De la impunidad del Decretazo andaluz y la prevaricación como cadáver jurídico

Leo que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha exculpado del delito de prevaricación al Presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza por su papel en la aprobación del Decreto-Ley 5/2010 de Reordenación del Sector Público, llamado a servir de salvoconducto directo hacia el empleo público sin filtro de mérito y capacidad, en favor de infinidad de empleados de Fundaciones, Sociedades y otros chiringuitos satélites de la Comunidad Autónoma. Ahí se acaba el recorrido de la querella formulada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Lo llamativo del caso es que la justificación de la Sala Penal es tan lógica como alarmante. Si el Decreto-Ley lo aprobó el Gobierno y ha sido convalidado por el Parlamento andaluz, o se aprecia una prevaricación estilo Fuenteovejuna ( “¿Quién prevaricó?, ¡El Parlamento, señor!) o se aplica el beneficio de la duda pues no todos pueden estar “en el ajo”. En términos jurídicos la Sala Penal razona que la prevaricación sólo puede cometerse con “actuaciones administrativas” pero al convalidarse por el Parlamento se convierte en “actuación legislativa”  con lo que ya no hay posible delito. Y así, como Pilatos se lavó las manos, con igual sensación incómoda, la Sala de lo Penal inadmite a trámite la querella y archiva todo lo actuado sin encontrar delito alguno.

Por si fuera poco, el Parlamento “maquilló” el coladero mediante la Ley 1/2011, de 17 de Febrero, modificando la tóxica Disposición Derogatoria Cuarta del vapuleado Decreto-Ley 5-2010 con una críptica regulación “para salir del paso” que mezcla los principios generales de acceso al empleo público con la referencia a esa nueva categoría normativa que son los “Protocolos” que debidamente negociados y aprobados gubernativamente pueden cobijar cualquier mercancía y facilitar el desembarco de empleados a la Administración autonómica sin haber pasado por un mínimo West-Point.

Trituradoras a todo ritmo mutilando la memoria de la Administración

Decía el jurista alemán von Kirchmann que un capricho del legislador tiraba a la basura bibliotecas jurídicas enteras. Ahora, en el contexto de recambio de gobernantes autonómicos y locales, podría decirse que un mal resultado electoral envía a la trituradora toneladas de expedientes administrativos.

En efecto, en estos días no es difícil percatarse que en algunos despachos de Administraciones autonómicas y locales se cuchichean instrucciones para la eliminación de archivos, expedientes y documentos “delicados”. En unos casos afectan a información privilegiada, en otros huellas de corruptelas y en la mayor parte de los casos, documentos que reflejan el trasiego de comunicaciones con correligionarios del partido para propiciar determinadas orientaciones en las actuaciones administrativas. No se trata de “maquillar” expedientes sino de “amputar”.

En juego muchas cuestiones jurídicas: ¿tendrá responsabilidad disciplinaria el funcionario que desobedezca las instrucciones de que la desaparición de los expedientes, “parezca un accidente”?, ¿qué pasa con la protección de datos, que no es que se utilicen,sino que se volatilizan hacia el reino de ” Nunca Jamás”?,¿ Qué expediente se enviará, o explicación se ofrecerá, cuando un Tribunal reclame documentación “que nunca existió”?, ¿ donde queda el control de la motivación administrativa, de la prohibición de arbitrariedad, o la desviación de poder, si su prueba se ha esfumado?…

La fórmula de la corrupción y su antídoto

Recientemente La Nueva España publicó un artículo en que me esforcé en aventurar la fórmula o ecuación que permitiese explicar el fenómeno de la corrupción pública. Hace unos meses también fui invitado a disertar sobre las posibles medidas frente a la corrupción del poder. Ese común hilo conductor – la bajeza de la condición humana que reverdece cuando se le inocula el virus del poder público- me lleva a fusionarlos en este post, sobre una de las patologías mas graves del mundo público.

