Los 30 mejores juristas de la historia

 maestros del derecho   Se dice que la profesión mas antigua del mundo es la prostitución pero lo curioso es que las primeras referencias la sitúan junto a la abogacía. En efecto, si damos un salto temporal hacia la Grecia clásica podemos recordar el abogado de la bella Friné, acusada de inmoralidad ante un Jurado popular. El abogado envolvió a Friné desnuda en una gran manta roja y la presentó de esa guisa ante el Jurado; mientras desarrollaba sus alegatos de defensa fue desenrollando la manta para mostrar la belleza de la acusada, que determinó su inmediata absolución por unos jueces dulcemente asombrados.

   Desde entonces los juristas han proliferado en la historia. Allí donde hay sociedad, hay colaboración pero también conflicto  (ubi societas, ibi ius; ibi litis). Allí donde el poder se manifiesta no falta la resistencia ni quien domina las artes de la persuasión y el conocimiento de la Ley. La comunidad que vive del Derecho en el mundo es inmensa: abogados, jueces, procuradores y profesores de derecho, junto a profesiones aledañas.

Si los suprimiésemos la máquina de la justicia se paralizaría y la anarquía conduciría a la destrucción del mundo porque confiar en la defensa de la propia razón o derecho por los propios medios del afectado, conduce al atropello, el escarnio y a la implantación de la fuerza física, la coacción o el poder de los grupos.

   Sería tarea inagotable pretender establecer un ranking de los mejores o más grandes juristas de la historia ya que es difícil medir la productividad o aportación de un jurista: ¿ se valoran sus méritos académicos y legado teórico o sus victorias en el foro?, ¿cuestión de número de obras o litigios o de calidad en los mismos?, ¿ depende o no de su ideología?,¿ se toma en cuenta lo que significaron en su tiempo o su legado actual?,¿ importan mas las cuestiones dogmáticas que la relevancia histórica del caso que les ocupó?,¿ pueden compararse méritos jurídicos de distintos mundos y modelos de Derecho, variables según países y tiempos?, ¿ es mas relevante la labor del abogado grandielocuente o la discreta?, ¿ prima el abogado de tribunales de mayor rango que sobre los modestos?, ¿ es mejor abogado quien mas convence o quien sabe ceder para satisfacer la justicia?, ¿ importa el tamaño del bufete para encumbrar al abogado responsable?. ¿ es mejor abogado quien llega a transacciones que evitan el litigio o quien prefiere la lucha en el foro?, ¿ es mejor abogado quien gana sin tener razón o quien gana por saber demostrar que la tiene?,¿ o resulta mas admirable quien gana con armas procesales que quien gana con la persuasión del derecho sustantivo?…

   Sin embargo, expondré a modo de cuadro impresionista, los treinta nombres de quienes, ya fallecidos, se han ganado letras de oro en el muro de la historia del Derecho, con la advertencia de su carácter necesariamente incompleto y necesariamente subjetivo.

Publicada la Ley de Transparencia

Consejo de Transparencia La  publicación en el BOE de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno es una buena noticia para el Estado Social y Democrático de Derecho, pero me siento como cuando en la infancia le pedía a los Reyes Magos un scalextric y me traían un vaquero de plástico descolorido con piernas arqueadas y sin caballo, que podía sacarle partido y disfrutarlo con mucha imaginación pese a que no resistía la comparación con los juguetes de otros.

   Aunque puede verse la botella medio llena, no puede evitarse la lectura de tan pomposa Ley sin percatarse de que resulta mareante, penosa, triste, invisible y sangrante.

NOTICIERO: La crisis económica no es coartada para los Decretos-Leyes

abuso de los Decretos leyes  Un reciente Dictamen del Consejo consultivo catalán (Consell de Garanties Estatutáries) tumba el Decreto-Ley autonómico 5/2013, de 22 de Octubre, que pretendía la racionalización y simplificación del sector público de la Generalitat de Cataluña, y se alza en “aviso de navegantes autonómicos” a la hora de desenfundar los Decretos-Leyes con ligereza.

