Nueva Ley de Tráfico en el BOE y otra vuelta de tuerca a las garantías

nueva ley de tráfico   Se acaba de publicar en el BOE de 8 de Abril de 2014   la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico y con ello se perpetra uno de los mayores asalto a las garantías del Estado de Derecho.

La finalidad es legítima ya que se persigue atajar accidentes de tráfico y asegurar el cumplimiento de la normativa por los conductores con la consiguiente mejorar la seguridad viaria así como la ordenación del tráfico. Sin embargo, la eficacia es una meta constitucional (art.103 CE) que no tiene el rango del derecho a la tutela judicial efectiva calificado como derecho fundamental (art.24 CE). Y por supuesto, menor rango posee la eficacia recaudatoria.

Con esta reforma se da otra vuelta de tuerca en materia de tráfico que se va apartando hacia un mundo propio del Derecho Administrativo, alejado del régimen general de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común. Si en su día, un magistrado del Supremo calificó en sentencia la legislación tributaria de “Guantánamo tributario” ( por la ausencia de garantías) puede hablarse de un “Guantánamo de tráfico” dada la relajación de las mismas en este ámbito, donde la legislación sectorial desplaza la legislación general.

 Dado que su análisis conjunto excede del campo del post me limitaré a dos puntuales anotaciones críticas, aunque la nueva Ley es un museo de experimentación jurídica.

En particular la Ley consigue algo que solo los magos conseguían: que las notificaciones sean invisibles y que el procedimiento sancionador desaparezca, aunque el truco que les falla es  cuando parece que “cortan con la sierra por la mitad”: pobre denunciado.

La Administración no es buena samaritana con el ciudadano descaminado

Admnistracion y servicios    Un especie de jarrón chino se oculta en la Ley 30/1992, muy decorativo pero que a la Administración le estorba y no suele usar, consistente en la llamada “mejora de la solicitud”, que se recoge en el art.71.3 en los siguientes términos: “ En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de aquélla”. Veamos las últimas noticias jurisprudenciales sobre su alcance.

El corazoncito del Supremo : suspensión de sanciones sin fianza


sancion tributaria   Aunque la letra de la Ley es fría, a veces sentencias del Supremo demuestran una cálida sensibilidad hacia las empresas víctimas de la crisis económica como la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 24 de Febrero de 2014 (rec.2947/2013), mostrando un firme criterio proclive a aceptar la suspensión de sanciones a empresas con dificultades económicas sin fianza alguna. Insistiremos que no se trata de la suspensión en vía administrativa, donde la suspensión opera automáticamente, sino en la ulterior vía contencioso-administrativa.

Basta imaginarse a una empresa cualquiera a la que la Administración Tributaria le haya dictado una liquidación tributaria acompañada de una sanción elevada ( multiplicada, mas bien, dada la predilección de la Ley General Tributaria por los múltiplos al castigar y por el “tres en uno”: intereses, recargos, apremios).

 Se iniciará el calvario de la vía económico-administrativa y luego el proceso contencioso-administrativo, a cuyas puertas la empresa tendrá que rascarse los bolsillos ( o mas bien sacudir las telarañas de la caja fuerte) para afrontar los costes de las tasas judiciales ( en función de la cuantía, para mas inri) y anticipar los gastos de abogado y/o procurador, además de los gastos de pericias mercantiles o contables, y de rebote saber que posiblemente ese litigio pasará por una primera instancia o etapa, y si fracasase, la segunda instancia. Y ese periplo judicial probablemente consumirá algún trienio de la vida de los administradores de la empresa recurrente, período sobre el que se cierne la amenaza de los intereses – o gota malaya- de un aval o garantía de pago. Un panorama nada bueno.