Plazos para invocar méritos y para subsanarlos: juntos pero no revueltos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia de 28/9/10 (rec.1756/2007) aborda un supuesto harto frecuente en materia de concursos de méritos. En el caso planteado, las bases de la convocatoria de forma tajante establecían no solo el mérito (“experiencia docente”) sino la forma de acreditarlo (“mediante Hoja de Servicios certificada por la Jefa de Servicios de Recursos Humanos de la Dirección General del Personal Docente de la Consejería de Educación”). El interés del caso concreto radica en que la convocatoria incorporaba una base que recogía una auténtica cláusula de estilo en los concursos: “solamente se tomarán en consideración aquellos méritos debidamente justificados a través de la documentación que se determina en la presente convocatoria, durante el plazo de presentación de instancias, no teniéndose en consideración otros documentos que no sean los expresamente indicados”.

La cuestión planteada afectaba a quienes invocaron un mérito específico pero no lo acreditaron en la forma preceptuada por las bases dentro del plazo de instancias, y el Tribunal debía sentenciar, bien optando por un principio rigorista (sin brindar un plazo de subsanación) o bien por un principio de flexibilidad ( y conceder un plazo de subsanación).

Medidas eficaces contra la corrupción que Maquiavelo jamás aplicaría

Durante la Semana Santa se supo que el matemático ruso Grigori Perelman rechazó un prestigioso galardón dotado con un millón de dólares, indiferencia que demuestra un perfil ideal para la política, aunque su mérito mas notable es haber resuelto la conjetura de Poincaré (logro próximo a demostrar la cuadratura del círculo, que traía de cabeza a  los sabios del último milenio). Quizás debería afrontar el reto de resolver el problema que más preocupa a los ciudadanos en su relación con los gobiernos: la fórmula matemática para evitar la corrupción pública.

En esa aspiración, la prensa se ha hecho eco de que los dos partidos políticos mayoritarios del país están alcanzando un Pacto contra la corrupción, aunque ofrece mas ruido que nueces, quizás para acallar el malestar ciudadano ante los escándalos que afectan a ambos partidos. Pero el cáncer no se combate con tiritas de colorines, sino con terapias radicales.

¿Podrá el Estado de Derecho contra la corrupción pública?

raton corrupto
En 1883 le pidieron al historiador ruso Nicolás Karamzin que definiera a su país, y tras un minuto de reflexión, dijo: ” Robos”. Treinta años después le preguntaron al historiador brasileño Capistrano de Abreu que definiera su país y la respuesta fue ” Samba”. Si hoy le preguntásemos a un cronista español que defina la Administración Pública española, la respuesta sería ” Corrupción.. y …Samba”, porque por desgracia la inmensa mayoría de los corruptos que se aprovechan de la Administración acaban saliéndose con la suya y riéndose del respetable.

Al fin y al cabo, estos modernos “capos” cuentan con medios, consiglieris y poder para diseñar sistemas de corrupción escurridizos (ingeniería contable, fiscal y societaria). Cuentan con fondos para pagar los honorarios por la mejor defensa judicial y sobre todo cuentan con medios para esfumar el fruto de sus fechorías.

De este modo, la justicia penal, o no llega (entre impuridades, evasiones y prescripciones, parodiando al Gran Capitán ” se van mil millones” ) o llega tarde y mal ( condenas testimoniales y a largo plazo). Ello sin olvidar los enormes costes de instrucciones judiciales laboriosas que pagamos todos los contribuyentes.

Urbanismo, corrupción y proceso

Urbanismo, corrupción y proceso

Sostiene Sevach que el “caso Malaya”, con su secuela de oropel y frivolidad marbellí, requiere una reflexión bajo la luz del Derecho Administrativo. Sevach se pregunta: ¿Por qué las zorras entraron al gallinero, y se hicieron fuertes varias temporadas, sin que el granjero ni los guardas hiciesen nada?. Un proverbio checo afirma que “A red tupida, comadreja detenida”. Viene al caso, porque Sevach examina la situación urbanística marbellí, y advierte muchos agujeros de la red jurídica.

    En primer lugar, una concepción de la autonomía local tan angelical que convierte a los regidores de turno en señores del urbanismo, dado el exquisito distanciamiento en que debe mantenerse la Comunidad Autónoma. Y si bien, la mayoría de los Alcaldes gozan de bonhomía, el Derecho Administrativo debe atajar las patologías del sistema.

Dom, 06 may 2007|Urbanismo y medio ambiente|Comentarios desactivados|