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Contencioso es un pedazo de la blogosfera pública

tres monosTeóricamente la Administración se somete al principio de legalidad como un mecanismo de relojería bajo la dirección de cualificados gobernantes y funcionarios.

 
Sin embargo, el sistema no es perfecto desde el momento que existen anualmente centenares de miles de recursos administrativos en todas las Administraciones públicas de los cuales la décima parte de los que son desestimados desemboca en recursos contencioso-administrativos. Ello sin olvidar que existen ilegalidades impunes bien porque el particular cree en la buena fe o infalibilidad de la Administración o porque no quiere afrontar la justicia lenta, costosa y con desenlace incierto.
Dentro de la fronda de ilegalidades, a medio camino entre las intencionales (maliciosas) y las negligentes (errores) se sitúan las que tienen por fuente lo que se calificaría de “ignorancia deliberada”, figura del ámbito penal que tiene escasas consecuencias a la hora de las responsabilidades por la actuación administrativa de funcionarios o en las decisiones de jueces, fuera de las excepcionales situaciones de reproche por negligencia inexcusable.
Veamos esta figura y su presencia en el ámbito público. Continue Reading

La novísima Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común ( PACA, por mas señas) ofrece lo que podría calificarse de “malformación congénita” ya que incluye un precepto clásico pero con una mutación expresiva que deforma las bases del sistema de invalidez del Derecho Administrativo. Se trata del llamativo art.37.2 que dispone “ Son nulas las  resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquéllas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47”. Caben tres interpretaciones. Continue Reading

abogado vagoNos quejamos de la complejidad del Derecho Administrativo, de la proliferación frenética de normas y de las oscilaciones jurisprudenciales. Sin embargo puede hacerse una demanda contencioso-administrativa con rapidez. Ni difícil ni imposible. Aquí tenéis el secreto. Continue Reading

garantiasRecientemente, un Juzgado de Instrucción dispuso por providencia un doble contenido insólito bajo la perspectiva del derecho de defensa de la partes. Por un lado, que no se entregaría copia de las grabaciones de las declaraciones practicadas ni de las practicadas en el futuro, y por otro lado, que se prohibía acceder a la Sala para la práctica de pruebas con dispositivos electrónicos, custodiando los teléfonos móviles el Secretario judicial.

Aunque la medida podía explicarse en una cafetería y ser humanamente comprensible como respuesta a la divulgación a la prensa copia de otras declaraciones lo que podría generar una resonancia mediática molesta para el juez, tal medida no resulta admisible en términos jurídicos y de garantías, que son los que deben inspirar el desarrollo de la instrucción de cuestiones penales.

De ahí, que el letrado de una parte afectada por la medida y ajena a las posibles filtraciones, el abogado madrileño D. Miguel Angel Dávara efectuase el recurso de reforma ante la Audiencia Provincial que de forma lógica, clara y enérgica revoca la providencia y deja claro para aviso de navegantes las reglas del juego procesal en relación con la posible intervención o interferencia de medios tecnológicos en tales incidencias. Veamos. Continue Reading

desigualdad interino La reciente Sentencia del Tribunal constitucional de 5 de Noviembre de 2015 rechaza que la condición de interino pueda ser factor excluyente del percibo de sexenios por los profesores. La fuerza de esta Sentencia radica, por un lado, en que el propio Tribunal Constitucional se aparta de la jurisprudencia inicial en que consideraba válida la diferenciación retributiva entre interinos y funcionarios, y por otro lado, en que asume – como no podía ser de otro modo- la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como parámetro para apreciar la inconstitucionalidad de una normativa por la lesión al principio de igualdad. Pero oigamos al Tribunal Constitucional en esta sentencia: Continue Reading

 

 preclusion  Uno de los mas frecuentes incidentes en los procedimientos administrativos que desembocan en recursos contencioso-administrativos es el caso de asuntos en que tras dictarse la resolución final ( denegatoria de subvención, autorización u otro acto de gravamen), el interesado aprovecha el recurso de reposición para introducir alegaciones e incluso pruebas que, si se hubiesen aportado en la fase de instrucción y alegaciones del procedimiento de gestión, hubieran determinado la estimación.

En este punto, la Administración suele aplicar la dura palabra: “preclusión”, esto es, ha pasado el tiempo idóneo para acreditar los requisitos y no cabe su justificación al tiempo del recurso de reposición.