El Dictamen tras analizar la singularidad del Decreto-Ley en el campo autonómico ( donde una sola Cámara supone mayor agilidad para aprobar leyes que si fuera bicameral como en el caso del Estado) y admitir la amplia discrecionalidad política en apreciar la “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que puede justificar acudir a esta “vía rápida” normativa ( Decreto-Ley en vez de Ley ordinaria), concluye afirmando que el citado Decreto Ley en el ámbito organizativo pretendido ( racionaliza y simplifica el sector público) no cumple con los exquisitos requisitos de utilización.

Así, considera el Consejo que el Decreto esgrime un contexto de austeridad derivado de la crisis económica previsible y que como tal, bien podía tramitarse como una ley ordinaria con todas las garantías y con el mismo impacto.

Además  rechaza la justificación gubernamental para el Decreto-Ley de “«[...] las circunstancias actuales, de crisis económica y presupuestaria de larga duración, conviene imprimir la máxima celeridad a los procesos de racionalización del sector público» pues la lectura de la Memoria e Informe de impacto presupuestario que acompañó el Decreto Ley ni justifican el gasto afectado ni el ahorro que comporta su supresión, unido a la desconexión entre la justificación invocada y las medidas adoptadas.

 En consecuencia, el Decreto vulneraría el Estatuto de Autonomía y el Parlamento catalán ha rechazado su convalidación.

  Se trata de una importante noticia ya que muestra los abusos de los Gobiernos (estatal y autonómicos) bajo la coartada de la crisis económica y que les lleva nada menos a que a utilizar el Decreto-Ley como “atajo” normativo que libera al gobierno de turno de demoras, trámites y sobre todo de afrontar un procedimiento parlamentario con las garantías propias de l división de poderes. El Decreto-Ley es excepcional y no puede convertirse en un cheque en blanco ni de cobro inmediato.abuso del Decreto-Ley

  No está de más recordar que cuando el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Asturias en 1979 se sometió al Parlamento estatal, incluía la figura de los Decretos-Leyes y fue suprimida esta posibilidad por un doble argumento. De un lado, porque la Constitución regulaba el Decreto-Ley para el Estado (art.86 CE) pero no para las Comunidades Autónomas; de otro lado, porque las competencias autonómicas no se proyectaban sobre la regulación del ejercicio de derechos fundamentales u otros valores esenciales que eran propios de leyes orgánicas o estatales y por tanto la urgencia solo cabía cuando aquéllos estaban en entredicho.

Sin embargo, la segunda generación de Estatutos de Autonomía rápidamente se dotó de esta arma a casi todas las Comunidades Autónomas (curiosa evolución del Derecho: sin cambiar la Constitución, cambia lo que es constitucional), y de “esos polvos vienen estos lodos”.

Sobre los abusos de los Decretos-Leyes ya lo comenté en un viejo artículo  en AJA (Actualidad Aranzadi, num.849-2012) que ultimaba diciendo:” En definitiva, la puerta de emergencia no puede convertirse en puerta giratoria, ni la excepción constitucional en regla de gobierno, pues si todo se convierte en urgente quizás nada lo sea, y correremos el riesgo de revivir la vieja fábula de Esopo del pastorcillo mentiroso”

P.D. Por si resulta de interés, aquí está el Dictamen catalán y el Decreto Ley afectado.

La inconstitucionalidad de las tarjetas rojas de las sanciones futbolísticas

bis in idem   Esa conclusión podría derivarse de la aplicación al ámbito deportivo de la doctrina sentada en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 189/2013, de 7 de noviembre de 2013 (BOE de 4 de diciembre de 2013) que, no se pronuncia sobre las sanciones deportivas, pero sale al paso de la curiosa y creciente tendencia legislativa a tipificar infracciones muy graves por la acumulación de infracciones graves ( en términos bíblicos, dos pecados veniales se convierten en pecado capital). Veamos.

