La travesía del desierto de los funcionarios de la Administración de Justicia en huelga

La travesía bíblica del desierto de los hebreos, durante cuarenta años en pos de la Tierra Prometida, de forma errática y dejados de la mano de su Dios, recuerda a los 9000 funcionarios de la Administración de Justicia que llevan tres semanas clamando ante las puertas del Ministerio para que les equiparen sus retribuciones a quienes realizan la misma labor en las Comunidades Autónomas con los servicios de justicia transferido. Las últimas noticias del estancamiento de las negociaciones son preocupantes.

    1. El Derecho siempre ha sido la garantía de la igualdad desde que la Declaración de Derechos del Ciudadano aprobada en la Revolución Francesa de 1789 se abriese con la afirmación tan simple como bella de que “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos…”, y dando un salto en el tiempo y el espacio, la Constitución española alude a la igualdad como un mantra tibetano, como principio (artículo.1) y como regla imperativa (artículos: 14, 23, 138, 149.1).

    2. Sin embargo, el Derecho Público y el Derecho Privado (o mas bien, la tramitación judicial de la garantía de los derechos) está en vía muerta, pues en idéntica vía están los derechos de los “fogoneros” de la Administración de Justicia en España.

    3. Corren tiempos en que todo el mundo reclama y resulta fácil reivindicar la equiparación al alza so pretexto del principio de igualdad, en sus variantes mas agresivas: discriminación, agravio comparativo, mobbing, etc. Sin embargo, la reivindicación de este colectivo resulta para Sevach objetivamente razonable por diez razones:

      No es un capricho. No reclaman por diversión, sino por necesidad y por dignidad.

      No es una huelga abusiva. Se han manifestado con prudencia y siguiendo fielmente las enseñanzas de la queja pasiva de Gandhi, con la presencia testimonial y el mensaje, sin agresiones ni altercados, sufriendo el ninguneo de sus protestas ante sedes del Ministerio o con ocasión de actos electorales.

      No están aislados. Han recabado y obtenido apoyos de todos los colectivos (jueces, sindicatos, abogados y procuradores, etc).

      No son limosneros ni recaudadores. En la última década ninguna huelga se ha llevado a cabo por este colectivo, y para una que plantean sólo han recibido desdén, negativas y propuestas ministeriales irrisorias.

      No son bárbaros. Se trata de funcionarios, curtidos en la atención al público, conscientes de la importancia para el ciudadano de los asuntos que pasan por sus manos, y esa experiencia les ha enseñado que el camino para conseguir lo que es justo es la paciencia, el diálogo y la resistencia. Por eso en estos treinta duros días han acudido una y otra vez, sin desaliento, a mesas de negociación infructuosas por causas que les son ajenas.

      No son autómatas. Los funcionarios de justicia cubren todo el espectro social: padres de familia, jóvenes empezando la vida, algún que otro abuelo, y todos ellos con corazón, sensibilidad y dignidad. Pueden vivir como espartanos con retribuciones menguadas pero no deben soportar que sus iguales vivan como atenienses.

      No es una rabieta de señoritos. No se trata de altos funcionarios, considerando la “altura” vinculada a las retribuciones o al nombramiento político. No son jueces, fiscales o secretarios, sino los colaboradores a pie de obra, que día a día mantienen engrasada la maquinaria judicial, con sueldos modestos pero con orgullo por su labor.

      No están divididos. Todos los sindicatos del sector están de acuerdo en la legitimidad de la huelga, y es sabido que difícil es unir a tan dispares representaciones sindicales en una causa común, si no existe la poderosa razón de “tener la razón”.

      No son un colectivo pendenciero. Los funcionarios de la Adminitración de Justicia constituyen un colectivo caracterizado por su talante responsable, con cotas bajísimas de absentismo y expedientes disciplinarios. La razón no acompaña a la bravuconería pero a veces suele tener mas éxito quien se muestra amenazador y chantajista. No rompen mobiliario urbano, ni se explican con pólvora, ni cortan vías públicas con destrozos simultáneos. Y quizá su respeto por los demás sea su mayor debilidad.

      No merecen ser el chivo expiatorio de otras políticas. Ha de asumirse que la política ha llevado a un modelo de Comunidades Autónomas con legítimas diferencias retributivas, pero lo que es inaceptable es que una cuestión puramente monetaria y que representa una gota de agua en el océano presupuestario, pueda rechazarse so pretexto de la penuria de la arcas públicas. Parece que no solo se trata de arrebatarle el chocolate al loro sino de situarle a la vista de los periquitos bien cebados.

    4. Si pese a ello, las posiciones negociadoras no se aproximan, puede considerarse que se pretende sentar un precedente de inflexibilidad negociadora que necesita un Gobierno para ejemplo de las futuras masas de reivindicaciones de otros colectivos. Al igual que España luchó por el peñasco de Perejil porque le parecía que estaba en juego el fuero (y no el huevo), diríase que el Ministerio de Justicia ha leído algún manual de autoayuda de estrategia negociadora que recomienda una dolorosa negativa a tiempo antes que muchas concesiones.

    5. Y es que Sevach considera que el problema no debe abordarse desde la perspectiva de las técnicas de negociación: propuesta, contrapropuesta, calendario, medidas progresivas, escenario electoral, parálisis de la justicia, impacto mediático, talante de los llamados a negociar, etc. El problema es lisa y llanamente de Justicia.

    No hace falta ser un licenciado en Derecho, ni ministro, ni sacerdote para saber que si 9000 personas realizan el mismo trabajo que otras 40.000, en un ámbito funcional absolutamente idéntico (la justicia es el único reducto del Estado donde el procedimiento de la oficina judicial es idéntico en Castellon que en Málaga o Compostela) no es tolerable para la razón y la justicia, que unos cobren 300 euros mensuales más que otros. Podría decirse que realizan distinto trabajo o que tienen distinto horario o que tienes otras compensaciones. Pero no, realizan el mismo trabajo, lo que sucede es que el Estado, al igual que una cerda recién parida opta en ocasiones por alimentar exclusivamente a varios retoños y sacrifica a los pequeños negándoles la ubre. Por eso, cuando se abrió el melón de las transferencias, parece haberse decidido que los servicios de justicia retendidos en manos estatales, debían quedar en una especie de servicios a “extinguir”, y esto explica pero no justifica, la congelación retributiva y consiguiente agravio.

    6. En fin, ha de confiarse en la pronta solución de este problema que, como toda guerra de intereses, provoca bajas en la población civil (ciudadanos a las puertas de la justicia o registros civiles que ven como sus pleitos se dilatan y aplazan sin esperanza). Ojalá Sevach se equivoque y no deba efectuarse tras las elecciones una crónica de este preocupante episodio, como la que ofreció el historiador Polibio de las medidas de Roma para someter al pueblo numantino, islote de la Hispania romana del año 134, y que literalmente decía: “Encerrando así a los enemigos, no juzgaba que pudiesen resistir por mucho tiempo, sin obtener alimentos, ni armas ni refuerzos (…). Convenida la rendición, a Numancia, exigua y poco poblada, la destruyó sin ninguna orden de Roma, sea porque creyese que así convenía a la República, sea para descargar su cólera sobre los cautivos, sea, como algunos creen, par procurarse una gloria excelsa infligiendo un castigo severo”.