Un manual de responsabilidad patrimonial en formato sentencia

responsabilidad por muerte  A veces me tropiezo con perlas judiciales que ofrecen una visión analítica, crítica y jurisprudencial de una institución jurídico-administrativa y que bien podrían inspirar un seminario o debate de alto nivel doctrinal. Es el caso de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria de 15 de Mayo de 2014, que consta de casi…100 folios (¡!).

Se trata sustancialmente de una acción de responsabilidad patrimonial frente a un Ayuntamiento por haber tolerado una construcción ilegal en la que varios menores la ocupaban en sus ratos de ocio hasta el punto de que uno de ellos de forma temeraria la incendia con el fatal resultado de perecer calcinado un amigo suyo ( la parte demandante son los padres del infortunado menor y las demandadas son el Ayuntamiento y su aseguradora, así como padres del menor incendiario). Asunto complejo donde los haya. Veamos.

Cuando la Administración ejecuta sin haber resuelto la suspensión solicitada

administracion imparable A veces la Administración actúa como una apisonadora. El particular sufre el acto ejecutivo y para paralizar su eficacia se apresura a solicitar de la Administración que se suspenda mientras se resuelve su recurso administrativo o judicial. Sin embargo en ese intervalo, a veces la Administración no da tregua ni respiro y sigue ejecutando la resolución mientras se decide la medida provisional o cautelar solicitada.

Es cierto que la lógica y el derecho imponen que si alguien sufre un acto administrativo y solicita la suspensión, debería paralizarse la ejecución hasta que al menos se pronuncie el órgano administrativo o judicial sobre si procede o no la suspensión. Si el acto administrativo se ejecutase, el derecho a solicitar la suspensión quedaría en papel mojado, pues como decía Calamandrei, la medicina de la suspensión llegaría tarde, cuando el paciente ha fallecido.

Pues bien, ya me ocupé en un post anterior de la curiosa regulación y jurisprudencia en torno a la suspensión solicitada con ocasión de los recursos administrativos contemplada en el art.111 de la Ley 30/1992, de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y ahora toca abordar la cuestión relativa a la solicitud de suspensión de acto impugnado ante el Tribunal económico-administrativo que, pese a no ser resuelta, se tropieza con una Administración que sigue imparable su marcha y dicta apremio y embargo. En este caso, el Tribunal Supremo se pronuncia de forma enérgica y aprovecha para recordar la doctrina general sobre la prohibición de la Administración de ejecutar un acto administrativo mientras pende la resolución de la medida cautelar solicitada ante el Tribunal contencioso.

Freno judicial a la privación retroactiva de los canosos

derechos funcionarios Los llamados “canosos” ( días adicionales para disfrute de los funcionarios según “las canas”, esto es, según los trienios cosechados) pasaron a mejor vida por la crisis económica de la mano del Real Decreto Ley 20/2012. Sin embargo, dicho Decreto-Ley entra en vigor a mediados del año 2012 y se planteaba qué sucedía con los días adicionales generados hasta ese 15 de Julio de 2012: si se arrebataban al funcionario que no los hubiese disfrutado por la fuerza de la Ley o si podían disfrutarse ya que al fin y al cabo se generaron al amparo de una norma válida y en tiempos de su vigencia.

Este conflicto es el zanjado por la reciente Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num.6 de Bilbao de 24 de Marzo de  2014 (P.A.299/14). Veámosla de cerca.

Anunciarse como abogado con humor y dignidad

negocio de los abogados  Por desgracia, la crisis económica que padece la abogacía ( como consecuencia de tasas judiciales, costes fiscales y mercantiles de la profesión, clientes con menos fondos, cauces alternativos a los litigios, etc), ha forzado la imaginación del abogado para captar clientes o no perderlos. Ello sin olvidar la figura del “gorrón de abogados” que comenté en un anterior post y que da mucho trabajo y poco rendimiento económico.

Se trata de sobrevivir y a veces, cuando la habilidad negociadora, la innovación tecnológica o la flexibilidad de anticipo o cobro honorarios no bastan, se arriesga a seguir el viejo adagio “el que no se anuncia, no vende”.

Veamos en clave de humor algunos casos curiosos que he extraído del océano de internet y referido a todo el mundo ( con las consiguientes cautelas sobre su veracidad y contexto).

Curiosa sensibilidad judicial ante los recortes retributivos de los funcionarios

juez sensible  A veces me tropiezo con sentencias contencioso-administrativas llamativas por la frescura de su razonamiento y valentía en sus conclusiones. No es habitual encontrarse una sentencia que se remita a refranes castizos, ni tampoco que demuestre una sensibilidad enorme por la congelación retributiva de los empleados públicos y que ello  les lleve a alzarlo en contexto social determinante de la interpretación de la norma, o en particular, a aplicar la máxima flexibilidad de las normas de incompatibilidades para poder facilitar el ejercicio de una profesión que incremente las exiguas retribuciones públicas. Ese es el caso de la reciente Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num.7 de Barcelona de 19 de Marzo de 2014 (rec.164/2012) que merece la pena comentar.

