Inminente aprobación del proyecto de Ley de Reutilización de dependencias de altos cargos

   El Consejo de Ministros aprobará este viernes el Proyecto de Ley de Reutilización de Dependencias de altos cargos, que con el carácter de normativa básica, persigue la supresión de despachos, salas de reuniones y demás espacios de uso reservado a altos cargos de la Administración, con el fin de optimizar su aprovechamiento por funcionarios y ciudadanos. Para ello la Dirección General de Patrimonio del Estado ha inventariado en la Administración del Estado 12.341 despachos y  572 Salas de reuniones, de uso reservado o mayoritario para las labores propias de los altos cargos, a los que deben sumarse los 5.728 despachos y  421 salas de reuniones en Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes locales. La estimación en las Comunidades Autónomas es del total de 4.225  despachos  y 210 salas de reuniones. 

   La iniciativa legislativa,  inspirada en el modelo sueco y danés,  contemplará la obligación de todos los altos cargos de la Administración, incluido personal eventual ( con la sola excepción de Ministros y Secretarios de Estado, así como Consejeros autonómicos y Alcaldes de Grandes Ciudades) de trabajar desde su residencia con la consiguiente privación del derecho a despacho propio en los edificios públicos. Su labor se desarrollará desde su propio domicilio mediante sistemas electrónicos  y videoconferencia cuyos gastos de primera instalación serán asumidos por la Administración en que se inserta su labor.

                                          Tal medida que contempla un plazo máximo de implantación de seis meses, ofrece múltiples ventajas en términos de economía, transparencia y eficacia. Veámoslo con detalle.

  En primer lugar, según el informe de la Subsección de Patrimonios Públicos del Tribunal de Cuentas, los espacios que albergan despachos de altos cargos están infrautilizados o vacíos mas de dos tercios de la jornada, debido a que su titular  habitualmente asiste a reuniones externas con homólogos, así como acude a inauguraciones y conmemoraciones u otros actos públicos, unido al natural absentismo o ausencia del despacho que propicia la ausencia de fichaje de control horario del político. En esas condiciones se impone la eficiencia y optimización de tales espacios para destinarlo a su ocupación por funcionarios sometidos a dedicación plena.

 En segundo lugar, la liberación de los espacios dedicados a despachos comportará un significativo ahorro de costes de limpieza, reposición de papelería, así como consumo de electricidad y especialmente de telefonía. Además al trabajar desde su domicilio se ahorran los gastos de vehículo oficial para llevar y traerle a la oficina.

  En tercer lugar,  y no menos importante, se evitará el tráfico de influencias ya que según Transparencia Internacional el directivo público al tener un despacho accesible a grupos de presión, correligionarios y ciudadanos, suele dedicar un tercio de la jornada a negociar intereses públicos apurando los límites de la legalidad.

 Además, el político evitará la presión de ciudadanos ociosos o quejosos que día a día acuden a su despacho haciéndoles perder el tiempo.

 En suma, mayor productividad y menor estréss de los políticos junto a un ahorro estimado de unos mil doscientos millones de euros anuales, si bien la futura Ley incluirá excepciones para los supuestos que reglamentariamente se establezcan y paradójicamente subsisten los despachos de los parlamentarios y sus asistentes.

 El Proyecto será aprobado por la Comisión de Subsecretarios hoy jueves 28 de Diciembre para elevarlo de inmediato al Consejo de Ministros del viernes.

 Confiemos en que el resultado de esta venturosa iniciativa no coloque a nuestros políticos en la tesitura de trabajar desde su casa del siguiente modo: