La pretensión de indemnización por acto ilegal no requiere previa reclamación administrativa

patrimonial A muchos les resultará obvio lo que aprendieron en la Facultad, en la letra de la Ley y en el foro: es jurídicamente posible plantear en vía administrativa solamente la ilegalidad de un acto administrativo  y ante la desestimación, formular a continuación la demanda contencioso-administrativa y en esta fase incorporar a la pretensión de anulación la nueva pretensión de condena a indemnizar daños y perjuicios derivados de la ilegalidad del acto.

Digamoslo claro: No está obligado el particular  a solicitar de forma conjunta en vía administrativa tanto la declaración de ilegalidad como la condena. No está obligado el particular a iniciar un procedimiento autónomo tras la sentencia estimatoria para que se le reconozca la indemnización. Y sobre todo, si se reserva esta pretensión indemnizatoria para subirla al carro de la demanda contra el acto supuestamente ilegal, no se incurre en desviación procesal.

Sin embargo, no debe ser tan obvio (quizás nos hacen olvidarlo las numerosas capas y reconversiones de nuestro Derecho Administrativo, “inmenso y ondulante”- Whitman) cuando la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Junio de 2014 (rec.5697/2011) revoca una sentencia de Sala de Tribunal Superior de Justicia para recordarlo didácticamente. Veamos lo que dice y lo que nos enseña.

Felicidad a golpe de Bando municipal

felipe VILa vida municipal regala perlas que nos hacen sonreír.

La Declaración de la Independencia americana de 4 de Julio de 1776 sentaba el derecho a ” la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”-

La Constitución española de 1812 en su artículo 6 afirmaba: ” El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y, asimismo, el ser justos y benéficos.”

Pues bien, con menor rango pero con similar candor, ayer se publicó por la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, un Bando con motivo de la proclamación de Felipe VI que mas allá de los Bandos recordatorios de normas, ofrece un ejemplo de glucosa y gozo que recuerda el mantra de los Hare krishna.

 

Las claves de la segunda instancia al desnudo

Tuvieron la amabilidad de invitarme en el Colegio de Abogados de Oviedo para hablar de las claves, puntos críticos y secretos de los recursos de apelación y casación. Gustoso acepté el reto y aquí está el video de la intervención que efectué el pasado 5 de Junio, jueves. Es una intervención que me pilló un poco cansado y de tono acelerado ( como soy yo), pero creo que puede resultar de utilidad al exponer cuestiones que no suelen aflorar en los Manuales y que solo proporcionan la experiencia y el ojo crìtico. Y por supuesto, si os aburre o el tema no os interesa, interrumpidlo sin piedad. Hay cosas mas interesantes que zambullirse en los recursos contencioso-administrativos.

Supresión parcial de la paga extra de los funcionarios : totum revolutum

inconstitucionalidad paga  La aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, que escamoteó la paga extra a los empleados públicos está convirtiendo nuestro hipermercado judicial en un zoco laberíntico, que tiene por eje la parte devengada antes de su vigencia. Se impone una visión del panorama para mostrar los derroteros esperpénticos que puede tomar la cuestión.

Responsabilidad de notarios, registradores y Administración sobre certeza de cargas de los inmuebles

responsabilidad notarios  La reciente Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de 2014 confirma la sentencia apelada que condena a un Notario a indemnizar nada menos que con 2.450.000 € ( de forma solidaria con la empresa vendedora) en favor de la empresa otorgante de una escritura de compraventa porque aquél no le proporcionó certeza sobre la inexistencia de cargas o embargo sobre el inmueble adquirido, con el consiguiente perjuicio patrimonial.

Así planteado parece claro quien es la víctima :  el ciudadano o empresa que confía en la información que le suministra el Notario en su condición de fedatario público.

Lo que ya no está tan claro es quien o quienes son los responsables y en qué medida. ¿El notario que no garantiza a tiempo real, instantes antes de la firma de la escritura, que la finca está libre de cargas?,¿el Registrador que, pese a que la Ley le mandaba desde hace casi una década que informatizase los Registros para asegurar la respuesta rápida, exacta y fiel al Notario que lo solicitase?,¿ el Estado que es quien fija la obligación por Ley y quien es el “patrono” de los registradores y debe velar por la seguridad del tráfico inmobiliario?, ¿responsabilidades civiles o administrativas?, ¿ todos o ninguno?, ¿responsabilidad en cadena?…

   A estas interesantes cuestiones da respuesta el espléndido artículo vertido por María Dolores Galindo Gil, magistrada de lo contencioso-administrativo en  El Confidencial. Con un estilo suelto, accesible y tras despachar los antecedentes de la responsabilidad patrimonial del poder público, aborda de forma incisiva, al hilo de esta pionera sentencia, el papel o papelón de un Estado que manda y no vigila, que debe garantizar la seguridad del tráfico jurídico y la abandona a su suerte, que debe colocar el tráfico inmobiliario en el siglo XXI y que lo deja en la Edad de Piedra, y que ha conducido a un caso patético en que Notario y Registro veladamente se acusan bajo un telón de fondo de unos sistemas informáticos con fallos propios de escopeta de feria.

