplicación del llamado “complemento de alto cargo”,  esa bufanda generosa que permite a quienes desde la Constitución han ocupado un cargo de Director General o asimilado, disfrutar de un astronómico complemento que permite, por ejemplo, que un fontanero municipal nombrado Director General autonómico durante dos años, cobre toda su vida retribuciones propias del denominado ilustrativamente “nivel 33”. Casi nada.

Con esas cuatro medidas, en vez de tener cabreados a dos millones de empleados públicos y ocho millones de pensionistas, se tendrían cabreados tan solo a 80.000 políticos, y con el mismo efecto de saneamiento de las arcas públicas.

6.  Se dirá que soy un ingenuo al proponer tales medidas, y es cierto, porque esas medidas que son necesarias y que seguramente la inmensa mayoría de los españoles apoyaría, curiosamente ningún partido político las impulsará (ni gobernante, ni de oposición). Al fin y al cabo, está en juego “la lenteja” del político ( ¿ o mas bien, los langostinos?). Por eso, el mejor desahogo es un cabreo bien administrado.

Durante la Semana Santa se supo que el matemático ruso Grigori Perelman rechazó un prestigioso galardón dotado con un millón de dólares, indiferencia que demuestra un perfil ideal para la política, aunque su mérito mas notable es haber resuelto la conjetura de Poincaré (logro próximo a demostrar la cuadratura del círculo, que traía de cabeza a  los sabios del último milenio). Quizás debería afrontar el reto de resolver el problema que más preocupa a los ciudadanos en su relación con los gobiernos: la fórmula matemática para evitar la corrupción pública.

En esa aspiración, la prensa se ha hecho eco de que los dos partidos políticos mayoritarios del país están alcanzando un Pacto contra la corrupción, aunque ofrece mas ruido que nueces, quizás para acallar el malestar ciudadano ante los escándalos que afectan a ambos partidos. Pero el cáncer no se combate con tiritas de colorines, sino con terapias radicales.

1.  Claro que hay recetas eficaces contra la corrupción, pero el problema es que ningún cocinero que aspire a gobernar las pondría en práctica. Veamos el decálogo de sus ingredientes básicos:

I. Aplicar el bisturí a los entes instrumentales para “cortar por lo insano”  a la red de Entes, Agencias, Consorcios y demás tinglados.

II. Robustecer la figura de los Interventores de fondos públicos y retomar el sistema de intervención previa, esto es, el control del gasto antes de ejecutarse las decisiones políticas, y no a toro pasado. Además deberá revitalizarse la fuerza de sus reparos, y las responsabilidades por obviarlos.

III. Recuperar la plena funcionalidad e imparcialidad del cuerpo de Secretarios Generales locales, potenciando el valor de sus informes jurídicos y adjudicándoles destino por concurso de méritos, y no por libres designaciones.

IV. Aplicar sin paños calientes la inhabilitación para cargo público de aquellos gobernantes que sufran reiteradamente la anulación judicial de sus decisiones, cuando sean calificadas de nulas de pleno derecho o incursas en desviación de poder. La actual paradoja es que el gobernante con tarjeta amarilla por anulaciones judiciales suele cosechar mas votos que el gobernante que acata la ley a pie juntillas.

V. El personal eventual, esto es, los modernos validos y asistentes de las autoridades, nombrados sin oposición ni prueba alguna, ha de reducirse drásticamente en número, y fijarse cifras máximas según criterios objetivos. Debe ponerse punto final a que  las plazas de personal eventual sean refugio de políticos errantes tras perder las elecciones.

VI. La Ley debe limitar los puestos que pueden ser desempeñados por personal laboral, categoría respetable pero convertida en la gatera por la que colar afines, al margen del mérito y capacidad, mediante contratos temporales o irregulares.

VII.  Aprobar urgentemente una Ley de Armonización en materia urbanística para recuperar el terreno perdido tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97, que dejó al Estado prácticamente sin competencias urbanísticas. Además debe otorgarse la competencia definitiva para la aprobación de los planes urbanísticos a las Comunidades Autónomas en vez de a los Ayuntamientos, que han demostrado dificultades para resistir a la  tentación de cuestionables operaciones inmobiliarias o para doblegarse a presiones vecinales. Pagarán justos por pecadores pero el saneamiento público y una adecuada ordenación territorial lo merece.

VIII. La Fiscalía deberá ser dotada de mayor grado de autonomía y otorgársele legitimación o capacidad para impugnar ante lo contencioso-administrativo actos en materia de contratación y empleo público (áreas de la mayor bolsa de corrupción y donde la ausencia de acción pública presta cobertura a la impunidad).

IX. En materia de función pública, urbanismo y contratación, las sentencias contencioso-administrativas anulatorias que se dicten en primera instancia, deberán ser inmediatamente ejecutivas (al fin y al cabo un juez imparcial ha revisado la actuación de  la Administración), sin esperar al agotamiento de todos los recursos posibles que permiten la consumación de las felonías mientras envejecen todos los implicados.

XX. La Justicia debe ver a su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, fuera del mercadeo político, mediante un sistema puro de autogobierno judicial. La independencia judicial no casa bien con los riesgos del despotismo ilustrado de “todo para los jueces, pero sin los jueces”. E igualmente el Tribunal de Cuentas y las Sindicaturas de Cuentas Autonómicas deben verse vaciadas del lastre de que parte de sus vocalías son asignadas para dar salida a la “prejubilación” de “políticos sin plaza” que no conocen, no creen y no se implican en la seria labor de tales Organos de control.

Esos diez mandamientos anticorrupción se encerrarían en dos. El político gobernante ha de tener lealtad institucional por encima de partidos y grupos de presión. Y ha de administrar los recursos públicos como le gustaría que se administrasen los propios.

2.    Por eso, lo triste es que el Estado de Derecho es tan democrático que permite que al poder lleguen tanto los honrados como los rufianes. Los Códigos éticos nada pueden contra los malvados y ningún partido político aprobará una medida que pueda convertirse en el futuro en un cepo de raposas.

Y si algo efectivo se plasma en la Ley, al igual que las trampas para raposas, muy posiblemente la alimaña se libraría rompiendo la pata pillada si fuere necesario y huir para continuar con su pillaje, como mostró el ovetense Pérez de Ayala en su novela “ La pata de la raposa”. Por eso, cualquier Pacto anticorrupción o cualquier ley sobre el tema, fuera del decálogo apuntado, servirá como decía Lampedusa, para “cambiar algo, con el fin de que nada cambie”.

3. Y es que hace falta voluntad y seriedad política para aplicar tales medidas. Y es sabido que los grandes cambios vienen tras los cataclismos, situación que hoy se vive actualmente en España donde la corrupción aflora por los cuatro costados, debiendo recordarse que fuera de la “Corrupción” con mayúsculas que nos muestran los medios de comunicación, existe una “corrupción” con minúsculas que disfruta de impunidad, y que es de menor grado pero igualmente intolerable.

Lo cierto es que para adoptar medidas eficaces se resistirán los discípulos de Maquiavelo. ¿ Qué político querría ver torpedeadas sus ocurrencias con informes fundados de secretarios o interventores municipales?; ¿ Acaso algún regidor municipal veterano renunciaría a esa varita mágica que son los planes urbanísticos?; ¿ Alguien cree que el Estado se atreverá a desafiar a las Comunidades Autónomas aprobando una Ley de armonización que lime sus poderes urbanísticos?; ¿ Alguien es capaz de adentrarse a machete en la selva de entes instrumentales?,¿ Interesa al gobernante de turno que la fiscalía goce de mayor independencia?; ¿ Renunciaría algún gobernante a la comodidad de recibir sin pestañear las sentencias judiciales que llegan tardíamente cuando la tropelía se ha consumado y de forma irreversible?, ¿Qué hacer con la legión de personal eventual, que no tenga otro oficio ni beneficio que servir a su amo político?, ¿ Cómo poner fin a los cementerios de elefantes en que se están convirtiendo algunos órganos constitucionales, cuando la llave para la reforma la tienen esos mismos paquidermos?.

El poder por definición se resiste al control. No le gustan las bridas ni las cadenas, y cavaría su propia fosa si potenciase los límites para ese poder. Por eso, si en algo coinciden los partidos políticos con aspiraciones a gobernar, utilizando un símil teatral, es en ese pacto tácito de mantener intacto un escenario jurídico donde poder improvisar, salirse del guión, engañar a los espectadores, y lo mas importante, mantenerse en cartel por múltiples temporadas, bajo aplausos tan precocinados como la risa enlatada de las comedias televisivas. Sin embargo, el deber de los juristas, de los funcionarios de alta responsabilidad, de las cátedras universitarias, de los medios de comunicación o de los cimarrones de la blogosfera, es promover debates para mostrar la realidad de lo que hay tras el telón de la actuación de los políticos “de presa”.

Este post fue publicado en sus líneas generales en el Diario La Nueva España del día 7 de Abril de 2010 , salvo el último apartado aquí expuesto.

Finalmente, por su extraordinario interés aquí tenéis un estudio sobre las Leyes contra la corrupción (curiosamente de Méjico, y curiosamente manejando con soltura derecho comparado y vivo.

Parece que en tiempo de crisis los gobernantes comienzan a regalar los oídos de los electores anunciando severos recortes del número de altos cargos, que en los últimos años ha crecido desaforadamente. El Gobierno Central, ante la presión de la moción aprobada por el Congreso, está al borde de anunciar un plan de supresión de altos cargos en la Administración, e incluso el Ministro de Fomento ya ha anunciado la poda en las empresas públicas. Incluso los gobiernos autonómicos anuncian medidas para aplicar el bisturí, mientras los Ayuntamientos disimulan como si no fuera con ellos estas iniciativas. Lo mas curioso para Sevach es que no se conoce ningún alto cargo que haya dimitido por la sola razón de contribuir a aliviar las arcas públicas, por considerar autocríticamente que su labor es prescindible y su dimisión económicamente recomendable. Se ve que los altos cargos públicos no son como los lemures que cuando aprecian la superpoblación se lanzan por un precipicio al mar para limitar su número. Mas bien recuerdan a las manadas de ñus africanos que muestran los documentales en frenético galope en época de sequía y se aplastan para conseguir sobrevivir.

Lo cierto es que el anuncio del gobernante de suprimir altos cargos es recibido con complacencia por el pueblo. Sin embargo, esta medida (al igual que la publicidad de la telefonía móvil o la composición de las croquetas vendidas como caseras) ha de analizarse bajo la superficie para comprobar con tristeza que es un regalo envenenado pues el ahorro es ficticio. Veamos.

1. Suprimir altos cargos supone una fácil coartada contra los funcionarios, legitimando al político maquiavélico para recortar sus sueldos, plazas y condiciones.

2. Suprimir altos cargos permite mandar a la trinchera a los “enemigos políticos”, que frecuentemente son miembros del propio partido que por cuotas de reparto ocupan altos cargos (“cuidado, que vienen los míos”).

3. Suprimir algunos altos cargos permite que se mantengan los niveles, condiciones y prebendas retributivas de los que se quedan ( al fin y al cabo serán menos a repartir).

4. Suprimir altos cargos nunca perjudica seriamente a la bolsa y estómago de sus titulares.

A)    Si los altos cargos cesados no eran funcionarios, siempre se contará con el “paracaídas de oro” de otra Administración del mismo color ideológico (autonómica, provincial, local o institucional). Todo el mundo sabe que la pérdida de las elecciones (estatales, autonómicas o locales) del partido gobernante ha provocado un éxodo hacia los cuarteles de invierno de otras Administraciones que abren sus puertas de “personal eventual” para acogerles amorosamente en sus brazos. Hoy por tí, mañana por mí.

B)      Si los altos cargos cesados eran funcionarios, siempre podrán reincorporarse como funcionarios de a pie pero con sueldo de gobernantes (el complemento de ex -alto cargo goza de buena salud).

C)          Si los altos cargos cesados eran funcionarios pero no les dio tiempo a consolidar el complemento de alto cargo (dos años continuados), siempre podrán ocupar una apetitosa plaza de funcionario de libre designación, aunque el cesado sea arqueólogo y la plaza de asesor jurídico, pues al fin y al cabo, los nombramientos para puestos de libre designación, son discrecionales.

D)        Si los altos cargos cesados no eran funcionarios, siempre habrá una Fundación o sociedad de capital público que los acoja amorosamente en su seno, mediante contratos laborales de alta dirección, o contratos de servicio determinado u otra fórmula que siempre las hay, y además sin control.

Se ve que las leyes sobre los “altos cargos”, las aprueban quienes son o tienen expectativas o posibilidad de serlos. Nuestros políticos serán ángeles, demonios o jarrones chinos, pero no tontos.  Y por eso, nuestro Derecho mima a los “altos cargos”.  Lo que sí quiere dejar claro Sevach es que cuando la Administración Pública tropieza con el iceberg de la crisis económica hay que recordar que el Titatic sólo tenía botes salvavidas para los pasajeros de primera clase…

Nada que objetar a la nobleza de la defensa del derecho a la efectiva autodeterminación del pueblo saharaui y de la necesidad de poner fin a la  opresión reprobable en Marruecos, sostenida por una Monarquía religiosa poco amante de los derechos y libertades. Sin embargo, la huelga de hambre mantenida por la activista saharaui Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote presenta vertientes altamente criticables a juicio de Sevach.

1. No es de recibo que Haider critique despiadamente al Gobierno español (“Se vulneran mis derechos y me están llevando hacia la muerte”, afirmó), que haya denunciado a España por atentar contra sus libertades ante el Juzgado  (¡¡ por secuestro y malos tratos!!), sin olvidar su denuncia contra la Guardia Civil, la compañía aérea Canarias Aeronáutica y el comandante del vuelo que la llevó a Lanzarote.  Esperpéntico e injusto.  Resulta esperpéntico, porque una víctima no debe morder la mano que la acoge y auxilia, e injusto porque el Gobierno español ha hecho lo humanamente posible y lo legalmente imposible, llegando a retorcer la legislación sobre asilo y extranjería para realizarle una oferta única que sería el sueño de todo inmigrante con patera: acogerse al estatuto de asilado, concederle la nacionalidad española, o un permiso temporal. Un menú a la carta, y Haider pide algo que está fuera del menú y además fuera del alcance del hostelero.

2. No es de recibo que Haider pida un imposible. Es una torpeza pretender que el Estado español presione o doblegue a Marruecos.

Haidar, ciudadana del pueblo saharaui, pretende que Marruecos se “humille” y le devuelva el pasaporte con el estampillado de la nacionalidad “saharaui”, mientras que el cónsul de Marruecos ha puesto como condición que Haidar pida perdón al Rey. O sea, posiciones extremas y no armonizables.

No puede olvidarse que Marruecos ha despreciado olímpicamente todas las recomendaciones de Naciones Unidas poniendo trabas a la realización del referéndum saharaui, y es un Estado que se caracteriza por su “fundamentalismo político”. Recuérdese el caso Perejil, la negociación de los caladeros  o cualquier gresca entre Marruecos y España, y nos percataremos que la intransigencia diplomática marroquí sólo es comparable a la fama de sus camellos (tercos, rebeldes y propensos a moriscos y coces).

3. No es de recibo que se presione a España por una “cabezonería testimonial” ( por avanzar una casilla en el Monopoly de la autodeterminación del pueblo sharaui) , y que se juegue toda su política internacional hacia el norte de Africa y perjudicar a los miles de marroquíes y saharahuis que viven de la buena relación a ambos lados del estrecho. Ellos son las víctimas de este topetazo entre “soberbias”, la de la activista saharaui y la del monarca alauíta.

Marruecos siempre ha sabido sacar tajada de sus tibias “concesiones”. No en vano cuenta con los mejores vendedores de alfombras y regateadores del mundo.

4. No es de recibo que quien se coloca en una posición complicada y puede salir de la misma ( en aroma de santidad y con aires de victoria, aunque no consiga su propósito),  la reduzca a un dilema falaz ( todo o nada) y traslade su problema a un Estado que la acoge.

No puede un Estado soberano (España) presionar a otro Estado soberano (Marruecos) por una situación en la que se ha colocado voluntariamente Haidar.  Esa es la diferencia  respecto del secuestro de los cooperantes en Mauritania, quienes sin comerlo ni beberlo, se han visto en un laberinto infernal, donde el Gobierno puede y debe hacer lo imposible, para presionar a quien haga falta,  sin escatimar diplomacias, medios y coacciones.

En el caso de Haidar, si España no anduviese con componendas políticas, lo suyo hubiera sido ( ante la confiscación inicial por Marruecos del pasaporte desafiante y negarse a admitirla en tales condiciones), y al carecer Haidar de pasaporte, la fulminante devolución al país de origen, o sea, EEUU. Resulta fácil comprender por qué Haidar no hubiese adoptado la misma conducta en la Terminal del aeropuerto estadounidense.

En definitiva, el Derecho Internacional no puede conculcarse al servicio de estrategias particulares, pues el camino para el cumplimiento de las Resoluciones de la ONU es lento y jamás pueden quedar los pequeños avances diplomáticos al albur del capricho o chantaje particular.

5. No es de recibo ni justo que el caso Haidar requiera atención mediática descomunal, honores diplomáticos de embajadora y trato policial de víctima, cuando existen decenas de miles de inmigrantes hacinados en Centros de Internamiento, o abandonados a su suerte en la península sin permiso de residencia ni trabajo. Cualquier saharauhi o marroquí en su misma situación sería expeditivamente desalojado del aeropuerto.

6. No es de recibo que el aeropuerto canario se convierta en la pasarela donde famosillos, faranduleros e intelectuales “del séptimo día” van a estampillar su credencial de progresistas, avivando el fuego de un problema que día a día se vuelve más peligroso.  Mejor seria que, además de fotografiarse con la activista, contribuyeran con donativos para sufragar los enormes costes para las arcas públicas que la peripecia está acarreando.

7. No es de recibo que en el Estado de Derecho español las leyes  de extranjería se inapliquen por razones de política. Las leyes están para ser aplicadas  y la Ley de Extranjería ha excepcionado a Haidar del requisito del pasaporte y  de las medidas de devolución o expulsión que constituye el protocolo habitual marcado por la Ley.