No hay vía de hecho si la Administración ejecuta sus actos suspendidos

 

sorpresa judicial Como el libro de Petete, “el Tribunal Supremo enseña, el Tribunal Supremo entretiene”, pero a veces promueve sentimientos contradictorios cuando la razón se resiste a compartir su doctrina. Es el caso de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Noviembre del 2013 (Rec, 875/2011) que aborda una cuestión crucial ya que rechazó que incurra en vía de hecho una Administración que sigue actuando pese a haber operado la suspensión debida al silencio positivo generado en vía de recurso administrativo con amparo en el art.111 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El abogado burbuja: profesión en crisis

Desmitificación de los abogados En EEUU se ha publicado hace pocos meses “The Bubble Abogado: Una profesión en crisis” (Steven J. Harper), un intento de desmitificación de la profesión de abogado en ese pais que ha sacudido los cimientos de uno de los colectivos profesionales mas amplios y poderosos del mundo.

El autor, prestigiosísimo abogado estadounidense, expone en tan relevante trabajo, básicamente que los abogados no serán víctimas de cambios económicos a corto plazo ni sacudidas coyunturales, sino por las negativas tendencias a largo plazo del modelo actual.

Sin llegar a profetizar que los grandes bufetes de abogados se extinguirán como los dinosaurios, el libro alerta de los cambios fundamentales en la profesión con los nuevos tiempos, y no está de más recordar aquello de “Cuando las barbas de tu vecino veas mojar, pon las tuyas a remojar”.

Veamos los datos en que apoya su tesis el autor.

Carta de un euroconvencido a Sosa Wagner y Mercedes Fuertes: Europa merece la pena

 Sosa Wagner   Devoro con fruición el breve ensayo titulado ” Cartas a un euroescéptico” realizado por los Catedráticos de Derecho Administrativo, Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes (Marcial Pons, 2013) y mi asombro es mayúsculo por varias vertientes que merece la pena glosar.

Sentencias que matan pájaros a cañonazos

Juicio ante el Rey Salomon   En Derecho Romano se aprende aquello de que “el pretor no conoce de pequeñeces”(de minimis non curat praetor)  y sin embargo hoy día la Justicia española tiene que resolver litigios que bien podrían zanjarse de raíz y sin pasar a los estrados con una dosis de prudencia y sentido común por los implicados. Veamos los supuestos y dos recientes casos muy llamativos.

Las costas procesales: el cuento que nunca acaba igual

costas judiciales Tras poco más de dos años de vigencia de la Ley de agilización procesal, en materia contencioso-administrativa, conocer el criterio de imposición de costas procesales se ha convertido en un quebradero de cabeza para abogados. Por decirlo con un símil religioso, la imposición de la penitencia de las costas depende de cada parroquia, según valore el párroco si se cometió un pecado venial ( impugnar u oponerse con cierta razón) o capital ( si se hizo de forma insensata).

El problema radica en que los feligreses no siempre pueden elegir parroquia, y desde luego, el confesor les viene impuesto. Eso sí, el artículo a interpretar y aplicar es el mismo, el art.139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que dispone:

«1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

2. En las demás instancias o grados se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

3. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.»

En principio, parece claro que la regla general en primera o única instancia ha de ser la imposición de costas procesales al vencido, sea Administración o particular. Asimismo, cuando se alude a “serias dudas de hecho o de derecho” no debiera referirse a dudas “subjetivas” sino a “dudas objetivas”, o sea, “dudas de hecho” remitiría a supuestos de concurrencia de pruebas con fuerza para sostener distintas versiones fácticas, y “dudas de derecho” remitiría a casos donde la cuestión jurídica carece de jurisprudencia, o la jurisprudencia es contradictoria ( en sentido amplio, considerando que si existen sentencias de Salas que apoyan una tesis, no puede calificarse de descabellada) o donde existe jurisprudencia pero debe cambiarse por poderosos factores sobrevenidos ( legales, técnicos, socioeconómicos,etc).

Sin embargo, la riqueza y juego práctico de tal precepto que se manifiesta en infinidad de situaciones de perplejidad, especialmente en primera o única instancia ( ya que en segunda instancia la terquedad de quien recurre ante una primera sentencia, parece hacerle merecedor de las costas). 