Al recurrir en casación, no mezclar churras con merinas

casacion al supremo  Es sabido que el recurso de casación en el ámbito contencioso-administrativo se caracteriza por su excepcionalidad, formalismo y carácter tasado de los motivos. Ello encarece en el letrado que se embarca en ello la máxima atención para no “ir por lana y salir trasquilado” .

 Si difícil es explicar al cliente que debe pagar unas tasas judiciales por ir al Tribunal Supremo y que las probabilidades de admisión son superiores a las de estimación, lo que resulta sonrojante es exhibirle la sentencia desestimatoria o auto de inadmisión en que el cliente, por muy lego en derecho que sea, comprenderá las líneas de censura de que “la parte recurrente mezcla y confunde”, expresión ésta que se ha convertido en un latiguillo muy utilizado en los dos últimos años por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para aclarar al recurrente que al interponer un recurso de casación hay que hacer bien los deberes: por un lado, los defectos de procedimiento y por otro lado, los defectos de fondo.

Y digo latiguillo ya que si repasamos la base de datos de jurisprudencia, el Tribunal Supremo cansado de repetirlo, se limita a “cortar y pegar” el fragmento en la esperanza de que de una vez el abogado de turno se entere.

Los funcionarios ante las redes sociales: no vale todo

funcionarios publicos El impacto de las redes sociales y la facilidad para verter contenidos en los mismos plantea la cuestión de los límites y cautelas sobre lo que el funcionario puede o no comentar sobre su trabajo, sobre sus jefes o sobre la Administración. Es muy fácil para el funcionario formar parte de una red social y  no es fácil eludir la tentación de comentar, cotillear o criticar autoridades o servicios. Bien está conocer qué y hasta donde se puede llegar.

Interino, una novela que es la autobiografía de muchos

inerino iribarren  Recibo alborozado una novela que amablemente me remite su autor con un título y contenido atractivo: ” Interino” (Ediciones Eunate, 2014; Javier Iribarren). Se impone una reflexión sobre tan estupenda obra y la figura del funcionario interino, víctima de injusta mala prensa.

Cuando la motivación de las sentencias juega a las siete y media

motivacion de las sentencias La Administración cuando motiva los actos administrativos, a veces se queda corta y otra en exceso. Incluso se da la paradoja de que si desestima “por silencio” una solicitud, se libra de la carga de motivar y pudiendo reservarse los cartuchos de la motivación que le plazca para dispararlos en el proceso contencioso-administrativo. Curioso e indignante, porque obliga al particular a embarcarse a un litigio costoso e incierto “a ciegas”.

En cambio, los Tribunales no tienen la opción del “silencio judicial” (la prohibición de una sentencia de “non liquet” – “no está claro”- se establece en los arts. 11.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.7º del Código Civil , sin lugar para aducir oscuridad, dificultad o insuficiencia de la norma). Así que tienen que resolver pues el ciudadano tiene derecho a la respuesta judicial.

Otra cosa es que esa respuesta puede no ser convincente y desate los mecanismos procesales de reacción: corrección de errores o complemento de sentencia ( art.215 LEC) o incongruencia ( art.240 nulidad de actuaciones).

La queja mas habitual suele ser la falta o insuficiencia de motivación ( queja de la parte derrotada, ya que es obvio que al ganador no suelen interesarle las razones sino las conclusiones).

Pero veamos el alcance que debe tener la motivación y la reciente referencia a su exigencia de una curiosa sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Las sanciones de tráfico no tienen Constitucional que las inconstitucionalice

 

tribunal constitucional y tráfico

 Si el coronel de nuestro llorado García Márquez no tenía quien le escribiese, los sancionados por infracciones de tráfico parece que no tienen Tribunal Constitucional que les atienda, a juzgar por dos recientes Autos de inadmisión de cuestiones de inconstitucionalidad, tan interesantes como sorprendentes.

Veinte buenas razones para ejercer como abogado administrativista

abogado En su día abordé lo que titulé “Veinte razones para NO ejercer como abogado administrativista” . Como me comprometí, y me recuerdan frecuentemente los lectores, aquí expongo las razones para ejercer en tal disciplina. Una vez leídos los alegatos a favor y en contra, queda Visto para Sentencia, y el lector, recién graduado en Derecho o colegiado como abogado, tendrá que decidir. Aquí van telegráficamente las razones a favor.

El Tribunal Constitucional convierte en zombie el plazo para impugnar actuaciones presuntas

 

La recentísima Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de Abril de 2014 ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad del inciso final del art.46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa (relativo al plazo de seis meses para impugnar actos presuntos) que planteó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y la Mancha. Veamos tan importante sentencia y la ocasión perdida.

