Del recurso contractual introducido por Ley 34/2010: hacia el infinito y más allá

La lectura del BOE en el mes de Agosto sacude de la modorra veraniega al ofrecernos una importante modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Sevach, no es motivo de sorpresa la modificación de una Ley de Contratos que está llamada como la tela de Penélope a ser tejida y destejida incesantemente, ni tampoco que tal modificación obedezca a imperativos de las Directivas de la Unión Europea, sino que asistimos al parto de una nueva criatura en el universo de los recursos administrativos. Así, nuestro Derecho Administrativo mediante el embudo de la vieja Ley 30/1992 pretendió simplificar los recursos administrativos, básicamente centrándolos en el recurso de reposición y el recurso de alzada ( junto al extraordinario de revisión) y mantener como recurso especial de cuño económico, las veteranas reclamaciones económico-administrativas.

Ahora se crea un nuevo recurso administrativo especial en materia de contratación que viene de la mano de la Ley 34/2010 de 5 de Agosto (BOE de 9 de Agosto), de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. Tal reforma (anticipada por Antonio Arias en un post anterior) se debe a la publicación de la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, la cual modifica la normativa comunitaria reguladora de los recursos en materia de contratación tanto con referencia a los contratos del Sector Público, como con respecto de los que celebren las entidades contratantes en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Intentaremos examinar un Recurso Contractual que presenta perfiles propios que hacen difícil pronosticar el acierto de la figura. [...]

Bailando con toros: Ultimas noticias jurisprudenciales sobre la publicación edictal

En tiempo de vacaciones reverdece la posibilidad de que la Administración intente la notificación de un acto administrativo y encontrándose ausente el destinatario, tras el doble intento del cartero, pudiera ser que el ciudadano ignore que el Boletín Oficial hace las veces de tal notificación mientras sestea plácidamente. Ya Sevach abordo el problema de las notificaciones del mes de Agosto en un anterior post, pero ahora se trata de hacer eco de la recientísima sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de  12 de Julio de 2010 (rec.90/2007) que aborda el sentido y alcance de las publicaciones edictales.

Así, en el caso planteado, la reclamante ante el Tribunal Económico-Administrativo Central indica un domicilio y posteriormente en la pieza incidental de suspensión ante ese mismo Tribunal indica otro, pese a lo cual la Resolución final de la reclamación económico-administrativa se intenta notificar infructuosamente en el domicilio inicialmente consignado. La consecuencia fatal para la reclamante fue que no enteró de la resolución final de su reclamación, y  le pasaron los plazos para recurrir la Resolucion económico-administrativa, y la Audiencia Nacional inadmite el recurso contencioso por extemporáneo.

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No jugarás al póquer en vano en Castilla y León ni asistirás a los toros en Cataluña

Hace unos días el Diario El Norte de Castilla ofrecía la tesis del gobierno autonómico de que el juego del póquer en todas sus modalidades y en cualquier lugar estaba prohibido, ya que se trataba de una actividad legalmente reservada a los Casinos. Por su parte, el parlamento catalán ha prohibido los espectáculos taurinos en Cataluña.

Estos vientos prohibicionistas merecen una reflexión, al margen de valoraciones políticas e ideológicas.

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Prueba o paga: el dilema del contribuyente ante los incrementos de patrimonio no justificados

La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de Junio de 2010 (rec.399/2005) recuerda que cuando la Administración tributaria identifica un incremento patrimonial, se desplaza la carga de la prueba al contribuyente del origen y momento de tal riqueza. En estos casos, el común de los contribuyentes se queda perplejo cuando  Hacienda, al filo de la prescripción, esto es, a punto de pasar cuatro años, requiere al atribulado ciudadano que le explique las razones de un ingreso bancario, por ejemplo. El ciudadano se siente como el gato que se ha tragado el canario.

En numerosos casos, bien por el tiempo transcurrido o bien porque nadie lleva una contabilidad mercantil en su vida doméstica, lo primero que se le ocurre al inspeccionado como estrategia de defensa es invocar su presunción de inocencia y reclamar que pruebe Hacienda, que para eso acusa, que tales ingresos eran no justificados o “bastardos”. [...]