Un artículo técnico y valiente que plantea preguntas incisivas y sugiere respuestas, al hilo de una Sentencia que hará historia ( o “histeria” en los notarios) y que producirá efecto reflejo en terceros (Registradores) así como en otras jurisdicciones ( la contencioso-administrativa a la hora de que el compungido Notario intente resarcirse de quien con su pasividad le ha metido en este embolado, o nuevamente la vía civil frente al Registrador que provocó el desaguisado).

notariosSin duda, esta sentencia provocará ríos de tinta doctrinales y tras la solvente óptica civilista ofrecida por la redactora Elena Sanz en un primer artículo, nos encontramos ahora con este segundo artículo bajo la óptica contencioso-administrativa y explorando la posible responsabilidad de la Administración Pública, por la magistrada Dolores Galindo y en uso de su libertad de cátedra, como afluente fresco y torrencial sobre una materia de impacto masivo, como es el tráfico inmobiliario, que ve tambalearse nada menos que la seguridad jurídica a que tienen derecho los ciudadanos así como Notarios y Registradores.

 

 

 

 

 

Provisión de puestos de trabajo con cartas marcadas

 abstencion  Me tropiezo con una interesante sentencia que aborda una cuestión tan típica como la predeterminación de los concursos de provisión de puestos de trabajo hacia un candidato concreto, y tumba el tinglado de forma impecable, sin adentrarse en sutilezas jurídicas, y eludiendo refugiarse en dogmáticas presunciones de imparcialidad.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 3 de Abril de 2014, y que confirma la del Juzgado que comenté en un post anterior, se adentra a valorar la objetividad del diseño y desarrollo de una convocatoria de concurso específico de méritos, cuestionado por un aspirante.

La sentencia deja claro que son las peculiaridades del caso las que le llevan a confirmar la anulación de lo actuado pero vierte perlas que ponen en cuarentena infinidad de procedimientos de provisión de puestos de trabajo de las últimas décadas que han pivotado sobre “cartas marcadas”: los vocales de la Comisión, el baremo a aplicar y la Memoria a valorar. Veamos el caso e implicaciones.

Los secretos de la apelación al descubierto el próximo Jueves

claves del recurso de apelacionEse será el objetivo de mi conferencia en el Salón de actos del Colegio de Abogados de Oviedo (C/ Schultz nº 5), Jueves- 5 de Juni- 19,30 horas,  bajo el título mas formal “Visión práctica del juez de la segunda instancia: estrategias y claves”.

El recurso de apelación supone para el Tribunal que lo resuelve, nada menos que “juzgar” a otro juez. Para el apelante “volver a tirar los dados” y para el apelado ver como “su gozo puede convertirse en un pozo”. Y si se estima el recurso de apelación paradójicamente será la prueba de que el sistema judicial “ha fallado y acertado a la vez” ( ha fallado porque ha detectado un error, y ha acertado porque lo ha corregido).

Aunque el modelo teórico radica en un sistema que pretende asegurar el acierto mediante “segunda opinión” por parte de un órgano colegiado (varios revisan lo de uno), lo cierto es que está viva la frase del juez del Tribunal Supremo americano Jackson: ” No somos los últimos en decidir por ser infalibles; se nos tiene por infalibles precisamente por ser los últimos”.

Así, en la ponencia que ofrecerá este chef con toga en vez de mandil, se intentará ofrecer un menú ligero y creativo sobre el recurso de apelación:

De entrada o aperitivo, abordaré las Dimensiones del Escenario de la Segunda Instancia.

Como primer plato, un poco fuerte, una fabada con mucho compango.

O sea, examen de las variables que deben sopesarse al apelar y a la hora de formalizar un recurso de apelación: la psicológica (sobre el juez) la sociológica (respecto del cliente), la procesal (sobre admisibilidades y alternativas, desviaciones, incidencias, trámites y sorpresas que acechan en la tramitación).

