NOTICIERO: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula el céntimo sanitario

Anulación del céntimo     Cuando el Estado sirvió en bandeja a las Comunidades Autónomas la posibilidad de implantar un tributo sobre el consumo en fase minorista de Hidrocarburos (gasolineras), cedido a las Comunidades Autónomas para vincularlo al gasto sanitario, algunas olieron la sangre fresca recaudatoria y se lanzaron a aplicarlo. La Sentencia de 27 de Febrero de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para los pies a esta iniciativa y declara que es contraria a las Directivas Comunitarias el establecimiento de un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos. El Tribunal comunitario vela por la libre competencia y tráfico de  bienes dentro de Europa que impidan impuestos que obstaculicen los intercambios al gravar indebidamente a unos transportistas respecto de otros.

 Considera el Alto Tribunal (inapelable) que ese Impuesto sería legítimo si persiguiera una finalidad específica vinculada a atender costes sociales y medioambientales derivados del uso de vehículos pero en modo alguno puede considerarse finalidad específica utilizarlo para atender el gasto sanitario. En consecuencia, lo invalida y de paso aprovecha para dar un tirón de orejas al Estado y la Comunidad Autónoma por considerar que han tolerado su aplicación durante mas de diez años -13.000 millones de euros recaudados- pese a que se habían dictado sentencias comunitarias y emitido dictámenes por la Comisión que alertaban del grave riesgo de invalidez de tales tributos.

 El Estado en vez de deshacer el entuerto ante los primeros avisos ( expedientes infractores ante la Comisión, denuncias,etc), y especialmente cuando vió las orejas del lobo del informe negativo del Abogado General, optó en este último año por reunirse con la representación de Comunidades Afectadas ( Asturias, Galicia, Navarra, Cataluña, Baleares, etc) para aplicar el viejo truco de disfrazar el tributo con piel de cordero:  propiciar la conversión de las tasas autonómicas  independientes como integrantes del impuesto general sobre hidrocarburos, en forma de tramo específico de este (el mismo perro con distinto collar). Sin embargo, mientras el monstruo estuvo vivo sembró de desolación tributaria a los obligados al pago.

 El resultado es un tributo enterrado y con un triple problema en el horizonte:¿ Quien pagará los platos: Estado o Comunidad Autónoma?,¿ Cómo se devolverá lo injustamente recaudado?, ¿ Cómo se financiará el agujero que deja este tributo evaporado?.

Sea como sea, no mas chapuzas jurídicas, por favor.

Aquí está la Sentencia completa.

El personal eventual es expulsado del paraíso de la jurisdicción social

eventuales   En tiempos de vacas gordas muchas autoridades nombraron libremente a personas de su confianza para puestos de asesoría y confianza, con el carácter eventual. Cuando llegaron las vacas flacas y se extinguió su vínculo con la Administración algunos con gallardía aceptaron las reglas del juego (sabían que eran personal, como los soldurios hispanos o algunos samurais, que entregaban la vida si la perdía su señor). En cambio, otros se resistieron a dejar el cargo y para ello nada mejor que disfrazarse de personal laboral para pedir amparo a la jurisdicción social. Sin embargo, la Jurisdicción Social no consigue ser engañada y en el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19 de Diciembre de 2013 (rec.956/2013) se pone coto a esta práctica.

Las misteriosas razones de que las sentencias no citen autores doctrinales

doctrina  La inmensa mayoría de las sentencias judiciales se explayan en leyes y razones pero silencian la cita nominativa de los autores doctrinales de algunas de las opiniones allí reflejadas. Una conducta que explicaré mostrando la íntima justificación de tal proceder y los  riesgos que se pretende evitar.

Reflexiones para juristas en el 75 aniversario de la muerte de Antonio Machado

Derecho y Antonio MachadoEl 22 de Febrero de 1939 fallecía el poeta Antonio Machado y bien está que los juristas le hagamos un sencillísimo homenaje mediante el recuerdo de algunas de las pinceladas de sensatez que puso en boca de Juan de Mairena ( heterónimo ficticio de tan gran poeta) y que cobran actualidad como brújula para reconducir nuestro errático Derecho Público. Saboreemos estas breves perlas pues el fin de semana bien está para la reflexión, el recuerdo y sobre todo para convalidar la falta de tantas lecturas obligadas debido a la angustiosa curvatura del tiempo disponible que provoca la profesión jurídica.