8. No es de recibo que  la víctima de este jaque al Rey del juego que ha empezado Haidar,  han sido policías españoles que se limitaron a pedir las órdenes gubernamentales por escrito cuando Haidar pretendía retornar después de embarcada en el avión ( ya que el salvoconducto español sólo permitía la salida pero no la entrada), lo que es una exigencia natural  pues cualquier funcionario al que se le pide algo manifiestamente ilegal, tiene derecho a que se le ordene por escrito, pues cuando las cosas se enfrían vienen las responsabilidades sobre el eslabón más débil. Sin embargo, el Gobierno ha actuado con arreglo al “Código de Mala Conducta”, o sea, destituyendo al policía díscolo y sustituyéndolo  por un compañero más dócil. Una barbaridad. Se sacrifica la justicia por la eficacia.

9. No es de recibo que en un contexto mundial complejo, con Estados fallidos, Estados dictatoriales, Estados sin gobierno y gobiernos sin Estado, la actitud de una sola persona consiga pasar a la primera plana de las prioridades políticas la cuestión del Sahara. Hay muchos motivos para alzar la voz frente a la injusticia: es cierto que en el Sahara habita  un noble pueblo que no alcanza su autodeterminación; pero también en China hay provincias oprimidas y las libertades civiles están bajo mínimos; en Corea del Norte la miseria va unida a la opresión ideológica, y en numerosos países africanos los gobiernos expolian a los ciudadanos, de igual modo que hay focos de tiranía en algunos Estados sudamericanos o incluso ciudades en estado salvaje (Ciudad Juárez).

Y no se trata de abandonarlos a su suerte. Ni a unos ni otros. Bajo ningún concepto. Se trata de promover la reacción internacional en foros institucionales,  o de adoptar medidas unilaterales o concertadas por Estados poderosos que no enquisten la situación ni dañen a terceros. Lo que es gastar pólvora inútilmente y gangrenar la situación del Sahara es que Haider, con su bien ganada popularidad y mérito,  lance un órdago tan fuerte a España poniendo en juego su propia vida  y lo que es peor las condiciones de vida de cientos de miles de personas que pueden verse perjudicados por el vengativo frenazo de Marruecos a su cooperación internacional en materia de inmigración explotadora, tráfico de drogas o el terrorismo islámico.

10.  En definitiva, que nuevamente estamos ante una situación en que lo políticamente correcto conduce a lo jurídicamente incorrecto. El Derecho Internacional, el Derecho Administrativo de Extranjería y el Derecho disciplinario de funcionarios son víctimas de una anécdota elevada caprichosamente a categoría.

Y no se diga que Haidar  es la Ghandi India, pues jamás pondría contra las cuerdas con su voluntaria actitud a su pueblo ni a otro pueblo amigo.  No en vano, una célebre frase de Mahatma viene al caso como anillo al dedo: “La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad”. En fin, bien están los símbolos, los testimonios, los actos de  los mártires, pero ya Haidar ha conseguido lo máximo que puede conseguir con su órdago. Tensar la cuerda más resulta contraproducente.

Ayer el Parlamento asturiano tuvo un debate sobre el posible abuso de “contratos de alta dirección” por parte de la Administración autonómica y por el sector público autonómico. Se trata nuevamente de la utilización política de la crítica a los contratos de alta dirección pese a que todos los partidos políticos, sin distinción, cuando gobiernan tiran de esta cómoda figura, pero sin que ninguna fuerza política jamás haya puesto sobre la mesa parlamentaria, estatal ni autonómica, la conveniencia de cerrar su utilización en el ámbito de la Administración pública o de penalizar el abuso de la misma.

1. Tal y como viene la noticia en la prensa, no tiene desperdicio, sobre todo por como el subconsciente traiciona al redactor de la noticia, si se fijan en la segunda línea, que afirma literalmente:

” Los contratos de alta dirección del Principado volvieron ayer al debate en la Junta. El PP volvió a cagar contra el abuso de este tipo de contrataciones mientras que desde IU-BA-LV y el PSOE se aclaraba que “no son un privilegio porque no suponen ningún incremento de derechos para el trabajador”, según explicó Jesús Iglesias, quien añadió además que las condiciones de despido de esas personas “son además mucho más flexibles”.

2. Recordaremos que los contratos de alta dirección son contratos laborales pensados para reclutar directivos en las empresas públicas en que básicamente reciben una altísima remuneración ( y proporcional compensación por despido) a cambio de ejercer su habilidad directiva. En consecuencia, dichos contratos de alta dirección se escapan del Estatuto de los Trabajadores ya que el directivo contratado forma parte de la “patronal” y su régimen jurídico es el parco R.D.1382/1985, de 1 de Agosto y las estipulaciones del contrato.

3. Sin embargo, esa figura se ha pervertido en la última década en el ámbito de la Administración pública. En particular, Sevach considera que la figura atravesó la línea roja cuando comenzó a utilizarse para ocupar puestos directivos dentro de la propia Administración Pública jerárquicamente organizada, o bien cuando se forzó para reclutar directivos para dirigir entidades del sector público que so pretexto de la “huida del Derecho administrativo” adoptaban la forma de Fundaciones o sociedades públicas para ejercer funciones y potestades típicamente administrativas. Cosa diferente son las Fundaciones y Sociedades de capital público que se mueven en ámbitos puramente lúdicos o económicos, ámbito donde pueden y deben tener encaje los contratos de alta direccion. Y es que, si las Fundaciones y Sociedades usurpan funciones genuinamente públicas, los directivos usurpan puestos de trabajo propios de funcionarios públicos. Sin embargo, lo cierto es que la figura del contrato de alta dirección ha ganado implantación en el ámbito de la Administración: pocos contratos en la Administración estatal, un puñado en la Administración autonómica directa, un colectivo expansivo en la Administración local y un apreciable rebaño en el conjunto de la Administración institucional.

4. Las razones de esta “gripe directiva” en la Administración Pública son debidas a las virtudes de grandísimo atractivo que supone para el político de turno:

1º Permite eludir las engorrosas Relaciones de Puestos de Trabajo, con su secuela de tramitación y publicidad, pues los directivos no tienen obligación de figurar retratados con la tropa en las Relaciones de Puestos de Trabajo.

2ª Permite reclutar el directivo sin publicidad, concurrencia, mérito y capacidad. El dedo de la autoridad de turno sirve para diseñar la convocatoria, el criterio o el Tribunal, o sea, que es la forma de dar cobertura jurídica para incorporar a la Administración al colega político, al imberbe hijo de un correligionario, al farandulero pagado de sí mismo, o para promocionar en la Administración a algún sargento hasta el generalato.

3ª Permite fijar a la carta las retribuciones como compensación por el trabajo directivo, según el criterio de la autoridad que lo designa. O sea una bicoca.

4ª Permite eludir toda negociación colectiva sobre el contenido y remuneración de la plaza.

5ª Permite establecer en el contrato “paracaídas de oro” con enormes indemnizaciones para el caso de extinción del contrato de alta dirección.Y mejor aún, aunque la autoridad designan desaparezca, la Administración seguirá vinculada al contrato “heredado” de su predecesor, y atado por las indemnizaciones.

6ª Permite sortear los restrictivos requisitos del personal eventual ( sólo funciones de asesoramiento o confianza, pero no ejecutivas) por una figura de confianza con “mando en plaza”.

7ª Y lo mejor para el directivo contratado. Si las cosas salen mal, si el “mirlo blanco” se queda en “cuervo carroñero” siempre podrá el directivo ejercer sus demandas ante la jurisdicción social e implorar justicia porque su contrato realmente ocultaba un contrato laboral, y de este modo, proseguir en el pesebre de la Administración.

5. Por lo tanto, el contrato de alta dirección presenta notabilísimas ventajas para el beneficiario, que tiene motivos para sentirse en la Administración como Alicia en el País de las Maravillas. El problema radica en que para la Administración no todo es miel sobre hojuelas.

Entrarás pero no saldrás. El desembarco del directivo suele serlo con el solitario aval del rumor o la palabra de la autoridad designante que hablan del directivo en “aroma de santidad”. Su curriculum es pomposo por su trayectoria pero liberado de méritos objetivos y objetivables o cuantificables. Y claro, no solo de “palabras vive la Administración” con lo que el globo pronto comienza a deshincharse. El problema es que aunque el globo pierda altura, no se le pincha ni se retira pues supone una censura para quien se equivocó al nombrarlo.

Eramos pocos y parió la abuela. El alto directivo de la Administración despierta no pocos recelos ya que toda Administración cuenta con funcionarios de cuerpos superiores, generales y especiales, que dominan los entresijos de la Administración. En consecuencia, antes del directivo no había un problema de paz social. Después del directivo tiene lugar un problema de legitimidad ( llega alguien sin aval de cuerpo o escala, ni experiencia burocrática), un problema de recelo ( procedente del entorno con funcionarios de cuerpos superiores que ven recortadas sus competencias) y un problema de coordinación ( el nuevo directivo busca hacerse su sitio).

No hay como rodearse de fieles vasallos. El directivo que aterriza en un entorno burocrático pronto reclama la incorporación de otro personal de su confianza y así sucesivamente. Se produce una nube de inflación orgánica en torno al directivo, que cuenta con su “guardia pretoriana”, buena parte de la cual procede de libres designaciones o contratos atípicos.

Nunca pasa nada. El directivo puede equivocarse, meter la pata, y lo que es peor, embarcar a la Administración a la que sirve en atolladeros de difícil solución. Sin embargo, para él no hay expedientes disciplinarios ni tampoco se ejercen acciones de responsabilidad, y por eso la Administración, cual caballo de Troya, tiene dentro al enemigo y nada puede hacer frente a él.

6. Las exigencias y tipos de directivos públicos ya han sido lúcidamente examinados por Antonio Arias en un post. Ahora bien, un análisis del tránsito de los directivos en la Administración que ha conocido Sevach, partiendo que todos han tenido en común retribuciones de jeque de Dubai, revela la siguiente tipología:

- El directivo-florero. No decide pero no estorba. Cobra y nadie le echa de más ni de menos.

- El directivo- tsunami. Llega con prejuicios contra los funcionarios y la Administración. Sólo habla de cambiar personas y trámites, y tiene la habilidad de sembrar el caos en la Administración.

- El directivo-Cebolleta. Se trata del “abuelete”, un directivo que cuenta con una sólida trayectoria en empresas públicas o privadas, y que desemboca en la Administración como descanso del guerrero. Habla del pasado, no busca problemas y su mesa de despacho está siempre vacía.

- El directivo-aristócrata. Trata a la Administración como la princesa del guisante, y le molestan las rutinas, la burocracia, los horarios y los reglamentos. Se trata del directivo que emplea la primera mitad de duración temporal de su contrato en dotarse de coche oficial, incrementar las dietas, elegir secretario, el mejor móvil, tarjetas de marfil, etc.; la segunda mitad del contrato la emplea en negociar con la autoridad las condiciones de la extinción de su contrato.

- El directivo-puente. Se trata de un “directivo” que nadie, ni la propia autoridad pública ni los funcionarios, sabe cómo ha llegado hasta ahí. Su puesto de trabajo es un puente entre otros dos cargos directivos. Sólo toma decisiones a corto plazo.

- El directivo-postmodernillo. Se trata del directivo que utiliza un lenguaje sembrado de planes, sinergías, empatías, programas y zarandajas similares. Exhibe frecuentemente algún Master de Escuela de Negocios. Habla de su propio liderazgo y del trabajo en equipo y promueve hábitos de trabajo en torno a filosofías propias de guru americano venido a menos. Su labor agrada al político porque le permite hablar en clave de alta modernidad y le permite rentabilizar electoralmente el fichaje.

- El directivo-serpiente. Es el directivo que pone en práctica a Maquiavelo por aquéllo de que los fines justifican los medios. No le importa incumplir las leyes o normas morales. Seduce a políticos y sindicatos. Falta a su palabra y disfruta con el nepotismo.

- El directivo-todoterreno. Se incorpora como directivo a la Administración tras haber sido director comercial de MacDonald o de una cadena de lavanderías. Se adapta perfectamente a la vida burocrática bajo la divisa liberal ( “laissez faire, laissez passer”). Tiene una habilidad camaleónica para ponerse en lugar de todos y decirles lo que quieren oir.

- El directivo- resolutivo. Se trata del directivo que constituye un auténtico fichaje para la Administración. Cuenta con habilidad, conocimientos, experiencia y saber estar. Incluso consigue motivar a los funcionarios y obtener resultados. El problema radica en que este tipo de directivo suele ser una gota de agua en el océano público, y además no suele quedarse mucho tiempo en una misma Administración.

7. Y parece que lo dicho no tendrá pronto fin, ya que la figura del “directivo profesional” a que alude el Estatuto Básico del Empleado Público permanece en el limbo de su desarrollo. Quizás no interesa cambiar lo que hay. No están los tiempos para recolocar a tanto parásito encumbrado, porque los auténticamente buenos directivos nunca tendrán problemas para reincorporarse a la empresa privada. Y Sevach los ha conocido realmente buenos en el ámbito de la Administración pero así como recuerda por su nombre y apellidos a los buenos, le resulta imposible recordar los nombres de los que eran francamente malos pues para eso necesitaría una amplia agenda con amplia memoria. Por eso, irónicamente Sevach tituló en el pasado un post “Contratos de Alta Dirección y Baja Reputacion en el sector público”.

Primer cartel publicitario en España (1953)

La semana pasada fue noticia la decisión del Presidente del Congreso, José Bono, de sustituir en el ámbito parlamentario las coca-colas de origen polaco por coca-colas elaboradas en España, bajo el simplón argumento de que “en la casa de los españoles debe haber productos españoles”. En principio, el instinto ibérico nos lleva a sonreír con complicidad, pero si se escarba un poco en el incidente bajo el prisma jurídico se descubre un esperpento bochornoso.

1. De entrada, tratándose del Parlamento, desde el punto de vista democrático dice mucho que la decisión sobre una bebida refrescante se vea sometido al directo y particular criterio del Presidente del Congreso sin tomar en cuenta el parecer de los cientos de parlamentarios o personal que disfrutaban del producto y que pudieran considerar indiferente su origen o incluso preferible el foráneo. Aunque claro, conociendo el percal, tal “cuestión de Estado” podría generar reivindicaciones de grupos parlamentarios reclamando su cuota de la coca-cola de origen vasco, catalán, gallego o similar, y dar pie a la creación de una Comisión Parlamentaria de suministros refrescantes o incluso a una Comisión de Investigación sobre el incidente con el concesionario, y no siendo descartable que tal galimatías desembocase en la aprobación de una Ley de Paridad de Colas para asegurar el suministro equitativo de Coca-Cola y Pepsi-Cola y a su vez, cada una de ellas con marchamo de origen territorial. Así se escribe la historia.

2. Desde el punto de vista de la legislación de Contratos públicos, donde la instalación de las máquinas expendedoras responde bien a un contrato administrativo ( concesión y/o suministro), resulta chocante que el Presidente del Congreso, a propuesta de un periodista, de forma oral inste al contratista para que modifique el producto ( ¡bonito ejemplo de procedimiento oficial!) de igual modo que sorprende que el contratista acate lo mandado sin rechistar. Lo suyo, si tan importante era la cuestión, hubiera sido modificar el contrato o interpretarlo con los correspondientes informes jurídicos previos. En fin, que a veces la realidad discurre fuera de las normas:¿qué hubiera sucedido si el contratista se hubiera negado a tan caprichoso cambio, no contemplado por el pliego de condiciones contractuales?… pues que posiblemente se esfumaría la renovación o prórroga del contrato (¡ Y todo por un puñado… de coca-colas!).

3. Desde el punto de vista del Derecho comunitario, el Presidente ha olvidado que Polonia es país de la Unión Europea y la gran conquista europea ha sido eliminar las barreras para la libre circulación de bienes y servicios y particularmente el Tribunal de Justicia ha censurado toda medida estatal proteccionista que excluya productos de otros países por el solo hecho de proceder fuera de las fronteras. Imaginemos la barbaridad de que cada uno de los 27 países de la Unión Europea aplicase en todas sus Instituciones, órganos de gobierno y Administraciones Públicas un criterio similar al de nuestro Presidente del Congreso, con consumo exclusivo de productos autóctonos, lo que recuerda la vieja doctrina Monroe: (!America, para los americanos… del Norte!).

4. Desde el punto de vista lógico, la metedura de pata es notable pues la empresa Coca-Cola es estadounidense, siendo indiferente el lugar donde se embotella el producto a la hora de atribuirle paternidad. No solo es americana la titularidad de la empresa, sino que el jarabe base de la coca-cola, de patente indescifrable, tampoco procede de España (sólo aportamos agua y gas carbónico). En otras palabras, la coca-cola, ya se embotelle en Varsovia, Madrid o Pekín, el origen del producto y el beneficio es estadounidense, con lo que trasegar un botellín envasado en Calatayud no despierta mucho sentimiento patriótico, que digamos.

5. Tampoco puede decirse que nuestro Presidente del Congreso sea un prodigio en las técnicas de empatía, capaz de ponerse en el lugar de los demás al opinar o decidir, pues ¿alguien duda que si el Senado americano prohibe el consumo de queso manchego en sus dependencias, no despertaría la enérgica queja del Sr.Bono?.

6. Lo que sí resulta jocoso es que tras la adopción de la medida, el gabinete y asesores de Bono fueron en su ayuda como el Séptimo de caballería ( o como una reata de burros ibéricos, mas autóctono) ya que el portavoz oficial se apresuró a indicar que Bono se ocupó del asunto personalmente por la preocupación de que los diabéticos tuvieran información en castellano sobre el producto que consumían (disculpa patética: no subestimemos a los diabéticos, que saben de sobra cuando la coca-cola está azucarada y cuando es la ligth o Zero, que de todo hay en las viñas de la Coca-Cola).

7. En suma, que no estamos ante un incidente diplomático ni ante una catástrofe jurídica. Ni mucho menos. Sencillamente estamos ante un indicio o síntoma preocupante que merece una pequeña reflexión. No olvidemos que estamos en tiempos de globalización, de inminente vigencia del Tratado de Lisboa, de entrega de los Premios transfronterizos Príncipe de Asturias, en fin, de evitar perjuicios por el color de piel, lengua, condición u origen territorial.