Entrevistado por Lawyerpress: sobre Justicia, internet y otros tumultos

abogado derecho administrativo Seguro que hay cosas mejores que hacer que leer esta entrevista que la prestigiosa revista digital lawyerpress me efectuó sobre lo divino y lo humano, sobre justicia, blogs, jueces y abogados ( o sea, mas terriblemente humano que divino).
Pero si alguien desea relajarse, combatir el insomnio o censurar las opiniones de un juez en horas libres, pues que lo lea y disfrute ( o sufra).
Buenas vacaciones para todos.

Publicada la sorprendente prueba piloto de acceso a la abogacía

El Ministerio de Justicia ha publicado la prueba o cuestionario teórico, con sus respuestas, calificado de “piloto” con el fin de orientar a los aspirantes sobre los términos de la prueba de aptitud para ejercer la abogacía, según el R.D.775/2011, de 3 de Junio, a la que me referí en un anterior post

Veamos lo publicado en la web ministerial con alguna reflexión.

Perfil de plazas y endogamia universitaria: el arma y el delito

 

anulación de Cátedra  Decía el filósofo Proudhon aquello de que los males de la sociedad arrancaban del remoto día en que alguien dijo chulescamente que era “propietario” y los demás le creyeron. En el mundo universitario alguien tuvo la brillante ocurrencia un día de “inventarse” lo del “perfil” de la plaza como filtro para que solo acudiesen quienes estaban predestinados a obtenerla, y todos creyeron que era legal. De este modo, un  “perfil” afinado en la descripción de la plaza convocada permitiría teledirigirla hacia el candidato local ( por pertenecer a la Escuela científica con la llave del aprobado o contar con la bendición de la Universidad convocante u otra finalidad inconfesable ajena al mérito y la capacidad).

 Para aquellos que no están familiarizados con el mundo universitario las plazas de cuerpos docentes son de Catedrático o de Profesor Titular, y se apellidan con el área de conocimiento (Ej. Derecho Administrativo). Sin embargo cuando se convoca una plaza de ese área de conocimiento la convocatoria suele imponer un segundo “apellido”, el del perfil (P.ej. Derecho del Deporte). El resultado es que “pocos serán los llamados” y “único” el elegido.

  Es cierto que no debemos universalizar ya que son infinidad las plazas en que el perfil ha sido inocuo, o en los que ciertamente el perfil respondía a una necesidad perentoria, intensa y real de docencia ( P.ej. Creación de Facultad de Económicas y necesidad de profesor de perfil “Derecho Administrativo económico”), pero lo cierto es que su funcionalidad principal ha sido adaptar los procedimientos selectivos para garantizar la consumación de la  endogamia o estrategias de Escuela ( “uno de los nuestros”).

 Pues bien, la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla de 6 de Febrero de 2014 (rec.281/2013) de forma laboriosa y valiente aborda la cuestión de los “perfiles” nada menos que en relación a una plaza de Catedrático de Derecho Administrativo ( impugnada por otro Catedrático de la disciplina). Veamos telegráficamente  algunas cuestiones llamativas de la sentencia.

Nueva Ley de Tráfico en el BOE y otra vuelta de tuerca a las garantías

nueva ley de tráfico   Se acaba de publicar en el BOE de 8 de Abril de 2014   la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico y con ello se perpetra uno de los mayores asalto a las garantías del Estado de Derecho.

La finalidad es legítima ya que se persigue atajar accidentes de tráfico y asegurar el cumplimiento de la normativa por los conductores con la consiguiente mejorar la seguridad viaria así como la ordenación del tráfico. Sin embargo, la eficacia es una meta constitucional (art.103 CE) que no tiene el rango del derecho a la tutela judicial efectiva calificado como derecho fundamental (art.24 CE). Y por supuesto, menor rango posee la eficacia recaudatoria.

Con esta reforma se da otra vuelta de tuerca en materia de tráfico que se va apartando hacia un mundo propio del Derecho Administrativo, alejado del régimen general de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común. Si en su día, un magistrado del Supremo calificó en sentencia la legislación tributaria de “Guantánamo tributario” ( por la ausencia de garantías) puede hablarse de un “Guantánamo de tráfico” dada la relajación de las mismas en este ámbito, donde la legislación sectorial desplaza la legislación general.

 Dado que su análisis conjunto excede del campo del post me limitaré a dos puntuales anotaciones críticas, aunque la nueva Ley es un museo de experimentación jurídica.

En particular la Ley consigue algo que solo los magos conseguían: que las notificaciones sean invisibles y que el procedimiento sancionador desaparezca, aunque el truco que les falla es  cuando parece que “cortan con la sierra por la mitad”: pobre denunciado.