Anunciarse como abogado con humor y dignidad

negocio de los abogados  Por desgracia, la crisis económica que padece la abogacía ( como consecuencia de tasas judiciales, costes fiscales y mercantiles de la profesión, clientes con menos fondos, cauces alternativos a los litigios, etc), ha forzado la imaginación del abogado para captar clientes o no perderlos. Ello sin olvidar la figura del “gorrón de abogados” que comenté en un anterior post y que da mucho trabajo y poco rendimiento económico.

Se trata de sobrevivir y a veces, cuando la habilidad negociadora, la innovación tecnológica o la flexibilidad de anticipo o cobro honorarios no bastan, se arriesga a seguir el viejo adagio “el que no se anuncia, no vende”.

Veamos en clave de humor algunos casos curiosos que he extraído del océano de internet y referido a todo el mundo ( con las consiguientes cautelas sobre su veracidad y contexto).

Curiosa sensibilidad judicial ante los recortes retributivos de los funcionarios

juez sensible  A veces me tropiezo con sentencias contencioso-administrativas llamativas por la frescura de su razonamiento y valentía en sus conclusiones. No es habitual encontrarse una sentencia que se remita a refranes castizos, ni tampoco que demuestre una sensibilidad enorme por la congelación retributiva de los empleados públicos y que ello  les lleve a alzarlo en contexto social determinante de la interpretación de la norma, o en particular, a aplicar la máxima flexibilidad de las normas de incompatibilidades para poder facilitar el ejercicio de una profesión que incremente las exiguas retribuciones públicas. Ese es el caso de la reciente Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num.7 de Barcelona de 19 de Marzo de 2014 (rec.164/2012) que merece la pena comentar.

Al recurrir en casación, no mezclar churras con merinas

casacion al supremo  Es sabido que el recurso de casación en el ámbito contencioso-administrativo se caracteriza por su excepcionalidad, formalismo y carácter tasado de los motivos. Ello encarece en el letrado que se embarca en ello la máxima atención para no “ir por lana y salir trasquilado” .

 Si difícil es explicar al cliente que debe pagar unas tasas judiciales por ir al Tribunal Supremo y que las probabilidades de admisión son superiores a las de estimación, lo que resulta sonrojante es exhibirle la sentencia desestimatoria o auto de inadmisión en que el cliente, por muy lego en derecho que sea, comprenderá las líneas de censura de que “la parte recurrente mezcla y confunde”, expresión ésta que se ha convertido en un latiguillo muy utilizado en los dos últimos años por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para aclarar al recurrente que al interponer un recurso de casación hay que hacer bien los deberes: por un lado, los defectos de procedimiento y por otro lado, los defectos de fondo.

Y digo latiguillo ya que si repasamos la base de datos de jurisprudencia, el Tribunal Supremo cansado de repetirlo, se limita a “cortar y pegar” el fragmento en la esperanza de que de una vez el abogado de turno se entere.

Los funcionarios ante las redes sociales: no vale todo

funcionarios publicos El impacto de las redes sociales y la facilidad para verter contenidos en los mismos plantea la cuestión de los límites y cautelas sobre lo que el funcionario puede o no comentar sobre su trabajo, sobre sus jefes o sobre la Administración. Es muy fácil para el funcionario formar parte de una red social y  no es fácil eludir la tentación de comentar, cotillear o criticar autoridades o servicios. Bien está conocer qué y hasta donde se puede llegar.

Interino, una novela que es la autobiografía de muchos

inerino iribarren  Recibo alborozado una novela que amablemente me remite su autor con un título y contenido atractivo: ” Interino” (Ediciones Eunate, 2014; Javier Iribarren). Se impone una reflexión sobre tan estupenda obra y la figura del funcionario interino, víctima de injusta mala prensa.