8. Se pregunta Sevach si idéntico criterio patrio será aplicado por el Presidente del Congreso a la generalidad de los productos consumidos por sus Señorías en la cafetería ( donde por cierto, pasan buena parte del tiempo “reflexionando” sobre los problemas de los españoles) y si la elemental congruencia le llevará a ordenar la sustitución del café colombiano o portugués por la castiza achicoria, o el cambio de los ordenadores por cuadernos Rubio o pizarras de cuño nacional.

Lo que es seguro que el celo del Presidente del Congreso, actuando de forma fulminante e instantánea ante tan “gravísima” situación, posiblemente perdería urgencia la aplicación de su ocurrencia si tuviera lugar cuando utilizase los retretes del Congreso y se percatase de que Scottex es una marca de fabricación estadounidense en vez de tratarse de la castiza marca del Elefante.

La noticia del cese del Letrado Mayor del Parlamento valenciano por haber emitido informe en contra de pagar los finiquitos a una veintena de ex diputados -por importe de unos 700.000 euros provoca una reflexión sobre la muerte de los mensajeros de la legalidad a manos de las autoridades prepotentes.

1. Desde un punto de vista ético, resulta difícil de digerir que los parlamentarios, que se suponen son los padres de la legalidad y deberían dar ejemplo, sean los que planteen pretensiones fuera de la Ley y además atropellen en su camino a quien enarbola justamente la fuerza del Derecho.
De todos modos, conociendo la dinámica parlamentaria, tras el informe negativo del letrado mayor, fácil fue recabar un posterior dictamen favorable (¡por fin!) del Consejo Consultivo ( cuyos miembros, por cierto, los nombra el parlamento valenciano) bendiciendo el jugoso pago a los parlamentarios que habían cesado en su mandato.
Pero “Roma no paga traidores” (al menos eso le dijeron a los asesinos de Viriato) y posiblemente ahí radica la razón de que a la vuelta de las vacaciones se prescindiese de los servicios del Letrado Mayor.

2. Desde un punto de vista histórico, a Sevach la situación del Letrado Mayor le recuerda la de Tomás Moro (“Un hombre para la eternidad”) cuando se negó a traicionar sus principios y bendecir el divorcio de Enrique VIII de Catalina y como consecuencia fue fulminado. Y desde luego, dando un salto a la actualidad, hay muchos asesores jurídicos que en la Administración local se ven postergados a la trastienda por no colaborar con el Alcalde de turno, al igual que hay Secretarios Generales cuyas retribuciones menguan por no prestar complacencia a los desafueros municipales; tampoco faltan letrados autonómicos “en el banquillo”; y no digamos juristas de la Administración del Estado aparcados donde menos molesten.

3. Desde un punto de vista de derecho positivo, está claro que el puesto de Letrado Mayor es un puesto de libre designación, y que igual que fue nombrado a dedo pues igual debe soportar el cese. Sin embargo, la actitud del Letrado Mayor revela un poso de dignidad, al estilo del Alcalde de Zalamea que afirmaba en la célebre obra teatral que “el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios”.

La libre designación ( que no olvidemos recae siempre en funcionarios por imperativo legal), es una opción organizativa legítima, y ha dado buenos resultados en la Administración moderna. Sin embargo, el problema no viene dado por la figura de la libre designación como técnica organizativa, sino que brota por las perversiones del sistema de libre designación, que son especialmente graves cuando recaen sobre alguien llamado a ser el guardián de la legalidad. La primera perversión se evidencia cuando la autoridad designa a alguien por mera amistad o filiación política y no por creer que pueda servir mejor al interés público. La segunda perversión acontece cuando la autoridad considera que el asesor jurídico libremente designado debe ser un mercenario, sin otra Ley ni Dios que su señor Jefe.

Y es admisible que el asesor jurídico se mueva en el límite de la interpretación, oscilando su informe dentro de lo posible o razonable jurídicamente, siguiendo la brújula del interés marcado por el superior. Sin embargo, todo tiene un límite, y aunque hay informes jurídicos preciosos, que no tienen precio, tampoco faltan los que se ofrecen “mediante precio” y otros “despreciables”.

Aunque Sevach ya examinó en un post anterior y en clave de humor las leyes murphianas que rigen los informes en la Administración Pública, cuando se aplican a los dictámenes jurídicos la cosa adquiere tintes trágicos pues al fin y al cabo, se juega con los informes que bendicen o condenan una decisión en nombre del Derecho y la Justicia.

4. Lo cierto es que en el Derecho Español se pasó desde el tremendo poder de los cuerpos jurídicos en la Administración preconstitucional, de tecnócratas que hacían avanzar lentamente la Administración y hacían peligrar el desarrollo de iniciativas políticas de riesgo, hacia un sistema de puestos de asesores jurídicos de libre designación en que tiene cabida todo tipo de tripulación. Desde mercenarios dispuestos a informar jurídicamente que la Constitución es inconstitucional, hasta fundamentalistas que no son capaces de ver que el interés público inspira la acción administrativa y el Derecho no es un fin en sí mismo. Desde prodigiosos letrados a auténticas acémilas. Desde juristas procedentes de reconversiones corporativas al alza o promociones meteóricas, hasta juristas con pelo de dehesa política. Y por supuesto, desde juristas avalados por méritos reales hasta juristas avalados por méritos familiares o ideológicos. Hay de todo en las viñas del mundo jurídico.

5. La libre designación no es mal sistema siempre que se haga buen uso del mismo, pero la discrecionalidad tolera convertir un indocumentado en docto letrado-jefe con aires de pata negra y sabor de mortadela. La máxima perversión del nombramiento tiene lugar cuando la autoridad pública, en vez de guiarse por la calidad de los informes, se guía mas bien por garantizarse leal amparo para sus iniciativas y lo mas importante, una sólida coartada para posible acusación de prevaricación que gracias al asesor fiel se desplazaría hacia la persona de éste (“Ahí me las den todas”).

6. Por otra parte, el sistema dio lugar a modelos mixtos, ya que en la práctica, en los menores pero sangrantes casos en que se nombraba letrado por libre designación a alguien por su afinidad ideológica y sin preparación, pronto el nombrado reclamaba la colaboración de otros letrados o técnicos solventes que preparasen los informes para que el Jefe estampase su firma. Y a la inversa, en ocasiones, la existencia de un letrado público en un puesto por concurso, provocó la creación de un puesto jerárquicamente superior por libre designación, como forma de cortocircuitarlo.

7. Por citar una anécdota de cuño real, y asumiendo Sevach con tono autocrítico que tuvo ocasión de ser Letrado-Jefe por libre designación, en cierta ocasión sometió su parecer jurídico al Rector de turno. El informe era desfavorable hacia una ocurrencia académica propia de otro planeta. En ese momento, el Rector no pudo menos de volverse airado al Vicerrector y comentarle: “ Yo lo que necesito es un asesor jurídico que no haya estudiado Derecho”. Las relaciones entre Sevach y el citado Rector discurrieron en armonía por varios años, y la técnica de asesoramiento cuando se pedía la bendición jurídica con urgencia, era explicada al Rector por Sevach de forma metafórica pero que lo pudiera entender hasta un Rector de Universidad. Si la cuestión sometida a dictamen era legal, Sevach le decía que había luz verde. Si la cuestión sometida era manifiestamente ilegal, Sevach le decía que había luz roja, y debiendo tenerse presente que pasarse un semáforo en rojo supone problema para el que se lo pasa y para el que se pone en medio. Y si la cuestión era dudosa, como frecuentemente sucede en Derecho, había luz ámbar, y con muchas cautelas podía informarse de la viabilidad jurídica de la iniciativa.

Obvio es decir que cuando la luz era roja, y la iniciativa era perentoria e inexcusable, no faltaba un consultor externo de gran prestigio, que mediante un dorado dictamen provocaba el daltonismo rectoral y prestaba soporte a la iniciativa.

8. En fin, enlazando con la noticia que da pie a este post, cabe decir de tales parlamentarios valencianos que los ciudadanos no se lo merecen ( o decir con Romanones aquello de ¡¡Vaya tropa!!). Y es que en el propio parlamento valenciano tuvo lugar una anécdota de tono tragicómico que podéis hallar aquí, aunque lo extractaré porque no puede relatarse mejor:

Al inicio de la legislatura, todos los parlamentarios recibieron gratis un móvil HTC Touch, con funciones de PDA. Cuando salieron al mercado los codiciados “IPhone”, sólo los miembros de la Mesa de las Corts y el entonces letrado mayor tuvieron derecho a este supermóvil. Según algunas fuentes, un portavoz llegó a solicitar un “IPhone”, mucho más operativo para ver el correo o consultar la prensa. Se le denegó alegando que había que pagarlo. Lo mismo les pasó a algunos parlamentarios que pidieron cambiar el HTC por otro: Se les negó pretextando el gasto. Este dato, sin embargo, resulta sorprendente a la vista de la astronómica factura de la institución. Otras fuentes indicaron, en cambio, que no se podía entrar en la dinámica de hacer distinciones entre diputados.

¡¡ Son como niños ¡! P.D. Lo triste es que esa situación no es inusual en otros parlamentos autonómicos ni en las propias Cortes. Basta que se discrimine entre los parlamentarios en las cestas de Navidad, en las agendas o en los maletines, y tras un zafarrancho se acaba con “café para todos” pero eso sí, el café mas caro.

Los asturianos somos una tribu orgullosa, sociable, optimista e imaginativa, y visto el panorama de crisis económica y la sensibilidad de los políticos de todo color ideológico que nos han tocado en suerte ( ¿o desgracia?) parece que a la hora de gobernar la cosa pública sobran buenos gestores y hay que optar por el puro icono mediático evitando intermediarios de Alcaldes, Consejeros, Presidentes y otros cargos rimbombantes.

Todos recordamos con alborozo la pasada visita de Woody Allen que sembró de gozo a la ciudadanía y dejó la perla de una brillante frase sobre la ciudad de Oviedo como “cuento de hadas” que mereció estatua en lugar céntrico. Sin embargo, la noticiosa visita a título particular del gran actor Brad Pitt a Asturias (visita de obras de construcción del Centro Niemeyer en Avilés) de finales de Agosto de 2009 ha provocado un auténtico zafarrancho en el sector público regional que roza lo bochornoso pero que provoca curiosas reflexiones sobre el perfil de los cargos públicos.

1. Veamos el episodio como una película de los hermanos Marx, y hagan ustedes el esfuerzo de ponerle a las siguientes líneas la velocidad de aquéllas películas en blanco y negro de Charlot.

- Se tiene noticia de la pretensión de aterrizaje del avión privado de Brad Pitt en Asturias.

- El Presidente del Principado deja sus vacaciones, cancela sus compromisos, y corre en pos de recibir al actor.

- Los Consejeros autonómicos, enterados del evento, y numerosos Directores Generales (algunos en activo y otros de vacaciones) bombardean telefónicamente al Jefe del Gabinete de Presidencia para que les haga un huequecito desde el que puedan ver al actor.

- Algunos Alcaldes, a través de sus Concejales y jefes de gabinete, intentan hacer valer su preferencia para acudir discretamente al acto de recepción del actor. Tampoco faltan parlamentarios autonómicos que salen del bostezo estival para reclamar su cuota.

- No faltan algunos prebostes de sindicatos y asociaciones de empresarios, y alguna autoridad académica universitaria despistada que, enterados del suceso, buscan su espacio representativo.

- Los teléfonos queman en el triángulo amoroso: representante de Brad Pitt, protocolo municipal, gabinete de Presidencia, todo para hallar respuesta a estas preguntas; ¿qué plan tiene?,¿dónde comerá?,¿quién pagará?,¿quien esperará a quién?, ¿que regalito le dará cada uno?, ¿habla castellano?, ¿ puede tomar sidra o es de la Cienciología?,¿ Y carne a la parrilla o es vegetariano?,¿ puede firmar autógrafos?, etc.

2. La enloquecida espiral protocolaria es frenada de un plumazo por la asistente del actor Brad Pitt quien resulta inmune a presiones, aunque finalmente le explican que el Presidente de la Comunidad de Asturias es el equivalente a su colega Arnold Schwarzenegger como Gobernador del Estado de California.

Sin embargo, la asistente muy hábilmente precisa que la presencia del actor es privada, viene a lo que viene, que no desea conflicto con las autoridades locales, y que en ningún caso efectuará declaración alguna que pueda utilizarse políticamente, que pueda comprometer la imagen del actor o hacer quebrar sus contratos mercantiles de difusión de imagen.

3. Bajo tales estipulaciones verbales, el resultado en los medios de comunicación resulta de lo más chusco. Se consigue una “foto de familia” en que puede verse al actor flanqueado por varias personas, con una sonrisa de circunstancias ( quiero-irme-ya) mientras unos personajes posan soñando con contar a sus amistades cuando dejen sus cargos (Presidente, Concejales, etc) que jurarán que esa foto no está retocada por el Photoshop.

Por otra parte, dado que el actor es listo y sabe que sus opiniones valen dinero según el contexto, no dice nada de nada: es un actor y sabe hacer el papel de mudo mejor que nadie. Ahí entra la habilidad del político, el Presidente de la Comunidad Autónoma habla por él, cuál artista con muñeco de ventrilocuo y afirma que ” está entusiasmado” ( o sea impresión subjetiva ante la cara de póker de Brad Pitt). Dado que nada dice Brad, hay silencio administrativo positivo y parece que tiene una opinión positiva de Asturias.

Y como beber hay que beber, se consigue que el actor contemple como se escancia sidra, aunque toda la habilidad de nuestros políticos es incapaz de conseguir esa ansiada foto de Brad Pitt con el vaso de sidra y no digamos intentando escanciar, pese a que tal imagen superaría en rentabilidad la campaña actual de promover Asturias con los costosos derechos de imagen del Oso Yogui y Bubú que ya fue comentada en un post anterior.

4. Sin embargo, para Sevach lo mas importante en unas autoridades públicas que ostentan un cargo y jadean por salir en una foto con un personaje célebre ajeno a la política, es que al menos, hagan los deberes y expliquen en la rueda de prensa algo que sirva de justificación de tal servidumbre o de ejemplo para la ciudadanía. Y ahí, el Presidente autonómico o el Concejal de turno tenían que haber explicado que Brad Pitt no sólo es un actor sino que es un grandísimo benefactor desinteresado. Que junto a su esposa creó la Fundación Jolie/Pitt que donó un millón de dólares para Médicos Sin Fronteras así como para Acción Global para los Niños, que aportó cinco millones de dólares para la construcción de viviendas para necesitados tras el huracán Katrina; que aportó un millón de dólares para un Centro de lucha contra el cáncer de su Estado natal; que ha colaborado en proyectos de publicidad de cosméticos con la condición de que todo el beneficio fuese destinado a financiar campañas de proteger el medio ambiente, que ha participado en campañas para promover el desarrollo de la India, etc; por ello, Brad Pitt y su esposa Jolie han sido reconocidos como los más dadivosos de Hollywood. En suma, que en los tiempos de egoísmo que vivimos, con plagas del siglo XXI (pandemias, crisis económicas globales, individualismo exacerbado, etc) los ejemplos de generosidad deben ser propagados, y en el caso de Brad Pitt podrá decirse que es generoso quien puede, pero lo cierto es que nadie le obliga a ello.

Por ello, no es extraño que un Catedrático de la Universidad de Luisana promoviera una campaña para que Brad Pitt fuese Alcalde de la ciudad (sin el consentimiento del propio Brad).

Sin embargo, las autoridades públicas asturianas (locales y autonómicas) simplemente parecen entender que Brad Pitt “hace películas bonitas”, expresión que dicen fue empleada por cierta autoridad como prueba de ingenio y loa hacia el actor, olvidando que la modestia del propio actor le impide hablar de sus magnas obras.

Y por ello, siendo un personaje con carisma y además bondadoso ( y con dinero, lo que disipa el afán de enriquecimiento a costa del contribuyente), es por lo que Sevach considera que no sería mal Presidente autonómico el insigne Brad Pitt.

Al fin y al cabo, sólo habría que modificar la Ley electoral y cuatro o cinco normas más, lo que no parece descabellado si tenemos en cuenta que los políticos catalanes tienen la intención de proponer modificar la Constitución si la sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto resulta desfavorable.

Y es que todo político tiene dentro un actor que, como tal, dice cosas diferentes a las que piensa según el guión asignado, así que bueno será descubrir en un gran actor al político que tiene dentro.

5. Para finalizar y dar una nota graciosa al asunto, propongo un acertijo si se examina esta imagen con atención:

Observaciones:
- El personaje que asoma por la izquierda con sonrisa traviesa..¿es el gato de Cheshire de Alica en el País de las Maravillas?

- El personaje que extiende su mano acaso no nos recuerda a un vendedor de Enciclopedias cuando abre la puerta un estupefacto cliente?.

- El personaje (Brad Pitt) al que se le extiende la mano muestra un extraño rictus en el rostro… alegría, sorpresa…o algo así como ¿quién es este tío?

- Y el jovencito de mirada hipnótica que está en el centro de la foto…¿será el mago David Copperfield orgulloso de haber conseguido tal encuentro entre estrellas?.

Las respuestas no están en el viento (Bob Dylan non dixit).

La semana pasada la prensa se hacía eco de las protestas vecinales contra el Alcalde del madrileño municipio de Pinto por el recorte de los tradicionales encierros y novilladas. Parece ser que el alegato de austeridad no convenció a los vecinos y cuando el Alcalde salió al balcón consistorial para abrir el programa de fiestas recibió lanzamiento de huevos, tomates, silbidos, pitidos y abucheos de los lugareños, teniendo que salir escoltado.
Este fenómeno revela que algo falla en los mecanismos democráticos cuando un Alcalde electo se ve zarandeado públicamente.

1. En primer lugar, es patente que los candidatos a Alcalde ocultan en el Programa electoral el recorte de gastos impopulares. Ningún candidato con esperanzas comunicará a los vecinos el posible recorte de las fiestas patronales. Se trata de la mentira mas común de los políticos de todo pelaje y que sabiamente expresa la sabiduría popular: “ Prometer hasta meter, y una vez metido, olvidar lo prometido”.

2. En segundo lugar, es posible que al tiempo electoral no se pretendiese acometer un recorte de gasto impopular, pero en tal caso, un buen edil ha de ser capaz de explicar y convencer de la necesidad de tal medida. Y aquí radica la clave. Las medidas impopulares no se explican con macromagnitudes económicas sino que el ejemplo de austeridad “vale por mil palabras”. Recortar el chocolate del loro ha sido la receta de los políticos y el pueblo puede entender que se apriete el cinturón presupuestario pero lo que resulta difícil de digerir es que “la corte de los milagros de los políticos locales” no sufra la crisis.

3. En tercer lugar, en la mayor parte de los ediles falta la cultura administrativa mas elemental. A la hora de acometer medidas de austeridad, por la crisis económica y la caída de ingresos del IBI, tasas por licencias , frenazo inversor, caída de transferencias de terceros, la inmensa mayoría de los Alcaldes, no acometen Planes serios, objetivos y rigurosos. Evitan los tecnócratas, huyen de los criterios de la ciencia administrativa y presupuestaria, y prefieren seguir la técnica de “salir del paso”.

4. Así, la inmensa mayoría de los Alcaldes, pese a estar rodeados de pomposos gabinetes y asesores de todo tipo (validos, pajes y bufones) optan por el modelo clásico y artesanal que se articula en torno a las siguientes cinco reglas presupuestarias del edil autosuficiente:

1º Contar con un “tonto útil”. Dejar en manos del Concejal de Hacienda los recortes presupuestarios. El Alcalde debe ser el policía bueno y el Concejal de Hacienda el policía malo.

2º Reservarse el Alcalde la “decisión reservada” de cortar el bacalao. En todo caso, el Alcalde se cuida de indicarle al Concejal de Hacienda, a puerta cerrada, cuales son los “gastos intocables”, y que se corresponden con las promesas electorales o con los compromisos asumidos personalmente por el Alcalde ( y es que los compromisos de los concejales pueden ser “borrados” por el Alcalde pero no los suscritos por él mismo, a golpe de fotografía de prensa o apretón de manos populista).

3º Podar la hojarasca presupuestaria. Para cuadrar el círculo, los recortes mas sensibles se sitúan en el área cultural, deportiva, y de matute, en suprimir una obra pública o servicio público prometido, justificándolo en culpar a la oposición política (sea del color que sea).

4º Darle “circo” o “luchas de gladiadores” al pueblo. Así, para frenar las quejas ciudadanas, el recorte de gasto debe incidir en los gastos de personal funcionario o laboral: congelación de retribuciones, paralización de promociones internas, frenazo a reclasificación de puestos. Leña al mono. En cambio, hay dos ámbitos intocables: por un lado, el de los gastos de personal eventual o de confianza, así como los gastos de representación (dietas, comitivas y francachelas varias); por otro lado, el de los gastos de las empresas públicas y organismos autónomos locales ( son reinos de taifas inmunes o resistentes ).

5º Jugar bien al Sudoku. Para que las cifras cuadren hay que intentar elevar los ingresos estimados ( aunque sean “sobreestimados”) y hay que intentar rebajar los gastos previstos (aunque sean irreales). Ayuda mucho la debilidad de la Intervención municipal, tras las embestidas legales a uno de los guardianes de mayor prestigio de las cuentas locales.

5. En definitiva, que esta situación de “desgobierno presupuestario”, de improvisación, y de control político de los medios de comunicación (cuando no se trata de pactos entre todos los grupos políticos para mantener el status quo), explican sucesos como la algarada de Pinto. Y es que, si los controles jurídicos fallan por la puerta del Derecho, las quejas saldrán por la ventana del abucheo. No puede menos Sevach de suspirar por las medidas merecidas por algún Alcalde actual del tradicional “sambenito” (una túnica que venía obligado a pasear por el pueblo el culpable y sometido a escarnio popular), o quizás también les vendría bien un “manteo” al mejor estilo del aplicado en la Insula Barataria al bueno de Sancho, pero si a Sevach le dieran a elegir un castigo ejemplar para Alcaldes frívolos y corruptos, optaría por el impuesto en el Oeste a los tahúres:¡ Brea y plumas para el canalla!.

El caso Camps y la cuestión de si el Presidente autonómico obtuvo los trajes gratuitamente o si fueron pagados religiosamente a la empresa de confección, pone sobre el tapete la cuestión de una figura penal prácticamente inédita ( a juzgar por los escasísimos casos condenados en la última década). En términos simples, el cohecho propio alude a dar o recibir una prebenda para adoptar un acto ilegal y en cambio el cohecho impropio supone recibir tal prebenda pero sin desembocar en un acto ilegal.

1. En términos rigurosos, el art. 426 del Código Penal acoge, desde la reforma introducida por la LO 9/1991, 22 de marzo , la modalidad tradicional de cohecho pasivo impropio, delito que comete la ” autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”.

Es verdad que la interpretación extensiva del Código Penal llevaría a convertir el Parlamento y las Administraciones Públicas en penitenciarias ( por aquello de ir la montaña a Mahoma y no al revés) ya que pocos políticos “con mando en plaza” se resisten a la lisonja, máxime si va acompañada de detallitos de mayor o menor fuste. Y lo sorprendente es que no se aceptan por mala fe. No. Se aceptan porque a veces el “mal de altura” lleva a que los altos cargos consideren natural recibir tales detalles.
Por otra parte, la interpretación restrictiva de esta figura penal, y ajustada al principio de intervención mínima del Código Penal, unido al parentesco de este delito con el tráfico de influencias o la prevaricación llevan a constituirlo en una especie delictiva que a duras penas sale del Código Penal para condenar al delincuente.

2. Para la Sala Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de Junio de 2008, los requisitos del cohecho pasivo impropio son los siguientes:

“ Es preciso, en consecuencia, que concurran una serie de elementos para la afirmación del tipo: a) el ejercicio de funciones públicas por parte del sujeto activo; b) la aceptación por éste de dádivas o regalos; c) una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y el oficio público del funcionario.
La expresa utilización del término dádiva, añadido al vocablo regalo, es bien elocuente del deseo legislativo de despejar cualquier duda acerca de la innecesariedad de un significado retributivo, por actos concretos, que inspire la entrega del presente con el que se quiere obsequiar al funcionario receptor. De ahí que no falten voces en la doctrina que adjudican al art. 426 la naturaleza de delito de peligro abstracto, idea presente en algunos de los pronunciamientos de esta Sala, como la STS 361/1998, 16 de marzo , en la que se afirma que mediante la incriminación de esa conducta se “…protege la imagen del Estado de Derecho en el sentido de preservar la confianza pública en que los funcionarios ejercen sus funciones sometidos al imperio de la ley”.
La necesidad de un enlace causal entre la entrega de la dádiva y el carácter público del receptor, también ha sido expresada por la jurisprudencia. Bien elocuente es la STS 30/1994, 21 de enero , cuando precisa que “…el término «en consideración a su función» debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona cohechada, esto es, que sólo por la especial posición y poder que el cargo público desempeñado le otorga le ha sido ofrecido la dádiva objeto del delito, de tal forma que si de algún modo dicha función no fuese desempeñada por el sujeto activo el particular no se hubiere dirigido a él ofertando o entregando aquélla”.

3. Bajo tal criterio, por ejemplo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de Junio de 2008 confirma la condena por cohecho pasivo impropio a policías que hacían uso de los servicios de un club de alterne.
En cambio, el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 27 de Septiembre de 2007 consideró correctamente archivada la querella de un particular frente a la Presidente del Tribunal Constitucional, y rechazaba la imputación de cohecho impropio que efectuaba el querellante cuando afirmaba que un premio de 30.000 euros de una aseguradora que se le concede por méritos jurídicos a quien ostenta la condición de Presidenta del Tribunal Constitucional, se hace por el cargo y resultaria artificioso e inverosímil pensar que podía haberse otorgado en atención a sus méritos anteriores como Catedrática de Derecho del Trabajo. Para Sevach la cuestión está clara.

4.Sin embargo frente a las eminentes precisiones técnicas de los contornos del delito del cohecho impropio, y que se resume en la versión híbrida de dos dichos populares: “ el César no debe serlo sino parecerlo cuando recibe un caballo regalado sin mirarle el dentado”, a Sevach le gustaría precisar que, a su modesto juicio, el delito de cohecho impropio no puede concebirse en abstracto sino que está constituido por tres elementos.

A) El elemento subjetivo cuanto más alto sea el cargo político mayor resistencia debiera ofrecerse para aceptar tales favores ya que el Código Penal tutelar la moralidad pública, y no se trata de crucificar al ordenanza que es invitado a un café, sino mas bien evitar el vox populi de que el Director General de turno tiene, por ejemplo, comidas pagadas por ciertos constructores o carta blanca en ciertos ámbitos conexos con su cargo, o viaja en preferente con su familia por gentileza de cierta agencia de viajes con relación institucional.

B) El elemento objetivo: la cuantía de lo regalado. Una cosa son las anchoas de Revilla a Zapatero y otra muy distinta dos trajes de 6000 euros.¿por qué?. Porque al común de los mortales (eso que en derecho se llama el hombre medio, paterfamilias o estándar) unas anchoas le parecen un detallito incluso con tinte jocoso y en cambio un traje de ese precio le parece un regalote incluso con tinte de chulería.

C) El elemento contextual: dónde y como se efectúa el regalo. No es lo mismo, un regalo en publico , con ocasión de un acto oficial de protocolo, que un regalo en la órbita privada y cuya realidad aflora fuera del control del destinatario.
Pues bien, con esos tres elementos, Sevach analizaría cada caso y determinaría si concurre o no el cohecho impropio.

Ello sin olvidar que a juicio de Sevach el gravísimo problema no es el deslinde técnico-jurídico del cohecho impropio sino otras modalidades de “cohecho invisible” al que dedicará Sevach mas adelante otro post.

5. En fin, que el cohecho impropio está pensado para “conductas impropias” de un político o funcionario, y esperemos que estas situaciones no den lugar a una absurda “caza de brujas” ya que ante conductas puramente “inmorales” lo adecuado es una conducta moral de signo contrario, o sea, bien la dimisión del político afectado en un ”ataque de dignidad” o bien fijar por ley directamente y sin rodeos la inhabilitación para la política de quienes vean que judicialmente se aprecia tal conducta innoble. Y es que entre la prisión por aceptar un regalo y la libertad si no se prueba si se pagó o no, hay un tercer camino, que no existe pero que daría donde mas duele: en la privación del cargo político ( al igual que dice la leyenda medieval respecto del lugar donde el godo Rey Don Rodrigo – al igual que Cleopatra- fue víctima de la mordedura de una serpiente: “ le mordió allí do mas pecado había”).

6. En fin, que hay que distinguir. Nadie vería culpa en que un niño lleve una manzana a su maestra de la escuela pública, pero…¿ a que paciente no le recorrería un escalofrío si en la mesa de operaciones el cirujano le confiesa para relajarle que siendo estudiante de medicina, el profesor de Cardiología aceptó el regalito de dos trajes de 4000 euros?.
Humano es que una persona luche por el bien de los suyos, pero cuando utiliza el cargo para dejarse llevar por la corriente, pues lo humano deja paso a lo diabólico. Y ya se sabe, en el rascar y en el prevaricar, todo es empezar….

Una recientísima sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias anula un acuerdo del Gobierno regional que formalizando un pacto sindical, estableció una carrera profesional consistente en pagar una cantidad fija a los funcionarios siempre y cuando contaran con cinco años de servicios ( o sea un quinquenio) y además acreditarán el difícil y único mérito de solicitarlo por escrito (¡!). De este modo, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ha sido la pionera en implantar la carrera profesional, la primera en que su Presidente viaja a Angola, y la primera que monta el cacao jurídico burocrático más infumable de la democracia.

1. La sentencia ha sido tan predecible como contundente: si el Estatuto Básico impone una carrera profesional según el diseño por Ley formal, no hace falta saber mucho Derecho para aquilatar que no puede sustituirse por un acuerdo sindical ni por una norma reglamentaria. En otras palabras, la “carrera profesional” que merezca tal nombre no admite sucedáneos ni componendas. También la sentencia deja claro que no cabe una “regulación siamesa” de la carrera profesional común a funcionarios y laborales. La sentencia literal e íntegra puede leerse aquí.

2. El embrollo jurídico es monumental. No se trata ahora de entrar a la cuestión de si deben los funcionarios que cobraron el complemento devolverlo, o si por el contrario, hasta esta fecha deben cobrarlo todos (tanto los que se prestaron al juego de solicitarlo como los que se negaron por no verlo claro). Sevach únicamente, como ciudadano, quiere detenerse en la frivolidad de los altos cargos políticos cuando se enfrentan a un problema jurídico provocado por su ideario elemental (“el fin justifica los medios”).

3. Así, la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado ha dicho tres cosas curiosísimas, dignas de Epi en el programa de Abrete Sésamo:

- Dice la Consejera que actuó de buena fe. ¿Acaso puede justificarse un accidente nuclear con la explicación del Ministro consistente en que actuó de buena fe y que permitió las fugas radioactivas porque los sindicatos le dijeron que en vez de gastarlo en seguridad mejor era repartirlo entre los trabajadores?. La “buena fe” es una actitud de confianza muy loable, que revela nobleza, pero no entra en juego cuando se ejercen potestades públicas. No quiero imaginarme un policía que libera al preso porque de buena fe creyó que no reincidiría, ni un Alcalde justificando una licencia de un edificio en zona verde porque creyó de buena fe que el constructor iba a crear un edén en vez de una mole terrorifica. En definitiva, que un político hable ante la prensa de “buena fe” para justificar un desafuero, es algo así según decía Sanchez Ferlosio, que equivale a “tirarse un pedo en botijo, para que retumbe”.

- Dice la Consejera que ahora, tras la sentencia, las decisiones y la gestión “ se llevará por el libro”. ¿Y antes cómo se llevaba?, ¿si no hubiera mediado la sentencia, se seguiría actuando a ojo de mal cubero?,¿ acaso cuando un alto cargo jura o promete acatar el libro de la Constitución, no sabe que no debe embarcarse en aventuras sin red por “ocurrencias”, “experimentos”?,¿ Será el libro de Petete el nuevo de cabecera de los políticos?.

- Dice la Consejera, o al menos así resulta notorio en los círculos jurídico-administrativos, que el Gobierno regional va a consultar a un prestigioso bufete externo para que le informe de la situación. O sea, eso quiere decir que el Gobierno “de buena fe” cree que será mas fiable un informe externo que el que pueden emitir los propios funcionarios expertos o los propios órganos especializados.

¿Acaso no existe en Asturias, como en todas las Comunidades Autónomas, un Consejo Consultivo que cobra y tiene estatuto del Consejo de Estado, pero por lo que se ve, los “asuntos de Estado” quedan fuera de su actuación?, ¿acaso son mas fiables los dictámenes externos que los emitidos por técnicos autonómicos, miembros del servicio jurídico o por los secretarios generales técnicos?, ¿se olvida que un Presidente autonómico puede consultar al mismísimo Consejo de Estado?. En fin, todos sabemos que un dictamen externo tiene credibilidad en forma inversamente proporcional al precio pagado.
Pero vayamos mas allá pues bastaría un sencillo pasito jurídico para que el Gobierno autonómico se ahorrase tal contratación:¿ por qué el gobierno sencillamente no solicita aclaración de la sentencia, o incluso cuando llegue el momento, plantear un incidente de ejecución sobre el alcance exacto de la misma? ; con tan sencillo y económico sistema sus dudas y plegarias recibirán respuesta en Derecho.

4 . Claro que quizás el Gobierno al contratar un bufete privado para que le preste coartada en este atolladero, quizás está siguiendo tal y como anunció, lo que dice el Libro….pero….¿qué Libro? ¿Será la Enciclopedia de los Políticos Honrados?, No, porque este libro está totalmente en blanco. ¿Será el Libro del Príncipe de Maquiavelo? Quizás donde dice: “Cuando tus enemigos te critiquen, busca alguien fuerte que como el toro bravo desvíe la atención de tu persona: págale y utilízale, y si cambias de opinión, págale a otro para que borre al anterior”.

Aunque quizás el Libro de cabecera de los políticos es el del último Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2009, nada menos que el escritor albanés Ismail Kadaré . Y aquí Sevach confiesa humildemente su pequeñez e ignorancia, aunque aliviado por compartirla con su amplio círculo de amigos, pues con un rápido sondeo, ninguno ha leído nada de nada de ninguno de los tres últimos Premios Principe de Asturias de Letras: el tal Ismail Kadaré -2009; la escritora canadiense Margaret Atwood -2008; el israelí Amos Oz-2007. Sevach apostaría su blog a que el mismísimo Príncipe de Asturias que entrega el galardón, antes de adjudicarse, no tenía ni pajolera idea de si tales personajes eran escritores o adventistas del séptimo día. Y entonces brota en Sevach la reflexión final:¿Acaso el sistema de elección de los políticos se guía por pautas tan certeras y en sintonía con la sensibilidad real del pueblo como las de elección de los premios de Literatura?. Mucho ruido y pocas nueces.

5. Lo cierto es que al final, para los políticos curtidos en la dehesa, los griteríos de los funcionarios, el clamor de los sindicatos o el goteo de las sentencias judiciales, han de ser tratados con el método Estivill, ya saben, el idóneo para que los bebés dejen de llorar: mantenerse firme y no ceder ante protestas y llantos, sino de vez en cuando darle una palmadita.

6. En cambio, en la cultura española, ni en sus Libros está la palabra “dimisión”. Ningún alto cargo dimite. Todavía recuerda Sevach al ministro japonés que por tomarse una copa en el hotel tras un viaje aéreo de 14 horas y quedarse dormido, dimitió con elegancia. Y a los parlamentarios británicos cogidos en falta con sus facturas a cargo del Parlamento que dimitieron. Sin embargo, es igual que un acuerdo ilegal afecte a 14.000 personas, y a sus familias, que desplome expectativas, que sea calificado de chapuza jurídica, que aquí nadie dimite. Toma ejemplo democrático.

Las declaraciones de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid en que considera “indecente” que los funcionarios reclamen incrementos retributivos en tiempos de crisis económica constituye un exabrupto que sólo puede explicarse como guiño electoral al sopesar cuántos son funcionarios y cuántos no lo son. Ni que decir tiene que Sevach considera que en tiempos de crisis todos deben apechugar y ello incluye a los empleados públicos, pero lo rechazable es la utilización por un político profesional del ominoso calificativo de “indecente” referido a un numeroso colectivo de ciudadanos. Una cosa es que la pretensión de mejora retributiva sea “inoportuna” y otra muy diferente que sea “indecente”. Las formas y las palabras importan, y cuando se es primer actor de la vida política hay que pensar dos veces lo que se dice.