NOTICIERO:Sentencia favorable al disfrute compartido del permiso de lactancia

Según acaba de divulgarse, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en sentencia de 30 de Octubre de 2013 (131/2013) ha confirmado la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 11 por la que se estableció el derecho de los funcionarios a compartir el periodo de lactancia de sus hijos, por lo que a partir de ahora lo podrán solicitar en sus puestos de trabajo.

Nunca mejor dicho que esta sentencia “es la leche”. El litigio se inició cuando una madre de mellizos, juez en ejercicio, solicitó a la Administración un permiso de lactancia de 5 semanas y renunció a las tres restantes a favor de su marido, funcionario de Policía. La Administración denegó el permiso al padre ( o uno u otro) pero ahora reconoce la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional el derecho a “compartirlo” o ” repartirlo”.

En una sentencia firme contra la que no cabe recurso, los magistrados rechazan el recurso del Ministerio del Interior en el que entendía que debía ser uno u otro padre el que tuviera derecho al periodo de lactancia, pero no los dos, aunque se alternaran y no coincidieran ni excedieran el tiempo de disfrute.

La Sala se apoya con soltura en varios criterios interpretativos:

A) Interpretación no restrictiva de derechos.

B) Principio de ” que donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir”, contra cives.

C) La interpretación literal y gramatical del artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, ya que según la sentencia, el uso de la expresión “indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen” , lleva a un principio de indiferencia en quien lo use.

D) La interpretación finalista pues según la sentencia ” lo esencial no es tanto la lactancia como el cuidado y la atención del menor de corta edad”, tal función puede ser desempeñada de manera sucesiva y fraccionada”.

E) La interpretación sociológica conduce a la aplicación flexible del permido según deriva de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, “en cuanto permite involucrar a ambos géneros en la atención y cuidado del menor de edad, y además, puede permitir una más amplia protección y ejercicio de las opciones de los progenitores en la conciliación de la vida familiar con el trabajo”, ya que se permite a ambos compartir sucesivamente el periodo de lactancia.

 

Lo primero que llama la atención es la celeridad de la Justicia en un derecho como el del permiso de lactancia que fue denegado en febrero del 2012 y ha pasado por la primera instancia del Juzgado Central y la segunda de la Audiencia Nacional ( digo celeridad porque las mismas etapas hace tres años hubieran permitido la sentencia firme cuando el lactante fuese estudiante universitario).

Las preguntas de fondo que brotan son: ¿aprenderá la Administración los criterios flexibles que debe seguir respecto de otros derechos reconocidos por las leyes?, ¿hacen falta dos instancias judiciales para zanjar lo que el sentido común y cualquier lego en derecho dictaminaría sin vacilar?,¿ porqué la Administración siempre niega, rechaza o recorta cualquier derecho si hay algún resquicio interpretativo?, ¿cuantos años de democracia y Estado de Derecho hacen falta para enseñar que si algo no perjudica al interés público y beneficia a un ciudadano, la Administración debe facilitarlo.? ¿Quousque tandem abutere, Catilina, abutere patientia nostra.?

 

 

NOTICIERO:¿ Se hunde la Justicia como Venecia por el fango de los cimientos?

La crisis de la Justicia  El Eurobarómetro recién publicado por la Unión Europea muestra, entre otros datos estremecedores, que el 64% de los españoles no confían en la Justicia, el 90 % preferirían una solución extrajudicial del conflicto, y por supuesto mayoritariamente el 78% la consideran lenta y muy costosa el 65%.

 En la misma línea crítica, también fue noticia que los Decanos de los partidos judiciales de Madrid consideran que la amortización de plazas judiciales de funcionarios y forenses hunde la justicia madrileña.

Y por si fuera poco, también ha sido noticia que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, también ha sido objeto de negociación política por los partidos que le dan el trabajo hecho al parlamento.