Cuando la motivación de las sentencias juega a las siete y media

motivacion de las sentencias La Administración cuando motiva los actos administrativos, a veces se queda corta y otra en exceso. Incluso se da la paradoja de que si desestima “por silencio” una solicitud, se libra de la carga de motivar y pudiendo reservarse los cartuchos de la motivación que le plazca para dispararlos en el proceso contencioso-administrativo. Curioso e indignante, porque obliga al particular a embarcarse a un litigio costoso e incierto “a ciegas”.

En cambio, los Tribunales no tienen la opción del “silencio judicial” (la prohibición de una sentencia de “non liquet” – “no está claro”- se establece en los arts. 11.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.7º del Código Civil , sin lugar para aducir oscuridad, dificultad o insuficiencia de la norma). Así que tienen que resolver pues el ciudadano tiene derecho a la respuesta judicial.

Otra cosa es que esa respuesta puede no ser convincente y desate los mecanismos procesales de reacción: corrección de errores o complemento de sentencia ( art.215 LEC) o incongruencia ( art.240 nulidad de actuaciones).

La queja mas habitual suele ser la falta o insuficiencia de motivación ( queja de la parte derrotada, ya que es obvio que al ganador no suelen interesarle las razones sino las conclusiones).

Pero veamos el alcance que debe tener la motivación y la reciente referencia a su exigencia de una curiosa sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Las sanciones de tráfico no tienen Constitucional que las inconstitucionalice

 

tribunal constitucional y tráfico

 Si el coronel de nuestro llorado García Márquez no tenía quien le escribiese, los sancionados por infracciones de tráfico parece que no tienen Tribunal Constitucional que les atienda, a juzgar por dos recientes Autos de inadmisión de cuestiones de inconstitucionalidad, tan interesantes como sorprendentes.

Veinte buenas razones para ejercer como abogado administrativista

abogado En su día abordé lo que titulé “Veinte razones para NO ejercer como abogado administrativista” . Como me comprometí, y me recuerdan frecuentemente los lectores, aquí expongo las razones para ejercer en tal disciplina. Una vez leídos los alegatos a favor y en contra, queda Visto para Sentencia, y el lector, recién graduado en Derecho o colegiado como abogado, tendrá que decidir. Aquí van telegráficamente las razones a favor.

El Tribunal Constitucional convierte en zombie el plazo para impugnar actuaciones presuntas

 

La recentísima Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de Abril de 2014 ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad del inciso final del art.46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa (relativo al plazo de seis meses para impugnar actos presuntos) que planteó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y la Mancha. Veamos tan importante sentencia y la ocasión perdida.

Entrevistado por Lawyerpress: sobre Justicia, internet y otros tumultos

abogado derecho administrativo Seguro que hay cosas mejores que hacer que leer esta entrevista que la prestigiosa revista digital lawyerpress me efectuó sobre lo divino y lo humano, sobre justicia, blogs, jueces y abogados ( o sea, mas terriblemente humano que divino).
Pero si alguien desea relajarse, combatir el insomnio o censurar las opiniones de un juez en horas libres, pues que lo lea y disfrute ( o sufra).
Buenas vacaciones para todos.

Publicada la sorprendente prueba piloto de acceso a la abogacía

El Ministerio de Justicia ha publicado la prueba o cuestionario teórico, con sus respuestas, calificado de “piloto” con el fin de orientar a los aspirantes sobre los términos de la prueba de aptitud para ejercer la abogacía, según el R.D.775/2011, de 3 de Junio, a la que me referí en un anterior post

Veamos lo publicado en la web ministerial con alguna reflexión.

Perfil de plazas y endogamia universitaria: el arma y el delito

 

anulación de Cátedra  Decía el filósofo Proudhon aquello de que los males de la sociedad arrancaban del remoto día en que alguien dijo chulescamente que era “propietario” y los demás le creyeron. En el mundo universitario alguien tuvo la brillante ocurrencia un día de “inventarse” lo del “perfil” de la plaza como filtro para que solo acudiesen quienes estaban predestinados a obtenerla, y todos creyeron que era legal. De este modo, un  “perfil” afinado en la descripción de la plaza convocada permitiría teledirigirla hacia el candidato local ( por pertenecer a la Escuela científica con la llave del aprobado o contar con la bendición de la Universidad convocante u otra finalidad inconfesable ajena al mérito y la capacidad).