De segundo plato, mas ligero, Calamares de anzuelo rellenos con Gambas de Tazones sobre salsa de cangrejos aromatizados a la sidra.

O sea, guiños y varapalos de las sentencias que resuelven recursos de apelación, con examen de lo que se cuece en las deliberaciones tras las bambalinas a la hora de resolver un recurso de apelación. Ello con mención de la tipología de sentencias apeladas, tipología de apelantes y como no, tipos psicológicos de jueces llamados a resolver la apelación.

De postre: empanada de queso con nata.

O sea, el futuro de los recursos de apelación y casación según la tendencia del mercado litigioso y según las reformas previstas. Eso explica que el postre sea agridulce, mas bien cargante y esforzándose la nata en contrapesar el relleno.

 Pues bien, ese menú será ofrecido en persona por el Chef José Ramón Chaves en Oviedo, de forma gratuita y distendida, el día 5 de Junio, jueves, a las 19,30 horas en el Salón de actos del Colegio de Abogados tal y como está programado.

No obstante, si alguien se lo pierde, aunque no sabe igual el plato frío, ya buscará el chef alguna solución.

Sentencia curiosa por posibles erratas y errores: lo dogmático importa

error judicial La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Mayo de 2014 (rec.2743/2012) desestima un recurso de casación pero desliza un par de cuestiones de tipo teórico o dogmático que me sorprenden en su resolución, y es sabido que tras los conceptos siempre se esconden consecuencias prácticas.

Cuestiones prácticas del proceso contencioso-administrativo

cuestiones prácti  Ese es el título del reciente libro de Javier Latorre Beltrán (Ed.Sepin,2014) y que afronta con éxito la aventura de explicar el proceso contencioso-administrativo a través de 232 preguntas y respuestas sobre los vericuetos, incidencias y estrategias del proceso contencioso-administrativo.

Pensar que consultando solamente la Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo tendremos la guía para enfrentarnos al proceso es como montar una estantería modular de Ikea con las instrucciones: difícil, lento y de resultado impronosticable (por mi experiencia). Y ello porque el frío hueso de la Ley procesal se ha ido rellenando con la carne de la jurisprudencia, aunque dejando una figura descarnada en partes, y además numerosos Juzgados y Tribunales juegan al Doctor Frankenstein, de manera que el resultado del proceso contencioso resulta a veces tambaleante y estremecedor…¡ pero anda!.

Pues bien, esta brillante obra tiene enormes ventajas que debo resaltar vivamente.

Inminente carga de profundidad contra los cargos de libre designación

cese libre designacion Una reciente enmienda al proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, actualmente en tramitación en el Congreso, aprovecha para modificar el art. 84.3 del EBEP y abrir la puerta al destierro de los funcionarios de libre designación tras ser cesados.

Bajo el título “La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas” se oculta la movilidad forzosa de los cesados. Veamos la amenazante redacción según la enmienda:

“3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.

En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración. Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso. De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino”.

Pero veamos las gravísimas consecuencias de tal medida.

Una buena oportunidad para abogados inquietos: posicionamiento y networking

redes sociales    Muchos abogados y ciudadanos al escuchar la palabra networking pasan a “modo evasión” y hábilmente cambian de tema o se refugian en íntimos solazamientos mientras su interlocutor les habla. Es un mecanismo de defensa ante lo desconocido pero antes de cerrar una puerta hay que saber que hay tras ella.

El networking es sencillamente la técnica de aprovechar actos y eventos no profesionales para fortalecer las relaciones, ideas e iniciativas que nos interesan en nuestra profesión.

Como se ha explicado con agudeza, el Networking ” Es un nuevo enfoque a las relaciones de negocios. Ahora la gente ya no va a fiestas a emborracharse y pegarse unas risas, ahora van “to networking”. En los folletos de las conferencias ya no se destaca la oportunidad única de escuchar a los ponentes más importantes del sector, se dice que es una oportunidad única de hacer networking con lo más selecto del sector.”

La abogacía tradicionalmente ha vivido encerrada en su bufete, en las reuniones colegiales y en los contactos episódicos con un puñado de compañeros, esperando que los clientes llamen a su puerta o confiando en que guarden su tarjeta de presentación. Ya abordé en su día la importancia de la intuición en el abogado pero es hora de salir de explorador antes de la cacería, de agitar esa intuición en los caladeros de amigos, colegas y clientes.

Se trataría ahora de promover la creación de nuevas redes de contactos, clientes y colegas: el abogado de éxito es aquél cuyo nombre recuerdan y no el que han de buscar en un listín de abogados. Intentan hacer verdad el viejo dicho de que los amigos puedan convertirse en clientes y que los clientes puedan convertirse en amigos, y de paso cumplir la propiedad transitiva de la matemática de los negocios: “los amigos de mis amigos son mis clientes”.