Museo de los horrores del Derecho Administrativo

Museo del Derecho

 

     El camino abierto por Von Ihering a fines del Siglo XIX alentando a la “lucha por el Derecho”  tuvo imperecedero reflejo de la mano del profesor García de Enterría en el Derecho Administrativo español en lo que calificó de “lucha contra las inmunidades del poder”. Y aunque la fuerza expansiva del Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad en la Constitución han comportado la eliminación o retroceso de prácticas e institutos administrativos inquisitoriales, abusivos o retrógrados, lo cierto es que una mirada serena al planeta del Derecho Administrativo español muestra institutos tóxicos e inaceptables en una sociedad avanzada y que podrían formar parte de un Museo de los Horrores del Derecho Administrativo. Vayamos por Salas.

 

Diez razones por las que el codemandado debiera personarse en juicio

codemandado    Los procesos contencioso-administrativos tienen algo en común con los funerales: se llama para que acudan al velatorio a todos los que conocieron en vida al finado y es una decisión personal asistir o no. Y es que si alguien formula una demanda contra una actuación de la Administración la Ley llama a todos los que tengan intereses que puedan ser afectados por una eventual sentencia estimatoria, a ponerse del lado de la Administración (pero velando por sus propios intereses) por si quieren acudir con su propio abogado y personarse en el pleito.

    En este punto, una de las consultas mas frecuentes que suelen lanzarme a quemarropa consiste  en si es mas acertado “personarse” (comparecer en juicio) como codemandado en un recurso contencioso-administrativo planteado frente a una resolución que les beneficia, o si por el contrario es mas aconsejable confiar en la defensa que hará el letrado público y así ahorrarse el ciudadano consultante los costes del propio abogado y en su caso, procurador. Por ejemplo, un opositor impugna la Resolución de aprobados de una oposición por irregularidades en el último ejercicio y uno de los aprobados se plantea si acudir con su propio abogado al pleito o confiar en la defensa que hará la Administración de su propio acto.

   El problema se agrava porque en tiempos de crisis económica y peajes procesales (tasas, costas) defender el propio derecho, incluso cuando es para defenderse de la agresión ajena, se está convirtiendo en un lujo que puede salir excesivamente caro.

   Suelo responder que es una decisión personal, que no quiero conocer los  detalles, y que lo mas aconsejable es que consulten a un abogado.

   Sin embargo, la situación es tan frecuente que, como muchos abogados, funcionarios y lectores habrán sufrido consultas similares, expondré mi criterio general al respecto.

Como ser abogado y sobrevivir al procedimiento

      Aquí os ofrezco la intervención oral que titulé  “ Como ser abogado y no morir en el procedimiento” y que impartí con ocasión de la  apertura del curso 2013-2014 de la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias el pasado 21 de Noviembre de 2013,  en el Paraninfo del  Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Una exposición breve y con pretensiones de amenidad en materia objetivamente resistente a la chanza, que se esfuerza en mostrar la importancia de las reglas procesales al encarar un litigio. Creo que será útil para los novatos y despertará la sonrisa cómplice de los veteranos.

   Espero que os guste, pero si consideráis que lo habéis visto todo  en materia procesal o si tenéis algo mejor que hacer, os la convalido y no os molestéis en visionarlo. Al menos, lo que no es discutible es que no es un producto caro por aquello del “caballo regalado no le mires el dentado”. Gracias por vuestra atención en este salto de la letra a la palabra.

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El Tribunal Constitucional frena la desacumulación de procesos contenciosos

Tribunal Constitucional La Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de Enero de 2014 anula la decisión de la Audiencia Nacional que obligó a los afectados por el cierre del espacio aéreo en 2010 a presentar recursos individuales contra las resoluciones de AENA que denegaron las respectivas indemnizaciones. 

Al proceso contencioso-administrativo no le gustan las orgías. No quiere que muchos demandantes se amontonen en una misma demanda para proseguir el mismo procedimiento hasta una única sentencia, aunque incorpore un fallo con respuesta separada para cada pretensión. De ahí viene que los artículos 34 a 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se cuiden de permitir la acumulación de pretensiones en relación con la misma actuaciónadministrativa, aunque también autorizan al juez para ordenar la interposición de los recursos por separado. 