1. A este respecto, a Sevach le ha parecido espléndida y oportunísima reflexión escrita de un tal “José Miguel Gómez” Villanueva y “Angeles Buenaposada Cano”, publicada en el Diario El Mundo del viernes pasado, y que puede hallarse sin mutilaciones aquí, en que despachan con ingeniosa precisión grandes verdades. Oigamos literalmente lo que se dice:

“ Me gustaría transmitirle a esta Sra. lo que considero indecente. Indecente, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado 3.996 pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 €/mes; Indecente, es que un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera; Indecente es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, (siempre por unanimidad, por supuesto y al inicio de la legislatura); Indecente es comparar la jubilación de un diputado y el de una viuda; Indecente, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste con siete y los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesiten jurar el cargo; Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF; Indecente es colocar en la administración miles de asesores, amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados; Indecente es el millonario gasto en mediocres TV autonómicas creadas al servicio de la pervivencia en el trono de políticos más mediocres; Indecente es el ingente dinero destinado a sostener los partidos aprobado por los mismos políticos que viven de ellos; Indecente es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (y no digamos intelectual o cultural); Indecente es el coste que representan a los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes siempre en gran clase y tarjetas de crédito por doquier; Indecente es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año; Indecente es que sus señorías cuando cesan en el cargo tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses; Indecente es que ex ministros, ex secretarios de estado y altos cargos de la política cuando cesan son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público; Indecente es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios solo representan un coste para el bolsillo de los ciudadanos; Indecente es que nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven;. Mientras hablan de política social y derechos sociales, ¡ qué indecente!.

2. Lo cierto es que si Montesquieu levantara la cabeza y viera como el Parlamento, o sus representantes, además de servir al interés público, aprovechan para engordar como vacas sagradas, seguramente introduciría algún corrector a su modelo de gobierno. Además, no es un problema único en España pues la semana pasada saltó a la prensa los escandalosos gastos que los parlamentarios británicos someten a su abono por parte de las arcas públicas. Y no digamos ya de los parlamentarios europeos que encarnan el nirvana político, y que han convertido al Parlamento Europeo en un enorme rompehielos que ingeniosamente con las crecientes prebendas de su tripulación abre paso a su extensión a los parlamentos nacionales y regionales.

3. Para Sevach la autonomía parlamentaria está al servicio de la independencia y buen hacer de la función legislativa y de control del ejecutivo, pero no al servicio del ego personal de sus señorías ni de sus placeres terrenales, y por supuesto no puede servir de patente de corso para disfrutar de un generosísimo régimen de pensiones vitalicio y sonrojante frente a la fatigosa acumulación de cotizaciones del ciudadano de a pie.

Sevach recuerda la anécdota acaecida hace una década referida a cierto senador salmantino que ostentaba la condición de Catedrático de Universidad y acumulaba tres mandatos como senador y sin pisar la Universidad, por estar en servicios especiales. Pues bien, al cesar cada mandato parlamentario y hasta la toma de posesión de los electos, las Cámaras con buen y comprensible criterio contemplan una jugosísima indemnización para el mes de intervalo, en la idea de que sus señorías no pierdan estipendios ese mes en blanco (desde el cese como parlamentario hasta la inmediata renovación).
El susodicho senador dando un magnífico ejemplo (¿), solicitó el reingreso a la Universidad justamente durante ese mes de holganza – además en período no lectivo- con el fin de percibir las retribuciones mensuales, lo que sumado al más elevado “ aguinaldo” del Senado, suponía un negocio redondo. Pues bien, por entonces Sevach, en su papel legalista se opuso férreamente a una duplicidad de retribuciones por un mismo periodo, a un enriquecimiento injusto, a un abuso de derecho y a un fraude colosal. Finalmente, el senador, estupefacto de que un humilde funcionario osase invocar el Derecho frente a un senador veterano, tras mover tierra y cielo ( mas bien, influencias al máximo nivel), enarbolar supuestos informes del senado que le daban la razón ( invisibles, por cierto) no se salió con la suya, pero sirva la anécdota absolutamente real para ilustrar como por la honorífica puerta parlamentaria se cuela mucha moneda falsa.

4. En fin, es notorio que los parlamentarios en España, tanto autonómicos como estatales, viven como cardenales (mando, dignidad, oropel, besamanos y comodidades) pero sin voto de pobreza ni castidad. Y no digamos ya los senadores (que ayudan mucho pues no estorban, con la excepción del citado senador que no ayudaba pero estorbaba). La razón de esta idílica situación radica en que los parlamentarios se fijan con autonomía y sin control sus propias retribuciones, ayudas y régimen de jubilación. El sueño de todo trabajador. ¿ Acaso un funcionario – poder ejecutivo- no debe abstenerse de un procedimiento administrativo si lo que se resuelva le afecta en su esfera de intereses?, ¿ acaso un juez – poder judicial- no debe apartarse de juzgar litigios que incidan en su provecho?… Entonces… ¿por qué diantres los parlamentarios pueden actuar como Juan Palomo?. Yo me lo guiso, yo me lo como, el tomo y el lomo.

Y no puede pretextarse que si sus condiciones y privilegios fueren fijados por un órgano distinto del propio Parlamento, éste estaría esclavizado por aquél, pues sólo se pide al órgano supremo representativo que de ejemplo, y bastaría con algo tan sencillo como disponer por Ley (o por su Reglamento asambleario), que sus condiciones retributivas, jubilación y asistenciales serán las propias de los Directores Generales del Estado, lo que no está nada mal. Sin embargo, no parece que sus señorías estén por la labor. Al fin y al cabo, quizás sus señorías pensarían que pedirle cuentas al parlamento es una indecencia. Como el Gran Capitán pueden justificar “entre picos, prebendas y pensiones, mil millones”….¿ o no es así?.

El Congreso ha aprobado la semana pasada instar al Gobierno de la nación para que se apruebe un Plan de Modernización que se inspire en un modelo “austero, eficaz, eficiente y de calidad” para los próximos tres años que reforme la Administración General del Estado y que cuente con los siguientes extremos: Un calendario preciso de ejecución; un bloque de constitucionalidad; un plan de recursos humanos; un plan de simplificación de procedimientos administrativos; un plan de incorporación intensiva de Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Administración. El asunto merece una glosa festiva

1. Sobre el papel, nada que objetar. Todo muy bonito, políticamente correcto y digno de figurar en el museo de la cursilería parlamentaria. Para Sevach es algo así como esas decisiones personales que se adoptan tras una época de excesos alimenticios y molicie y que se concretan en un voluntarioso: ¡Tengo que adelgazar! ¡De mañana no pasa!¡Tengo que hacer ejercicio, dejar el chocolate, menos comidas de trabajo, dormir más…! ¡ Empiezo el 1 de Enero sin falta!… Y es que el Estado español no necesita lecciones de lo que debe hacer. No es hora de fijar metas archiconocidas, ni recetas viejas, sino de adoptar medidas concretas y de vanguardia para adaptarse al entorno tecnológico y socioeconómico, y de paso, con aplicar las leyes, que ya hay muchas que todavía no saben como pasar del Boletín Oficial del Estado a la calle de la realidad.

Son muchos años de “vacas gordas de la Administración”, de aprobar leyes y crear órganos desaforadamente, de inyectar personal directivo a la Administración a la última moda, de recetar planes y programas que nunca se aprueban o si se aprueban no se ejecutan íntegramente, de crear organismos y organismillos de corte feudal, de promover el autobombo de la eficacia administrativa, de crear burocracia en operaciones acordeón, de aprobar leyes como muñecas rusas que encierran la llamada a otras leyes y reglamentos, etc… Y de tal sueño no se despierta diciendo, como a Lázaro: ¡Estado, levántate y anda!.

2. En los años 90 se puso de moda el término “modernización” (que curiosamente tiene el significado coloquial de “estar a la moda”) girando en torno a la idea del modelo gerencial de la Administración, considerando al ciudadano como consumidor y a la Administración como empresa de servicios. Eran tiempos en que se publicó el famoso Estudio Delphi: La modernización de los procedimientos de actuación de la Administración, de la Inspección General de Servicios; el Plan de Modernización de la Administración del Estado (aprobado por el Consejo de Ministros en 1991), el documento-marco sobre Modernización y cambio de las Administraciones Públicas del INAP (1995), etc. Desde entonces, el invento funcionó y comenzó la era de la servidumbre de los directivos públicos en el altar de los “modelos gerenciales”, la fiebre directiva por la “calidad total”, la poción mágica de los “planes estratégicos”, la proliferación de los “ Observatorios”, y un sinfín de retórica al estilo de los manuales baratos de autoayuda (“poner en valor”, “sinergias”,etc). Fueron tiempos del desembarco en la Administración de consultores gerenciales, encargados de elaborar Relaciones de Puestos de Trabajo “ a la carta” y de presentar primorosos Planes Estratégicos tan vistosos como inútiles.

3. Así y todo (mas que gracias a los consultores externos, diríase que pese a ellos) se avanzó mucho en la Administración Pública, y me centraré en dos significativos ejemplos, tanto en el plano de la relación con el ciudadano (de la mano de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Administraciones Públicas) como de la innovación tecnológica ( de la mano de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos). Pues bien, pese al esfuerzo de Administraciones estatales, autonómicas y locales, es ahora cuando el Congreso revuelve en la chistera y saca del sombrero…¡el conejo de la modernización!.

Pero…¿no es el parlamento el responsable de aprobar las leyes que regulan la Administración y los servicios públicos?, ¿no es quien tiene la llave para cambiarlo?. Entonces….¿qué sentido tiene reclamar la “modernización” de la Administración General del Estado?, ¿ideas viejas para Administraciones nuevas?. Ante tan “novedosa” moción del Congreso, desde la Administración solo cabe adoptar la misma actitud de la bíblica Sara cuando oyó que Dios informaba a su esposo Abraham que ella tendría un hijo a pesar de su edad: “ Rióse, pues, Sara para sí, diciendo: «¿Después de haber envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?» (Genesis 18,10-12). Y es que la idea de “modernización” provoca no pocas muecas burlonas en los funcionarios del mismo cariz que la de Sara.

4. Al final se trata ni mas ni menos que lo que espléndidamente expuso Al Gore en su imprescindible obra titulada “ Crear una Administración Pública que funcione mejor y cueste menos” (Informe del entonces Vicepresidente americano y traducido y publicado por el Instituto Vasco de Administración Pública en 1983). Para Sevach, parafraseando a Gore, a la Administración española le cuesta digerir otra “verdad incómoda”: La Administración no funciona mejor porque no interesa a los políticos que así sea. Bastaría poner el mismo interés en la eficacia y eficiencia en toda la Administración que la que se ha conseguido puntualmente en la Agencia Tributaria y en la Administración de Tráfico. Curioso que sólo engorde el buey que quiere el amo.

El BOE del pasado 9 de Abril de 2009, al hilo del relevo ministerial, publica los nombramientos efectuados por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, para cubrir los cargos de Director de Gabinete así como Director de Gabinete Adjunto. Lo pintoresco del caso, al margen de ideologías, es este bonito ejemplo de papiroflexia organizativa a que ha llevado la inflación de cargos y carguillos en la Administración.

1. Así, lo primero que se observa es que, guardando el “protocolo”, primero se publica el nombramiento del Director de Gabinete y luego el nombramiento del Director de Gabinete Adjunto. Sin embargo, otras son las cuestiones de mayor calado que llaman la atención de Sevach.

Partiremos del Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, dedica a la figura de los «Gabinetes» el art.17:

«Los Gabinetes de los Vicepresidentes del Gobierno estarán integrados por un Director, con rango de subsecretario, y un máximo de nueve asesores, uno de ellos con rango de director general, y los demás con rango de subdirector general».

2. Pues bien, avanzando desde lo frívolo a lo más relevante, lo que no hubiera plasmado en sus chistes el divino Forges es lo que el BOE dice sin sonrojo; leamos este párrafo oficial sin respirar: “ Jefe de Gabinete Adjunto de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda”. Toma ya, cargo rimbombante. ¡¡ No quiero imaginar las presentaciones oficiales, los rótulos o pies de documentos que acompañan al nombre de tan insignes personajes!!.Y no digamos los intercambios de tarjetas cuando varios miembros del gabinete acudan a reunirse con otras autoridades, con momentos que darán lugar a aclaraciones tan chuscas como: «No, no, yo soy el Jefe del Gabinete» y otro precisa: « Y yo el Jefe del Gabinete Adjunto», mientras varios corean «Y nosotros los asesores del Jefe del Gabinete y del Jefe del Gabinete Adjunto». Vamos, una ceremonia de la confusión. Y no digamos ya, si un mandatario extranjero visita el Ministerio y le recibe el Jefe del “gabinete adjunto” con lo que puede inducirse al equívoco de que es el responsable de alguna “suite o alcoba” ministerial. No olvidemos que “gabinete” en su homólogo término francés e italiano (cabinet y gabinetto,respectivamente) reviste el significado de ” pequeña estancia con un retrete y lavabo”.

3. No menos llamativo resulta que la Ley 6/1997, de 14 de Abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado ( LOFAGE) prefiere hablar de las relaciones entre altos cargos en términos de superior, igual o inferior «categoría». En las Comunidades Autónomas las relaciones y equiparaciones de órganos utilizan la expresión mas técnica de “nivel orgánico”. En cambio, el Real Decreto 562/2004 habla de “rango”, y aunque ambos términos son sinónimos, no es menos cierto que aquélla expresión tiene un sesgo mas civil y objetivo, y ésta un vestigio mas castrense y con visos de vasallaje.

4. Lo siguiente que resulta llamativo es la denominación: se nombra un Jefe de Gabinete y un Jefe de Gabinete adjunto, y dado que aquél tiene el rango de Subsecretario y éste de Director General, fácil es deducir que aquél es el Jefe de éste. Pues bien, si tal era la finalidad de ambos cargos, lo suyo sería que existiera lisa y llanamente un Director de Gabinete y un Subdirector o alternativamente, un Jefe de Gabinete y un Subjefe de Gabinete, puesto que el prefijo “sub” denota “bajo, debajo, inferior, secundario” . En cambio, para la real academia el término “adjunto” significa “unido a”, pero en régimen de paridad. Si ningún “Subsecretario” se siente ofendido por el prefijo de su cargo, tampoco habría motivo de queja por los titulares de los Gabinetes.

Nos tememos que nuevamente «la organización sigue la humana condición» y no a la inversa, pues el ego humano es voraz pero cuando se asienta en una poltrona pública se vuelve insaciable. Mostrémoslo en su vertiente sociológica con un supuesto: si se reserva telefónicamente dos habitaciones en un hotel y atiende el recepcionista (que como el común de los mortales desconocerá el entramado orgánico de un Ministerio), y se le dice que una habitación es para un “subsecretario” y otra para el “jefe de gabinete”, en caso de existir tan solo una habitación lujosa y otra mas modesta, con toda seguridad el buen recepcionista adjudicaría la lujosa al Jefe de Gabinete y para “su” secretario (subsecretario) la menos lujosa.

Es algo así, como lo que padece cierto conocido de Sevach que es canciller en una embajada centroamericana (que para los que no lo sepan, es un puesto de trabajo de personal funcionario reservado a los grupos B o incluso C) y que le comentaba jocosamente que se cuidaba mucho de despejar el equívoco cuando en los restaurantes o establecimientos le confundía con el “embajador” a la vista de su bella tarjeta de presentación.

5. También resulta chocante la impúdica asimilación efectuada por obra y gracia del gobierno, que mediante el R.D. 462/2004, fuerza la puerta de emergencia del art.10 de la LOFAGE, cuando alude a la posibilidad de crear “órganos similares”, y se lanza a equipar un cargo de Jefe de Gabinete nada menos que a Subsecretario, y el de Jefe Adjunto a Director General.

Se dirá que hay habilitación legal y que la todopoderosa potestad de autoorganización le ampara. Zarandajas.

Con estos criterios se da la paradoja de que la LOFAGE en un ejercicio de racionalización y austeridad señaló en el año 1997- derogando por fin la viejísima Ley de Régimen Jurídico del Estado de 1957- lo que eran órganos superiores (Ministros, Secretarios de Estado) y lo que eran órganos directivos (Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales). Fuera de dichos órganos quedaba el personal eventual (“confianza y asesoramiento”) pero sin pudor el Ejecutivo uso y abusó de la potestad de crear por Real Decreto “órganos similares”, y se lanzó a asimilar lo que no es asimilable. En efecto, no pueden equiparse peras con guisantes a golpe de Decreto. Y tampoco es admisible vaciar de sentido la estructura racional de altos cargos directivos mediante la inserción de altos cargos de naturaleza “consultiva” (gabinetes), de forma que como la canción del elefante que se balanceaba, “ y como vieron que la red de altos cargos resistía, fueron a llamar a otro asesor…”.

Lo que posiblemente no estaba en la mente del legislador era que el Ejecutivo estatal iba a ensanchar el campo de los órganos directivos, so pretexto de la locución “órganos similares”, acudiendo a esa fórmula ritual “con rango de…”. O sea, la gatera para nombrar altos cargos de derecho por la vía de hecho.

Y detrás de esa asimilación a “Subsecretario” o “Director General” no hay nada inocente, ya que existe la consiguiente traducción positiva en forma de prerrogativas (protocolo, dietas, complementos retributivos, régimen de cesantías, etc).

6. Como reflexión final, señalaremos que la figura de los Jefes de Gabinete (que en su origen remoto era la denominación reservada para lo que hoy es el Consejo de Ministros, tal y como brota en el siglo XVII en Inglaterra: cabinet council) cobraba tras la Constitución española pleno sentido y funcionalidad como “mayordomos de alto rango” , ya que eran una especie de “chicos para todo” que servían de filtro a la autoridad respecto del trasiego burocráctico y ciudadano. Posteriormente, fue institucionalizándose tal figura y con pleno sentido como personas responsables de la relación con los medios de comunicación y del protocolo (vertientes necesarias que requieren mano izquierda y cualificación que se escapa a la común formación burocrática). Sin embargo, tan razonable molde se ha visto quebrado por la imparable eclosión de los Jefes de Gabinete en la Administración del Estado (donde se alzan como personal político directivo, fuera de las Relaciones de Puestos de Trabajo), seguidos por los de las Comunidades Autónomas y los entes locales, donde se encajan como personal eventual y figuran en las Relaciones de Puestos de Trabajo, pero eso sí, con funciones juridicamente circunscritas a la confianza y asesoramiento (otra cosa es que en la práctica, las plazas de Jefe de Gabinete eventual se están convirtiendo en algunos casos patológicos en la forma, bien de incorporar al amiguete o compadre de turno, o bien para desplazar y anular el poder de funcionarios de carrera; de hecho no son infrecuentes las sentencias judiciales que anulan nombramientos de Jefes de Gabinete con personal eventual para funciones ejecutivas y usurpando cometidos típicamente burocráticos).

