El escurridizo anatocismo de las deudas de contratos públicos

intereses El instituto del anatocismo o “devengo de intereses sobre los intereses” entró con dificultad en el mundo administrativo donde existía la anacrónica idea de que la Administración ya se esforzaba bastante con pagar el capital y los intereses de demora, superando las cargas burocráticas, así como que el contratista ya cobraba bastante con los suplementos que aplicaba en sus ofertas y modificados.

Afortunadamente esos prejuicios fueron desterrados y la crisis puso sobre el tapete la lucha por los intereses devengados por deudas de Administraciones que se resisten a pagar por los contratos, y de paso por los intereses de los intereses. Ahora la resistencia al pago por los gestores públicos suele deberse a la falta de capacidad de reacción de la Administración, cuyo papeleo le lleva a calcular los intereses debidos y a someterlos a los informes técnicos y jurídicos y aprobaciones, lo que consume un lapso de tiempo valioso, que deja al contratista sumido en la perplejidad porque ese tiempo burocrático le genera una pérdida de “lucro cesante” o mas bien de “intereses de tales intereses”.

Y así, la Administración como sabe que “los intereses sobre intereses” son cantidades exiguas, a veces maliciosamente juega con lo que le cuesta al contratista recurrir (pagar tasas, exponerse a las costas procesales, mas tiempo,etc), lo que les lleva, ante las reclamaciones de “intereses de intereses”,  a dar la callada por respuesta, o lo que es incluso peor, a reconocerlo parcial o totalmente en vía administrativa cuando se inicia el procedimiento,  para desactivar el pleito e intentar eludir la imposición de costas procesales.

Pues bien, en materia de anatocismo podemos sintetizar la doctrina jurisprudencial tal y como la ha sentado el Tribunal Supremo y nos lo refresca la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de Junio de 2014 (rec.1227/2013). Veamos.

La pretensión de indemnización por acto ilegal no requiere previa reclamación administrativa

patrimonial A muchos les resultará obvio lo que aprendieron en la Facultad, en la letra de la Ley y en el foro: es jurídicamente posible plantear en vía administrativa solamente la ilegalidad de un acto administrativo  y ante la desestimación, formular a continuación la demanda contencioso-administrativa y en esta fase incorporar a la pretensión de anulación la nueva pretensión de condena a indemnizar daños y perjuicios derivados de la ilegalidad del acto.

Digamoslo claro: No está obligado el particular  a solicitar de forma conjunta en vía administrativa tanto la declaración de ilegalidad como la condena. No está obligado el particular a iniciar un procedimiento autónomo tras la sentencia estimatoria para que se le reconozca la indemnización. Y sobre todo, si se reserva esta pretensión indemnizatoria para subirla al carro de la demanda contra el acto supuestamente ilegal, no se incurre en desviación procesal.

Sin embargo, no debe ser tan obvio (quizás nos hacen olvidarlo las numerosas capas y reconversiones de nuestro Derecho Administrativo, “inmenso y ondulante”- Whitman) cuando la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Junio de 2014 (rec.5697/2011) revoca una sentencia de Sala de Tribunal Superior de Justicia para recordarlo didácticamente. Veamos lo que dice y lo que nos enseña.

Cuando la Administración ejecuta sin haber resuelto la suspensión solicitada

administracion imparable A veces la Administración actúa como una apisonadora. El particular sufre el acto ejecutivo y para paralizar su eficacia se apresura a solicitar de la Administración que se suspenda mientras se resuelve su recurso administrativo o judicial. Sin embargo en ese intervalo, a veces la Administración no da tregua ni respiro y sigue ejecutando la resolución mientras se decide la medida provisional o cautelar solicitada.

Es cierto que la lógica y el derecho imponen que si alguien sufre un acto administrativo y solicita la suspensión, debería paralizarse la ejecución hasta que al menos se pronuncie el órgano administrativo o judicial sobre si procede o no la suspensión. Si el acto administrativo se ejecutase, el derecho a solicitar la suspensión quedaría en papel mojado, pues como decía Calamandrei, la medicina de la suspensión llegaría tarde, cuando el paciente ha fallecido.