 Para aquellos que no están familiarizados con el mundo universitario las plazas de cuerpos docentes son de Catedrático o de Profesor Titular, y se apellidan con el área de conocimiento (Ej. Derecho Administrativo). Sin embargo cuando se convoca una plaza de ese área de conocimiento la convocatoria suele imponer un segundo “apellido”, el del perfil (P.ej. Derecho del Deporte). El resultado es que “pocos serán los llamados” y “único” el elegido.

  Es cierto que no debemos universalizar ya que son infinidad las plazas en que el perfil ha sido inocuo, o en los que ciertamente el perfil respondía a una necesidad perentoria, intensa y real de docencia ( P.ej. Creación de Facultad de Económicas y necesidad de profesor de perfil “Derecho Administrativo económico”), pero lo cierto es que su funcionalidad principal ha sido adaptar los procedimientos selectivos para garantizar la consumación de la  endogamia o estrategias de Escuela ( “uno de los nuestros”).

 Pues bien, la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla de 6 de Febrero de 2014 (rec.281/2013) de forma laboriosa y valiente aborda la cuestión de los “perfiles” nada menos que en relación a una plaza de Catedrático de Derecho Administrativo ( impugnada por otro Catedrático de la disciplina). Veamos telegráficamente  algunas cuestiones llamativas de la sentencia.

Nueva Ley de Tráfico en el BOE y otra vuelta de tuerca a las garantías

nueva ley de tráfico   Se acaba de publicar en el BOE de 8 de Abril de 2014   la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico y con ello se perpetra uno de los mayores asalto a las garantías del Estado de Derecho.

La finalidad es legítima ya que se persigue atajar accidentes de tráfico y asegurar el cumplimiento de la normativa por los conductores con la consiguiente mejorar la seguridad viaria así como la ordenación del tráfico. Sin embargo, la eficacia es una meta constitucional (art.103 CE) que no tiene el rango del derecho a la tutela judicial efectiva calificado como derecho fundamental (art.24 CE). Y por supuesto, menor rango posee la eficacia recaudatoria.

Con esta reforma se da otra vuelta de tuerca en materia de tráfico que se va apartando hacia un mundo propio del Derecho Administrativo, alejado del régimen general de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común. Si en su día, un magistrado del Supremo calificó en sentencia la legislación tributaria de “Guantánamo tributario” ( por la ausencia de garantías) puede hablarse de un “Guantánamo de tráfico” dada la relajación de las mismas en este ámbito, donde la legislación sectorial desplaza la legislación general.

 Dado que su análisis conjunto excede del campo del post me limitaré a dos puntuales anotaciones críticas, aunque la nueva Ley es un museo de experimentación jurídica.

En particular la Ley consigue algo que solo los magos conseguían: que las notificaciones sean invisibles y que el procedimiento sancionador desaparezca, aunque el truco que les falla es  cuando parece que “cortan con la sierra por la mitad”: pobre denunciado.

Si Kelsen levantase la cabeza: Circulares y Notas explicativas de la Ley 27/2013

Ley 27/2013  Para apagar conjeturas el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó el pasado día 5 de Marzo de 2014 una Nota explicativa de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Aunque se cumple un mes de su lanzamiento no ha apagado las dudas y se ha alzado en fuente de sorpresas y zafarrancho jurídico local. Las Comunidades Autónomas han comenzado a emitir sus correspondientes circulares como la del pasado 1 de Abril de 2014 de la Junta de Castilla y León, camino iniciado unos quince días antes el Gobierno Vasco que hacía pública su propia Circular.  A este panorama “circulatorio” se suman  las tempranas circulares de algunas Diputaciones que intentan llenar las lagunas dejadas por el legislador como las de la Diputación de Huesca debidas a la buena mano de Antonio Serrano Pascual.c

 Al hilo de las citadas Circulares y la Nota del buque-insignia ( Ministerio de Hacienda), no deja de sorprenderme que la Ley mas importante del mundo local, que sacudirá los cimientos de plantillas, servicios, órganos y financiación, precise de una Nota explicativa y por el camino que va, de tantas Circulares como Comunidades Autónomas y  de no pocos Ayuntamientos y Diputaciones.