 Pues bien, aunque la dama de la justicia está zarandeada por la crisis económica y sus secuelas (precariedad de medios, tasas judiciales desproporcionadas, renuncia a litigar por derrota de ilusiones,etc) y aunque el sistema es manifiestamente mejorable (en lo procesal – procedimientos mas simples y rápidos; en lo personal- más jueces y más capacitados; y en lo orgánico- mas gobierno de los jueces por los propios jueces), debe desterrarse ese pesimismo mediático machacón y  no caer en la tentación ni de juzgar al todo por la parte ( caso Urdangarín u otros sonados por la perplejidad ciudadana) ni elevar la anécdota a categoría ( la austeridad no significa la inanición).

Si se sigue hablando del hundimiento de la justicia posiblemente sucederá que la funesta profecía acaba convirtiéndose en realidad como demostró el famoso sociólogo Merton con su teoría de la profecía autocumplida  inspirada en el rumor de la debilidad de la economía en vísperas de la depresión americana del 29 y que contribuyó a su realización. 

 Y entonces no sufrirá la abstracta idea de la Justicia sino sufriremos todos porque la falta de confianza en el sistema judicial supone inseguridad, temor, pérdida de libertad y legitimar el tomarse la justicia por su propia mano. Escenario peligrosísimo que haría revolverse en la tumba al mismísimo Darwin y posiblemente convencerse de su error, pues quizás demostraría que el hombre no viene del mono sino que va hacia el primate.crisis de la justicia

 En fin, para relajar el tono pero mostrarnos el problema de las visiones negativas y profecías catastrofistas, recomiendo este brevísimo cuento de Gabriel García Márquez con el sabor de la parábola precisa y breve.

 

NOTICIERO: Como ser abogado y no morir en el procedimiento

 

Ese será el curioso título de mi breve conferencia con ocasión de la apertura del curso de la Escuela de Práctica Jurídica que desarrollaré este jueves 21 de Noviembre a las 19:30 horas en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo (calle San Francisco), abierto al público en general.

Hablando a los nuevos abogados de los peligros del procedimiento me sentiré como un curtido sherpa esforzándome en ilustrar en veinte minutos escasos a los jóvenes europeos con flamantes equipos e ilusiones, sobre los senderos y pasos del Himalaya judicial, pues los procedimientos judiciales pueden ser el camino a la cumbre o la trampa para despeñarse.

Y ese paso en falso del abogado arrastrará al cliente en su caida.

De nada valen mapas y brújulas ( o pesadas bases de datos sobre el fondo litigioso) si no se dominan las causas de los aludes y desprendimientos ( inadmisibilidades) o los peligros del eco de los ruidos o de las fogatas para calentarse (errores formales y desviaciones) y como no, si no se cumplen las etapas en el plazo marcado ( caducidades y preclusiones).

Esos jóvenes abogados, con formación universitaria, pasarán por la Escuela de Práctica jurídica y serán lanzados al mundo forense, en condiciones objetivamente hostiles ( tasas abusivas, competencia brutal, crisis económica, reconversión tecnológica, desmantelamiento colegial, etc), pero tras algunos trienios se convertirán sin duda, en otros sherpas de la justicia: conocedores de rutas procesales y riesgos; capaces de advertir el ascendo difícil o imposible; habituados a adoptar riesgos procesales calculados; a soportar los fríos de las desestimaciones y las alturas de las casaciones; Incluso algunos serán zarandeados injustamente por injustas sentencias.

Pero sobre todo, serán profesionales motivados y con instinto: buenos abogados. Y si además son leales, saben sonreír y ser buenos compañeros, serán caballeros en el sentido mas noble y admirable de la palabra.

No sé si seré capaz de aportarles algo nuevo, aunque intentaré que la conferencia resulte fresca y novedosa.(Aquí está la reseña de prensa del evento).

Para terminar, aquí tenéis un estupendo artículo de un veterano abogado titulado curiosamente ” Como hacer un juicio sin morir en el intento”. Disfrutadlo.

Por mi parte, a quien pueda interesarle esta cuestión le recuerdo que ya expuse en un post anterior los Veinte consejos prácticos para el ejercicio de la abogacía.