Pues ahora se ofrece un Taller por The Glenlivet sobre Networking Estratégico y Posicionamiento de Marca que tendrá lugar el próximo día 3 de junio de 2014 de 18:00 a 21:30 horas en el Club Financiero Génova Madrid.  Creo que será una oportunidad única. No desaprovechen la oportunidad y sigan leyendo por si les interesa mi sincera opinión.

Los Convenios Urbanísticos están para cumplirlos, recuerda el Supremo

incumplimiento de convenios Una recientísima Sentencia de la Sala 3º del Tribunal Supremo ataja una situación tristemente generalizada. Los Ayuntamientos firman convenios con particulares, en que estos ceden terrenos a cambio de unas condiciones generosas de edificabilidad de otras parcelas, y transcurrido el tiempo “donde dije Digo, digo Diego” y el Ayuntamiento saca la varita mágica de su potestad de modificación del planeamiento para escamotear la edificabilidad prometida e incumplir el Convenio. En esa situación el sorprendido particular reivindica la lógica indemnización y el Ayuntamiento las deniega. El Ayuntamiento se opone por la inactividad del promotor ya que no solicitó las licencias con lo que no patrimonializó ningún derecho y además esgrime el ius variandi del planificador que no está vinculado por los Convenios.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de noviembre de 2010, estimaó parcialmente el recurso contencioso-administrativo y reconoció el derecho a la indemnización del particular si bien la cuantificó según el valor del terreno cedido y no según la pérdida de ventajas urbanísticas prometidas en la otra parcela.

El Tribunal Supremo dicta sentencia estimatoria del recurso de casación  con fecha 5 de Febrero de 2014 (rec.1537/2011) y deja claro que los Convenios urbanísticos son para cumplirlos y que el eje de valoración indemnizatoria no es el precio de lo que entregó el atribulado particular sino el precio de lo que debía haberle entregado el Ayuntamiento y en la medida que quedó recortado.

Ramón Martín Mateo, in memoriam

martin mateo in memoriam  Tras la marcha de mi admirado Eduardo García de Enterría, y de su coetáneo José Luis Villar Palasí, lamento profundamente que se complete el mausoleo del triunvirato jurídico-administrativo con  D. Ramón Martín Mateo (1928-2014) quien fuere Rector de las Universidades de Alicante y del País Vasco, pero sobre todo, un Catedrático de Derecho Administrativo con una lucidez, erudición y humor, tan insólitos como admirables.

Siempre fresco, siempre accesible y siempre dispuesto a explicar los fenómenos e institutos jurídicos en su esencia y simplicidad. Un Catedrático mas allá del estereotipo, y rompiendo paradigmas, que a mi juicio, merece estar en el podio de los Maestros que contribuyeron a forjar nuestro Derecho Administrativo de una España que amaneció democrática. Además se adentró con gran visión en dos materias inexploradas. De un lado, el Derecho Administrativo económico y de otro lado, el Derecho Ambiental. Ello sin olvidar su primigenio Manual de Derecho Administrativo (Aranzadi) que va por 27 ediciones y que me abrió mis ojos de estudiante a un mundo que se me antojaba inaccesible.

Tuve la fortuna de coincidir con él en varias ocasiones ( de hecho siempre que he ido a Alicante acudía a visitarle, como acuden los peregrinos a los grandes gurus, y siempre tenía palabras amables, directas y  sabias). Le conocí, justo es reconocerlo, gracias a la amabilidad de ese otro gigante que es Sosa Wagner, y disfruté lo indecible con su compañía y anecdotario, que reflejé en estos dos post vivísimos que invito a leer para captar el lado humano de tan colosal figura. Estos dos post, cobran actualidad pues evidencian la grandeza de la persona y del personaje.

De un lado, el post que titulé:

” De Maestros Administrativos adelantados a su tiempo”. Aquí.

De otro lado, el post que titulé:

“Martín Mateo demuestra que para ser Maestro no hace falta un mal gesto”. Aquí.

El propio Don Ramón tuvo la amabilidad de leer tales post y dedicarme de su puño y letra un ejemplar de su divertida obra ” La gallina de los huevos de cemento” (Thomson-Civitas,2007) donde puso: ” Para José Ramón Chaves, generoso glosador de mis peripecias vitales, sofocadas por cierto, en cuanto al sórdido tema abordado en este opúsculo. Muy agradecido”. 

