Contencioso.es

Contencioso es un pedazo de la blogosfera pública

El cerco a las denominadas “inmunidades del poder” que el profesor García de Enterría expuso magistralmente, con los grandiosos hitos del control limitado de reglamentos, el retroceso de los “actos políticos” hacia confines de excepcionalidad, y las técnicas de control de los escurridizos actos discrecionales, va avanzando a golpe de jurisprudencia. ​El Tribunal Supremo ha prestado especial atención al deber de motivación de los actos de concurrencia competitiva en el doble frente del control de las calificaciones de los Tribunales de procedimientos selectivos y en ámbito de las calificaciones otorgadas a los pliegos técnicos de contratación por las Mesas de Contratación.

El último y significativo hito en el pleno control de la discrecionalidad en la valoración técnica en la aplicación de los pliegos de contratación viene de la mano de la espléndida Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 24 de Septiembre de 2014 (rec.1375/2013) y que obligará a la Administración a un esfuerzo de razonar exhaustivamente las adjudicaciones. Veamos.

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 falta de legitimacion pasiva  Ese es una de las situaciones procesales que mas quebraderos de cabeza dan a los jueces y perplejidad a los letrados de los demandantes. Se trata de un as en la manga que en ocasiones exhiben algunos letrados públicos en determinados pleitos contencioso-administrativos tramitados por el procedimiento abreviado ( p.ej. responsabilidad administrativa, en que como defensa oponen no ser titulares de la vía pública, del edificio o del servicio público que provocó el daño cuya indemnización se reclama). O sea, falta de legitimación pasiva como escudo frente al demandante, al que le dicen algo así como: ” Te has equivocado de persona”.

 El problema se plantea en el siguiente supuesto que llamaremos “pleito-tipo” tramitado por el procedimiento abreviado con la consiguiente vista oral:

- El particular formula la reclamación en vía administrativa frente a la Administración que aparenta ser la titular del bien o servicio que provoca el daño (carretera con bache, edificio con tejas sueltas, etc).

- La Administración da la callada por respuesta.

- El particular demanda a la Administración impugnando la desestimación presunta, que remite un parco expediente.

- El día de la vista oral (normalmente varios meses… o años, después), el demandante se ratifica en la demanda y acto seguido la Administración opone falta de legitimación pasiva aduciendo no ser la titular del bien demanial o del servicio público y adjunta un informe de la propia Administración ( Secretario, técnico, etc) en que así se justifica.

 En esa tesitura, creo que el juez tiene tres opciones, y como las hijas de la popular Elena, podría decirse “tres eran tres y ninguna era buena”.

 Pero en este punto, ruego a los lectores que se detengan, eleven la vista, cierren los ojos, reflexionen y piensen como actuarían si estuviesen bajo la piel o toga del juez contencioso-administrativo. Continue Reading

deshonesto  No sé que habrá de verdad sobre este caso que ha sido noticia , no digo alarmante pero sí indignante.  Un ex miembro de la Comisión de Retribución de Caja Madrid y usuario de una tarjeta black con la que gastó 252.000 euros sin declarar, está a punto de leer su tesis doctoral, que se titula ‘Tendencias en la abstención y en la desafección política en las sociedades modernas’ aplicada al caso español”, y según su director de tesis adopta una posición “muy crítica, centrada en la necesidad de mejorar la democracia”.

Por si fuera poco ha sido acusado de haber plagiado su tesis doctoral, tratando la cuestión la junta directiva de la escuela de doctorado y quedando en manos de la inspección ( aunque lo del “plagio” de tesis doctorales es territorio plagado de cadáveres, muchos impunes por la habilidad en borrar las huellas, salvo algún aislado caso judicializado).

La cosa “tiene bemoles” y merece un comentario adicional. Continue Reading

reforma de las Universidades  La democracia ha asistido a la reforma cíclica de la Universidad. Primero, fue la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LRU); después la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (LOU); posteriormente la adaptación por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril.