Pues bien, ya me ocupé en un post anterior de la curiosa regulación y jurisprudencia en torno a la suspensión solicitada con ocasión de los recursos administrativos contemplada en el art.111 de la Ley 30/1992, de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y ahora toca abordar la cuestión relativa a la solicitud de suspensión de acto impugnado ante el Tribunal económico-administrativo que, pese a no ser resuelta, se tropieza con una Administración que sigue imparable su marcha y dicta apremio y embargo. En este caso, el Tribunal Supremo se pronuncia de forma enérgica y aprovecha para recordar la doctrina general sobre la prohibición de la Administración de ejecutar un acto administrativo mientras pende la resolución de la medida cautelar solicitada ante el Tribunal contencioso.

Nueva Ley de Tráfico en el BOE y otra vuelta de tuerca a las garantías

nueva ley de tráfico   Se acaba de publicar en el BOE de 8 de Abril de 2014   la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico y con ello se perpetra uno de los mayores asalto a las garantías del Estado de Derecho.

La finalidad es legítima ya que se persigue atajar accidentes de tráfico y asegurar el cumplimiento de la normativa por los conductores con la consiguiente mejorar la seguridad viaria así como la ordenación del tráfico. Sin embargo, la eficacia es una meta constitucional (art.103 CE) que no tiene el rango del derecho a la tutela judicial efectiva calificado como derecho fundamental (art.24 CE). Y por supuesto, menor rango posee la eficacia recaudatoria.

Con esta reforma se da otra vuelta de tuerca en materia de tráfico que se va apartando hacia un mundo propio del Derecho Administrativo, alejado del régimen general de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común. Si en su día, un magistrado del Supremo calificó en sentencia la legislación tributaria de “Guantánamo tributario” ( por la ausencia de garantías) puede hablarse de un “Guantánamo de tráfico” dada la relajación de las mismas en este ámbito, donde la legislación sectorial desplaza la legislación general.

 Dado que su análisis conjunto excede del campo del post me limitaré a dos puntuales anotaciones críticas, aunque la nueva Ley es un museo de experimentación jurídica.

En particular la Ley consigue algo que solo los magos conseguían: que las notificaciones sean invisibles y que el procedimiento sancionador desaparezca, aunque el truco que les falla es  cuando parece que “cortan con la sierra por la mitad”: pobre denunciado.

La Administración no es buena samaritana con el ciudadano descaminado

Admnistracion y servicios    Un especie de jarrón chino se oculta en la Ley 30/1992, muy decorativo pero que a la Administración le estorba y no suele usar, consistente en la llamada “mejora de la solicitud”, que se recoge en el art.71.3 en los siguientes términos: “ En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de aquélla”. Veamos las últimas noticias jurisprudenciales sobre su alcance.

El corazoncito del Supremo : suspensión de sanciones sin fianza


sancion tributaria   Aunque la letra de la Ley es fría, a veces sentencias del Supremo demuestran una cálida sensibilidad hacia las empresas víctimas de la crisis económica como la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 24 de Febrero de 2014 (rec.2947/2013), mostrando un firme criterio proclive a aceptar la suspensión de sanciones a empresas con dificultades económicas sin fianza alguna. Insistiremos que no se trata de la suspensión en vía administrativa, donde la suspensión opera automáticamente, sino en la ulterior vía contencioso-administrativa.

Basta imaginarse a una empresa cualquiera a la que la Administración Tributaria le haya dictado una liquidación tributaria acompañada de una sanción elevada ( multiplicada, mas bien, dada la predilección de la Ley General Tributaria por los múltiplos al castigar y por el “tres en uno”: intereses, recargos, apremios).

 Se iniciará el calvario de la vía económico-administrativa y luego el proceso contencioso-administrativo, a cuyas puertas la empresa tendrá que rascarse los bolsillos ( o mas bien sacudir las telarañas de la caja fuerte) para afrontar los costes de las tasas judiciales ( en función de la cuantía, para mas inri) y anticipar los gastos de abogado y/o procurador, además de los gastos de pericias mercantiles o contables, y de rebote saber que posiblemente ese litigio pasará por una primera instancia o etapa, y si fracasase, la segunda instancia. Y ese periplo judicial probablemente consumirá algún trienio de la vida de los administradores de la empresa recurrente, período sobre el que se cierne la amenaza de los intereses – o gota malaya- de un aval o garantía de pago. Un panorama nada bueno.