Justicia en acción



 

 

 

 

 

 

La incongruencia de las sentencias: peras llevo, manzanas traigo

esconde Si algo merecen los justiciables para no convertirse en “ajusticiados” es una respuesta fundada en derecho. O sea, tienen derecho a una sentencia que, acertada o no, pueda argumentar sobre las cuestiones litigiosas y ofrecer una criterio final, por boca del juez, acogiendo o rechazando las pretensiones.

No es aceptable no responder (incongruencia por omisión) o responder otra cosa (incongruencia por desviación o extrapetitum). Son fallos judiciales extraños que “fallan” pues no ofrecen criterios jurídicos adecuados y provocan indefensión.

Lo que en los diplomáticos es signo de perspicacia ( eludir respuestas incómodas) en el caso de los jueces es censurable. No deja de resultar chocante que los testigos o partes en los procedimientos ( o la Administración en sus informes escritos) no deben eludir las preguntas formuladas en términos claros a la hora de practicar pruebas judiciales, so pena de que tales evasivas pueden perjudicarle en sus intereses (rechazar su versión, tenerles por confesos,etc) y que en cambio, un juez o Tribunal enfrentado a resolver por sentencia un problema concreto, opte bien por eludirlo abiertamente ( la política del avestruz) o por aprovechar una respuesta a otro problema distinto ( la política del buitre que en vez de cazar por sí mismo aprovecha lo cazado por otros, sea bueno o no).

La “incongruencia” es un eufemismo que endulza al juez que hace trampas por diversas razones: ¿pereza?,¿error?, ¿ignorancia?,¿malicia?. Aunque es un vicio inusual en las sentencias, debe desterrarse pues el ciudadano necesita tener razones para seguir confiando en la Justicia.

Pues bien, la recentísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 31 de Octubre de 2013 (rec.2789/2012) reacciona enérgicamente contra una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que despachó un recurso contencioso-administrativo remitiéndose a lo fallado por sentencia totalmente ajena al litigio. Algo así como si ante la pregunta del clásico “¿Llevas peras?”, contestase “Manzanas traigo”.

Ante la perplejidad de las partes, el Tribunal Supremo aprecia tan crasa patología de la sentencia y la califica de “incongruencia mixta”. Veamos este fragmento de la sentencia, tan didáctico y contundente que debería ser leído por todo aspirante a juez antes de tomar posesión ( e incluso por los ya “poseídos” cada trienio).

Senderistas y cicloturistas contra la expoliación de caminos públicos

expolio de caminos publicos No se trata del clásico avispado que aprovecha a extender la linde de su propiedad para apropiarse de un camino público y que ha dado lugar a miles de litigios y no pocos de ellos con desenlace penal ( peleas o reyertas entre usurpadores y quienes se creen usurpados). Se trata de otro fenómeno puesto de manifiesto en las VII Jornadas de Caminos públicos celebradas en Constantina, Sevilla, el 1, 2 y 3 de noviembre pasado, en las que se reunieron representantes y activistas de organizaciones ambientales y senderistas para reclamar frente a las usurpaciones de senderos y caminos públicos. La noticia del evento refleja situaciones de grave enfrentamiento y sabotaje de cierres por parte de particulares y asociaciones que al pretender transitar  (caminando o en bicicleta) por senderos de montes, bosques o llanuras, se tropiezan con vallados y alambradas. Las implicaciones jurídicas son tremendas ya que el abuso de la fuerza para ejercer lo que se cree un derecho no está amparado por nuestro Ordenamiento Jurídico. Es cierto que “no hay que poner puertas al campo”, pues si constar que ese campo es público, nadie debe limitarnos el libre uso. Pero veamos la problemática.

NOTICIERO: El litoral de Mallorca no tiene rabo porque Pedro J. Ramírez se lo cortado

Noticiero la piscina El Mundo El Tribunal Supremo ha confirmado la Sentencia de la Audiencia Nacional que, tras señalar que la piscina y el chalé en la Costa de los Pinos en Mallorca del director de El Mundo estaba en zona pública y de uso público, declaraba nula la transmisión que la anterior propietaria efectuó en favor de Pedro J.Ramírez, de la concesión que aquélla disfrutaba de la privatización de esa franja del litoral. Además se declara ilegal la Orden Ministerial que le concedía un plazo para presentar un proyecto de uso público de la zona, reservándose el uso privado en el verano.