Cada Ley venía precedida de un debate y experimentaba un nuevo modelo, ya que el agotamiento del precedente se produce en ciclos de unos siete años. De ahí que estamos en puerta de otro modelo de sistema universitario. Necesario e inminente.

Para ello se han prodigado informes, memorias y monografías marcando tendencias, importando modelos, proponiendo adaptaciones, sugiriendo políticas universitarias…

Llega la hora del debate, de criticar y de construir. La gran cuestión es si debe acometerse una renovación, añadiendo nuevas capas sobre el ecosistema universitario preexistente ( recursos humanos, órganos, enseñanzas y técnicas) o una reconversión que pasa por aplicar bisturí y alumbrar una Universidad nueva aprovechando lo viejo.

En esa tesitura sobrevuelan cinco insoslayables condicionantes:

- Los imperativos económicos condicionan las políticas universitarias.

- Los efectivos de profesores e investigadores están consolidados y con gran rigidez a la readaptación.

- La innovación tecnológica ha superado las clases magistrales, los textos en papel y los exámenes memorísticos.

- La globalización alumbra un alumno exigente, con visión no localista, con movilidad real y horizontes sin límite.

- La Unión Europea es el marco de ensayo de nuevos modelos pero la decisión se asienta sobre principios participativos domésticos ( Comunidades Autónomas, Universidades, entes investigadores,etc).

capturPor eso, resulta oportunísima la celebración del “Encuentro Nacional: Objetivo común: La Reforma del Régimen Jurídico Universitario”, a celebrar los días 19 a 21 de Noviembre de 2014 en el Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia de Santiago de Compostela y abierto a profesores, investigadores, funcionarios, alumnos y pensadores interesados en el futuro de la Universidad.

No se trata de otro análisis sectorial, encuentro bizantino o paseo por caminos trillados. No. Se trata de una auténtica ocasión para analizar, como confiesa la organización: ” las necesidades de articulación jurídica para dar forma a las reformas que necesita el sistema universitario. Para ello se incidirá en aspectos como la nueva gobernanza, la captación de talento en el ámbito del personal docente, investigador y de apoyo técnico, nuevas formas de vinculación jurídica del personal, redimensionamiento de los Campus y de las enseñanzas, sistemas de financiación alternativos, y superación de fronteras en la enseñanza superior, entre otros.”

Sobre tan singular evento se ha hecho eco el blog mas popular de fiscalización pública en este post.

La organización institucional corre a cargo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), sede Galicia, junto con el prestigioso foro de AEDUN ( Asociación para el estudio del Derecho Universitario), pero tras los órganos hay personas y en este caso asumen la Dirección y Secretaría Técnica, nada menos que D. Carlos Gómez-Otero y Dª Ana Caro Muñoz, dos de los máximos expertos en Derecho Administrativo y Universitario con que goza la Universidad pública española, y que han tenido el acierto de invitar a especialistas de todos los campos de la vida universitaria: autoridades, profesores, investigadores y personal. El detalle del evento (Mesas, ponencias y partícipes) está en este folleto explicativo.←

Y es que la nueva Universidad se construye por todos, con el debate de todos.

reforma universitaria

 De ahí que estamos ante una oportunidad única de asistir a este debate en el Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela los días 19 a 21 de Noviembre de 2014, con una duración de 20 horas y a un precio testimonial de 130 euros, aunque los alumnos de las Universidades gallegas abonarán tan solo 75 euros.

La información y matrícula en la Secretaría de Alumnos de la UIMP- C/ San Francisco,27 (Fundación Luis Seoane, 2ª Planta), A Coruña. Telf. 981 140 830.

Creo no equivocarme si vaticino ponencias brillantes, debate vivo y participación abierta a los asistentes. Un lujo al alcance de todos, y que no pienso perderme.

 

 

 

 

ley propiedad intelectual  Se ha publicado la Ley 21/2014, de 4 de Noviembre, que modifica la Ley de Propiedad Intelectual y que está llamada a poner orden en el zoco de internet donde la tutela de la propiedad intelectual  estaba prácticamente huérfana.