Al final, los Jefes de Gabinete de la Administración del Estado se han convertido en una especie de “Guardia Pretoriana” de los Ministros, que introducen la consiguiente confusión en la eficacia administrativa ya que, a diferencia del personal eventual autonómico o local, aquéllos sí cuentan con “mando en plaza”.

Y aquí radica el principal problema: las naturales fricciones entre el personal eventual de confianza y el personal funcionario que tiene funciones reservadas. Tales fricciones se dan en mayor o menor medida en la Administración local y autonómica, pero en el Ambito estatal se traducen en un ostensible malestar burocrático: ¡demasiados amos a quien servir!. El problema radica en la convergencia al servicio de la cosa pública, por un lado, de los funcionarios que creen en el “servicio público” (=eficacia+legalidad) y por otro lado, de los altos cargos que creen en el “servicio político” (=eficacia electoral+rentabilidad ideológica). La distorsión está servida.

Con ello, los altos cargos son una “lotería” para los funcionarios que dependen de ellos. Y los hay para todos los gustos: extraordinarios y extra-ordinarios; útiles e inútiles; institucionales y venales; con vista de pájaro, y pájaros con vista; dialogantes e intransigentes; corteses y maleducados; eruditos y analfabetos; ….de todo ( ya Sevach clasificó los altos cargos acudiendo a personajes cinematográficos que podéis ver aquí).

La reciente renovación de varios ministros en el Gobierno español ha merecido toda la atención bajo la perspectiva política. Sin embargo, el fenómeno del cese de los altos cargos de la Administración Pública merece para Sevach una mínima reflexión sobre las jugosas compensaciones o “plusvalías del cesante”.

Así, tras el reciente cambio político de gobierno en las Comunidades Autónomas de Galicia y en el País Vasco, se produce un terremoto que deja sin silla no sólo a los consejeros y viceconsejeros, sino a secretarios generales técnicos, directores generales y altos cargos asimilados. Miles de desplazados en busca de nido. A ellos se sumarán quienes ocupando altos cargos en la Administración del Estado, sin existir cambio de color político en el gobierno, son cesados por los flamantes nuevos Ministros o Secretarios de Estado que suelen preferir “coroneles” de su confianza.

I. Pues bien, buena parte de los que fueron altos cargos pasan tras el cese a convertirse en una “alta carga” puesto que si la procedencia de los mismos era funcionarial (cómo suele suceder en uno de cada cuatro cargos políticos españoles), les aguarda el denominado complemento de alto cargo, que consiste en un mecanismo retributivo que les garantiza, de forma indefinida, la equiparación de sus retribuciones en su humilde puesto de funcionario a las propias de un Director General en activo, y ello aunque vuelvan a su labor de conserje, administrativo, maestro o técnico de cualquier Administración pública. Casi nada.

II. El origen de tan generoso complemento está en el famoso artículo 33.2 de la ley 31/1990, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (precepto cuyo carácter básico se declaró por la Sentencia del Tribunal Supremo en interés de ley de fecha 24 de Septiembre de 1994) y que dio lugar a que coloquialmente tan sabroso complemento se denomine el “nivel 33” ( por el artículo que lo originó). Y aunque tal complemento nació de la mano de una ley estatal para altos cargos del Estado rápidamente cada Comunidad Autónoma aprobó una ley similar para sus respectivos altos cargos, normalmente corregida y aumentada (mayor complemento para más ex altos cargos). Café para todos.

III. Para evitar la “extinción” de tal complemento, el propio Estatuto Básico de los Empleados Públicos aprobado por Ley 7/2007 (que tanto cacarea de la ejemplaridad, austeridad y no discriminación entre los empleados públicos) incluye en su artículo 87.3 la extensión de tal beneficio del complemento de cesantía de altos cargos a los funcionarios que fueren cesado en puestos que comporten la situación de “servicios especiales”(situación que incluye al personal eventual, asesores de grupos parlamentarios así como concejales y directivos municipales que desempen el cargo en dedicación exclusiva…¡¡), los cuales “ recibirán el mismo tratamiento en la consolidación de grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública” (¡¡la bomba!). Y para que ningún político se sienta agraviado, el art.85 del Estatuto autoriza a las leyes de función pública para que establezcan “garantías de índole retributiva” para el caso del reingreso de los funcionarios que “pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera” ( o sea, chollos de Contratos de Alta dirección o Asesores de lujo).

IV. El problema de dicho complemento para Sevach es múltiple.

1º Problema de justificación. ¿Acaso un alto cargo no cobra una justa retribución mientras está en activo, y recibe prebendas no salariales – dietas, gastos de representación,etc-, además de cosechar relaciones e influencias que formarán parte de su mochila cuando abandone el cargo?,¿más todavía?

2º Problema de igualdad. ¿Acaso es admisible, dentro del despropósito, que un Director General tras el cese mantenga toda su vida un complemento vitalicio si retorna a la Administración y en cambio nada reciba si regresa a la empresa privada?.¿No sería mas justo un complemento transitorio para el «aterrizaje en la realidad» por breve tiempo pero de igual cuantía sea cualesfuere el destino – público o privado- del político cesado?.

3º Problema de proporcionalidad.¿Acaso es de recibo que un alto cargo que desempeña su puesto durante dos años reciba un complemento tan vitalicio como quien lo ha desempeñado durante cuarenta?¿No sería mas justo que el complemento transitorio se perciba durante tanto tiempo como se ejerció el alto cargo?.

4º Problema de moralidad.¿Acaso resulta ético que los políticos consigan la unanimidad tanto en el parlamento estatal como en los autonómicos, votando sobre asunto de su propio interés?;¿alguna vez los trabajadores de una empresa soñaron con decidir por votos sus propias retribuciones?.

5º Problema de decencia. ¿Acaso en tiempos de crisis, en que cualquier despedido se encuentra con su parca y temporal prestación, puede mantenerse la vigencia de tal blindaje retributivo, con la garantía del Estado?.

6º Problema de seriedad. ¿Es serio que cobre el complemento tanto el político cesado por corrupto o por pésima gestión pública como el político brillante y abnegado?.

En fin, que si en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas hay en tiempo real unos 5.000 altos cargos (sin contar altos ejecutivos de empresas públicas) y una vida política media de cuatro años, fácil resulta colegir como se va abarrotando el cómodo burladero de funcionarios ex altos cargos que retornaron a la condición de empleado público de a pie. Y al igual que la capa de ozono se va erosionando de forma lenta pero inexorable, los presupuestos de las Administraciones año a año experimentan un mayor agujero dedicado a las retribuciones que se abonan a quienes fueron altos cargos.

V. No obstante, incluso entre altos cargos, unos son mayores que otros ( o mejor, unos mas “carga” que otros).

El primer escalón viene dado por los ministros, secretarios de Estado y presidentes de órganos constitucionales salientes que se benefician del regalo de la Ley 74/1980 y que permite percibir durante dos años una indemnización por cese del 80% de las retribuciones brutas. Y además, dicha remuneración es compatible con cualquier otra retribución ( ¡toma Ley de incompatibilidades para el pobre funcionario mientras el altísimo cargo la elude!)

El segundo escalón corresponde a los parlamentarios que están rodeados de todo tipo de prebendas, complementos, asignaciones y pensiones de jubilación indignantes.

El tercer escalón sería el ocupado por los altos cargos de las empresas públicas con contratos de alta dirección con fuerte blindaje y con jugosas bufandas y planes de pensiones.

El cuarto escalón sería el de los altos cargos de Subsecretario, Director General y equivalente, con su complemento indefinido tras la cesantía. Y al mismo nivel estarían los cargos homólogos de las Comunidades Autónomas. Junto a ellos el rebaño de personal en cargos políticos que por el abracadabra del Estatuto Básico del Empleado Público subirán al carro de los vencedores con paga consolidada.

Y el quinto escalón vendría dado por los gobernantes de de algunas Administraciones Públicas (Entes públicos empresariales, Organismos Autónomos, Agencias estatales, Universidades, Ayuntamientos,etc) que aprovechando su efímero paso por el poder, una mayoría política complaciente, y la autonomía de su entidad, toman decisiones de gratificaciones o complementos retributivos al margen de la ley, pero que al no ser impugnados, resultan impunes.

VI. En fin, que la fábula de la cigarra y la hormiga en versión ibérica actual sería la siguiente.

Las hormigas trabajaban laboriosas en el invierno haciendo acopio de víveres, por lo que un grupo de cigarras se ofrecieron para representarlas y decidir sobre los asuntos comunes. Cuando las cigarras subieron al poder tomarón la decisión, por unanimidad, de que cuando se agotara su mandato, tendrían derecho a mantener las retribuciones con independencia de su colaboración o trabajo para la colonia. Transcurridos unos pocos años, las hormigas duplicaban su trabajo para mantenerse a sí mismas, para mantener a las cigarras en activo en el gobierno y para mantener además a las haraganas cigarras que disfrutaban de su pase a reserva retribuida. Las hormigas acudieron al Tribunal Constitucional de los Escarabajos Peloteros, y su demanda fue desestimada. No sabían las hormiguitas que las cigarras se habían cuidado de extender el privilegio de no trabajar y cobrar a los escarabajos peloteros que hubieren cesado en tan alto Tribunal.

Para finalizar y dejar un buen sabor de boca a la vez que recibir en formato musical un resumen de la situación podéis escucharlo aquí.

Todo el mundo ha oído, juzgado y posiblemente se ha empalagado con el incidente de un canalla que maltrató a su pareja en presencia de un profesor, quien amonestó su conducta, y como respuesta recibió un cobarde golpe por la espalda que dio lugar a una grave situación comatosa. Ayer por la noche tuvo lugar el enésimo debate mediático sobre la cuestión (” La Noria”) con la presencia de la novia maltratada. Sevach no puede menos de expresar varias opiniones al respecto, que no serán políticamente correctas pero al menos se amparan en la libertad de expresión de este blog.

1. En primer lugar, no debe quedar ninguna duda de que el maltrato psíquico o físico, sea de género masculino o femenino, es repugnante y condenable sin reservas, además que dice mucho de la catadura de quien lo propina.

2. Dicho esto, desde el punto de vista formal, resulta llamativo el cansino sonsonete de etiquetar al Sr. Neira como Profesor. Una y otra vez, parece que el incidente se cualifica por la condición de profesor del Sr. Neira y los medios de comunicación anteponen tal título con ánimo reverencial. ¿ Si el Sr. Neira fuese carnicero, se aludiría al “Carnicero Neira”?.

3. Asimismo, desde un punto de vista sustancial, según el testimonio del Sr. Neira ( y fuere cual fuere el grado y expresión del maltrato dispensado por el Sr.Puerta a la Sra.Violeta, sub iudice) su intervención según su propia versión verbal se limitó a exclamar: “ No es de hombres golpear así a una mujer” para dirigirse a continuación caminando hacia el interior del hotel ( si iba a telefonear o no a la policía, pertenece al mundo especulativo). Así pues, varias actitudes eran posibles: a) Indiferencia y silencio; b) Condena oral censurando la conducta; c) Intervenir activamente para frenar la agresión.

Pues bien, el Sr. Neira tuvo un gesto loable pero en modo alguno llevó a cabo una conducta activa tendente a evitar o paliar la agresión. No gritó. No sujetó al agresor. No les preguntó qué ocurría para calmar los ánimos. No recabó el auxilio de terceros. No entró corriendo al hotel ( si tan urgente y grave era la agresión). Es cierto que no estaba obligado a afrontar el riesgo de medir sus fuerzas con un energúmeno, pero también es cierto que al no hacerlo el título de héroe le queda grande. Mas correcto resulta lamentar seriamente el desenlace fatal para el Sr. Neira, sin más culpa que haber actuado con la responsabilidad del ciudadano medio, pero sin mayor mérito que buena parte de la población hoy día. Ni más ni menos.

Incluso si examinamos los hechos bajo el modelo bíblico del Buen Samaritano (Sevach no puede olvidar su pasado de monaguillo), no parece que en el contexto de la parábola ( un caminante abandonado medio muerto en el camino tras ser asaltado por malhechores) fuese la conducta idílica la de quien pasa al lado del malherido y en vez de socorrerle directamente (como la parábola enseña) pasa a su lado, masculla la malignidad de la circunstancia, y se limita a proseguir su camino hacia un poblado cercano desde donde podría alertar a otras personas.

4. En tercer lugar, la reconstrucción de los hechos se presenta contaminada por un fuerte grado de intoxicación mediática. Los únicos hechos incuestionables y tangibles son el comienzo y el final: el comienzo, con una discusión o zarandeo en el vestíbulo del hotel del tal Puerta a la tal Violeta, en presencia por cierto de un pasivo recepcionista (el video televisado no admite interpretación); y el final, con un puñetazo trapero que asesta el tal Puerta al Sr. Neira cuando éste entra al hotel. El espacio temporal intermedio pertenece a la incertidumbre, y cabe tanto la hipótesis menos grave (que el zarandeo o trifulca de preja continuase afuera y que el Sr. Neira afease tal conducta), como la hipótesis gravísima (que el Sr.Puerta propinase una brutal paliza a Dª Violeta y que el Sr. Neira afease la conducta y caminase a denunciarla).

Será muy interesante examinar los hechos probados que declare la sentencia penal que se dicte en su día, depurando los hechos de anécdotas, suposiciones y prejuicios. Afortunadamente, no se someterá el asunto al Jurado ya que es fácil imaginar la dificultad de sus miembros para abstraerse de los prejuicios sentados por los medios de comunicación. No puede menos de recordarse como en EEUU el caso O.J. Simpson (muerte violenta de su mujer) recibió la absolución de un jurado penal y en cambio fue condenado por los mismos hechos por un tribunal civil.

5. Asimismo, y aquí entra el Derecho Público, en el curso causal entre la agresión de Puerta al estado comatoso del Sr. Neira, interviene un factor decisivo, consistente en el posible funcionamiento deficiente del servicio público sanitario. En este caso, es evidente que el resultado comatoso cualifica el delito ( y lo aproxima a la tentativa de homicidio), pero también contribuye a la beatificación de la víctima. Baste pensar que si el Sr. Neira hubiese sufrido el golpe, sin coma subsiguiente, todo se resolvería en un juicio de faltas o delito de agresión, sin resonancia mediática y lo que es mas evidente, sin subir a los altares al Sr. Neira.

6.Siguiendo con el Derecho Público y la Administración Pública, nos encontramos con que la Administración del Siglo XXI en vez de guiarse por la imparcialidad y la eficacia, presta mucha atención a los “ecos de sociedad” y el poder público rinde pleitesía a lo políticamente correcto. Así se explica que el Sr. Neira haya reibido por su hazaña las siguientes distinciones:

- Gran Cruz al Mérito Civil, otorgada por el Gobierno de la Nación.
- Medalla de Oro del Senado.
- Medalla de Oro de la Universidad Camilo José Cela.
- Designado Presidente del Consejo Asesor del Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
Ello sin olvidar que además ha recibido una Mención Especial de los Premios Derechos Humanos 2008 Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe); que ha recibido el galardón “Valdesano 2008″, otorgado por la asociación de mujeres Valdés Siglo XXI de Asturias; que ha aceptado el Premio Protagonistas 2008 promovido por el locutor Luis del Olmo; recibido el premio ‘Lazo blanco Cecilia’ de la asociación extremeña ‘Mujeres que ayudan”; y el Premio Especial 8 de Marzo que concede el Proyecto Solidario Mujer 2009, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en Alicante. Ello sin contar con los premios que vienen de camino.

Buena cosecha. Y de paso, hay que alimentar la leyenda, así que el Sr. Neira inicia su peregrinaje de exclusivas y colaborará de tertuliano en un programa televisivo de Antena Tres . El Sr.Neira es un icono, útil para una Administración Pública que hábilmente maneja resortes mediáticos, golpes de efecto, presupuestos y cargos, todo el engranaje al servicio de unos valores absolutamente legítimos (luchar contra la lacra de la violencia de género) pero al precio de utilizar al Sr.Neira como peón (convertido en dama al llegar a la última casilla) y de promover su beatificación pública, de forma que se de cumplimiento al dicho popular: “Como dijo San Andrés, el que lo parece, lo es”.

7. Sin embargo hay muchísimos buenos samaritanos en el anonimato. Es triste que públicamente nadie recuerde, comemore o testimonie, la valentía de Gonzalo I.R., un joven estudiante de 26 años que en Julio del año 2006 intentó defender a una joven en Barcelona de una agresión por dos delincuentes y fue apuñalado. Uno.

También queda en el olvido el joven Daniel Oliver que en Octubre de 2007 arrojó su mochila para socorrer a una joven pateada por su pareja, y recibió un puñetazo que le derribó sobre la acera y abriéndose la cabeza. Dos.

Ni tampoco al joven apuñalado en Valencia en Enero de 2009 por defender a las camareras de un bar.Tres.

O mas recientemente, hace tan solo un mes, Ronald B., un turista inglés, perdió un ojo por defender a una mujer de una agresión en Málaga. Cuatro.

Quizás en vez de otorgarse Medallas y Premios al Sr.Neira, que se enlazan como las cerezas, y en que cada uno se justifica en el mérito de haber obtenido anteriores premios (el llamado Principio de Mateo: ” Al que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará”, Mt.13:12), sería mejor una especie de Monumento al Defensor desconocido, por tantas personas generosas que las hay, que han antepuesto su propia integridad física o incluso la vida, por socorrer a un tercero. Premiar a uno solo supone ofender a muchos.

Y es que, al final, Sevach comprende que algunos toreros sientan lástima de las medalla que el Ministerio le ha otorgado al torero Francisco Rivera Ordoñez, porque visto lo visto, no es el único caso en que las medallas y premios son como algunos pedestales, que resultan mas grandes que la estatua.