Y decimos confirmado, y eludimos otro titular de la noticia porque es llamativo como las sentencias, al decir del poeta asturiano Ramón de Campoamor, “«En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira», dependen del cristal del color con que se mire”.

Veamos. El Diario El País: “ La piscina de Pedro J. Ramírez en Mallorca es de uso público”. El DiarioEl Mundo piscina El Mundo: “El Tribunal Supremo mantiene la concesión de la piscina del director del Mundo”. El diario digital El Plural: “ El Supremo obliga a Pedro J. A a abrir al público a su piscina de Mallorca”.

O sea, ese fragmento de costa mallorquín queda abierto o no para el libre tránsito y baño público, según el periódico que se lea.

Lo cierto es lo siguiente. Una propietaria transmite una concesión otorgada en el año 2001 para el uso privativo de un trozo de costa, al director de El Mundo ( la concesión original era dudosa en su legalidad pero la Audiencia Nacional no la enjuicia por razones procesales). La transmisión a Pedro J., que sí analizan las Sentencias, se hace mediante un contrato ilegal pues la Ley de Costas prohibe tal mercado de concesiones.

Pues bien, tal y como declaran las sentencias (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), es nula tal transmisión, declarando la Audiencia Nacional que ” se ha pretendido camuflar dicha transmisión en un contrato de gestión de la concesión en base a un precepto reglamentario que no está previsto para supuestos como el que ahora nos ocupa”. Por tanto, es incuestionable que la ocupación y uso exclusivo amparado en una transmisión ilegal, ha sido ilegítima durante estos años. Otra cosa es que, dado que los abogados del ocupante han intentado ante el Supremo demostrar que una modificación posterior a los hechos de la Ley de Costas ( sobrevenida en el curso del litigio) autoriza bajo determinados requisitos la cesión de tales “concesiones”, el Tribunal Supremo se limita a confirmar la ilegalidad y añade algo lógico pero que no convalida nada: que en el futuro podría legalizarse esa situación al amparo de los criterios de la nueva Ley. Pero digámoslo claro, hoy por hoy, y durante los diez años que ha durado la polémica, ha tenido lugar un uso ilegal.

Pero lo mas triste es: que se necesite tanto tiempo para zanjar el uso ilegal de una piscina en Mallorca como el caso del Prestige en Galicia; que el Gobierno por Orden Ministerial haya intentado convalidar la situación; que otras casas en similar situación, de quienes no tenían buenos abogados o no podían pagarlos, en esa costa y en otras, han sido derribadas; que las posibles sanciones que merecería esa ocupación ilegal o no se han impuesto, o no se impondrán o se recurrirán; y que muy posiblemente ahora se tramitará la legalización con la nueva Ley, que si es denegada se recurrirá en proceso autónomo, que será recurrible…. Etc.

El Cuento de nunca acabar… salvo la paciencia del ciudadano de a pie que, paradójicamente, nunca podrá transitar a pie por el litoral de la Costa de los Pinos, en Mallorca.

piscina de El Mundo

 

 

 

 

La ciega estupidez ante la ciega justicia

justicia ciega Generalmente quien se embarca en litigios civiles, laborales o administrativos, lo hace porque quiere obtener lo que cree que es suyo frente a alguien ( una persona, el patrono o la Administración) que se lo niega ( una propiedad, una indemnización, un reconocimiento, etc) y espera que los Tribunales le den la razón. Muy legítimo luchar por “la fuerza del Derecho” y muy civilizado evitar que se imponga el Derecho “a la fuerza”.

Sin embargo, a veces hay litigios que demuestran como se abusa de los Tribunales y como la malicia, la ignorancia o la torpeza provocan pleito y papeleo inútil. Veamos los casos.