 Muchas son las novedades de la Ley ( entes de gestión “atados de corto” en cuanto a control de gestión; perfil de la compensación por copia privada; rediseño de las Secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual, actualización de las figuras de propiedad intelectual,etc), pero apuntaré únicamente algunos aspectos que me parecen darán mucho juego judicial y abrirán la caja de pandora de los litigios,  que comentaré telegráficamente y a tenor  de una lectura rápida.

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competencia jurisdiccional   Es curioso que el reparto de la competencia entre los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo se efectúe en la parte mas extensa y cartesiana de la Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo (arts.6 a 13) y así y todo ha dado lugar a interpretaciones y reconstrucciones por los Juzgados y Salas, con la consiguiente desorientación del recurrente que a veces va peregrinando ” de oca en oca” (de Juzgado a Sala, o viceversa), con la natural perplejidad de que esos cambios de timón se escudan en que las reglas competenciales son “normas de orden público” y como tales indisponibles.

Claro que una cosa es “indisponible” y otra “interpretable”, lo que me lleva a tener presente en materia competencial el viejo dicho del juez Jackson del Tribunal Supremo americano sobre que “no somos los últimos por ser infalibles, sino que somos infalibles porque somos los últimos en resolver”, y que nos lleva a parafrasear a Von Kirschman: ” un capricho del Supremo en materia competencial tira bibliotecas enteras a la basura” (y siguiendo la imagen, nos atrevemos a decir que frecuentemente el abogado, quien pensaba que conocía la ubicación de los volúmenes por los rótulos de la propia biblioteca, se ve sorprendido por el “bibliotecario de turno”).

En fin, viene al caso esta cuestión por la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 16 de Octubre de 2014 (rec.4046/2012) que aborda una cuestión del máximo interés y la zanja bajo premisas de economía procesal y de mayor garantía para el justiciable. Veamos el caso.

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mobbing para los contratistas La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de Octubre de 2014 (160/2014) aborda una situación tristemente prodigada en las últimas décadas. Se trata de la exclusión por autoridades sin escrúpulos de contratos de publicidad institucional a las empresas periodísticas que no gozan de su complacencia, mientras que se encargan anuncios, cuñas y otras publicaciones en periódicos o cadenas de radio afines. Con ello, bien puede retribuirse un tratamiento elogioso de la actuación del gobernante o asegurarse ese trato para el futuro, mientras que simultáneamente se penaliza a la empresa con libertad de criterio, que se ve excluida de los contratos o a contentarse con las migajas.

La situación zanjada por el Tribunal Constitucional tiene interés mas allá del  caso concreto por las vías que abre. Continue Reading

malversaciónLa reciente Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 7 de Octubre de 2014 (rec.238/2014) da un valiente y didáctico paso adelante para incluir dentro del delito de malversación de fondos públicos, la apropiación por personal laboral de entidades y sociedades mercantiles del sector público, considerando que pese a ser entes instrumentales y no tener carácter de Administraciones públicas, sus fondos han de calificarse como “públicos” y por ello, a los que se apropian de los mismos, les caerá el peso de la ley penal, especialmente gravoso y cualificado cuando se trata de robar lo que es de todos. Diríase que la huida del Derecho Administrativo se trunca con la captura por el Derecho Penal.

Nótese que el artificio para la defensa del delincuente que saqueaba una sociedad pública, consistía en invocar que el tipo penal de la malversación se orienta exclusivamente sobre los “fondos públicos” de manera que no cabría forzar el tipo para cubrir los “fondos privados” de sociedades o entidades que perteneciendo al sector público, se ajustaban en su actividad al Derecho privado.

Pues bien, la Sala de lo Penal de forma tajante y clara, “levanta el velo” de esas entidades y fija criterios sobre cuando ha de entenderse que las entidades del sector público manejan “fondos públicos”. Veamos. Continue Reading

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