Un caso de sanción de tráfico legal pero injusta

El inicio de la semana santa para Sevach viene marcado por una sanción de tráfico. Se trata de un ejemplo vivo del Derecho Administrativo, ya que representa la eficacia de la Administración y la potestad sancionadora en su esplendor, todo de acuerdo con la ley, pero lamentablemente refleja situaciones injustas en un ámbito donde so pretexto de criterios técnicos, la reglamentación se convierte en un monstruo con vida propia, de la que son víctimas los usuarios. Veamos el caso con detalle. [...]

La Administración no indemniza si su criterio errado era defendible jurídicamente

Un funcionario no pudo disfrutar de la jubilación parcial porque su Administración se la denegó, por lo que se vio obligado a acudir  los tribunales de lo contencioso-administrativo que le reconocieron su derecho, aunque cuando ya había alcanzado la edad de jubilación forzosa y total. Así, reclamó daños y perjuicios por el daño moral de no haber podido disfrutar el tiempo libre que le habría permitido la jubilación inicialmente denegada, y tal pretensión fue desestimada por la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 24 de Febrero de 2010 (rec.347/2008), que considera que en los casos en que hay posiciones jurídicamente dudosas, el particular tiene la obligación de soportar el perjuicio del criterio errado de la Administración. [...]

El Tribunal Supremo entierra los recursos de reposición contra la aprobación del planeamiento urbanístico

La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de Enero de 2010 (rec.6578/2005) afronta con sencillez la clásica práctica de ofrecer recurso de reposición frente a la aprobación definitiva de un instrumento de planeamiento urbanístico. Desde el punto de vista sociológico, todo el mundo sabe que el órgano que aprueba definitivamente el planeamiento (Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, según el caso) suele ofrecer la posibilidad de interponer recurso de reposición frente al modelo final resultante de la información pública, y con ocasión del mismo, algunos desaprensivos en cargos públicos, suelen aprovechar para modificar ladinamente el plan. O sea, en términos penales, con premeditación ( “ No te preocupes – dijo el Concejal o Consejero- ya me pedirás la recalificación en el recurso de reposición”), alevosía (“nadie podrá evitar la estimación del recurso pues solo tú y yo sabemos que recurrirás y que será estimado”)  y nocturnidad (“ ya se publicó el plan completo en el Boletín Oficial, y esta resolución aislada estimando el recurso pasará desapercibida”). Veamos ahora el razonamiento estrictamente jurídico, e impecable, del Tribunal Supremo.   [...]

Alerta roja: La generalización de controladores de la ORA armados con PDA

Las Administraciones suelen tardar en corregir sus prácticas si el cambio de criterio perjudica a las arcas públicas. En cambio, el contagio de técnicas al servicio de la recaudación es tentador e imparable. Viene al caso porque seguramente, tras las iniciativas fructíferas de varios Ayuntamientos ( Gijón, Valladolid, Zamora, Salamanca, Valencia, etc), el año 2010 será posiblemente el año de la implantación generalizada en la inmensa mayoría de los municipios españoles de tecnología de PDA y fotografías a cargo de controladores de la ORA, con el consiguiente impacto positivo recaudatorio y correlativo rechinar de dientes de conductores. No plantea problemas la implantación de agendas electrónicas (PDA) y su utilización por agentes de la policía local para formalizar denuncias, contrastar información y enviarlas a la central, con la consiguiente economía de papel, tiempo, trámites así como beneficios de seguridad jurídica. Los problemas o dudas brotan por el paso adelante de confiar tal responsabilidad a los controladores de la ORA, en tanto personal contratado sin condición de autoridad, aunque se supedite a la validación a distancia y  electrónica por policías con mando en plaza. [...]

La responsabilidad administrativa está de moda: tres tristres tigres

La responsabilidad de la Administración por el funcionamiento de sus servicios públicos es  un instituto clásico que todo  manual de Derecho Administrativo y temario de oposiciones ha considerado parte esencial para demostrar como la Administración Pública  es responsable (“el que rompe, paga”) y como los particulares víctimas de su actuación, normal o anormal (con o sin culpa de la Administración), pueden demandarla ante los Tribunales (“La Administración baja del pedestal y se sienta en el banquillo”) con el fin de obtener el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios causados. Tan clásico instituto está de moda por tres circunstancias que revelan como el Derecho Administrativo se va enredando en sus avances, provocando el trabalenguas jurídico propio de la repetición de la infantil versión de los tres tristres tigres. [...]

