Tras cinco años y medio de aprobarse la Ley 33/3 de Patrimonio de las Administraciones Públicas se publica en el BOE el Reglamento general que lo desarrolla. Veamos su alcance y novedades. [...]
La estabilidad presupuestaria, ante exigencias de la Unión Europea, consiguió poner bridas al gasto desenfrenado y al déficit galopante de las Administaciones Públicas españolas, vicios tradicionalmente apoyados por un lado, en la clave política de asociar gasto público a rentabilidad electoral, y por otro lado, en la coartada jurídica de la intangible autonomía institucional de cada Administración Pública para alzarse en dueña y señora de sus presupuestos.
La publicación en el BOE de 29 de Diciembre de 207 de la reciente Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, obliga a un resumen de urgencia de las novedades de tan importante ley para la tutela pública de los derechos de los implicados en el mundo de las nuevas tecnologías de la información.
La Ley de la democracia que afecta a más personas, a todos los consumidores de productos y usuarios de servicios públicos y privados, ha sido publicada en el BOE. Se trata del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
¿El flamante televisor de plasma no funciona tras desembalarlo?, ¿el libro adquirido por internet es un folleto parroquial?, ¿acudió a primera hora a comprar un artículo de oferta en un hipermercado y sospechosamente estaba agotado?, ¿el vendedor le dice que casualmente el producto de su establecimiento de su interés está marcado con un precio por error mas bajo que el real?,¿la empresa de telefonía no le permite desistir del contrato o le penaliza por ello?, ¿le han enviado contra reembolso un producto no solicitado?, ¿no haya interlocutor en el establecimiento del vendedor para poder reclamar información o garantías de un producto?,¿la bicicleta de su hijo carece de todos los accesorios excepto el sillín y los pedales?, ¿todas las facilidades para firmar el contrato se vuelven obstáculos al reclamar?, ¿lo que le da la publicidad en letra grande se lo quita la letra pequeña?… Todo eso y más puede encontrar solución o consuelo en el código normativo del consumidor.
El BOE de 27/11/07 recoge las Orden APU//3416/2007, de 14 de Noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para acceso a cuerpos o escalas de la Administración del Estado.
La publicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público constituye uno de los acontecimientos (o hecatombe) mas importantes en el mundo del Derecho Administrativo. Resulta oportuno ofrecer una visión resumida de dicha Ley para juristas y opositores sin tiempo para rompecabezas y ocurrencias del legislador.
Estamos ante una Ley crucial, de tremendo impacto en el mundo jurídico al configurar de forma peculiar el instituto de la responsabilidad en este ámbito, así como económico, al afectar a las variables de los escenarios en que se mueven los operadores económicos. Pero sobre todo, su impacto será a medio y largo plazo en cuanto a la calidad de vida ambiental. Veamos las líneas de su régimen.
La aprobación en Lisboa de los términos del futuro Tratado de Reforma de la Unión Europea constituye, parafraseando lo dicho al pisar el hombre la Luna, “un pequeño paso para el europeo, pero un gran paso para la humanidad” ya que renueva como el ave fénix una Europa sólida, cohesionada, democrática, con poderes jurídicos operativos para mejorar la sociedad europea hacia adentro e incidir positivamente en la comunidad internacional.
Ley 10/2007, de 22 de Junio de la lectura, del libro y de las bibliotecas (BOE 23/06/07)
1- Contexto normativo. Este texto legislativo sustituye la clásica regulación del libro en España, que se encontraba recogida en una normativa dispersa y en ocasiones preconstitucional (se deroga parcialmente la vieja Ley 9/1975), y se adapta a la actual organización del Estado, respetando el ámbito de competencia de las distintas Administraciones públicas y fijando el marco de colaboración con las mismas en esta materia.
Novedades de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de Mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (BOE de 25/5/07).
1. FUNDAMENTO. La reforma de la LOTC persigue fundamentalmente aliviar la sobrecarga del Tribunal Constitucional mediante una regulación que defina en términos restrictivos su propia jurisdicción y estableciendo filtros formales y sustantivos que permitan aliviar la carga de recursos de amparo hacer efectiva la excepcionalidad del cauce impugnatorio ante aquél.
1. Deroga la vieja Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, de 17 de julio, sobre cuya base se ha articulado un sistema basado en la existencia de dos órganos administrativos especializados de ámbito nacional para la lucha contra las prácticas restrictivas de la competencia y el control de concentraciones económicas, el Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia.
1. Finalidad. No es una “ley urbanística” con vocación reguladora integral, sino que tras la STC 61/1997 la competencia estatal “adelgazó” a favor de las Comunidades Autónomas por lo que la Ley se centra en el régimen del Suelo.
2. Estatuto ciudadano.
Regula los derechos y deberes de toda la ciudadanía respecto al suelo, y no sólo los de los propietarios del mismo, estableciendo un estatuto básico de ciudadanía en relación al suelo y el medio urbano y rural. En particular se impone a los propietarios del suelo urbanizado destaca el deber de edificar en los plazos establecidos, conservar y rehabilitar lo edificado, habilitando, en caso contrario, para la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, o a la aplicación de venta o sustitución forzosa.
3. Seguridad jurídica.
A) La Disposición Final 2ª prevé un Real Decreto Legislativo para elaborar un Texto Refundido de la nueva Ley y los preceptos que la misma mantiene vigentes del Texto Refundido de 1992.
B) Los Ayuntamientos deberán publicar en Internet los planes vigentes, así como tener copias impresas a disposición de la ciudadanía.
C) Los Planes de Ordenación Urbanística se aprobarán por silencio administrativo de la Administración Autonómica si en el plazo de 6 meses no se ha pronunciado definitivamente al respecto.
I) ALCANCE NORMATIVO
- Fija las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos (art.1 EF).
- Se aplica supletoriamente a los funcionarios de las Administraciones públicas autonómicas, locales o institucionales en lo que no siendo básico, silencien u omitan en su regulación, las respectivas leyes sectoriales o autonómicas (art.2.5 EF).
- Modifica, pero no deroga en su integridad la Ley 30/1984, de 2 de Agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública. (disp. derogatoria Unica).
- Se trata de una modificación puntual, que deja subsistente la mayor parte de la LORU 6/2001, así como su legislación de desarrollo.
Aquí se encuentra la sinopsis del contenido de las leyes mas recientes en materia de Derecho Administrativo, con el fin de facilitar su estudio o visión de conjunto por opositores y en general, los empleados públicos.
- Su consulta y reproducción para uso particular es libre. En caso de reproducción a través de manuales o publicaciones, su uso está igualmente autorizado por su autor, con el único pero inexcusable requisito de citar la fuente en los siguientes términos: J.R. Chaves, en www.contencioso.es
- Se irán actualizando los contenidos a medida que se vayan dictando nuevos textos legales de interés.
Otra vuelta de tuerca en la tutela mediomabiental, siguiendo al estela de las Directivas comunitarias. Veamos un resumen. [...]
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