Por fin, un Manual realmente práctico de Derecho Tributario

Derecho TributarioPaseando el sábado por la bella ciudad de Salamanca y tras el sabroso ritual de detenerme en el centro de la Plaza Mayor y ante la fachada de su Universidad para respirar historia y luminosidad, decidí asomarme a sus librerías como un sabueso a la caza de la sabrosa pieza.

Casualmente tuve la fortuna del hallazgo de un sencillo libro de reciente publicación que colma una de mis lagunas formativas, y de las que siempre me lamenté en mis tiempos de estudiante de derecho y opositor. Nada menos que un “Manual práctico de Derecho Tributario” (Carlos María Cabrerizo, Editorial Amarante, 2014).

No es el típico libro calificado de “manual” y que encierra un Tratado o trabajo plúmbeo (es “manual” por ser libro de “mano” y para tener “a mano”). Tampoco es una libro bautizado como “práctico” y que nos engañe cobijando conocimientos teóricos. No. Es un libro sencillo, claro y actualizado, pero sobre todo, que nos permite aproximarnos a la parte general del Derecho Tributario de la mano de sencillos supuestos de la realidad, con preguntas y respuestas.

Utilísimo para gestores, abogados, académicos y jueces que pongan sus manos sobre tan escurridiza disciplina. Veámoslo con mayor detalle.

La protección judicial de los derechos en internet, mas cercana

internet y derecho¿Es posible ponerse al día en tan solo quince minutos de la problemática jurídica de internet?, ¿ cómo dominar las claves del derecho al olvido, protección de datos,  propiedad intelectual o publicidad engañosa?. La respuesta es afirmativa y  lo demostró la magnífica disertación del magistrado David Ordoñez Solís con ocasión de su ingreso en la prestigiosa Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y Legislación el pasado miércoles (12/3/14). Además de brillante, ameno y riguroso, David Ordoñez demostró ser generoso y me ha autorizado para ofrecer el texto íntegro de su exposición que es una auténtica delicia para los juristas que miramos con respeto la ciénaga jurídica en que se está convirtiendo internet.

Jura de cuentas: cuando el cliente no paga a su abogado

no paga  Si al abogado no le salen las cuentas, pues al cliente no le sale cuenta pagar (no tiene o no quiere), y quizás el abogado se vea empujado a promover un incidente sumario por la cuenta que le tiene. Dejándonos de cuentas y cuentos, se trata del procedimiento conocido tradicionalmente como ” jura de cuentas ” o “cuenta jurada” que permite al abogado encauzar de forma sumaria el pronto cobro de lo debido; pues bien, este instituto ha experimentado alguna novedad jurisprudencial restrictiva sobre su aplicación, que ojalá ningún abogado la sufra en sus carnes ( o minutas). Eso sí, recordemos que el mismo privilegio asiste a los procuradores para cobrar lo que les adeudan. Veamos.

El Estado no es responsable por la errada transposición de las Directivas sobre trienios a los interinos

trienios El culebrón de los trienios del personal interino llega a su fin con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 21 de Febrero de 2014.  Se trataba en esta ocasión de determinar si el Estado era responsable del pago retroactivo de los trienios al personal interino ya que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) fijaba sus efectos desde su vigencia ( Abril de 2007) pese a que la Directiva europea fijaba como límite de transposición al Derecho interno el 10 de Julio de 2001.

Un chalado en la Corte del Tribunal Supremo

supremo Nadie se confunda. Si Mark Twain nos informaba de un yankee en la corte del Rey Arturo, ahora se trataría de un Alcalde calificado de “Chalado” en un artículo periodístico lo que fue desembocó en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para pronunciarse sobre la acción de protección civil del derecho fundamental al honor que ejerció el edil y que ha sido zanjado por la curiosa sentencia de 26 de Febrero de 2014 (rec.29/2012). Veamos con detalle, porque el asunto merece la pena.

Inminente portazo del Tribunal Supremo a las Relaciones de Puestos de Trabajo

 Relaciones de Puestos de trabajo  Las Relaciones de Puestos de Trabajo han sido una categoría jurídica novedosa: alma de norma y cuerpo de acto administrativo general. Las consecuencias inherentes a la condición reglamentaria son mayores garantías y vías de impugnación ( en particular el acceso al recurso de casación de las sentencias que las enjuicien). De hecho me ocupé de la complejidad de su estatuto en un amplio post significativamente titulado: Relaciones de Puestos de Trabajo: ¿Carne o pescado?

  Pues bien, en línea con la tendencia a arrojar el lastre de los litigios del Tribunal Supremo ( criterios de admisibilidad restrictivos, fijación de cuantías “a la baja”, umbral de casación cifrado en 600.000 euros, tasa elevada – 1200 euros si cuantía indeterminada-, sombra de costas al vencido,etc), ahora puede adivinarse que las Relaciones de Puestos de Trabajo serán expulsadas del templo del Tribunal Supremo, por el sencillo artificio de negarles el carácter reglamentario y como consecuencia sin recurso de casación, de manera que  las sentencias en los procesos ordinarios que las juzguen dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo quedarán privadas con carácter general del acceso al recurso de casación. Pero escuchemos las trompetas de este Jericó.