Aquí está la noticia de su fallecimiento, que me llena de pesar. Ahora me quedan sus libros, sus dedicatorias y las anécdotas compartidas. Es de bien nacidos ser agradecido y por lo que a mi respecta, Don Ramón seguirá figurando con letras de oro entre los grandes que me han enseñado las claves del Derecho Público.

 P.D. Incorporaré un anexo a este post, con los in memoriam que se vayan publicando.

ANEXO.

Ramon Martin Mateo: magisterio perenne. Diario La Nueva España. Por Leopoldo Tolivar Alas, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

 Ramon Martín Mateo: Un viajero sin límites. José Asensi Sabater. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante.

Recordatorio en el Blog de Francisco Sosa Wagner. El extracto de su Laudatio con ocasión del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa por la Universidad de León. Claro, ameno y elocuente.

Se nos ha ido un padre. En la Revista Digital de Derecho Ambiental. Por Francisco Javier Sanz Larruga, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña.

Un manual de responsabilidad patrimonial en formato sentencia

responsabilidad por muerte  A veces me tropiezo con perlas judiciales que ofrecen una visión analítica, crítica y jurisprudencial de una institución jurídico-administrativa y que bien podrían inspirar un seminario o debate de alto nivel doctrinal. Es el caso de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria de 15 de Mayo de 2014, que consta de casi…100 folios (¡!), pero cuya lectura y descarga recomiendo porque aborda numerosas cuestiones de interés para aquéllos que tenemos el vicio de zambullirnos en zarzales jurídicos.

Se trata sustancialmente de una acción de responsabilidad patrimonial frente a un Ayuntamiento por haber tolerado una construcción ilegal en la que varios menores la ocupaban en sus ratos de ocio hasta el punto de que uno de ellos de forma temeraria la incendia con el fatal resultado de perecer calcinado un amigo suyo ( la parte demandante son los padres del infortunado menor y las demandadas son el Ayuntamiento y su aseguradora, así como padres del menor incendiario). Asunto complejo donde los haya. Veamos.

Cuando la Administración ejecuta sin haber resuelto la suspensión solicitada

administracion imparable A veces la Administración actúa como una apisonadora. El particular sufre el acto ejecutivo y para paralizar su eficacia se apresura a solicitar de la Administración que se suspenda mientras se resuelve su recurso administrativo o judicial. Sin embargo en ese intervalo, a veces la Administración no da tregua ni respiro y sigue ejecutando la resolución mientras se decide la medida provisional o cautelar solicitada.

Es cierto que la lógica y el derecho imponen que si alguien sufre un acto administrativo y solicita la suspensión, debería paralizarse la ejecución hasta que al menos se pronuncie el órgano administrativo o judicial sobre si procede o no la suspensión. Si el acto administrativo se ejecutase, el derecho a solicitar la suspensión quedaría en papel mojado, pues como decía Calamandrei, la medicina de la suspensión llegaría tarde, cuando el paciente ha fallecido.

Pues bien, ya me ocupé en un post anterior de la curiosa regulación y jurisprudencia en torno a la suspensión solicitada con ocasión de los recursos administrativos contemplada en el art.111 de la Ley 30/1992, de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y ahora toca abordar la cuestión relativa a la solicitud de suspensión de acto impugnado ante el Tribunal económico-administrativo que, pese a no ser resuelta, se tropieza con una Administración que sigue imparable su marcha y dicta apremio y embargo. En este caso, el Tribunal Supremo se pronuncia de forma enérgica y aprovecha para recordar la doctrina general sobre la prohibición de la Administración de ejecutar un acto administrativo mientras pende la resolución de la medida cautelar solicitada ante el Tribunal contencioso.

Freno judicial a la privación retroactiva de los canosos

derechos funcionarios Los llamados “canosos” ( días adicionales para disfrute de los funcionarios según “las canas”, esto es, según los trienios cosechados) pasaron a mejor vida por la crisis económica de la mano del Real Decreto Ley 20/2012. Sin embargo, dicho Decreto-Ley entra en vigor a mediados del año 2012 y se planteaba qué sucedía con los días adicionales generados hasta ese 15 de Julio de 2012: si se arrebataban al funcionario que no los hubiese disfrutado por la fuerza de la Ley o si podían disfrutarse ya que al fin y al cabo se generaron al amparo de una norma válida y en tiempos de su vigencia.

Este conflicto es el zanjado por la reciente Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num.6 de Bilbao de 24 de Marzo de  2014 (P.A.299/14). Veámosla de cerca.