Códigos Electrónicos del BOE: valiosos, útiles y gratuitos

Leyes gratuitas    Todos conocimos la época en que la consulta de la edición en papel del BOE comportaba un sacrificio de tiempo y esfuerzo notable (el día 31 de diciembre de 2008 se publica el último BOE impreso).

 Por entonces los que no trabajaban para la Administración acudían como peregrinos a los Gobiernos Civiles, Ayuntamientos o Bibliotecas públicas para solicitar la consulta a los Boletines, examinarlos cuidadosamente y fotocopiar las partes que interesaban. Normalmente había que esperar colas y no siempre se localizaba el Boletín apetecido, pues  bien se facilitaba el lote desordenado o bien incompleto, ya que algún ciudadano impaciente que optaba por arrancar la página apetecida.

Posteriormente si el consultante era funcionario, lo hacía en la propia Administración de destino y en este caso había que esperar menos y las fotocopias salían gratis.

 Y si se quería un texto legal publicado había que pagar por el mismo y tirarlo a la papelera para comprar el nuevo si el legislador tenía a bien cambiar la norma precedente.

 Ahora el BOE ha cambiado hacia una piel moderna y útil. Lo gestiona la Agencia Estatal del BOE y su servicio va mas allá con una interesantísima y gratuita oferta que no me resisto a compartir.

La equidad sale del armario… del Tribunal Supremo

oposiciones anuladas  Algo tienen en común los unicornios y la equidad: todos hablan maravillas pero pocos los ven en la realidad. La equidad es la Cenicienta del mundo administrativo donde las formas, trámites y conceptos tejen una red de reglas impenetrable al oxígeno de la justicia del caso concreto.

  Sin embargo hace poco el Tribunal Supremo regaló una perla al confirmar una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de un ponente ” de cuyo nombre no puedo olvidarme”. Nada menos que una sentencia que aplica la equidad (esa dama misteriosa que suaviza el rigor de la norma y de su letra)  para mantener en sus plazas a los opositores aprobados por ser ajenos a la nulidad del último ejercicio de sus plazas.

Veamos la sentencia con detalle porque merece la pena y alguna reflexión sobre el papel de la Equidad en el Derecho Administrativo.

La extinción de los interinos por la Ley 27/2013 : Falsa alarma

funcionarios interinos policia  Dicen que los dinosaurios se extinguieron por el impacto de un meteorito, y me llegan voces preocupadas que apuntan a la desaparición de los funcionarios interinos en la Administración local por la fuerza de la reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Se trataría de la nueva redacción otorgada al artículo 92 de la Ley de Bases de Régimen Local, que introduce un caballo de Troya en la estabilidad de los funcionarios interinos que desempeñan funciones de autoridad.

Magistrado plagia a Magistrado

  magistrado plagiador 

Si bien este post se destinó en su versión original a denunciar con firmeza un burdo plagio de algunos artículos del blog y particularmente por la publicación del último hito en una editorial de prestigio, lo cierto es que gracias al impulso desde este blog y a vuestro apoyo como lectores y comentaristas se consiguió la deseable rectificación por el culpable.

 Como os debo una explicación a todos los que con vuestras palabras y apoyo me ayudasteis, por la eliminación del contenido del post original y de vuestros comentarios, se trataba de cumplir con lo que anuncié en estos términos en uno de los últimos comentarios a mi propio post de hace cinco días (hoy es 10/2/14), y que reproduzco:

” Quiero compartir con vosotros que finalmente el plagiador me ha enviado un correo pidiendo disculpas y asumiendo su equivocación, lo que sin duda le redime de sus culpas ante mis ojos: primero, porque todos cometemos errores y asumirlos es un acto que ennoblece, especialmente al caído; segundo, porque el daño moral que me ocasionó, con su actitud moral positiva y de respeto hacia mi, se repara; y tercero, porque no va conmigo el ensañamiento.