Jueces pro administración : ¿ leyenda forense o realidad ?

pro administracion   En los pasillos judiciales, bufetes y en las conversaciones entre abogado y cliente suele brotar la pregunta ( o afirmación) sobre el talante del juez contencioso-administrativo mediante una rápida etiqueta: juez pro administración o juez pro administrado. No deja de ser chocante tal juicio o prejuicio, bien por parte del abogado o bien por el propio juez que admite tal encasillamiento, ya que la Justicia e imparcialidad deben cabalgar juntos. Sin embargo, se impone una reflexión intentado esclarecer las raíces de tal posicionamiento.

Sentenciando el litigio mas difícil del mundo

litigio mas dificil

A veces los litigios contencioso-administrativos se convierten en un espeso bosque formado por los árboles de los argumentos de la demanda o contestación, unido a las alimañas procesales, que impiden ver el problema con claridad. Se impone a veces tomar distancia y centrarse en el núcleo del problema para resolverlo con sentido común. Reflexionando sobre esto y dado que estamos en etapa de Carnaval me pareció oportuno someteros un caso judicial hipotético, con notas humorísticas, para un rápido análisis y dictamen.

Veamos.

NOTICIERO: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula el céntimo sanitario

Anulación del céntimo     Cuando el Estado sirvió en bandeja a las Comunidades Autónomas la posibilidad de implantar un tributo sobre el consumo en fase minorista de Hidrocarburos (gasolineras), cedido a las Comunidades Autónomas para vincularlo al gasto sanitario, algunas olieron la sangre fresca recaudatoria y se lanzaron a aplicarlo. La Sentencia de 27 de Febrero de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para los pies a esta iniciativa y declara que es contraria a las Directivas Comunitarias el establecimiento de un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos. El Tribunal comunitario vela por la libre competencia y tráfico de  bienes dentro de Europa que impidan impuestos que obstaculicen los intercambios al gravar indebidamente a unos transportistas respecto de otros.

 Considera el Alto Tribunal (inapelable) que ese Impuesto sería legítimo si persiguiera una finalidad específica vinculada a atender costes sociales y medioambientales derivados del uso de vehículos pero en modo alguno puede considerarse finalidad específica utilizarlo para atender el gasto sanitario. En consecuencia, lo invalida y de paso aprovecha para dar un tirón de orejas al Estado y la Comunidad Autónoma por considerar que han tolerado su aplicación durante mas de diez años -13.000 millones de euros recaudados- pese a que se habían dictado sentencias comunitarias y emitido dictámenes por la Comisión que alertaban del grave riesgo de invalidez de tales tributos.

 El Estado en vez de deshacer el entuerto ante los primeros avisos ( expedientes infractores ante la Comisión, denuncias,etc), y especialmente cuando vió las orejas del lobo del informe negativo del Abogado General, optó en este último año por reunirse con la representación de Comunidades Afectadas ( Asturias, Galicia, Navarra, Cataluña, Baleares, etc) para aplicar el viejo truco de disfrazar el tributo con piel de cordero:  propiciar la conversión de las tasas autonómicas  independientes como integrantes del impuesto general sobre hidrocarburos, en forma de tramo específico de este (el mismo perro con distinto collar). Sin embargo, mientras el monstruo estuvo vivo sembró de desolación tributaria a los obligados al pago.

 El resultado es un tributo enterrado y con un triple problema en el horizonte:¿ Quien pagará los platos: Estado o Comunidad Autónoma?,¿ Cómo se devolverá lo injustamente recaudado?, ¿ Cómo se financiará el agujero que deja este tributo evaporado?.

Sea como sea, no mas chapuzas jurídicas, por favor.

Aquí está la Sentencia completa.

El personal eventual es expulsado del paraíso de la jurisdicción social

eventuales   En tiempos de vacas gordas muchas autoridades nombraron libremente a personas de su confianza para puestos de asesoría y confianza, con el carácter eventual. Cuando llegaron las vacas flacas y se extinguió su vínculo con la Administración algunos con gallardía aceptaron las reglas del juego (sabían que eran personal, como los soldurios hispanos o algunos samurais, que entregaban la vida si la perdía su señor). En cambio, otros se resistieron a dejar el cargo y para ello nada mejor que disfrazarse de personal laboral para pedir amparo a la jurisdicción social. Sin embargo, la Jurisdicción Social no consigue ser engañada y en el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19 de Diciembre de 2013 (rec.956/2013) se pone coto a esta práctica.

Las misteriosas razones de que las sentencias no citen autores doctrinales

doctrina  La inmensa mayoría de las sentencias judiciales se explayan en leyes y razones pero silencian la cita nominativa de los autores doctrinales de algunas de las opiniones allí reflejadas. Una conducta que explicaré mostrando la íntima justificación de tal proceder y los  riesgos que se pretende evitar.