Doctrina legal: La caducidad se trunca el día del intento de notificación postal

doctrina legal sobre notificaciones  Un acto administrativo no notificado es como una bicicleta sin ruedas: ni lleva a ningún lado ni sirve para otra cosa. Por eso el legislador se preocupó de regular las notificaciones cuando el cartero acudía por dos veces al domicilio o lugar indicado por el interesado y se tropezaba con que nadie abría la puerta pese a acudir dos veces en hora distinta dentro de los tres días siguientes.

  En esta hipótesis, en que “el cartero llamó dos veces” infructuosamente, se produce una doble e importante consecuencia, que ha sido matizada por la recentísima STS de 3 de Diciembre de 2013, que fija doctrina lega.

Sobre la torpeza en el Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

No pretendo ser irreverente. Solamente referirme a la importante Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2013, de 4 de noviembre de 2013 del Tribunal Constitucional que aplica la vieja enseñanza civilista de la “causa torpe” como vicio del negocio jurídico al ámbito contencioso-administrativo. No deja de recordarme la clásica doctrina penal del árbol envenenado por las raíces que contamina los frutos.

Pero veámoslo con detalle que merece la pena.

La inconstitucionalidad de las tarjetas rojas de las sanciones futbolísticas

bis in idem   Esa conclusión podría derivarse de la aplicación al ámbito deportivo de la doctrina sentada en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 189/2013, de 7 de noviembre de 2013 (BOE de 4 de diciembre de 2013) que, no se pronuncia sobre las sanciones deportivas, pero sale al paso de la curiosa y creciente tendencia legislativa a tipificar infracciones muy graves por la acumulación de infracciones graves ( en términos bíblicos, dos pecados veniales se convierten en pecado capital). Veamos.

Del enriquecimiento injusto y sus injustas circunstancias

buitre Debo confesar que la locución “enriquecimiento injusto” me evoca un tal Bárcenas, aunque también algunos bancos, compañías de seguros, empresas eléctricas y de telefonía. Sin embargo ahora se trata de aludir a los interrogantes que plantea en el ámbito jurídico-administrativo el instituto del enriquecimiento injusto, que es un gran desconocido pese a convertirse en arma poderosísima en manos de un abogado hábil frente a una Administración torpe.

Cosas que nunca te dijeron de la revisión de oficio

deshacer Para los abogados, el instituto de la revisión de oficio de actos administrativos nulos de pleno derecho es un filón de esperanzas o de desazón, según los casos. La rápida lectura de la Ley nos sitúa ante el bálsamo de Fierabrás que hacía andar a los cojos y hablar a los mudos, con capacidad para eliminar cualesquiera actuación administrativa, pídalo quien lo pida y lo pida cuando lo pida. Sin embargo, lo que la letra de la Ley parece dar, la jurisprudencia lo recorta.

Se impone mostrar primeramente el bing-bang o expansión de su figura según la letra de la Ley, y luego su contracción o limitación jurisprudencial, pues pocos institutos jurídico-administrativos apoyados en una única y solitaria piedra de un artículo (102 de la Ley 30/92, de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común), han permitido a la jurisprudencia alzar una compleja catedral jurisprudencial. Y dado que un repaso de la reciente jurisprudencia me ha mostrado un rosario de casos en torno a la revisión de oficio, me permito hacer un rápido recorrido que confío resulte de utilidad para los juristas con poco tiempo para estudiar. Y debo confesar que son cuestiones que nunca me dijeron cuando estudiaba en la Facultad de Derecho pero que son valiosísimas para evitar sorpresas en el foro y sonrojos fuera de él.