O bien, la Ley se ha quedado corta o se ha pasado, y lo que los parlamentarios no quisieron que saltara al Boletín, ahora debe remediarse por vías anómalas ( sin luz, taquígrafos ni participación de los afectados). O bien, los reglamentos como figura para desarrollar las leyes hay que dejarlos celosamente guardados, no sea que lluevan las impugnaciones. Si Kelsen levantase la cabeza bien podría inspirarle este fenómeno una “Teoría Impura del Derecho”, porque jamás soñó que las Notas explicativas y las Circulares tuvieran tal protagonismo en el sistema de fuentes.

Ya en su día, las viejas Circulares fueron sustituidas por fuerza del art.21.1 de la Ley 30/1992, de Administraciones Públicas por “Instrucciones y Órdenes de Servicio”, y ahora se ven desplazadas por  lo de “Nota explicativa” que compromete menos y se divulga más. O sea, sirve a la vez de orientación de lo que la Ley podía decir pero no dijo, y de globo-sonda para ver las reacciones del respetable. Ya se ha comentado agudamente el abuso de las Notas explicativas sobre el novedoso régimen local, cuando se llevaban tres y no se habían agotado.

En cualquier caso, sea bienvenida toda aclaración “oficial” ( con las cautelas a la baja de una simple “Nota”, y aplaudiendo las valientes Circulares autonómicas con publicación oficial) por lo que tienen de acompasar el paso de comentarios y especulaciones.  Ya veremos si estas “joyas” acaban en la “casa de empeños” o si son pronto sustituidas por otro abalorio. De momento, me parecen documentos trabajados y utilísimos, aunque no debemos olvidar: que las leyes se modifican por otras leyes, que se desarrollan por reglamentos y todo ello lo aplican o interpretan los Tribunales, por lo que las Notas explicativas o Circulares “alimentan el cuerpo pero no el espíritu”.

30 Cosas que como abogado me irritan de un juez

juez ridiculo No siempre hay cordialidad entre abogado y juez. En ocasiones, en el curso de un juicio oral alguna actitud o decisión del juez provoca malestar, desazón o irritación en el abogado que soporta con la contención que impone el lugar y el respeto a los intereses de su cliente.

    Puesto en el papel de abogado, que lo he sido, expondré las 30 cosas o actitudes de un juez que como abogado me resultan irritantes, durante la celebración del juicio o vista oral, bien entendido que las expongo como situaciones puntuales, con visos de caricatura y para provocar la sonrisa, aunque como siempre con un poso de amargura porque al que  ha sufrido ocasionalmente alguna de las situaciones, maldita la gracia que le hará. Veamos.

Cuantía de obras ilegales: ¿ vale la vida del condenado lo que cuesta ahorcarlo?

inadmisión de demolición  Esa idea late en el reciente Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 6 de Febrero de 2014 (rec.1620/2013). Se discutía la cuantía de un litigio zanjado por sentencia que declaraba la ilegalidad de unas obras, confirmaba la sanción y comportaba la demolición de la edificación existente. Por el recurrente se aducía que la cuantía era el valor de la edificación que desaparecía pero con gran sutileza argumental el Tribunal Supremo considera que la cuantía en litigio es el presupuesto de demolición y no el presupuesto o valor de lo que desaparecerá como consecuencia de la demolición. Veámoslo con detalle que la cosa tiene su miga.