P.D. En mayo de 2009, un motorista en Irún intenta salvar a una agredida por su esposo, se interpone y activamente se enfrenta al agresor, recibiendo como consecuencia de su valiente acción recibió dos puñaladas. He ahí la noticia de un héroe con mayúsculas.

Se acaba de publicar el Diccionario Progre por el psicólogo Mario Flores Martínez (Ed.Jirones de Azul). Entre otras cuestiones de interés alude a la utilización capciosa de la expresión “sostenible” que en el mundo del derecho es un comodín que garantiza al político que lo maneja la complacencia de la opinión pública. Así se habla de “ Medio Ambiente Sostenible”, “ Urbanismo Sostenible” o incluso de “ Sanidad sostenible”. La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo perfiló la definición de “sociedad sostenible” como aquella que «atiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para hacerse cargo de sus propias necesidades».

Para Sevach hablar de “lo sostenible” en la Administración Pública es como jugar con naipes a las siete y media ( lo insostenible resulta si no llegas o te pasas), de forma que hay que acelerar la locomotora de lo público intentando evitar que se descarrile o que se ocasionen mas perjuicios que beneficios). Reflexionando sobre ello Sevach se plantea acuñar un nuevo concepto, el de Estado de Derecho Sostenible, para determinar si el actual Pandemonium jurídico resulta “sostenible” a la vista de la formalmente reconocida recesión económica, o si por el contrario nuestro Ordenamiento Jurídico avanza hacia un “colapso” brutal.

1. Pues bien, en tiempos de crisis económica que ya muestra su duro rostro de «recesión» cabe plantearse si el Estado de Derecho, caracterizado por el imperio de la ley como expresión de la voluntad general puede volverse insostenible. Me explico. Las leyes pretenden cambios sociales y las leyes administrativas cuestan dinero. En los tiempos de vacas gordas hemos asistido a una proliferación de leyes cargadas de Planes, Programas, Registros, Inspectores, subvenciones, limitaciones, creación de Agencias y Consorcios, y un sinfín de medidas con cargo a los fondos públicos. Todas esas leyes nacieron bienintencionadas y en la creencia del respaldo presupuestario para su efectividad. No han faltado memorias económicas ni dictámenes de consejos económicos que han avalado la viabilidad a corto y medio plazo de la Ley. Sin embargo, esas leyes cargadas de buenos deseos y compromisos de gastos se han tropezado con una crisis económica colosal. Son leyes que perecerán de inanición.

2. El problema viene dado porque no existe una elasticidad de las leyes, que cuando hay bonanza se produzca un aumento automático del gasto que comporta y que cuando hay crisis se minoren sus costes. La consecuencia de leyes “huecas” (sin desarrollar, o desarrolladas pero sin financiación) es insatisfacción ciudadana, la crítica pública y una posible judicialización de las demandas ciudadanas frente al efecto de leyes que no logran pasar del escaparate del BOE digital. Veamoslo con tres ejemplos paradigmáticos.

A) El primer caso es el del Estatuto Básico del Empleado Público ( Ley 7/2007, de 12 de Abril). Es una ley que nació antes de vislumbrarse el agujero económico y contempló el necesario complemento de leyes de cada Administración en su desarrollo, y lo que es más preocupante incluyó medidas costosas tales como la implantación de la carrera profesional (con su complemento), el reconocimiento de trienios al personal interino, la jubilación parcial de los funcionarios, un generoso régimen de permisos retribuidos y vacaciones, sin olvidar unas jugosas garantías retributivas para los funcionarios que ocupan cargos políticos.

Pues bien, transcurridos casi dos años desde su aprobación, el Estado, que debía actuar de buque insignia para marcar orientaciones a las Comunidades Autónomas y evitar el “tocata y fuga “ autonómica, no ha aprobado su ley de desarrollo, y las Comunidades Autónomas en su inmensa mayoría buscan subterfugios para seguir aparcando sus leyes de desarrollo. Todos saben que una nueva Ley sobre función pública, sintiendo el aliento sindical en la nuca, cuesta dinero, y mucho.

B) El segundo caso es el de la llamada Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre). Es una ley que sembró vientos de gozo en miles de personas desamparadas y está cosechando tempestades. Las previsiones de costes de la Ley se han visto sobrepasadas por un exceso de demandantes, y la escasa infraestructura burocrática para atender el aluvión de solicitudes, lo que ha dado lugar a un auténtico colapso administrativo en que los que no han obtenido respuesta se desesperan y los que la han obtenido quedan descontentos por la menguada y restrictiva ayuda. Una ley asentada sobre un calendario a largo plazo de implantación, y contando con la cofinanciación autonómica, se ha tropezado con la crisis y el cerrojazo al cajón público. En definitiva, una Ley incómoda de gestionar y financieramente insoportable.

C) El tercer caso es el de las leyes medioambientales. Sabemos que los derechos de medioambiente pertenecen a los llamados “derechos de tercera generación”. Son derechos cuya implantación supone generalmente limitaciones a la actividad económica nociva o de riesgo. Pues bien, la Ley del Ruido ( Ley 37/03), la Ley de la Calidad del Aire ( Ley 34/2007) o la Ley de Patrimonio Natural y Biodversidad ( Ley 42/07) son leyes de magnífica factura y plenamente ajustadas a la sociedad del bienestar.

Sin embargo en tiempos de crisis, tales leyes medioambientales apoyadas en la aprobación de Planes y Programas cargados de restricciones, en paquetes de subvenciones anunciados, o en la previsión de la imposición de severas sanciones, serán difícilmente viables en tiempos de recesión. Y por supuesto, no se contempla una especie de suspensión de vigencia o “amnistía tácita”.

3. Sevach podría añadir muchos mas casos pero se trata solamente de ejemplos testimoniales de como hoy día el Estado de Derecho vive por encima de sus posibilidades. Por eso habrá que plantearse si habrá que postular un Estado de Derecho Sostenible. O sea un Estado donde impere la legalidad democrática, pero donde las leyes cuenten con respaldo económico para su desarrollo y efectiva aplicación. Habrá que buscar una fórmula o técnica legislativa que permita algo parecido a unas “leyes acordeón”, que se acomoden en su fuerza y vigencia a las situaciones económicas extremas. Lo contrario es un Estado de Derecho de papel, un paripé que lesiona la credibilidad del ciudadano en la Justicia, pues si malo es que las leyes sean prudentes y se queden cortas, peor resultan las leyes ambiciosas pero que fallan como escopeta de feria falta de munición. Y para mas inri, podemos añadir las consecuencias de la sabia afirmación de mi admirado profesor Sosa Wagner cuando observó que «Cuando el político no sabe qué hacer, anuncia un ley, y si lo que sufre es un despiste monumental, entonces lo que anuncia es la reforma de la Constitución».

No quiere Sevach ser visionario ni apocalíptico sino sencillamente alertar de que el Estado de Derecho por ese camino frenético puede llegar al Estado de Derecho colapsado, y todos sabemos lo que sucedió con la cultura maya cuando alcanzó el colapso su civilización.

P.D. Muy sabrosa y recomendable la breve presentación el citado Diccionario Progre que podéís hallar aquí.

La grave crisis vivida en Oriente Medio, entre Israel y Palestina se presta al fácil maniqueismo y condena. La prensa, los políticos y cualquier persona dicta su veredicto a favor de unos u otros. Unos se califican de progresistas y condenan a Israel, otros se etiquetan de conservadores y condenan a Hamás, y los más deciden su opinión por instinto o por razones individuales ridículas ( prejuicios tales como “todos los musulmanes son fundamentalistas y terroristas” o “todos los judíos son avariciosos y dominantes”, etc) . Sin embargo, no es tan sencillo identificar un culpable.

Al igual que el hundimiento del Titanic fue debido a un cúmulo de responsables y factores ( capitán inexperto, temporal, iceberg, casco de acero debilitado, ausencia de botes salvavidas suficientes, diseño absurdo, etc), el conflicto palestino-israelí no admite causas únicas ni veredictos tajantes.

1. La causa remota de la situación tiene lugar allá por 1947 cuando Naciones Unidas acuerda la partición de Palestina, bajo el mandato británico aprobado por la Liga de Naciones, en dos estados, uno judío y uno árabe, y dando lugar a la independencia de aquél como Israel y a la oposición de los pueblos árabes. De este modo, las potencias coloniales solucionaron el problema del asentamiento de un pueblo errante e históricamente castigado, y sembraron un polvorín. No de otra forma puede considerarse crear un Estado judío en un territorio donde tan sólo el veinte por ciento de la población de entonces era judía.

2. La causa inmediata de los sangrientos episodios de días pasados viene dada por los misiles enviados por Hamás el día de Navidad a Israel. Pero la causa de estos misiles radica a su vez en el cerco económico que Israel aplica a Palestina. Y la causa de este cerco económico radica en el hostigamiento de algunos exaltados palestinos a los habitantes judíos de la franja de Gaza así como en las incursiones terroristas en territorio israelí. Y la causa de esta hostilidad palestina radica en los años de vejaciones de israelitas a los padres de sus padres y la usurpación de sus tierras por los judíos, y si seguimos remontándonos por el río de las causas, llegaremos a Abraham para quien el Antiguo Testamento reservó la tierra prometida, pero al tener dos hijos ( Isaac, antecesor de los judíos, e Ismael, antecesor de los árabes) la disputa está servida. O sea, como muchos litigios actuales, permítaseme el sarcasmo, la raíz está en asuntos de familia y testamentos de antiguo.

3. La causa jurídica del conflicto radica en la debilidad del Derecho Internacional.
En primer lugar, porque no se ha perfilado un paradigma o modelo jurídico que de respuesta incontrovertida a situaciones de coexistencia de culturas y pueblos diferentes con reivindicaciones legítimas sobre un mismo territorio (si legítimo es que el pueblo palestino reclame la tierra de sus padres, legítimo resulta que el pueblo israelita defienda la tierra que la comunidad internacional reconoció y otorgó como propia). Lo que ya resulta mas chocante es que Naciones Unidas haya declarado que Israel ha ocupado territorios palestinos indebidamente, y que el Tribunal de Justicia Internacional ha condenado el muro alzado por Israel como prevención del terrorismo por suponer la consolidación de hecho de una situación ilegítima.¡ Y no pasa nada!

En segundo lugar, porque el Derecho Internacional está sumido en grandes contradicciones. Por un lado, afirma el derecho a la descolonización de los pueblos y por otro afirma el principio de inalterabilidad de las fronteras derivadas de la etapa colonial (así Africa, al igual que Israel fueron trazados a tiralíneas por potencias occidentales).

Por otra parte, el Derecho Internacional contempla la existencia de crímenes contra la humanidad y se crean superestructuras para la cooperación ( ONU, OTAN, UNESCO, etc) pero paradójicamente son gigantes con pies de barro, como demuestra que toda la comunidad internacional no ha podido con un puñado de piratas somalíes en el Indico, amparos por una de las naciones mas pobres del mundo.

Por último, la causa institucional de no solucionar el conflicto radica en la incapacidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para conseguir la unanimidad, por encima de vetos con intereses geoestratégicos. Y cuando se consigue la aprobación de la recientísima Resolución 1869 en que el Consejo de Seguridad (con votos favorables de 14 de los 15 miembros, con la abstención de EEUU) “pide un alto el fuego inmediato, duradero y totalmente respetado, que conduzca a la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza”, las partes del conflicto hacen oídos sordos y siguen enfrascados en sus escaramuzas bélicas.

4. La causa humana reside en el fanatismo de todo orden. En los fanáticos musulmanes que integran ese brazo terrorista que alienta Hamás. En los fanáticos israelitas que, al igual que el general MacArthur quería borrar del mapa a Corea, desearían borrar a Palestina de la península arábiga. Y como no, en los políticos de terceros países islámicos y no islámicos que como buitres observan el desarrollo de la contienda al servicio de sus propios intereses.

5. Y la culpabilidad radica en la soberbia humana. Sí, la soberbia de gobernantes judíos que no quieren pasar a la historia por blandos, y en la soberbia de gobernantes palestinos que no quieren ser criticados por su pueblo por traidores. Y esa culpabilidad también radica en quienes democráticamente votaron en Palestina para que en Diciembre gobernase Gaza la organización de Hamás. Pero también radica en los asesores y juristas del gobierno israelí que no advierten enérgicamente que si bien Israel tiene derecho legítimo a la defensa de su propia existencia frente a la agresión exterior, ese derecho se pierde o vacía cuando se ofrece una respuesta tan desproporcionada, cruel e indiscriminada como la que se expresa en los miles de palestinos heridos y cientos de muertos, incluyendo civiles y dentro de ellos niños. No es extraño que en España se haya firmado un manifiesto de condena a Israel por prestigiosos Catedráticos de Derecho Penal.

6. Por último, en una visión global del problema, la causa radicaría en ese fenómeno anunciado por Samuel Huntington, profesor prestigioso que falleció esta Navidad, y autor de su premonitorio libro “ El choque de civilizaciones”. El citado profesor agudamente señalaba que el mundo ofrece 192 Estados soberanos, pero que encierra un número potencialmente casi infinito de tribus, grupos étnicos y nacionalidades. Por eso, el profesor distinguía ocho civilizaciones: Japonesa, hindú, islámica, ortodoxa, occidental (europea, norteamericana), latinoamericana) y africana. Asimismo, señalaba que desde la creación de Israel los judíos tenían todos los elementos objetivos de una civilización: religión, lengua, costumbres, literatura, instituciones y una ubicación territorial y politica. Y dado que los Estados han perdido soberanía y poder (permeabilidad de fronteras, globalización, cesión a instituciones internacionales,etc) se ha robustecido el lazo de la pertenencia a la civilización, con la consiguiente posibilidad de conflicto o choque con otras civilizaciones.

7. Tales civilizaciones a Sevach le recuerdan a las “placas tectónicas” de la teoría del geólogo Alfred Wegener para explicar la formación de los continentes. Cuando esas placas friccionan se producen pliegues, volcanes y terremotos. Y por eso, cuando dos civilizaciones coexisten las fricciones afloran en forma de conflictos.

En fin, que no deja de ser chocante para Sevach que el ser humano se preocupa de que la comunidad internacional adopte medidas para la protección del cangrejo blanco abisal o para reducir el dióxido de carbono, en cambio tolera los brotes de violencia entre Estados o entre grupos armados, tranquilizando su conciencia con tibias condenas formales o con actitudes mas diplomáticas que prácticas.¿ Tan difícil es una negociación y consenso de alto nivel internacional que consiga con intermediarios (“hombres buenos”) que sencillamente los palestinos acepten la existencia del Estado de Israel y que los israelitas cedan los territorios usurpados?¿Pueden Hamás y el ejército israelí congelar temporalmente su actividad militar hostil?. Lo que está claro es que si Palestina no renuncia a sueño de un Estado palestino cuyo territorio comprende todo Israel y si Israel no renuncia a su franja de seguridad ocupada a los palestinos, la sangría está servida.

Lo que es seguro es que quienes no son responsables son los niños israelíes ni los niños palestinos ( que crecen en el terror y el odio, y lamentablemente numerosos niños palestinos ni siquiera crecen por ser masacrados) y es que de tales guerras o escaramuzas, como decía el general Wellington tras su victoria de Waterloo, “lo único peor que una batalla perdida era un batalla ganada”. Y es que no sólo palestinos e israelitas pierden, sino que todos perdemos con esta demostración de barbarie que constituye el peor de los auspicios para el año 2009 que comienza. Al final tenía razón el Catedrático Samuel Huntigton cuando decía que la hipocresía regía la vida internacional.

P.D. Para no dejar mal sabor de boca encontraréis la bellísima canción “Imagine” subtitulada en español aquí. Os la recomiendo vivamente dada la situación que vivimos.

El poeta Antonio Gamoneda, con ocasión de la entrega el pasado viernes de la medalla de oro la Diputación de León contó la historia de las circunstancias que le impidieron adquirir la condición de funcionario. Veamos la historia que no tiene desperdicio en los términos descritos por la prensa local.

1. Ahí va la transcripción literal de la prensa: “El funcionario que nunca fue“. No quería que la concesión de la Medalla de Oro de la Diputación fuera entendida sólo como una distinción a su brillante trayectoria literaria, sino que centró buena parte de su intervención en aclarar cómo y por qué nunca llegó a ser funcionario de la Diputación. «Hoy voy a decir pequeñas verdades que van a completar el sentido de la medalla», explicó Gamoneda, quien aseguró que había aspectos de su trayectoria que no quería que quedasen en el terreno de la abstracción. En el salón de Plenos el silencio era absoluto, presagio de una importante confesión.

Y contó Gamoneda que a partir de 1969, durante siete u ocho años, hizo su trabajo lo mejor que pudo y supo. «Entonces, la Corporación pensó que la manera de asegurarme es que yo recibiera la condición de funcionario. Yo no estaba ni dejaba de estar interesado, pero me gusta más decir sí que no. Se me dijo que preparase las certificaciones para presentarme al concurso oposición. Hubo otro aspirante. El concurso se resolvió a mi favor. La abundante documentación del otro concursante fue desestimada, porque un 70% de ella, que eran folios escritos con la misma máquina de escribir, sin ningún sello, los hacían para el tribunal del concurso incompatibles, porque al mismo tiempo realizaba una función digamos por ejemplo arqueológica a 400 kilómetros de León. La otra persona concursante recurrió ante la Audiencia Territorial de Valladolid, que reclamó las documentaciones para dictar sentencia». Gamoneda aclaró que no fantaseaba. «La Diputación tendrá sus archivos por si alguien quiere comprobar lo que digo». Y ocurrió algo singular. «La Audiencia resolvió a favor de la otra persona. No contra mí, sino contra la Diputación. Yo acato todas la sentencias, aquella incluida. Pero no me privaré de decir que la considero pintoresca. Porque el fundamento de la sentencia consistió en que a mis documentos les faltaba el sello de caucho». Gamoneda quiso llegar más lejos. «Ya puesto en este terreno de la verdad y pensando que han pasado 30 años, diré que la pintoresca sentencia coincidía con el hecho de que la otra persona era pariente directo del vicepresidente de la Diputación y del jefe de personal de la Diputación; y que el letrado de la Corporación Provincial no hizo acto de presencia en la Audiencia de Valladolid». Añadió Gamoneda que se ha difundido mucho que no obtuvo la plaza por carecer de titulación superior -«lo cual es cierto»-, pero «esto no era decisivo, porque la oposición no exigía ese título».