Importantísima precisión jurisprudencial sobre las notificaciones

carteroEl Tribunal Supremo a veces recuerda la imagen del guardián escondido entre el centeno, vigilando para que los niños no se caigan por el precipicio ( de la obra de J.D.Salinguer), como en la recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 3 de Julio de 2013,  que curiosamente versa sobre el deslinde costero de un acantilado, pero que tiene una valiosísima perla en uno de sus Fundamentos de Derecho. Nada menos que se pronuncia sobre el lugar en que deben efectuarse las notificaciones en los procedimientos de oficio, y partiendo de una loable finalidad antiformalista se aparta de la letra de la Ley 30/1992 y de la praxis administrativa y judicial anterior. Veamos.

Falta de motivación administrativa: ¿ Crimen con castigo ?

explicacion Una de las acusaciones mas habituales contra la Administración esgrimida en las demandas contencioso-administrativas consiste en la falta de motivación de la actuación administrativa conculcando el art.54 de la Ley 30/1992. Es sabido que la motivación de los actos administrativos no es un capricho jurídico, ni cuestión de cortesía, sino garantía para desterrar la sospecha de arbitrariedad y además permitir al afectado decidir con conocimiento de causa, si embarcarse en un proceso contencioso-administrativo.

Ante tal imputación de sinrazón en la demanda contencioso-administrativa, la Administración suele montar un zafarrancho estratégico para robustecer la motivación cuestionada del acto impugnado. Y precisamente sobre las tretas de la Administración para “vestir el santo de la motivación” en vía contencioso-administrativa y sus consecuencias invalidantes, hemos de traer a colación la STS del 19 de Febrero del 2013 ( rec. 6429/2011).

Asalto a las garantías de la expropiación forzosa tras la última reforma legal

ExpropiacionLa expropiación forzosa es un instituto que siempre ha gozado de mala salud, de un lado, porque el procedimiento de urgencia se convirtió en la regla general, y de otro lado porque el expropiado siempre ha soportado un “injustiprecio” (lejano al valor de mercado) que además se pagaba tarde. Por eso, es dolorosamente llamativo que la  última reforma de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954 no solo se perpetra alevosamente al introducirla en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, sino que se ocupa de ahondar mas todavía en la herida de las garantías.

 Antes de ver el sistema vigente tras la “ominosa reforma”,  no está de más hacer un viaje en el tiempo a las oficinas del Ministerio de Hacienda el día que se dan las instrucciones para acometer esa perversa reforma de la Ley de Expropiación Forzosa. Veamos. 

Ultimísimas noticias del Supremo sobre el doble silencio administrativo

Negacion Cuando creíamos que ya se había fijado la doctrina sobre el denominado silencio administrativo, esto es, sobre el sentido que hay que atribuir a la callada por toda respuesta de la Administración Pública, nos llega una recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que precisa el alcance del mismo en el supuesto del doble silencio, esto es, del recurso de alzada frente a una desestimación presunta, caso en que el art. 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Administraciones Públicas, le atribuye efecto estimatorio. Veámoslo con detalle.

El Supremo aplica el régimen de notificaciones para la comunicaciones interadministrativas

notificacionesHay sentencias del Tribunal Supremo que, sin fijar doctrina legal, de un plumazo completan institutos del procedimiento administrativo y tambalean prácticas burocráticas incuestionadas. Se trata de la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de Enero de 2013 (rec.6332/2009) que considera aplicable a las solicitudes de informes de una Administración a otra en el marco de procedimientos administrativos los requisitos propios de las notificaciones administrativas del art.58 de la Ley 30/1992. Y así, en el caso analizado se trataba de la impugnación por una empresa de la aprobación definitiva de la modificación de un Plan General de Ordenación Urbana que se fundamentaba en la nulidad por falta del informe preceptivo de la Diputación y de la Comunidad Autónoma ya que la constancia de la petición de informe a ambos organismos se consideraba insuficiente. El Tribunal Supremo considera que es precisa la constancia de los acuses de recibo y cauces de garantía de notificación impuestos por el art.59 de la Ley básica 30/1992, por lo que siendo insuficiente la prueba de su petición, se ha omitido un trámite esencial que determina la nulidad de pleno derecho de la modificación impugnada.  Pero veamos con detalle las argumentaciones en liza.