Reflexiones para juristas en el 75 aniversario de la muerte de Antonio Machado

Derecho y Antonio MachadoEl 22 de Febrero de 1939 fallecía el poeta Antonio Machado y bien está que los juristas le hagamos un sencillísimo homenaje mediante el recuerdo de algunas de las pinceladas de sensatez que puso en boca de Juan de Mairena ( heterónimo ficticio de tan gran poeta) y que cobran actualidad como brújula para reconducir nuestro errático Derecho Público. Saboreemos estas breves perlas pues el fin de semana bien está para la reflexión, el recuerdo y sobre todo para convalidar la falta de tantas lecturas obligadas debido a la angustiosa curvatura del tiempo disponible que provoca la profesión jurídica.

Museo de los horrores del Derecho Administrativo

Museo del Derecho

 

     El camino abierto por Von Ihering a fines del Siglo XIX alentando a la “lucha por el Derecho”  tuvo imperecedero reflejo de la mano del profesor García de Enterría en el Derecho Administrativo español en lo que calificó de “lucha contra las inmunidades del poder”. Y aunque la fuerza expansiva del Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad en la Constitución han comportado la eliminación o retroceso de prácticas e institutos administrativos inquisitoriales, abusivos o retrógrados, lo cierto es que una mirada serena al planeta del Derecho Administrativo español muestra institutos tóxicos e inaceptables en una sociedad avanzada y que podrían formar parte de un Museo de los Horrores del Derecho Administrativo. Vayamos por Salas.

 

Diez razones por las que el codemandado debiera personarse en juicio

codemandado    Los procesos contencioso-administrativos tienen algo en común con los funerales: se llama para que acudan al velatorio a todos los que conocieron en vida al finado y es una decisión personal asistir o no. Y es que si alguien formula una demanda contra una actuación de la Administración la Ley llama a todos los que tengan intereses que puedan ser afectados por una eventual sentencia estimatoria, a ponerse del lado de la Administración (pero velando por sus propios intereses) por si quieren acudir con su propio abogado y personarse en el pleito.

    En este punto, una de las consultas mas frecuentes que suelen lanzarme a quemarropa consiste  en si es mas acertado “personarse” (comparecer en juicio) como codemandado en un recurso contencioso-administrativo planteado frente a una resolución que les beneficia, o si por el contrario es mas aconsejable confiar en la defensa que hará el letrado público y así ahorrarse el ciudadano consultante los costes del propio abogado y en su caso, procurador. Por ejemplo, un opositor impugna la Resolución de aprobados de una oposición por irregularidades en el último ejercicio y uno de los aprobados se plantea si acudir con su propio abogado al pleito o confiar en la defensa que hará la Administración de su propio acto.

   El problema se agrava porque en tiempos de crisis económica y peajes procesales (tasas, costas) defender el propio derecho, incluso cuando es para defenderse de la agresión ajena, se está convirtiendo en un lujo que puede salir excesivamente caro.

   Suelo responder que es una decisión personal, que no quiero conocer los  detalles, y que lo mas aconsejable es que consulten a un abogado.

   Sin embargo, la situación es tan frecuente que, como muchos abogados, funcionarios y lectores habrán sufrido consultas similares, expondré mi criterio general al respecto.

Como ser abogado y sobrevivir al procedimiento

      Aquí os ofrezco la intervención oral que titulé  “ Como ser abogado y no morir en el procedimiento” y que impartí con ocasión de la  apertura del curso 2013-2014 de la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias el pasado 21 de Noviembre de 2013,  en el Paraninfo del  Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Una exposición breve y con pretensiones de amenidad en materia objetivamente resistente a la chanza, que se esfuerza en mostrar la importancia de las reglas procesales al encarar un litigio. Creo que será útil para los novatos y despertará la sonrisa cómplice de los veteranos.

   Espero que os guste, pero si consideráis que lo habéis visto todo  en materia procesal o si tenéis algo mejor que hacer, os la convalido y no os molestéis en visionarlo. Al menos, lo que no es discutible es que no es un producto caro por aquello del “caballo regalado no le mires el dentado”. Gracias por vuestra atención en este salto de la letra a la palabra.

Imagen de previsualización de YouTube

El Tribunal Constitucional frena la desacumulación de procesos contenciosos

Tribunal Constitucional La Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de Enero de 2014 anula la decisión de la Audiencia Nacional que obligó a los afectados por el cierre del espacio aéreo en 2010 a presentar recursos individuales contra las resoluciones de AENA que denegaron las respectivas indemnizaciones. 

Al proceso contencioso-administrativo no le gustan las orgías. No quiere que muchos demandantes se amontonen en una misma demanda para proseguir el mismo procedimiento hasta una única sentencia, aunque incorpore un fallo con respuesta separada para cada pretensión. De ahí viene que los artículos 34 a 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se cuiden de permitir la acumulación de pretensiones en relación con la misma actuaciónadministrativa, aunque también autorizan al juez para ordenar la interposición de los recursos por separado.