2. Pues bien, considera Sevach que ni la condición de poeta reconocido ni el otorgamiento de una Medalla de Oro autorizan para contribuir gratuitamente a la leyenda negra de la función pública española. ¿Por qué piensa eso Sevach?. Porque leyendo entre líneas de las propias palabras del poeta y testimonio de la prensa pueden verterse varias consideraciones.

1º En el origen del problema está el contubernio o componenda de 1969 por la que, le prometen al Sr.Gamoneda una plaza de funcionario a la carta, a cuyo fin se diseña un concurso a la medida. O sea, un abuso e ilegalidad “pactada” del que pretendía aprovecharse quien ahora se presenta como víctima.

2º El concurso era público y alguien de buena fe se presentó al mismo. ¿ O es que pretendía el poeta que la convocatoria pública era un juego de palabras poético que excluía a posibles competidores?

3º La plaza se otorga por la Diputación a quien le fue prometida: al poeta. ¡ Faltaría más! ¡Sostenella y no enmedalla!

4º Sin embargo, el otro aspirante acude a los Tribunales de Justicia y la Audiencia Territorial de Valladolid sentencia a su favor, privando al poeta de la codiciada plaza, O sea, se desmontó el montaje por un órgano jurisdiccional independiente. Asunto zanjado por sentencia firme, pero ya se encarga el poeta de socavar sus firmes cimientos, reescribiendo la historia mas de treinta años después.

5º Y es que el poeta se toma la “licencia poética” de que por faltarle el “sello de caucho” a su documentación, no se valoraron sus méritos. ¿Acaso las musas hicieron olvidar al poeta que los sellos y certificaciones son el modo de garantizar la autenticidad de los documentos, y que las formas y formalidades están para algo?, ¿no firma el poeta sus poesías y justifica su identidad para cobrar sus emolumentos y recibir premios?.

6º Y siguiendo la pataleta, el poeta con cierto resentimiento mal curado, aprovecha casi cuarenta años después para poner bajo sospecha la “sentencia judicial” afirmando que el tercero era pariente del vicepresidente de la Diputación y del Jefe de Personal, y además que el letrado de la Diputación estaba también en el ajo. O sea, una teoría de la conspiración mas efectista que avalada por prueba alguna, y sustraída a contraste de los ahora difamados. Con esa versión mas que contar con un poeta, estamos perdiendo un novelista o fabulador de órdago.

7º Y por último el desenlace del caso es digno de un culebrón administrativo. Los “padrinos” de Gamoneda ante el fracaso del montaje para “funcionarizarlo”, le recontratan directamente y sin concurso alguno para la propia Diputación como asesor cultural. Problema solucionado al estilo Corleone. Para el que manda siempre hay atajos.

3. El interés del caso viene dado porque las verdades a medias, como los ladrillos partidos, si se lanzan llegan mas lejos. Y resulta intolerable que so pretexto de la verdad un poeta aproveche un acto meritorio para deformar la realidad, para contravenir las leyes de la hospitalidad y criticar la Diputación que le premia, y que además (cual elefante en cacharrería) se adentre a criticar una sentencia que no se aporta, además de calumniar a terceros que ya no pueden defenderse. Pero sobre todo lo mas reprochable es que los asistentes al acto de entrega de la Medalla de Oro se lancen a aplaudirle y a consolarle por tamaña “injusticia” histórica al finalizar el acto, cuando tamaña infamia mas bien merecería declararle “persona non grata”.

4. Bien distinto fue el caso del poeta Angel González quien “opositó” con todos los honores y méritos para ser funcionario del Ministerio de Obras Públicas, o el del mítico Borges que en 1946 fue cesado de su puesto de funcionario como Director de la Biblioteca Nacional por el gobierno peronista mediante una resolución que por necesidades del servicio le destinaba como….¡inspector de aves! (ni que decir tiene que el poeta por dignidad renunció).

5. Para finalizar, recuerda Sevach que em 1995 obtuvo el poeta José Hierro el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, dotado con varios millones (de las antiguas pesetas) y el citado poeta armó “un pollo” tremendo porque Hacienda llevaba su tajada del premio, considerando un expolió de su merecido premio, el que hacienda lo recortase. Y es que, cuando la Administración entra por la puerta, la poesía sale por la ventana…. Con la sola excepción de Quevedo quien frente a la burocracia real bien sabía elaborar sátiras poéticas burlescas en vez de verter infamias o mostrar su cólera.

Así y todo me quedo con la Poesía burocrática de Mario Benedetti, y aquéllos versos:

Es raro que uno tenga tiempo de verse triste:
siempre suena una orden, un teléfono, un timbre,
y, claro, está prohibido llorar sobre los libros
porque no queda bien que la tinta se corra.

El reciente incidente del libro ” La reina muy de cerca” de Pilar Urbano sobre la reina Sofía, al exponer opiniones alejadas de la neutralidad política, invita a una sencilla reflexión.

Lo grave no es que la esposa del Rey tenga opinión y voz propia, ya que nadie está obligado a ser como los monos de Gibraltar (sordos, mudos y ciegos). Ahora bien, en la monarquía parlamentaria, como diría Thiers, el Rey, “reina pero no gobierna”, y añadiría Groucho Marx que el cónyuge del Rey, ” bosteza, pero no reina”. Sin embargo, no se puede ser Reina a tiempo parcial ( para los fastos, honores y prebendas con cargo al presupuesto) y ciudadana griega el resto del tiempo a efectos de formular juicios políticos, pues hay que estar a las duras y a las maduras. Por eso, resulta chocante la declaración de la reina sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, aspecto que podrá compartirse o criticarse, pero sobre el que no debiera pronunciarse quien es consorte del Rey, símbolo de la unidad del Estado y árbitro del funcionamiento de las instituciones, cuando aún no se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional sobre tan espinosa cuestión ( máxime teniendo en cuenta que en Alemania se ha considerado constitucional y en Francia todo lo contrario). Sin embargo, lo realmente preocupante, a juicio de Sevach, son otras circunstancias.

1. En primer lugar, que la Casa Real tilde de inexactas y erróneas las afirmaciones puestas en boca de Dª Sofía, ya que resulta temerario y poco verosímil, sostener que la periodista haya convertido su trabajo en una labor amarilla y de fabulación, en un caso como el tratado en que la periodista ( al margen de su posición ideológica), que se juega su prestigio, cuenta con notas de la entrevista y ha contrastado su desarrollo con la propia interrogada, teniendo presente la regla básica de supervivencia del periodista: garantizar la fidelidad de lo testimoniado con mayor grado cuanto mas alto sea el rango de éste; pero es más, las galeradas de la publicación, o borrador literal del libro, se sometió a ratificación de la Casa Real, quien no puso objeción alguna sobre los pasajes controvertidos; nadie puede creer que la Casa Real se sorprenda del supuesto error o tergiversación cuando es notorio el tremendo filtro de la información regia. En suma, no es grave que la reina tenga opinión propia, sino que acuda a la muerte del “mensajero” y avale un desmentido o imputación de falsedad difícilmente convincente. Con ello, la credibilidad de la Casa Real y de la propia Reina armonizan con la Bolsa española en cuanto a descenso de varios enteros de cotización.

2. Y en segundo lugar, resulta extravagante que desde el Gobierno se arrope a la Casa Real y a la Reina confirmando la inexactitud de la versión de la periodista (cosa tan difícil, sin estar presente en la entrevistas, como avalar la versión del confesante o del párroco sobre la realidad de los pecados confesados); pero lo que ya resulta risible es que se esgrima hasta la saciedad un peregrino argumento: ” la ejemplaridad de la Reina”. Aquí lo llamativo radica en que tanta invocación a la ejemplaridad, aparte de tener resonancias de rancia beatificación, resulta provocador ya que el ejemplo supone hablar según la Real Academia de la Lengua, de “modelo a imitar”, lo que resulta difícil en el caso español, donde ninguna española fuera de la rama sanguínea borbónica tiene ni tendrá la oportunidad de verificar si sería capaz de ajustarse a tal ejemplo, unido a que resulta fácil en extremo mostrarse en “olor de santidad” ( u loor de santidad, como Lázaro Carreter nos precisó, ya que “loar por alabar es vocablo tolerable”) cuando se cuenta con la Casa Real actuando de “guardia pretoriana” de la imagen, con una financiación a prueba de bomba, y con un pelotón de escarabajos “peloteros” en la corte de los milagros.

3. Y es que hay que ver lo chusco de la afirmación de la Reina sobre su árbol genealógico, que no es comparable al del común de los mortales, y que defiende con las siguientes palabras: ” Para los republicanos nadie tiene derechos de cuna. Ahora bien, cuando esos republicanos son ricos, o tienen un negocio, o una casa, o un campo, ¡ bien que dejan las propiedades en herencia a sus hijos!. Ahí, en su patrimonio no cuestionan los derechos de cuna. Coherencia pues”. ¡¡¡ Vaya derroche de imaginación !!!. Con el debido respeto, en tal declaración subyace una anacrónica complacencia en la “sangre azul” y en el Estado como patrimonio de una dinastía real, que pasa de pares a hijos de forma natural. Quizás el sueño de la reina sea exhibir orgullosamente el título del Rey de Birmania del Siglo XIX: ” Rey de Reyes, a quien todos los demás Príncipes acatan; Regulador de las Estaciones; Todopoderoso Director de Mareas y Torrentes; Hermano Mayor del Sol; Propietario de la Veinticuatros Sombrillas y cuyos pies huelen dulcemente”.

4. Por todo lo dicho, resulta decepcionante que la Reina acuda al castizo, “donde dije digo, digo Diego” en vez de apoyarse en el no menos castizo ” a lo hecho, pecho”. Y eso teniendo en cuenta que la Reina no puede escudarse en la crisis económica (como harán algunos conductores tras las peregrinas declaraciones del Director General de Tráfico que sitúa la penuria económica en explicación de las infracciones de tráfico).

En fin, no se trata tanto de criticar la Monarquía como institución, a la que ya Sevach dedicó un anterior post, pero si debemos recordar que la Monarquía junto con el Senado y Defensor del Pueblo, forman la hojarasca mas prescindible del árbol constitucional español.

Los cuentos de reyes y fantasías comenzaban con lo de “érase una vez”, pero basta abrir los periódicos del día para comprobar que sus cuentos o historietas tienen lugar en presente.

1. Así, la infanta Elena de la Familia Real española según afirmó la prensa ( y cuando “el río suena, agua lleva”) planteará la nulidad de su matrimonio por el atajo del poder (económico o político) o sea, demostrar ante el Tribunal Eclesiástico, que pese a la mayoría de edad y formación de la infanta, pese a su amplio noviazgo, pese al juicio de limpieza de sangre de su novio efectuado por los sabuesos de la Casa Real, y pese a compartir varios años con fruto de dos hijos, tuvo lugar un error sustancial en el infante consorte, lo que determina el vicio del consentimiento o voluntad de casarse, y por ello, el Tribunal Eclesiástico, borrará de su currículo matrimonial tamaño error. Y es que, tal conducta es propia del niño que acepta una apuesta o unas reglas del juego, y cuando pierde, grita que no valen para no soportar sus consecuencias.

2. Asimismo, Isabel II, la Reina de Inglaterra, considera que el Gobierno debe incrementar sus gastos sustancialmente para tapar un agujero presupuestario de 40 millones de euros, con cargo al contribuyente para garantizar su nivel de vida. O sea, pese a ser una de las personas mas ricas del mundo (mas que otros monarcas y que cualesquiera plebeyo), pese a conocer la crisis económica del inglesito medio y del que no lo es, y pese a haber ordeñado las arcas públicas durante décadas por el mérito de ser nieta del rey Jorge V, reclama (no “mendiga”, pues los reyes “reclaman”) una subida salarial. Su conducta es propia de una niña malcriada que pide chuches, patines y muñecas, e inconsciente ante el sacrificio paterno, grita con rabieta para que le den más.

3. Son bonitos ejemplos de cómo las instituciones anacrónicas acaban pervirtiendo el derecho. No está pensado el Estado de Derecho, con sus apéndices de igualdad y justicia para soportar el riesgo de los abusos de quienes, con su conduzca, parecen olvidar que no son reyes por derecho divino sino por derecho positivo. Sobre esta cuestión ya tuvo Sevach de verter un post anterior, que reviste total actualidad.

4. Por eso, Sevach cuestiona lo inadecuado del tratamiento de “Alteza” para principitos, infantes y otros especimenes de la realeza en el mundo (con excepción de la mariposa Monarca que por su majestuosidad y naturalidad lo lleva con todo merecimiento). Y es que tal tratamiento de “Su alteza” bien podría sustituirse en los casos de perversiones del cargo por “Su bajeza”. Además, la economía expresiva la agradecerían los británicos ya que el título oficial en el Reino Unido de la reina es: Isabel Segunda, Por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Sus Otros Reinos y Territorios Reina, Jefa de la Mancomunidad, Defensora de la Fe. Casi nada.

5. Y por congruencia con lo dicho, a partir de ahora Sevach a su hijo pequeñín, en vez de llamarlo “el rey de la casa”, le llamará “el Presidente de la casa”.
O quizás…¿por qué, no?, podría llamársele con todo merecimiento, Supremo Comendador del sueño intranquilo, Señor del Capricho Permante, Emperador de Sonrisa Cautivadora y Gran Maestre de Manipulación de sus Progenitores.

Tras el terrible accidente aéreo en Barajas del 20 de Agosto, bien está recordar las leyes de la física para comprender porqué un avión flota en el aire y especular sobre las causas del siniestro, aunque a la vista del contexto también podemos descubrir otras leyes no menos interesantes que reflejan como se mezcla cruelmente lo trágico y lo cómico en una situación que jamás debería repetirse.

- Ley del Valor Añadido del interés público. La atención mediática y administrativa por un solo siniestro con víctimas es mayor que la suma de la atención provocada por muchos siniestros cuyo total de víctimas sea el mismo. O sea, el mismo número de fallecidos por accidentes de tráfico en Semana Santa no provoca la misma reacción que el número de fallecidos en accidente aéreo. El salto cuantitativo comporta el tránsito de “accidente en el Estado” a la figura de “accidente de Estado”.

- Ley del Movimiento Continuo. Las hipótesis de búsqueda de la causa del siniestro recuerda el correteo de gallinas con la cabeza cortada. Se va desde el ahorro de medidas de seguridad hasta las posibles corrientes de aire, pasando por el fallo del motor, e incluso la fatiga del piloto o la desidia de los mecánicos. Todo cabe, y cuanto más se investiga, como con la muerte del Presidente Kennedy en Dallas, todo se embrolla más.

- Ley del Paripé Institucional. Tras el siniestro, el desfile de autoridades, administrativas y regias, no se ha hecho esperar, con rostro circunspecto en momentos en que lo que menos necesitan las familias de las víctimas es atender protocolos insinceros.

- Ley del Apoyo Absurdo. El sonsonete televisivo ha sido el enorme despliegue de la ayuda psicológica a las familias de las víctimas (cuadrillas con chalecos vistosos esperando en vestíbulos de hoteles, hospitales y aeropuertos, para brindar un apoyo a quienes solo necesitan el consuelo de la información y el brazo amigo de sus allegados), y ello hasta el punto de que cinco días después todavía se subtitulaba un teléfono de apoyo psicológico en los noticieros televisivos (¿ a quién diantres iba dirigido este número?)

- Ley del que no llora, no mama. Tras el siniestro, y al margen de quienes buscarán el voluntario ostracismo para lamerse las heridas de la ausencia del ser querido, brota la Asociación de Víctimas, a la que posiblemente seguirá el lobby de presión para fortalecer las reivindicaciones económicas, ya sea a la empresa aérea, ya sea a la Administración.

- Teorema del CSI a la española o “vuelva usted mañana”. La identificación de las víctimas y la identificación de las causas se tomará un tiempo, pero siempre más de lo necesario, y muchísimo más de lo previsible..

- Paradoja del viajero. Todos queremos seguridad pero también queremos puntualidad…¿no somos capaces de comprender que si hay riesgos o defectos detectados antes de despegar, tendrá que haber retrasos para asegurarse?.

- Principio de la Duda metódica. Los pasajeros, ante la menor duda, procurarán exigir que el avión no despegue. Los pilotos, ante la menor duda, sobre posibles incidencias, procurarán someter su avión a los técnicos. Los técnicos, ante la menor duda, procurarán tener “en cuarentena” al avión. Las autoridades aeroportuarias, ante la menor duda sobre los técnicos, procurarán comunicarlo a la Agencia de Seguridad Aérea, quien se remitirá al dictamen de sus propios Inspectores.Y los propios Inspectores, ante la menor duda, procurarán recomendar el dictamen de una empresa externa, a poder ser, cuanto mas americana o asiática mejor. Y mientras el problema va y viene, el pasaje se entretiene.

- Teoría del Caos. Si hay un video del accidente, primero lo tendrá la empresa pública AENA, luego los políticos, luego la prensa y finalmente, si lo reclama, el Juez instructor.

- Paradoja del adivino. Miles de adivinos “de pago” garantizan sus profecías de forma presencial o telefónica, y ninguno fue capaz de alertar de este crudo siniestro, ni por aproximación.

- Síndrome del cangrejo ermitaño: Como en casa y en el pueblo, nada de nada.

- Corolario del asturiano.¡Qué desastre! Con la salvedad de los equipos sanitarios y policiales…¿tan difícil ye facer les coses bien?. Porque lo trágico, lo irrecuperable, lo insuperable, lo digno del Grito de Munch, es que 154 seres humanos, que subieron al medio de transporte etiquetado como el más seguro del mundo, que subieron a un medio de transporte administrativamente intervenido hasta la saciedad, que subieron confiados en la pericia de un piloto, en la profesionalidad de unos mecánicos y en el rigor de los controles administrativos, se encontraron con la máscara de la muerte. Sin motivo ni apelación. Triste, tristísimo.

En fin, para no dejar mal sabor de boca, y ya que el verano se acaba con tan amargo suceso, recomiendo vivamente un post anterior sobre los aeropuertos y los controles en tono humorístico.