Doctrina legal: La caducidad se trunca el día del intento de notificación postal

doctrina legal sobre notificaciones  Un acto administrativo no notificado es como una bicicleta sin ruedas: ni lleva a ningún lado ni sirve para otra cosa. Por eso el legislador se preocupó de regular las notificaciones cuando el cartero acudía por dos veces al domicilio o lugar indicado por el interesado y se tropezaba con que nadie abría la puerta pese a acudir dos veces en hora distinta dentro de los tres días siguientes.

  En esta hipótesis, en que “el cartero llamó dos veces” infructuosamente, se produce una doble e importante consecuencia, que ha sido matizada por la recentísima STS de 3 de Diciembre de 2013, que fija doctrina lega.

Sobre la torpeza en el Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

No pretendo ser irreverente. Solamente referirme a la importante Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2013, de 4 de noviembre de 2013 del Tribunal Constitucional que aplica la vieja enseñanza civilista de la “causa torpe” como vicio del negocio jurídico al ámbito contencioso-administrativo. No deja de recordarme la clásica doctrina penal del árbol envenenado por las raíces que contamina los frutos.

Pero veámoslo con detalle que merece la pena.

La inconstitucionalidad de las tarjetas rojas de las sanciones futbolísticas

bis in idem   Esa conclusión podría derivarse de la aplicación al ámbito deportivo de la doctrina sentada en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 189/2013, de 7 de noviembre de 2013 (BOE de 4 de diciembre de 2013) que, no se pronuncia sobre las sanciones deportivas, pero sale al paso de la curiosa y creciente tendencia legislativa a tipificar infracciones muy graves por la acumulación de infracciones graves ( en términos bíblicos, dos pecados veniales se convierten en pecado capital). Veamos.

Del enriquecimiento injusto y sus injustas circunstancias

buitre Debo confesar que la locución “enriquecimiento injusto” me evoca un tal Bárcenas, aunque también algunos bancos, compañías de seguros, empresas eléctricas y de telefonía. Sin embargo ahora se trata de aludir a los interrogantes que plantea en el ámbito jurídico-administrativo el instituto del enriquecimiento injusto, que es un gran desconocido pese a convertirse en arma poderosísima en manos de un abogado hábil frente a una Administración torpe.

Cosas que nunca te dijeron de la revisión de oficio

deshacer Para los abogados, el instituto de la revisión de oficio de actos administrativos nulos de pleno derecho es un filón de esperanzas o de desazón, según los casos. La rápida lectura de la Ley nos sitúa ante el bálsamo de Fierabrás que hacía andar a los cojos y hablar a los mudos, con capacidad para eliminar cualesquiera actuación administrativa, pídalo quien lo pida y lo pida cuando lo pida. Sin embargo, lo que la letra de la Ley parece dar, la jurisprudencia lo recorta.

Se impone mostrar primeramente el bing-bang o expansión de su figura según la letra de la Ley, y luego su contracción o limitación jurisprudencial, pues pocos institutos jurídico-administrativos apoyados en una única y solitaria piedra de un artículo (102 de la Ley 30/92, de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común), han permitido a la jurisprudencia alzar una compleja catedral jurisprudencial. Y dado que un repaso de la reciente jurisprudencia me ha mostrado un rosario de casos en torno a la revisión de oficio, me permito hacer un rápido recorrido que confío resulte de utilidad para los juristas con poco tiempo para estudiar. Y debo confesar que son cuestiones que nunca me dijeron cuando estudiaba en la Facultad de Derecho pero que son valiosísimas para evitar sorpresas en el foro y sonrojos fuera de él.

Importantísima precisión jurisprudencial sobre las notificaciones

carteroEl Tribunal Supremo a veces recuerda la imagen del guardián escondido entre el centeno, vigilando para que los niños no se caigan por el precipicio ( de la obra de J.D.Salinguer), como en la recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 3 de Julio de 2013,  que curiosamente versa sobre el deslinde costero de un acantilado, pero que tiene una valiosísima perla en uno de sus Fundamentos de Derecho. Nada menos que se pronuncia sobre el lugar en que deben efectuarse las notificaciones en los procedimientos de oficio, y partiendo de una loable finalidad antiformalista se aparta de la letra de la Ley 30/1992 y de la praxis administrativa y judicial anterior. Veamos.