El problema en la práctica tiene su origen en que en vía administrativa suele ser el particular quien en su propio nombre va alegando y aportando, y desconociendo las exigencias y plazos. Cuando recibe la resolución negativa y ésta le habla de un “recurso de alzada o reposición” es cuando se alarma y contacta con un gestor administrativo o con un abogado que intentan remediar el error mediante la formulación de tal recurso administrativo y acompañando los documentos o justificaciones omitidas. Sin embargo, ya es tarde.

En esa tesitura, suele jugarse a la ruleta y embarcarse en un proceso contencioso-administrativo en que se alega la superación de la jurisdicción revisora, los principios de buena fe y proporcionalidad, y como no, el antiformalismo. El desenlace suele ser negativo para los intereses del cliente, aunque no faltan sentencias sensibles ante auténticos atropellos por formalismos exasperantes.

Veamos el caso zanjado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la la Audiencia Nacional de 13 de Octubre de 2015 (rec.32/2013). en que se rechaza la posibilidad de subsanación en vía de recurso administrativo, además aplicando la regla preclusiva del procedimiento administrativo común al ámbito tributario. Continue Reading

AEDUNAl igual que la sociedad civil reclama su protagonismo y se vertebra en las Oenegés, a veces las Asociaciones y Fundaciones quieren crecer y propician la formación de estructuras mas amplias que asumen el papel del poder público.

 

Es el caso de la recientísima Red Iberoamericana de Derecho Universitario (RIDU) creada en virtud de un Convenio entre la Red de Asesores Jurídicos de Universidades Nacionales Argentina (RED AJUNA) y la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN) y constituida en Buenos Aires el 18 de Noviembre de 2015.

 

Siempre he sido muy escéptico sobre el valor práctico de los convenios con declaraciones de principios pero en este caso creo que la RIDU tendrá mucho que decir en el futuro para las Universidades y para el Derecho, por varias razones que paso a exponer.

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UniversidadEl próximo martes, día 1 de Diciembre, tendré ocasión de ofrecer en la sede de Madrid de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), C/ Arequipa, 1 bloque 1, 5ª planta, en sesión continua de 10,30 a 13,30, una visión del impacto en las Universidades públicas que supone la próxima vigencia de la reciente Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. Un auténtico tsunami en el horizonte.

La idea, tal y como se anuncia en la invitación de OCU es presentar

 el nuevo procedimiento administrativo y las reformas complementarias que se avecinan para todo el sector público institucional, y que para las Universidades comportará una reconversión de hábitos, una nueva cultura en los recursos humanos y una fuente de enormes responsabilidades tanto para autoridades como para las instituciones.Se abordarán para su análisis y discusión: calendario, desarrollos y papel de los cargos directivos así como las claves para moverse en un contexto marcado por la complejidad jurídica.”

En suma, dada la formación multidisciplinar de los directivos universitarios y de que no están los tiempos, ni para perder los idem, ni para “tostones plúmbeos” sobre derecho, me esforzaré en ofrecer una visión cálida, sencilla y amena de las claves jurídicas de las turbulencias de dirección y gestión universitaria que se avecinan.  Una exposición oral y apropiada para no juristas.

De ahí que no importa la preexistencia de formación jurídica sino el afán de conocer el pedestal jurídico desde el que ejercer el cargo de directivo universitario, lo que explica que sus destinatarios sean preferentemente Gerentes, Secretarios Generales y Secretarios de Consejos Sociales así como Vicegerentes o Vicesecretarios que hacen sus veces.

La inscripción puede efectuarse desde aquí. (tel.91.382.21.40)desafio

procedimiento

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jaque mate

Ayer tuve ocasión de hablar en el Colegio de Abogados de Murcia sobre el proceso contencioso-administrativo, ante un público encantador, y tuve ocasión de referirme al doble juego del escrito de “conclusiones” en el proceso.

  Recordemos que en el procedimiento ordinario ( e incluso en la vista oral propia del procedimiento abreviado), cumple idéntica misión: la función de dejar a las partes que, tras la actividad alegatoria y probatoria, delimiten los términos en que ha quedado el conflicto.