Si no pagas las multas de tráfico, no conduzcas

Parodiando el mensaje de Stevie Wonder, la reciente Ley 18/2009, de 23 de Noviembre introduce una reforma de gran importancia práctica. Su art.87 establece que « El titular de un permiso o licencia de conducción no podrá efectuar ningún trámite relativo a los vehículos de los que fuese titular en el Registro de Vehículos cuando figurasen como impagadas en su historial de conductor cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy graves». De este modo, se está admitiendo que la clásica recaudación forzosa mediante el apremio o embargo de los bienes no funciona, y que es mas práctico para la Administración esperar a que “Mahoma venga a la montaña burocrática” a solicitar una transferencia del vehículo, que perseguir bienes del deudor por todas las esquinas. [...]

Del procedimiento abreviado sancionador en materia de tráfico: un sendero peligroso

La recientísima reforma operada en la Ley de Tráfico, por Ley 18/2009, de 23 de Noviembre, entre otros muchos aspectos, introduce un “procedimiento administrativo abreviado” consistente en la atribución al pronto pago de la multa de un sustancioso descuento con archivo fulminante de las actuaciones. Para Sevach, ni es procedimiento ( pues toda actuación consiste en el simple desembolso por el denunciado), ni es administrativo ( pues mas bien se trata de un procedimiento de recaudación que sancionador) ni siquiera abreviado (pues no es que sean pocos o fugaces trámites: es que no hay ninguno). Básicamente el novedoso procedimiento es una transacción de urgencia con ecos del puro estilo mafioso del viejo Capone: « si pagas de inmediato se produce un descuento del 50%, aquí no ha pasado nada, y evitas todas las complicaciones del posible accidente de un procedimiento sancionador ». [...]

A la Comisión Nacional de Competencia no le tocan los huevos

La Comisión Nacional de la Competencia ha sancionado con 100.000 euros a la Asociación interprofesional de los productores de huevos (Inprovo), por haber alentado subidas de los precios en origen con el fin de mantener la rentabilidad.
Con ello, la Comisión Nacional de Competencia, heredero del viejo Tribunal de Defensa de la Competencia, demuestra que no le tiembla el pulso al hacer uso de la potente autonomía recibida de la reciente Ley 15/2007. [...]

De al admisión de un tal Francisco Franco en las oposiciones y otras posibles suplantaciones

La semana pasada fue noticia que en las listas de admitidos de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Valladolid figuraba Francisco Franco Bahamonde, y con nota media de 9,8, debido a que el sistema de preinscripción on line permite cualquier nombre, remitiéndose la comprobación de los datos hasta que las personas admitidas realizan la matrícula correspondiente. Esta broma inocente revela que al igual que la Universidad de Valladolid, muchas Administraciones Públicas son vulnerables a tal tipo de fraudes. [...]

De cómo el Derecho Administrativo controla a las Federaciones Deportivas mientras el Derecho Laboral tutela a los deportistas

En tiempo estival aumenta el interés por las noticias deportivas, siendo buen momento para reflexionar en la tumbona playera sobre el triple fenómeno del fútbol español al hilo de los correlativos acontecimientos recientes.

En primer lugar, la contratación multimillonaria de futbolistas como Cristiano Ronaldo o Kaká por sociedades anónimas deportivas cuya viabilidad financiera es un acto de fe mas propio de apuesta de Casino de Las Vegas que de una sociedad mercantil anónima merecedora de tal nombre.
En segundo lugar, la prensa se hace eco de Ayuntamientos que dedican subvenciones y aplican todo tipo de subterfugios jurídicos para sostener el equipo local ( y ello al margen del color político municipal, como prueba que la operación de salvamento diseñada por el Ayuntamiento de Gijón, fue plagiada por el Ayuntamiento de Oviedo, y provocando una práctica contagiosa a otros Ayuntamientos que encubren subvenciones a sociedades deportivas bajo el manto de una operación de compra municipal de su “marca deportiva”- nombre y escudo- con valoración “inflada” a que al igual que la adquisición de una mula coja no resistiría auditoría seria).
En tercer lugar, la recientísima autorización de emisión por televisión digital mediante pago a golpe de Decreto-Ley y que ha hecho aflorar la disputa entre los buitres mediáticos del jugoso mercado de los partidos de fútbol mediante precio.
En suma, parodiando al insigne Quevedo: “ Poderoso caballero es el mundo futbolero”. [...]