Falta de motivación administrativa: ¿ Crimen con castigo ?

explicacion Una de las acusaciones mas habituales contra la Administración esgrimida en las demandas contencioso-administrativas consiste en la falta de motivación de la actuación administrativa conculcando el art.54 de la Ley 30/1992. Es sabido que la motivación de los actos administrativos no es un capricho jurídico, ni cuestión de cortesía, sino garantía para desterrar la sospecha de arbitrariedad y además permitir al afectado decidir con conocimiento de causa, si embarcarse en un proceso contencioso-administrativo.

Ante tal imputación de sinrazón en la demanda contencioso-administrativa, la Administración suele montar un zafarrancho estratégico para robustecer la motivación cuestionada del acto impugnado. Y precisamente sobre las tretas de la Administración para “vestir el santo de la motivación” en vía contencioso-administrativa y sus consecuencias invalidantes, hemos de traer a colación la STS del 19 de Febrero del 2013 ( rec. 6429/2011).

Asalto a las garantías de la expropiación forzosa tras la última reforma legal

ExpropiacionLa expropiación forzosa es un instituto que siempre ha gozado de mala salud, de un lado, porque el procedimiento de urgencia se convirtió en la regla general, y de otro lado porque el expropiado siempre ha soportado un “injustiprecio” (lejano al valor de mercado) que además se pagaba tarde. Por eso, es dolorosamente llamativo que la  última reforma de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954 no solo se perpetra alevosamente al introducirla en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, sino que se ocupa de ahondar mas todavía en la herida de las garantías.

 Antes de ver el sistema vigente tras la “ominosa reforma”,  no está de más hacer un viaje en el tiempo a las oficinas del Ministerio de Hacienda el día que se dan las instrucciones para acometer esa perversa reforma de la Ley de Expropiación Forzosa. Veamos. 

Ultimísimas noticias del Supremo sobre el doble silencio administrativo

Negacion Cuando creíamos que ya se había fijado la doctrina sobre el denominado silencio administrativo, esto es, sobre el sentido que hay que atribuir a la callada por toda respuesta de la Administración Pública, nos llega una recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que precisa el alcance del mismo en el supuesto del doble silencio, esto es, del recurso de alzada frente a una desestimación presunta, caso en que el art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Administraciones Públicas, le atribuye efecto estimatorio. Veámoslo con detalle.

El Supremo aplica el régimen de notificaciones para la comunicaciones interadministrativas

notificacionesHay sentencias del Tribunal Supremo que, sin fijar doctrina legal, de un plumazo completan institutos del procedimiento administrativo y tambalean prácticas burocráticas incuestionadas. Se trata de la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de Enero de 2013 (rec.6332/2009) que considera aplicable a las solicitudes de informes de una Administración a otra en el marco de procedimientos administrativos los requisitos propios de las notificaciones administrativas del art.58 de la Ley 30/1992. Y así, en el caso analizado se trataba de la impugnación por una empresa de la aprobación definitiva de la modificación de un Plan General de Ordenación Urbana que se fundamentaba en la nulidad por falta del informe preceptivo de la Diputación y de la Comunidad Autónoma ya que la constancia de la petición de informe a ambos organismos se consideraba insuficiente. El Tribunal Supremo considera que es precisa la constancia de los acuses de recibo y cauces de garantía de notificación impuestos por el art.59 de la Ley básica 30/1992, por lo que siendo insuficiente la prueba de su petición, se ha omitido un trámite esencial que determina la nulidad de pleno derecho de la modificación impugnada.  Pero veamos con detalle las argumentaciones en liza.