Es una oportunidad para que cada parte pueda ratificarse en su posición de partida, modificarla a la vista de la fuerza probatoria o para “abrir los ojos” del juez sobre la eficacia de la prueba practicada. Pero es un trámite que presentado por la Ley como “actor secundario” o trámite accesorio, ofrece doble cara, ya que a veces está cargado de bendiciones y otras encierra perversiones. Veamos. Continue Reading

examen opositorEl título de este post (“Nada tiene que ver con la discrecionalidad el acierto jurídico de una pregunta test”) contiene la tajante afirmación de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo  de 28 de Octubre de 2015 (rec. 2946/2014). Tan espléndida afirmación se incluye en la no menos espléndida  sentencia que nos ofrece un triple hallazgo de interés. Un hito más en lo que califiqué de asalto judicial a la escurridiza discrecionalidad técnica. Veamos el avance.

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polizónMe entero que la Audiencia de Alicante en su sentencia de 3 de Noviembre de 2015 condena por una falta de estafa a una persona que circulaba en tren sin el billete. La Audiencia revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción que consideraba que no existía falta ya que no mediaba engaño pues la viajera no tenía que engañar a nadie para ser transportada gratuitamente.

 

La Audiencia en su sentencia se ve obligada a razonar lo evidente:

 

La empresa transportista pone a disposición de los usuarios sus medios materiales y humanos, en la asunción de que quien los utiliza ha adquirido previamente el billete correspondiente; quien se sube a un tren sin abonar el importe del billete está asumiendo una apariencia de haberlo comprado previamente, puesto que nadie puede ignorar que ello es un requisito necesario y previo a tal utilización; el propio conductor o maquinista pone en marcha el tren, en la creencia de que todo el pasaje ha pagado el importe de sus billetes, puesto que, de tener razones para creer que ello no ha sido así, el mismo o los demás empleados de la empresa procederían a ordenar su bajada del medio de transporte; la empresa transportista solo controla ocasional y aleatoriamente la adquisición, por los pasajeros, de sus billetes, y de ello se prevalen quienes intentan utilizar los servicios de aquélla, sin abonar su importe, en la esperanza de no ser sorprendidos así haciéndolo; por todo lo dicho, procederá en suma, la estimación del recurso de apelación interpuesto y la revocación de la sentencia impugnada”

 

En consecuencia, se declaran los hechos probados “constitutivos de una falta de estafa, prevista y penada en el artículo 623.4ª del vigente Código Penal”. Y  se le condena a la pena de multa de un mes con una cuota diaria de 6 euros (180 euros) y a pagar el billete en concepto de responsabilidad civil.

 

Me parece correcto que se ponga fin a la cultura del gratis total, especialmente del pícaro que se aprovecha y se ríe de los que cumplen sus obligaciones; estamos lejos de otros países europeos, como Alemania o Suiza donde el viajar sin billete resulta inimaginable y sujeto a censura de los restantes pasajeros. Sin embargo, varias reflexiones complementarias me sobrevienen: Continue Reading

gato chesEl BOE de hoy (13/11/15) nos regala un curioso acuerdo. Se trata del acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que “deja sin efecto, por inexistente” , nada menos que otro acuerdo que convocaba una plaza de magistrado de la Sala Tercera, “disponiendo la cesación de esa apariencia”. Frenazo y marcha atrás.

 

El acuerdo es correcto pues evita la buena fe y confianza legítima en lo publicado y que alguien en el futuro invoque aquello de la prohibición de la revisión de los actos favorables. Sin embargo, no deja de ser llamativo que se deje sin efecto lo que no existe, lo que en buena lógica llevaría a que… ¡exista!. Y es que si se deja sin efecto un acto muerto, se le resucita. En fin se ve que esa plaza es como el experimento del gato de Schrödinger, que estaba “vivo y muerto” a la vez. No deja de tener su gracia que tan siniestro acuerdo se publique en el BOE de un Viernes, 13.

erratas

En esta línea jocosa, que ya es viernes, y en el mismo ámbito judicial aprovecho para mostrar otro “gazapo” que estaba escondido hace unos meses, y digo gazapo porque es un conejo juguetón… Fijaros aquí en este acuerdo del BOE de 6 de Marzo de 2015, que lo adopta el Pleno del Conejo General del Poder Judicial:

Gazapo

Se ve, como dice el refrán que “las prisas no son buenas conejeras“.

 

Al menos ya no se dan erratas como la chusca padecida en el BOE de 22 de Septiembre de 1984 que publicaba un nombramiento de juez bajo la firma del “Presidente del Consejo General del Joder Judicial”.

 

En fin, ya queda poco para el fin de semana… ¡Disfrutad!

 

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