La caducidad del procedimiento sancionador: hablando claro y con apoyo en la jurisprudencia reciente

En el mundo forense administrativo es frecuentísimo que los letrados al impugnar una sanción administrativa esgriman el motivo de la caducidad del procedimiento o la prescripción de la infracción, ya que a veces el factor tiempo y las dilaciones administrativas socorren al infortunado denunciado y se salva por los pelos. Sin embargo, las cuestiones de las diferencias entre el instituto de la caducidad y el de prescripción, cúando se produce la caducidad, y con qué efecto, se presentan a veces confusas para los operadores jurídicos, por lo que al hilo de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y bajo un tono didáctico al servicio de la claridad, Sevach intentará facilitar la respuesta a tan importantes cuestiones. No olvidemos que no pocas victorias judiciales se apoyan en la caducidad del procedimiento, o sea, en castigar a la Administración perezosa que no hace los deberes en el tiempo legalmente marcado. [...]

Del deber de abstención y recusación como instituto cojitranco

La noticia de que el Alcalde de Valladolid vota en el pleno que debe decidir sobre su propia recusación y por si fuera poco, resultando su voto de calidad decisivo, encierra un sarcasmo que ataca toda la metodología del Derecho Administrativo. Algo pasa en el Derecho Administrativo cuando “cuelan” tales fenómenos. El caso, tal y como lo refleja la prensa es de auténtico vodevil jurídico: un concejal recusa al Alcalde por amistad con un constructor que promueve un Plan urbanístico; el secretario general informa jurídicamente en el plenario al abrirse el asunto relativo a decidir tal incidente de recusación, y concluye el técnico en que el deber de abstención se extiende “por interés personal” tanto al Alcalde (recusado), como al concejal recusante; ante tan salomónico criterio, el Alcalde se niega a abstenerse y por idéntica razón, tampoco se abstiene el concejal; dada la peculiar composición plenaria, tal juego provoca el empate, y se decide con el voto de calidad del Alcalde. [...]

Bienvenido, Mister Ciberembargo: Hacienda te necesita

En estas fechas veraniegas a Sevach le sorprende amargamente que la muerte de la niña indebidamente tratada en el Hospital Gregorio Marañón se hubiera evitado con una técnica o sistema informático de bajo coste, mientras que el BOE de 22 de Julio de 2009 publica la Resolución de 10 de Julio de 2009 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se establece el procedimiento telemático de embargo por cuantía inferior a 20.000 euros. O sea, que hay ámbitos de la administración ( sanitario o asistencial, por ejemplo) en que las garantías normativas y tecnológicas están bajo mínimos, y otros como la Administración recaudadora donde no importa el coste jurídico y económico para la eficacia total. [...]

Cómo hacerse rico legalmente a costa de la Administración Pública

como hacerse rico

En tiempos de crisis económica, la mayoría de la gente no se preocupa por hacerse rico sino por subsistir o mantener un nivel digno de calidad de vida, pero no es menos cierto que son épocas en que no faltan quienes consiguen hacerse mas ricos a costa de la desgracia ajena ( cobradores del frac, establecimientos de venta de segunda mano, preparadores de oposiciones, empresas de comida a domicilio, especuladores de valores, subasteros, gestores de embargos,etc). Ello le plantea a Sevach la curiosa cuestión de si es posible hacerse rico a costa del Derecho Administrativo o mas bien de las Administraciones Públicas de foma lícita, aunque de dudosa moralidad. Se trataría de determinar si el Derecho Administrativo presta cobertura a una versión chusca de Robin Hood, esquilmando a una Administración rica para dárselo al pobre pícaro que intenta aprovecharse de ella. Al fin y al cabo, si tales situaciones son jurídicamente posibles ningún reproche debe hacerse a quien aprovecha los agujeros legales. Veamos cúales. [...]