La omisión del trámite de audiencia: un escurridizo camaleón jurídico

 Si hubiese un ranking de los motivos impugnatorios mas vertidos en demandas contencioso-administrativas, posiblemente estaría encabezado por el de indefensión, y buena parte de ellos por la falta de concesión del trámite de audiencia. La contienda versa sobre la queja de un particular que se sorprende de la decisión administrativa adoptada a sus espaldas y la prepotencia de una Administración que la consideró innecesaria. La recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de Enero de 2012 (rec.6469/2012) resume el estado de la cuestión de forma clara y sencilla.

Duelo en O.K. Corral de la Audiencia Nacional: BOE contra la Administración contratante

 

De un lado del ring, el Servicio de Salud de las Islas Baleares, peso pesado como ente contratante, y de otro lado del ring… ¡ la Agencia Estatal del BOE!, un peso mosca pero que se mueve por todos los lados. El ente sanitario envió a publicar el anuncio de licitación de ocho expedientes de contratación (“todo en uno”) y la Agencia del BOE rechazó su publicación por exigir un anuncio para cada contrato. Un recurso contencioso-administrativo muy singular ya que no es habitual ni la terquedad de una institución en que se publique un “anuncio multi-siamés” ni la obstinación del BOE en devolverlo, pues lo habitual es que un contacto telefónico o una lectura constructiva conduzcan a desatascar el conflicto (eso que eufemísticamente se llama “buena fe” y “lealtad institucional”).

Lo cierto es que el BOE pretendía velar por la pureza y transparencia de la contratación, pues consideraba que esa publicación unitaria (referida realmente a un mismo contrato de suministro) prestaba cobertura a un fraude consistente en el fraccionamiento indebido del contrato burlando la concurrencia. El ente sanitario con idéntica finalidad de asegurar la trasparencia sostiene que mejor será un único anuncio los distintos contratos relativos al suministro de material para análisis clínicos de laboratorio que varios dispersos.¡¡ Curioso el Derecho Administrativo, que permite alcanzar idéntico fin legítimo con actuaciones de signo contrario!!

Lo realmente importante de la sentencia no es como se zanja el litigio ( la Audiencia Nacional confirma la sentencia del Juzgado Central por considerar que si la publicación de la licitación debe tener el mismo contenido en el Diario Oficial de la Unión Europea que en el estatal, lo cierto es que la publicación “siamesa” respetaba tal identidad). Lo relevante es como precisa con finura la Audiencia Nacional las facultades del BOE en relación con los Boletines que le envían.

Así, en el pasado Sevach escuchó todo tipo de opiniones del BOE. Desde “tragan todo” , a “nos lo devuelven si no es legal”, pasando por “ llamaré a fulanito y nos garantiza que se publica el anuncio a fecha cierta”. Es más, como anécdota es sabido que cierto extraordinario Rector de Universidad del norte, con merecidas dotes carismáticas, acudía personalmente a las oficinas del BOE, armado de los célebres bombones asturianos de Peñalva, que sabiamente sembrados por los niveles de gestión (auxiliares) conseguía por tan rudimentario como hábil  método acelerar la publicación ” a la carta”. Y así podría parafrasearse la conocida frase ” Van leyes, do quieren pasteles”.

Derecho Administrativo a la carta: Eurovegas

La reciente disputa entre la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña por captar el proyecto de Eurovegas, promovido por la empresa Las Vegas Sands, ha sido saldada a favor de quien mejor fue capaz de seducir con sus “cantos de sirena”. Lo que me llama la atención no es el natural alborozo por la implantación de grandes empresas con su secuela de empleo en tiempo de crisis sino la vertiente jurídica, en cuanto es un ejemplo de cómo la montaña del Derecho va al Mahoma de los Hechos, cuando estos son consumados mediante acuerdos políticos y empresariales de alto nivel… alto nivel de negociadores…alto nivel de secreto…alto nivel de concesiones inconfesables… Me explico.