En consecuencia, tras constatar que La Ley Wolters me ha demostrado una actitud diligente para atajar la tropelìa, y tras apreciar la impagable comprensión de los lectores del blog, pasaré página a tan desagradable incidente. Perdonaré y olvidaré. Y como hasta los antecedentes penales se cancelan, para evitar que la larga vida de este blog marque indefinidamente con la marca de Caín al arrepentido, pues dentro de cinco dìas borraré el post y comentarios. Será el primer post de los casi mil que pueblan el blog que tendrá fecha de “caducidad”(¡qué ironįa¡). Confío en que haya aprendido algo. Yo he aprendido el poder solidario del blog.

Gracias a todos, sinceras.”.

Por razones técnicas debo dejar este lapidario residuo del post pero sin ir mas allá. Y como decía un comentarista: Ahora a pasar página y  seguir ocupándonos de Derecho. 

 

La Universidad Politécnica de Madrid y Juan Manuel del Valle: un asombroso divorcio

Universidad Politécnica de Madrid La crónica de hoy sale de las venas y bien está porque ayuda a comprender que la Justicia y el Derecho no siempre cabalgan juntos y que hay injusticias frente a las que solo cabe el alarido desgarrado. En este caso, hablaré dejando a un lado la toga, el birrete y las leyes para hablar con las venas abiertas del avatar de un amigo frente a la Administración a la que servía.

Si no está tu padre, hay quien te aconseja; si no tienes pareja, quien te escucha; si no tienes profesor, quien te enseña; si no tienes ideas quien te las sugiere, y si cuestionas este mundo ingrato, quien te enseña el lado divertido de la vida. Todos esos papeles ha jugado en mi vida Juan Manuel del Valle y por eso os invito a leer una sentida pero dura crónica. Que cada uno saque sus conclusiones.

No vale todo para matar los actos nulos de pleno derecho

inadmisibilidad de recursos  A veces los actos nulos de pleno derecho dan sus últimos coletazos impidiendo su control jurisdicional.

   Hay sentencias del Tribunal Supremo que son extensas, detalladas y  extenuantes, pero a veces se descubre una perla que puede evitar grandes disgustos a los abogados que no están actualizados. Es el caso de la STS de 20 de Diciembre de 2013 (rec.894/2011) que vuelve de forma contundente y didáctica para eliminar lo que ya tiene tintes de leyenda forense, alimentada desde viejos Manuales y algunas Cátedras, siguiendo la inercia de una jurisprudencia del Supremo superada y del modelo alemán en el que goza de buena salud. Se trata del mito de que un acto nulo de pleno derecho puede combatirse en cualquier momento ( los pecados capitales jamás se borran) y por tanto aunque hayan pasado los plazos de los recursos administrativos o contencioso-administrativos, puede formularse un recurso contencioso-administrativo para combatirlos.

La huida del procedimiento administrativo de la Unión Europea

Union europea y procedimiento Si el Derecho Administrativo interno estaba “motorizado” según Carl Schmitt, podríamos decir que el Derecho Administrativo europeo está “ralentizado”.  Con ello, queremos señalar que la Unión Europea, y particularmente la Comisión como brazo ejecutivo inmediato y guardiana de los Tratados, no se siente cómoda en las redes de un procedimiento administrativo por lo que huye de su regulación. Ello pese a la voluntariosa Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión para impulsar  una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea (“Esperando a Godot”), hito que abre el reciente trabajo del abogado Isaac Ibañez García con titulo tan gráfico como sugestivo: ” Graves ausencias procedimentales en el Derecho administrativo de la Unión Europea”, publicado por el Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional (IEIR) de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Último hito sobre la responsabilidad subsidiaria del Estado del justiprecio

Responsabilidad justiprecio  Si hace unos días señalábamos que el Tribunal Supremo avalaba la responsabilidad subsidiaria del Estado para el caso de impago por el beneficiario del justiprecio, lo cierto es que la sentencia citada no creaba jurisprudencia, y el Estado mueve ficha como el crótalo revolviéndose y aprovechando para introducir en el  Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de Enero ( publicado hoy, 25 de Enero de 2014) una modificación de la Ley de Contratos Públicos ( ¡¡ Otra más!!!), junto a la correlativa modificación de la Ley de Autopistas de 1972, que mete en el mismo paquete una medida lógica e inofensiva junto a una medida sibilina y peligrosa.

 Afirma ahora la Ley de Contratos del Sector Público:

«7. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de este artículo.».

 Pasen y vean el alcance.